Posición
de RAP-AL Uruguay frente a la Comisión Interministerial que prepara
ley de bioseguridad
Nuestro país se encuentra
en una encrucijada. A punto de plasmar un marco legal que regule las
condiciones de bioseguridad nacionales, se convocó a la sociedad
civil a realizar los aportes que considere pertinentes.
En el marco de ese proceso, RAP-AL
Uruguay, junto a APODU (Asociación de Productores Orgánicos
del Uruguay) la Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas del Uruguay y REDES
– Amigos de la Tierra Uruguay, hizo entrega de documentos e investigaciones
sobre los impactos de los cultivos transgénicos -en Uruguay y
en el mundo-, a la comisión interministerial encargada de elaborar
el ante-proyecto de la ley marco de bioseguridad.
La inclusión en una matriz
productiva de sistemas basados en aplicaciones comerciales de técnicas
biotecnológicas afecta la misma a todo nivel. De una acertada
evaluación de todos esos efectos dependen las chances de concreción
de cualquier política de Estado que apunte a mejorar y hacer
sostenible la calidad de vida de los habitantes del territorio.
Abordar el tema desde una perspectiva
del tipo “biotecnología si o no” sería caer
en una discusión inconducente, además de irresponsable.
Los riesgos que implica para el país la expansión del
cultivo de variedades vegetales manipuladas genéticamente no
devienen del “avance de la ciencia”, sino de las aplicaciones
tecnológicas comerciales posibilitadas por ese avance.
La moratoria al ingreso de nuevas
variedades vegetales genéticamente modificadas decretada por
el Poder Ejecutivo como paso previo a la definición de un marco
legal de bioseguridad le otorga al país una oportunidad sumamente
valiosa. El mejor modo de aprovechar esa oportunidad pasa por realizar
una evaluación exhaustiva de lo que le ha dejado al país
la experiencia, desde fines de la década de los 90, del uso de
este tipo de cultivos. ¿Cómo ha impactado el cultivo de
soja y maíz transgénico en nuestra matriz productiva,
en nuestro desarrollo social y en nuestros recursos naturales?
Al mismo tiempo, se deberían
tomar en cuenta las consecuencias que las aplicaciones comerciales de
estas tecnologías han tenido en el resto del mundo. ¿Han
ayudado a resolver o más bien han profundizado problemas como
la pérdida de soberanía alimentaria, la concentración
de la riqueza, la dependencia económica o el hambre mundial?
El material entregado arroga luz
sobre todos estos aspectos. En algunos casos, asumiendo tareas que deberían
haber sido emprendidas por el propio Estado.
Esperamos que este aporte sea tenido
en cuenta por las autoridades competentes. También esperamos
que el aporte de la Sociedad Civil no se agote en este suministro de
material. Apostamos a que se habilite la posibilidad de una participación
real en la definición de un marco legal que pautará el
tipo de desarrollo podrá tener nuestro país en los próximos
años.
Julio 2007 - RAP-AL Uruguay