Uruguay:
La amenaza de una tercer mega-fábrica de celulosa
Uruguay,
con apenas 17 millones de hectáreas de superficie y una población
de poco más de tres millones de habitantes, soporta en su territorio
dos mega fábricas dedicadas a la producción de celulosa.
Por un lado la empresa finlandesa UPM (ex-Botnia), con una producción
anual de 1 millón 300 mil toneladas, ubicada sobre el Río
Uruguay. Por otro, Montes del Plata, un consorcio entre la sueco-finlandesa
Stora-Enso y la chilena Arauco, que produce 1 millón 400 mil
toneladas anuales, ubicada sobre el Río de la Plata.
Actualmente
se viene avanzando en la posible instalación de una tercera
fábrica. En 2017, UPM firmó un contrato con el gobierno
uruguayo para instalar su segunda planta en el país. La concreción
del proyecto está sujeta a exorbitantes condiciones impuestas
por la multinacional y aceptadas por el gobierno.
Esto no
es nuevo. Para que la instalación de las dos primeras fábricas
fuera viable, el gobierno uruguayo otorgó todos los beneficios
que estas empresas exigieron (instalación en zona franca, exoneración
de impuestos nacionales, entre otros), elaborando acuerdos de protección
de inversiones a medida y firmando acuerdos “secretos”
gobierno - empresas. Todo esto bajo total hermetismo, dando a conocer
las implicancias de esos acuerdos para el país tan solo después
de haberlos firmado.
La
empresa impone, el gobierno dispone
En 2016
comenzaron a correr rumores sobre la llegada de una tercera mega fábrica
de celulosa. Esta se instalaría en el centro del país,
sobre otra de las principales fuentes de agua dulce del país,
el río Negro, con una inversión de 4 mil millones de
dólares. La futura fábrica estaría ubicada a
unos 300 kilómetros de la capital del país, Montevideo.
Y la historia se volvió a repetir. El gobierno actuó
con total secretismo, dejando completamente por fuera a la sociedad
civil e iniciando negociaciones con la finlandesa UPM para la instalación
de su segunda mega fábrica (UPM2) en Uruguay. (1)
A finales
de 2017 el gobierno firmó un contrato con la empresa por el
cual UPM se aseguró las condiciones necesarias para realizar
su inversión. Esta fábrica, tendría una capacidad
anual de producción de hasta 2,4 millones de toneladas anuales
de celulosa. A través de dicho contrato, el gobierno se comprometió
a realizar obras de infraestructura vial y ferroviaria para conectar
la fábrica de celulosa a la capital del país, así
como para realizar obras en el puerto de Montevideo para uso exclusivo
de la empresa. Con un monto superior a los mil millones de dólares,
estas obras se han fijado como condición para que la empresa
resuelva si se instala o no en el país. Solo después
de que el gobierno avance considerablemente con las obras pautadas,
la empresa confirmará si instala o no en el país la
fábrica UPM2. (2)
Negociaciones
secretas y falsas promesas
Nuevamente
con la creencia de que la tercera planta de celulosa será la
“salvación” para el país, el gobierno uruguayo
cede a las presiones que UPM le impone. Cuando el contrato secreto
se hizo público, salió a la luz cuán disparatada
fue la negociación.
La empresa
y el gobierno lanzaron falsas promesas para intentar “apaciguar”
el escándalo de las exigencias de UPM. Y una vez más
la historia se repite. Dichas promesas son las mismas que se hicieron
con la llegada de las anteriores dos fábricas: miles y miles
de empleos, aumento del PBI, desarrollo, desarrollo y más desarrollo.
En marzo
de 2018 se dio a conocer el documento para la “Viabilidad Ambiental
de Localización”, uno de los pasos previos a la presentación
de una Evaluación de Impacto Ambiental. A través de
dicho documento la ciudadanía pudo acceder a algún dato
más sobre el emprendimiento. (3)
Inversión:
de acuerdo a un artículo reciente del MOVUS (Movimiento por
un Uruguay Sustentable), la inversión que la empresa promete
hacer, si el gobierno de Uruguay cumple con su parte del acuerdo,
en lugar de ser de 4 mil millones de dólares como lo anunciaron
inicialmente, sería en el entorno de los 2.500 millones de
dólares. Sin embargo, la inversión del gobierno uruguayo
sería del entorno de los 1.850 millones de dólares,
en vez de los mil millones mencionados inicialmente; (4)
Plantaciones:
una de las principales denuncias de los grupos de la sociedad civil
ante la instalación de fábricas de celulosa es la consecuente
expansión de monocultivos de árboles. A pesar de los
cientos de miles de hectáreas de monocultivos de eucaliptos
que hay en el país, las fábricas siempre necesitarán
de más plantaciones ubicadas a corta distancia de las mismas.
A pesar de que el gobierno ha manifestado que no sería necesario
incrementar el área de plantaciones, los documentos dados a
conocer recientemente muestran que de concretarse este proyecto, se
incrementarán en casi 90 mil las hectáreas con monocultivos
de eucaliptos en la zona de impacto del proyecto;
Empleos:
a corto plazo, las promesas de miles de empleos durante la etapa de
construcción de UPM2 puede deslumbrar. Pero luego de los primeros
3 años, a partir de su puesta en funcionamiento, generará
alrededor de 500 empleos en todo el complejo industrial, según
datos de la empresa;
Ingresos
para el país: al estar localizada en zona franca,
la empresa no pagará ningún tipo de impuesto. El canon
establecido por el uso de la zona franca es de 2,1 millones de dólares
anuales, pero al compararlo con los más de 1.800 millones de
dólares puestos por el gobierno uruguayo en infraestructura
y otros subsidios, la cifra es irrisoria.
Agua:
según UPM, la empresa va a contribuir con mejorar
la calidad de las aguas del Río Negro. La realidad es que la
fábrica tomará 125 millones de litros diarios de agua
del río, devolviendo 106 millones y medio de litros de “efluentes
tratados”, según afirma la empresa. ¡La demanda
de agua de la fábrica equivale al de una ciudad de 960 mil
habitantes! Las aguas del Río Negro ya están saturadas
de algunas sustancias como fósforo y nitrógeno. Por
más que la empresa asegure que sus efluentes contendrán
niveles de éstos y otros elementos por debajo de los estándares
permitidos, igualmente estará contribuyendo y empeorando la
ya existente eutrofización (aumento desmedido de algas tóxicas)
del río. (4)
La
experiencia no aprendida
Hoy, el
país cuenta con más de un millón de hectáreas
cubiertas por monocultivos de eucaliptos y pinos, pertenecientes en
su mayoría a un puñado de empresas transnacionales.
UPM y Stora-Enso/Arauco son propietarias de casi medio millón
de hectáreas.
Las plantaciones
industriales de árboles, junto con la sojización, contribuyeron
a una transformación sin precedentes en el país: las
praderas (principal ecosistema del Uruguay) fueron sustituidas por
desiertos verdes de soja y árboles; la tenencia de la tierra
varió significativamente, con una gran concentración
de tierras en manos de empresas transnacionales; y se aceleró
el despoblamiento del campo. De acuerdo al último censo, menos
del 5 por ciento de la población del país permanece
en áreas rurales. El precio de la tierra se multiplicó
por 10 entre los años 2000-2014.
Las promesas
de empleo y desarrollo, con el tiempo, no se cumplen. La población
local recibe limosnas a través de los programas de “responsabilidad
social empresarial”, comparado con la ganancia de estos grandes
capitales. Río Negro, el departamento donde se ubica la primera
fábrica de UPM que comenzó a operar en 2007, es donde
se han mostrado las mayores tasas de desempleo del país.
A pesar
de los evidentes y denunciados impactos, las empresas intentan maquillar
de verde sus actividades mediante la “conservación”
de algunas “islas” de territorio con flora y fauna nativa.
Para lograr esto, las empresas invierten en técnicos y ONGs
conservacionistas. No obstante, fuera de esas “islas de conservación”,
la realidad es que se destruyen cientos de miles de hectáreas
de campos al establecer monocultivos de árboles durante varios
ciclos de corte continuos de 7 u 8 años cada uno. Sobran en
el país evidencias de los impactos negativos que las plantaciones
industriales han generado: disminución o pérdida total
del agua de arroyos y pozos; afectación de fauna y flora nativa;
rotura de la trama social y familiar en el medio rural, por nombrar
solo algunos.
Sin embargo,
el gobierno uruguayo sigue atando al país a nuevos megaproyectos
celulósicos sin discutir el modelo industrial de monocultivos
en gran escala que estos conllevan ni sus consecuencias para las poblaciones
locales y el país en general.
Estos megaproyectos
promueven las desigualdades, inequidades y la dependencia a un capital
extranjero. Se consolida así, una vez más, una economía
de enclave, un país del Sur global, proveedor de materia prima
a países centrales, cuya población asume los costos
ambientales y parte de los económicos. ¿Es éste
el país que queremos?
Lizzie Díaz, lizzie [at] wrm.org.uy y Teresa Pérez,
teresap [at] wrm.org.uy
Miembros del secretariado internacional del WRM
(1)
“Que ganaría Uruguay con una tercera planta de celulosa?”
(2) Contrato
Uruguay – UPM
(3) Viabilidad
Ambiental de Localización de UPM2
(4) “La
insustentable levedad de la planta UPM 2”
Abril 2018