Una causa judicial
federal en EE.UU. investiga pagos a Monsanto
Cuando la ciencia
se compra
Monsanto es investigado
por el juez federal de California, Vince Chhabria, acusado de haber
pagado 250 mil dólares a científicos para enunciar
que el glifosato no es dañino a la salud. La revista Science
publicó una investigación al respecto.
Monsanto es investigado
por la compra de informes de científicos.
Corrupción en
el mundo científico, agrotóxicos cuestionados y empresas
que manipulan estudios y funcionarios. Puede ser la trama de una
película, pero es lo que sucede en Estados Unidos con Monsanto
y la relación con académicos para que oculten las
consecuencias del herbicida glifosato. Así se desprende de
la causa judicial que tramita en juzgados federales y fue revelada
por la prensa de ese país. La revista Science, espacio de
referencia del establishment científico, precisó que
se pagaban hasta 250.000 dólares para que científicos
defiendan al agrotóxico. El autor sospechado, Gary Williams,
había sido destacado por académicos argentinos para
defender al glifosato.
“Surgen nuevas
dudas sobre la seguridad del herbicida Roundup (marca comercial
del glifosato) de Monsanto”, tituló el diario The New
York Times en marzo pasado. El juez federal de California Vince
Chhabria, a cargo de un juicio de personas con cáncer expuestas
a glifosato, permitió el acceso a documentos del expediente,
entre ellos correos internos de Monsanto.
Los documentos revelan
que la empresa desarrolla “estudios” que luego son firmados
por científicos externos (fuera de toda ética académica),
señala que contaba con vínculos con funcionarios que
debían controlar la toxicidad del glifosato (de la Agencia
de Protección Ambiental –EPA, por sus siglas en inglés–)
y confirma que dentro de la misma Agencia hubo opiniones divididas
sobre las consecuencias en la salud del agrotóxico.
The New York Times, en
base a documentos judiciales, confirmó que Jess Rowland (subdirector
de la EPA) alertó a Monsanto sobre un posible dictamen desfavorable
meses antes de su publicación. La empresa tuvo tiempo para
su campaña de lobby político-científica y frenar
la negativa. Los mismos documentos de Monsanto reconocen que Rowland
les había “prometido resistir el esfuerzo del Departamento
de Salud que buscaba realizar su propia revisión (del glifosato)”.
Dan Jenkins, ejecutivo
de Monsanto, explcitó en un correo electrónico que
Rowland le había dicho: “Si puedo darle un carpetazo
a esto (frenar dictamen negativo al glifosato), mereceré
una medalla”. La EPA finalmente no cuestionó la toxicidad
del glifosato. Otras agencias regulatorias del mundo (incluido Argentina)
toman esa evaluación como referencia para permitir el uso
de agrotóxicos.
El herbicida glifosato
es el más utilizado del agronegocio actual, pilar del modelo
transgénico (soja, maíz y algodón). Se aplica
en más de 28 millones de hectáreas de Argentina. Entre
los productores del herbicida figuran Syngenta, Monsanto, Basf,
Bayer, Dupont, Dow Agrosciences, Atanor, YPF y Nidera. Se utilizan
más de 200 millones de litros al año.
Sólo en Argentina
hay más de cien publicaciones científicas de universidades
públicas que dan cuenta de sus consecuencias en el ambiente
(de la UBA, La Plata, Río Cuarto, Córdoba, Rosario,
Litoral, Nordeste, entre otras). Sin embargo, en 2009, una comisión
especial del Ministerio de Ciencia y de Salud elaboró una
recopilación de investigaciones, llamada “Evaluación
de la información científica vinculada al glifosato
en su incidencia sobre la salud y el ambiente”. Concluyó
que faltaban estudios para confirmar el impacto en la salud. Fue
muy cuestionado por organizaciones sociales y científicos
de universidades públicas.
El informe oficial citaba
de manera reiterada, como defensa del glifosato, al académico
Gary Williams, presentado como “independiente”.
Fernando Mañas,
investigador de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC),
alertó en 2009 a PáginaI12 que Gary Williams era un
escriba de Monsanto. Ocho años después, mediante los
documentos judiciales de Estados Unidos, se confirma que Williams
estaba vinculado a la empresa.
En 2015, la Agencia Internacional
para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), ámbito
especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
estableció directa vinculación entre el glifosato
y el cáncer (en una escala de 1 a 5, lo ubicó en segundo
nivel de vinculación a la enfermedad). Y confirmó
que produce daño genético. Monsanto, que utilizaba
la postura de la OMS como escudo, pasó a llamarla “ciencia
basura”.
El portal de internet
Sciencemag es una suerte de boletín académico-técnico
que edita la revista Science. En un artículo de Warren Cornwall
abordó la trama de corrupción. Intentó comunicarse
con Gary Williams, que según la información del tribunal
federal de California puso su nombre en un documento de 2000 páginas
que habrían sido escritas por los empleados de Monsanto.
El trabajo afirmaba que el glifosato no afectaba la salud.
“Los documentos,
incluyendo correos electrónicos internos de 2015, revelan
las estrategias de Monsanto sobre maneras de trabajar con académicos
para instalar el mensaje de la compañía”, cuestiona
el artículo de Science.
Los ejecutivos de Monsanto
evalúan incluso precios de producción de hasta 250.000
dólares. Un correo electrónico de William Heydens,
ejecutivo de Monsanto, sugirió recortar costos mediante la
contratación de expertos y la ‘redacción fantasma’.
Y precisó que eso hicieron en el 2000 con “Williams,
Kroes y Munro” (Gary Williams, Robert Kroes, Ian Munro).
Pearl Robertson, abogada
de Nueva York que representa a demandantes contra Monsanto, afirmó
que lo revelado en la causa judicial confirma “un patrón
marcado por Monsanto que trata de moldear la ciencia alrededor del
glifosato”.
10 de julio 2017
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