Derechos humanos y ambiente en Uruguay: mucho por hacer

El relator de Naciones Unidas sobre derechos humanos y ambiente con fina diplomacia felicitó al Uruguay por varios avances. Pero apuntó a las debilidades del país en ambiente y derechos: trabas a la participación, dificultades en acceder a información y ausencia de un Defensor Ambiental nacional. Comparto mi artículo sobre algunas aristas de esta cuestión.

Días atrás se dio a conocer el informe sobre derechos humanos y ambiente en Uruguay desde el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. En esa oficina actúan los llamados “relatores” que se enfocan en cuestiones específicas relativas a los derechos, y entre ellos se cuenta un relator especial enfocado en medio ambiente, quien visitó nuestro país.

Este tipo de reportes son similares a los que se preparan, por ejemplo, sobre el estado de las cárceles, la situación de los niños o el acceso a la alimentación. Se basan en entender que un cabal cumplimiento de los derechos de las personas exige que dispongan de un ambiente sano, limpio, saludable y seguro. La protección y salvaguarda de los derechos requiere que el Estado proteja el ambiente, por ejemplo, evitando la contaminación o asegurando la calidad del agua, y que las medidas ambientales sirvan a todos, especialmente a los más pobres.

El informe sobre Uruguay comparte varios juicios positivos, tales como el papel del gobierno en las negociaciones internacionales en temas ambientales (especialmente en cambio climático). Vinculado a esa temática, felicita al país por los cambios en sus fuentes de energía eléctrica, especialmente la contribución de fuentes eólicas. También celebra que exista un acuerdo entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Secretaría en Derechos Humanos, que funciona dentro de la presidencia.

Pero el reporte, con toda la delicadeza esperable desde Naciones Unidas, dice que el país “debe hacer más”. Se señalan algunas cuestiones, que si son calificadas desde dentro del país merecerían observaciones seguramente más enérgicas que ese lenguaje diplomático.

El relator de Naciones Unidas recuerda, con toda razón, la enorme relevancia del derecho a la información sobre problemas y políticas ambientales, y reconoce que en nuestro país hay muchos datos, pero que se “podría coordinar mejor la accesibilidad” entre las fuentes gubernamentales. Y enseguida apunta a un problema crítico: “el público debería poder encontrar información comprensible sobre la calidad del agua, tanto para el caso del agua potable como para el caso del agua de lagos y ríos.” Esta es una observación totalmente compartible y que ha sido un reclamo por años: hay muchos datos sobre calidad de agua, pero acceder a ellos es casi como lidiar con secretos de estado.

Del mismo modo, las discusiones sobre una nueva planta de celulosa en Uruguay es otro ejemplo, ya que el gobierno avanza en negociaciones sin que se sepa nada sobre la información o condiciones ambientales que está considerando.

Una y otra vez se han lanzado iniciativas de acceso a la información ambiental, de centralizar todos los datos que están desperdigados en distintas reparticiones, e incluso se ha propuesto un Observatorio Ambiental. Pero por ahora esos planes no se concretan de manera efectiva.
Además, el informe de la ONU indica que esa información debe estar presentada y ordenada de manera que “sea fácilmente comprensible por el público en general, inclusive por aquellos más vulnerables a la degradación del medio ambiente, como quienes viven en la pobreza”.

Es evidente que el relator de Naciones Unidas también detectó otro de nuestros males crónicos en materia de derechos y ambiente: las trabas a la participación ciudadana. El reporte indica que la “oportunidad para la participación pública debe implicar más que simplemente informar al público acerca de las decisiones tomadas, debe suceder prontamente para que se puedan incorporar las perspectivas del público a las decisiones finales”. En ese terreno, el informe destaca que existió participación en la elaboración del Plan Nacional de Aguas, aunque yo agregaría que eso ha sido casi una excepción mientras que en otras cuestiones clave, las voces ciudadanas no encuentran muchas vías para incidir.

El informe incluso señala que el relator recibió quejas sobre mecanismos ministeriales para lidiar con los reclamos ambientales que “no siempre brindan respuesta y pueden ser confusos para el público”.

El experto propone crear un procedimiento nuevo y transversal, y apunta a la figura de un Defensor Ambiental (Ombudsman), que pudiera recibir todos los reclamos ambientales y con capacidad para que cada uno “sea rápidamente evacuado a través de la institución adecuada”. En el pasado reciente, en el parlamento, desde la oposición de han presentado iniciativas en ese sentido que por ahora no han sido aprobadas.

El reporte también aborda el acceso a la justicia en materia ambiental. En forma muy mesurada dice que el país cuenta con instrumentos jurídicos en cuestiones ambientales (lo que es cierto), pero que han sido usados con “menor frecuencia” (lo que es una expresión cordial para dejar en evidencia que raramente han sido aplicados).

El relator apoya la idea de una ley en delitos ambientales y el fortalecimiento de acciones fiscales en esa materia – aunque siendo rigurosos, todo eso por ahora son proyectos en el papel.

Como todos sabemos la situación de los derechos humanos básicos en Uruguay es sustancialmente mejor que en muchas otras naciones. Pero cuando se pasa a los llamados derechos de tercera generación, que se enfocan en cuestiones culturales, sociales, económicas o ambientales, aparecen variados problemas. Es posiblemente en la relaciones entre derechos y ambiente donde tengamos mayores dificultades, y es por ello que este informe debe ser bienvenido para poder mejorar esas limitaciones cuanto antes.

Declaración del Relator Especial para Naciones Unidas John H. Knox, conclusiones de su misión a Uruguay, 28 de abril 2017, Ginebra.

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Eduardo Gudynas

Junio 2017