Trabajador que sufrió graves secuelas tras exposición a agrotóxicos espera desde hace tres años una decisión de la Justicia

En la próxima audiencia, el 16 de junio, se presentarán dos peritajes: uno confirma la relación entre las enfermedades del trabajador y su desempeño laboral en Arrozal 33, y el otro no lo descarta.

El oxígeno deslizándose por un tubito hasta entrar en su nariz y llegar a sus pulmones, que sólo funcionan en 50%, según un diagnóstico realizado por especialistas del Banco de Seguros del Estado (BSE). El oxígeno, elemento fundamental para poder respirar, y que Julio de los Santos necesita recibir de una máquina las 24 horas. Fue herrero hasta que el Banco de Previsión Social (BPS), en julio de 2020, dictaminó su incapacidad absoluta. Tuvo un porcentaje de baremo –escala que mide el grado de invalidez– de 87,91%.

Julio ejerció su profesión en diferentes lugares, pero en 2014 se quedó en Arrozal 33, un pueblo agroindustrial ubicado a seis kilómetros de Vergara, departamento de Treinta y Tres.

Una tarde, uno de los encargados de Arrozal 33 le pidió que arreglara una máquina fumigadora, conocida como “mosquito”. Pudo ver que de los caños se desprendía un líquido y le comentó la situación a su superior, que le respondió que lo soldara. El mosquito comenzó a arrojar la sustancia hasta empapar su ropa. Pidió permiso para ir a bañarse a su casa y la respuesta fue que debía esperar a que terminara su turno. Aún le quedaban horas de trabajo y no contaba con la vestimenta adecuada para su protección. Este episodio es uno de los que vivió en Arrozal 33, pero no el único.
En 2016 comenzaron los primeros síntomas de su enfermedad: “Portador de enfermedad pulmonar respiratoria neumonitis de hipersensibilidad por exposición a agrotóxicos químicos y polvo orgánico”, determinó Carlos Oehninger, médico internista y uno de los coordinadores de la Central de Servicios Médicos del BSE, en un informe médico emitido en 2017 para remitir al BPS.

En julio de 2018, el trabajador decidió iniciar un juicio a la empresa por entender que tenía responsabilidad directa en las afecciones que lo aquejaban, un proceso que aún no termina. Su última audiencia, que debió haber sido el 20 de mayo, se suspendió por la extensión de la feria judicial debido a la emergencia sanitaria y pasó para el 16 de junio. En ella se iban a presentar dos ampliaciones de peritaje que publicó el semanario Brecha y a las que también accedió la diaria. Estuvieron a cargo Stella de Ben, médica especialista en toxicología clínica y salud ocupacional, y Alejandra Rey, médica neumóloga e internista.

“Yo sé que estoy enfermo, que no sé leer, que no sé escribir, que no fui a la escuela, pero sé que todos tenemos derechos”, comentó Julio a la diaria. El trabajador de 46 años narró que cada vez tiene más enfermedades, más gastos y menos esperanza. Está cansado por el tiempo que ha llevado el proceso judicial y se cuestiona si llegará al final. “¿Te parece que con el estado que tengo voy a llegar? No llego”, planteó.

Actualmente vive en una casa que le brindó el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Pero su situación económica es crítica y no puede dejar de preguntarse: “Si me echan para la calle, ¿a dónde vamos a ir?”, “con lo que gano, ¿qué alquilo?”. Tuvo que aguantar durante meses no tener un calefón. “¿Sabés cómo me bañaba? Al mediodía, cuando se calentaban los caños”, contó. También señaló la falta de apoyo del Ministerio de Desarrollo Social.

La opinión de los peritos

“Padece una neumonitis por hipersensibilidad como consecuencia de la exposición a contaminantes ambientales en el lugar de trabajo”, determinó De Ben el 22 de febrero. Agregó que Julio también tiene artritis reumatoidea, que “puede corresponder a patología ocupacional ambiental”. Según se muestra en el peritaje, la decisión se tomó porque en “diversas investigaciones se ha demostrado un aumento del riesgo de artritis reumatoidea en una amplia variedad de ocupaciones que involucran la exposición a partículas inhaladas en forma de polvos, humos o ambos”. Trabajadores agrícolas con exposición a fungicidas y fertilizantes, trabajadores expuestos a humos metálicos y trabajadores con exposición a sílice serían los más afectados. Por esto, De Ben tuvo en cuenta en la conclusión de su informe técnico que “la cáscara de arroz es un contaminante del ambiente de trabajo en la industria arrocera”, “que existe evidencia del contenido considerable de sílice en la cáscara de arroz” y que Julio, “además de trabajar, vivía en un lugar próximo al arrozal”.

La médica especialista en toxicología clínica y salud ocupacional solicitó “la revisión de la incapacidad por el trabajador” ante el BSE, porque fue considerada sólo una de las enfermedades relacionadas con su condición laboral: la neumonitis por hipersensibilidad. La artritis reumatoidea no se tuvo en cuenta.

Explicó que las enfermedades profesionales pueden desarrollarse por exposiciones de corta duración cuando “en el mecanismo fisiopatológico intervienen respuestas del sistema inmunitario, como es el caso de la neumonitis por hipersensibilidad, o por la exposición a agentes fuertemente irritantes”. “En el caso de la patología respiratoria que padece este trabajador, puede asociarse con mayor probabilidad a la exposición en el último período de trabajo de 384 días”, señaló De Ben en el peritaje. Durante la elaboración del informe se le preguntó a la especialista si no es necesaria una exposición durante tiempo extenso para desatar este tipo de enfermedades. Respondió: “Pueden presentarse con exposiciones de corta duración; esto depende de las características del agente, de las condiciones de exposición y de la respuesta del organismo”.

Alejandra Rey, la otra perita encargada de realizar una ampliación, no vinculó directamente las patologías de Julio con su actividad en Arrozal 33, pero declaró que tampoco se lo puede “excluir”. Santiago Mirande, abogado del trabajador, en parte de su escrito hace referencia al informe de Rey. Allí la médica expresó que “a veces son fácilmente identificables las causas de esta patología en cuestión”, pero que en casos como este “no puede afirmar con certeza cuál es el origen de la enfermedad”. En su análisis no presentó que el denunciante es oxígeno-dependiente, descartó el diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad y lo vinculó a una “enfermedad autoinmune”. Es el único informe en el expediente del caso que no vincula directamente la enfermedad de Julio con su trabajo en Arrozal 33.

¿Un único caso?

Susana, la compañera de Julio, también trabajaba en Arrozal 33 desde 2014. Actualmente le están haciendo estudios para saber si la enfermedad que padece (tiene tumores) está relacionada con las condiciones de empleo. Ella trabajaba cortando el pasto, fumigando y echando veneno para las hormigas y abejas.

“Imaginate que declaran que en Uruguay no se pueden usar más los agrotóxicos; se volvería a trabajar como antes. Para ellos [Arrozal 33] es una pérdida de tiempo. La gente por trabajo hace todo. A mí me llamaron para arreglar las plantitas y cortar el pasto, después terminé fumigando”, contó Susana. Vivían en una casa que la empresa les prestaba y que ellos debían equipar. Sobre el caso de Julio, entiende que es un juicio que “se va y se va”.

En medio de la crisis sanitaria, Leonardo Cipriani, presidente del directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, hizo referencia el 11 de febrero a la instalación de un CTI en Treinta y Tres. Definió al departamento como “una de las zonas más desprovistas” y “una zona donde los pacientes tenían un mayor riesgo también por temas de traslado para concurrir” a los centros de salud. “Es un lugar donde existía mucha patología respiratoria a causa de las plantaciones de arroz”, agregó. El traslado también fue una complicación para Julio. En una ocasión tuvo que ser llevado al Hospital de Treinta y Tres en un camión de trabajo por otros compañeros por no tener otro medio.

De los Santos cuenta que cuando él se enfermó, otro trabajador también comenzó a presentar los mismos síntomas. “Tenía cosas como yo en los pulmones, pero no le aguantó el corazón y se murió”, acotó. Señaló que antes “el pueblo era tanques de basura y veneno por todos lados, en los arroyos y canales”; después, “limpiaron todo”. Piensa que puede haber más casos similares y especuló sobre por qué otros no se animan a denunciar. “Si te ponés a pensar, en Vergara no hay otro trabajo que no sea en Arrozal 33. Vos tenés tu familia y tus hijos. Ponete en el lugar de ellos: ¿vos los denunciarías para que te quedaras sin nada?; ¿dónde van a conseguir trabajo? Por más que ellos sepan lo que hacen, no van a denunciar”, respondió Julio.

Camila Méndez

4 de junio de 2021

La diaria