Apicultores
y vecinos de San José protestan ante las autoridades por fumigaciones
con glifosato
Ruben
Riera es médico jubilado y docente
de química, pero su profesión, desde hace 30 años,
es la de apicultor. Llegó a tener 1.500 colmenas pero hoy tiene
150, un poco por su edad, dice, y otro por el mal panorama que pinta
el rubro. Es uno de los tantos que ven cómo su trabajo va perdiendo
intensidad y los apicultores reducen el nivel de su producción
o directamente abandonan. “Cambió radicalmente. En 182
años de apicultura en el país nunca hubo una situación
tan crítica en Uruguay. Hoy por hoy, es más rentable trabajar
como empleado en una empresa que tener colmena”, dijo Riera, presidente
de la Comisión Directiva de la Sociedad Apícola Uruguaya
(SAU) en diálogo con la diaria.
Según
publicó ayer el periódico de Libertad La Semana, la Comisión
Nacional de Fomento Rural (CNFR) y la SAU se reunieron el martes con
el titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP),
Tabaré Aguerre, para plantear uno de los problemas que más
afectan a su forma de vida: las fumigaciones con glifosato. Este año,
los mercados de Europa y Estados Unidos se cerraron a la miel uruguaya
por contener ese agrotóxico por encima de los niveles permitidos.
La Unión Europea, por ejemplo, establece un máximo de
0,05 miligramos por kilo, y la miel uruguaya tenía más
de 100 miligramos, por lo que se perdió la exportación
de 80.000 kilos. En un comunicado, la CNFR denunció la “aplicación
irracional de agroquímicos” como parte de un modelo “concentrador
y contaminante”.
Según
Riera, la reunión que Aguerre convocó, que incluyó
también a otros delegados de departamentos del MGAP, significó
un gesto de preocupación por parte de las autoridades, ya que
la miel uruguaya con alta presencia de glifosato se renegocia a un precio
menor, porque los importadores se ven obligados a mezclarla con miel
en mejores condiciones. Como respuesta, el ministro ordenó que
se elaborara un plan para evaluar el impacto del glifosato en distintas
“matrices”, en particular el agua. El Instituto Nacional
de Investigación Agropecuaria estará encargado de la parte
técnica y la Dirección General de Servicios Agrícolas
(DGSA) ejecutará los análisis. Aguerre aseguró
a los delegados de los productores que en noviembre, cuando vuelva de
China, los testeos estarán en marcha. Con los datos, se hará
un “mapeo”, pero la medida no conforma del todo a los productores
de miel: “No estamos de acuerdo, porque un planteo que se ha hecho
es que los apicultores trabajen en las zonas que el mapeo establezca
como de bajo riesgo, pero eso significaría moverse, que es un
costo extra. Cuando tengamos resultados, ¿qué hacemos?
Segundo, las abejas viajan hasta ocho kilómetros en busca de
agua y polen, así que podrían llegar a zonas fumigadas
con glifosato. Además, si los apicultores están ubicados
en un lugar es porque encontraron mayor productividad. Los territorios
son diferentes. No es una solución, y menos una inmediata”,
se quejó Riera. “Hay tierras en este país que aún
tienen niveles altos de glifosato que fueron tratadas hace siete años”,
agregó.
Hoy hay unas
600.000 colmenas en Uruguay. Entre 90% y 95% está destinado a
la exportación. Este año, según el presidente de
la SAU, se trabajó a pérdida: se estima que se produjeron
unos 9.000.000 de kilos, una caída de 25% con respecto a 2015.
En noviembre empezaría la zafra del año, lo que aumenta
la preocupación de los apicultores. Al glifosato se agregarían
los vaivenes del mercado internacional, condicionado en mayor medida
por China, que hoy no importa miel uruguaya. “Sumémosle
a eso que el apicultor venía con unos costos de producción
que se soportaban con un precio de 2,5 dólares por kilo, y hoy
no se vende a 1,1. La miel está valiendo menos hoy que lo que
se paga por el azúcar en los supermercados”.
En noviembre
también vendría una misión de China para evaluar
la producción local y el sistema de trazabilidad, con la idea
de considerar la compra de miel local. Para amortiguar las pérdidas,
desde la SAU piden al gobierno que se aplace por un año el pago
de la última cuota de un crédito por emergencia apícola
que el MGAP otorgó en julio. “Si no, trabajaríamos
a pérdida”, aseguró Riera.
La Semana
también publicó el martes que el concejal frenteamplista
Gonzalo Rodríguez recibió el viernes una llamada de un
habitante del balneario Kiyú que denunciaba que un vecino estaba
fumigando con un “mosquito” (un vehículo destinado
a ese fin) cerca del fondo de su casa. El sábado, la denuncia
se repitió, y el periodista Jorge Gambetta constató que
se estaba fumigando a menos de 150 metros de la costa del Río
de la Plata. El periódico publicó que Rodríguez
se reunió con el director de Higiene, Salud y Medio Ambiente
de la Intendencia de San José (ISJ), Yarwin Silveira, para plantearle
reclamos sobre los hechos, pero que la ISJ sólo tiene cuatro
funcionarios, que no son suficientes para hacer los controles necesarios
en todo el territorio.
Según
fuentes del organismo, la Dirección Nacional de Medio Ambiente
recibió la denuncia, pero como estaba fuera de su marco de actuación,
tuvo que ser remitida a la DGSA del MGAP, que se encarga de verificar
la composición química de los plaguicidas y de fiscalizar
y sancionar. Según la normativa vigente, no se puede hacer fumigaciones
mecanizadas a menos de 300 metros de poblaciones o escuelas. Según
comentó el concejal al semanario de San José, no es la
primera denuncia por fumigaciones en zonas no permitidas, y este año
se realizaron incluso cerca de escuelas.
La
Diaria, 6 de octubre 2016