Gabinete de Bioseguridad hace consulta pública para liberar transgénicos; ciudadanos juntan firmas para que no se autoricen

El Gabinete Nacional de Bioseguridad –integrado por los titulares de los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca (que lo preside), Salud, Economía y Finanzas, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, Industria, Energía y Minería– abrió el 2 de mayo el período de consulta para liberar tres eventos transgénicos; recibirá comentarios hasta el 1º de junio inclusive. Los eventos son tres: maíz TC1507X- MON810XNK603 para ensayo de investigación y liberación comercial; y dos variedades de soja de Monsanto, una para comercialización, MON89788XMON87708, y otra para ensayos de investigación y de evaluación de cultivares por el Instituto Nacional de Semillas, es el evento MON89788XMON87701X- MON87708XMON87751. Las tres variedades fueron analizadas por diferentes órganos del sistema de bioseguridad; los informes técnicos están disponibles en www.sistemanacionaldebioseguridad.gub.uy

Desde 2012 no se autorizan eventos transgénicos para su comercialización (sí se han liberado con fines de investigación o producción de semillas).

Desde el miércoles circula una petición en www.change.org titulada “¿Necesitamos nuevos alimentos transgénicos en Uruguay?” y está dirigida al Gabinete Nacional de Bioseguridad. “Los firmantes se oponen expresamente a la autorización de nuevos cultivos y/o eventos transgénicos para liberación comercial en Uruguay, y solicitan que se rechace dicha autorización”, en especial los dos eventos para uso comercial, dice el texto, que puede firmarse hasta el 31 de mayo y hasta anoche reunía 3.000 adhesiones.

La solicitud describe que el evento soja MON89788XMON87708 tiene tolerancia a los herbicidas glifosato y dicamba, y que el maíz TC1507XMON810XNK603 es tolerante al glifosato (también al glufosinato de amonio, sustituto del glifosato) y resistente a insectos por la expresión de tres proteínas (Cry1Ac, Cry1A.105 y Cry2Ab2). Menciona que los cultivos de transgénicos han provocado un aumento del uso de plaguicidas, el desarrollo de malezas tolerantes al glifosato, la degradación de suelos, la contaminación de variedades criollas de maíz con transgenes e “incertidumbres en los riesgos en la salud, por estudios científicos contrapuestos y por falta de medición de los niveles de exposición”; denuncia la expansión del agronegocio, la extranjerización de la tierra y el desplazamiento de pequeños productores, así como la alta expansión de ingredientes y aditivos derivados del maíz y la soja. Asegura que la aprobación de estos otros dos eventos llevaría a “intensificar los impactos y las incertidumbres”, al uso masivo del dicamba y al desarrollo de malezas que se vuelvan resistentes a este herbicida, y a incrementar las “incertidumbres sobre la inocuidad de los eventos apilados (más de una modificación genética en la misma planta)”.

La petición fue iniciada por Santiago Mirande, abogado, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) e integrante del Núcleo Colectivo TA -sobre transgénicos y agroquímicos- del Espacio Interdisciplinario de la Udelar. En diálogo con la diaria, explicó que la iniciativa surgió “a raíz de inquietudes de diferentes sectores de la población, de organizaciones y de ámbitos científicos, entre ellos el grupo interdisciplinario que integra.

Mirande reprobó que la opinión del Comité de Articulación Institucional (CAI), órgano científico, no sea vinculante, y que no se tengan en cuenta recomendaciones de algunos integrantes del CAI. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) recomendó que, en el caso del maíz TC1507XMON810XNK603, “deberán atenderse especialmente las condiciones que hagan posible la coexistencia entre diferentes sistemas de producción […] particularmente en lo que se refiere a efectos sobre variedades criollas de maíz y sistemas de agricultura orgánica”. Además, la Dinama señaló la necesidad de analizar “los posibles impactos al ambiente derivados del paquete tecnológico”, así como “los mecanismos de control para la correcta aplicación de los herbicidas”. A partir de todos los informes técnicos, la Evaluación de Riesgos en Bioseguridad y el CAI concluyeron que este evento no representa un riesgo significativo; aclararon, no obstante, que “el impacto del paquete tecnológico asociado a la modificación genética está por fuera del alcance de esta evaluación de riesgos”, aunque mencionaron “la importancia de que se apliquen prácticas agrícolas que ayuden a disminuir la vulnerabilidad ambiental que suele asociarse al monocultivo de paquetes basados en la aplicación de un único componente activo para control de malezas”.

En 2012 la Udelar se retiró del CAI por entender que el proceso de evaluación de transgénicos no ofrecía las suficientes garantías de vigilancia tecnológica; tampoco participó en esta evaluación. Sí lo hizo el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, que, según publicó Brecha el 19 de mayo, recomendó no aprobar la soja MON89788XMON87708 y pidió evaluar el riesgo ambiental que provocará el uso masivo de dicamba; pero el gabinete no consideró la opinión del instituto, porque le llegó fuera del plazo. El proceso de evaluación ha sido cuestionado, además, por organizaciones como Redes-Amigos de la Tierra, que en 2013 resolvió no participar más en las consultas públicas del sistema de bioseguridad; en aquel momento, Redes reprobó que no se hace una adecuada difusión, que quien hace aportes no recibe más respuesta que la confirmación de recibo, y que no se socializan los aportes.

LA DIARIA / 27 mayo 2017