“Economía Verde”, Izquierda Marrón

Eduardo Gudynas

En estos días está en marcha una nueva cumbre global sobre ambiente y desarrollo. La llamada “Rio +20”, se celebra veinte años después de la famosa Eco ’92 de Rio de Janeiro. Las apuestas a una nueva “economía verde” que permita relanzar el crecimiento en los países industrializados, no logran superar las contradicciones entre economías y ecología que se mantienen en las últimas décadas. Entretanto la situación ambiental planetaria se ha deteriorado sustancialmente.

Todos los informes científicos que están leyendo los delegados gubernamentales que viajarán a Rio concuerdan en alertar sobre la grave situación ambiental del planeta. Por ejemplo, el indicador del “Estado de la Vida” en el planeta, que recopila información sobre mamíferos, aves y otros grupos, ha caído un 30% desde 1970.

En paralelo al cambio climático, se considera que aproximadamente la mitad de la superficie terrestre estará artificializada en los próximos años, cubiertas por cultivos, carreteras o ciudades. Los lectores más jóvenes de Brecha serán testigos del futuro colapso de dos de las más grandes ecoregiones sudamericanas: el cerrado y la caatinga en Brasil. Terminarán desvaneciéndose, tal como ocurrió hace un siglo atrás con la Mata Atlántica, la segunda selva tropical más extensa del continente.

Se avecinan nuevos problemas, muchos de los cuales resultarán esotéricos para el lector: la acumulación de miles de millones de diminutas partículas de plástico o la pérdida de oxígeno en distintas áreas oceánicas que desembocarán en zonas sin vida. Así como hoy se habla de cambio climático global, también se está comenzando a discutir cambios planetarios, por ejemplo, en los ciclos del nitrógeno.

La capacidad biológica de todo el planeta tierra, estimada por un indicador de la superficie que brinda recursos como alimentos o agua, o que recibe los desperdicios, suma un total de 12 mil millones de hectáreas disponibles en cada año. Pero la población actual consume mucho más, unos 18,2 miles millones de equivalentes globales de hectáreas. Ya hemos superado los límites ecológicos del planeta.

La acumulación de estos problemas, apenas resumida aquí, lleva a que muchos expertos alerten sobre un inminente cambio ecológico a escala planetaria. No se está hablando de la desaparición de una especie en algún sitio remoto o la contaminación de alguna laguna, sino que al traspasarse un umbral, se encadenan una serie de crisis ecológicas.

La apuesta desarrollista

La actitud prevaleciente en muchos gobiernos por momentos admite la seriedad de los problemas ambientales enfrentados, pero las soluciones que ponen sobre la mesa no sólo son insuficientes, sino que pueden agravar la situación.

Actualmente el centro de las discusiones gira alrededor de la llamada “economía verde”, postulándose reformas de diverso tipo en procesos productivos, paquetes de subsidios o sistemas impositivos, para promover actividades amigables con el ambiente. No hay cambios sustanciales en los procesos productivos, sino que se busca ampliar el espectro de negocios posibles para incorporar a la propia Naturaleza.

Las naciones industrializadas llegan a Rio de Janeiro con una agenda dividida en muchos temas específicos, como puede ser el abordaje del cambio climático, pero casi todas ellas aspiran a implantar esta nueva “economía verde”. Su propósito es relanzar el crecimiento económico a partir de sectores ecológicos, como serían las energías renovables o la instalación de “servicios ecológicos” que se podrían comprar o vender en los mercados. Muchos consideran que el estancamiento económico europeo podría superarse con esta “economía verde”.

Las naciones del sur en general observan estas propuestas por un lado como una oportunidad para lograr beneficios (por ejemplo, acceder a nuevos mercados de bienes y servicios ambientales), pero por otro lado, hay cierto temor en que sean usadas para el proteccionismo comercial.

El diálogo político por momentos se vuelve bizarro. Los países del norte reclaman algunas medidas ambientales contundentes, pero los del sur responden que como son pobres, aceptarían esas medidas si se les transfieren recursos financieros y tecnologías. Naciones como China o Brasil en unos momentos se presentan como nuevas potencias económicas emergentes, pero en otros momentos se encogen, vuelven a ser subdesarrolladas, y piden dinero de la cooperación internacional.

El contexto latinoamericano

En ese marco, los países latinoamericanos llegarán a Rio de Janeiro también cargando con sus divergencias. Comencemos por Brasil: bajo el gobierno Lula da Silva los temas ambientales perdieron relevancia; se intentó controlar la deforestación en la Amazonia, pero en otras áreas se priorizaron proyectos productivos y exportadores. La situación se ha agravado bajo el gobierno de Dilma Rousseff a tal punto que un grupo de grandes organizaciones ambientalistas hace pocos meses atrás sostuvieron que se vive el “mayor retroceso de la agenda socio-ambiental desde el final de la dictadura militar”. En el plano internacional, Brasilia sigue una agenda ambiental unilateral, ya que no coordina ni el seno del MERCOSUR (donde hay un grupo en esta materia), ni tampoco con los demás países del continente (GRULAC – Grupo Latinoamericano).

Todos los demás vecinos sudamericanos llegarán a Rio de Janeiro cargando serios problemas ambientales. En estas últimas semanas están en marcha graves conflictos ambientales especialmente en las naciones andinas. En Bolivia está avanzando una nueva marcha indígena que reclama proteger un parque nacional, en Perú las protestas mineras han incluido represión policial, muertos, y hasta una crisis en el gabinete de Ollanta Humana, y en Ecuador, finalizó pocas semanas atrás una multitudinaria marcha nacional en defensa del agua y contra la minería. Con una conflictividad mas baja, aunque no sin tensión, se encuentran las resistencias locales a la minería en Argentina o las represas en Chile, similares a las disputas que se viven en Uruguay frente a Aratirí u otros proyectos.

La respuesta de buena parte de estos gobiernos ha sido muy similar: criminalizar la protesta ciudadana, iniciar acciones judiciales contra sus líderes, y burlarse de los temas ambientales, concibiéndolos como trabas al desarrollo. La criminizalización y judicialización, que avanza en los países andinos y Argentina, se enfoca en los líderes sociales o en condicionamientos legales a las ONGs de base o redes nacionales.

Las posturas políticas se pueblan de contradicciones. El presidente Evo Morales reclama medidas globales enérgicas contra el cambio climático, pero no las toma dentro de sus países, y ahora considera que las demandas de indígenas o ambientalistas son una nueva forma de colonialismo.

La burla se ha convertido en otro instrumento común. Así como José Mujica se burlaba de quienes defienden los venados o las dunas costeras, otros mandatarios hacen cosas similares. Rafael Correa de Ecuador califica las demandas ambientales como “infantilismo de izquierda” y Cristina Fernández de Argentina, los tipifica como una postura esnob.

Todo esto hace que el progresismo gobernante en América del Sur llegue a Rio de Janeiro en una situación muy incómoda. En todos los países la agenda ambiental está en retroceso, se flexibilizan los controles ecológicos, y se aceptan grandes inversiones con alto impacto en el entorno.

Las estrategias de desarrollo siguen basadas en aumentar las exportaciones de materias primas, aprovechando el alto precio en los mercados internacionales y la voraz demanda asiática. Es cierto que bajo el progresismo ha regresado el Estado, y que se intentan distintos programas de asistencia social para reducir la pobreza, y que esto ha sido exitoso. Pero también debe reconocerse que en todos estos países, desde la Venezuela de Chávez al modelo Kirchner “nac & pop” (nacional y popular), se sigue dependiendo de las materias primas.

Las nuevas estrellas que alimentan el actual crecimiento económico en unos casos son hidrocarburos, en otros minerales, y más cerca nuestro, monocultivos como la soja. Esta estrategia está repleta de impactos ambientales, que van desde la contaminación minera y petrolera, a la pérdida de áreas silvestres por el avance de la frontera agropecuaria. Pero el progresismo necesita de esos emprendimientos, ya que ellos son esenciales para financiar sus planes de lucha contra la pobreza basados en pagos mensuales en dinero (tal como hace el MIDES en nuestro país).

No se logra romper una relación productiva y comercial desigual. Mientras que en el pasado América Latina enviaba sus materias primas al norte industrializado para luego comprarles sus manufacturas, mientras que hoy las exportamos a China, para importar desde allí electrodomésticos, automóviles o textiles.

Bajo esta situación, si se implantan medidas ambientales en serio, muchos emprendimientos extractivos serían inviables ya que nunca lograrían pasar las evaluaciones de impacto ambiental. También sería necesario contener el consumismo, en unos casos porque involucra productos con componentes tóxicos, terminan en mucho desperdicio o consumen mucha energía. Estos son límites que ni siquiera los gobiernos progresistas están dispuestos a cruzar, de donde sus intervenciones en las negociaciones de Rio+20 terminan en cuestiones menores, campañas publicitarias o apelaciones a la responsabilidad empresarial.

También han cambiado los actores involucrados en estas contradicciones ambientales. En el pasado, las empresas transnacionales de los países industrializados eran responsables de muchas debacles ecológicas. Pero hoy nos encontramos que se viven problemas concretos con corporaciones que son latinoamericanas, como pueden ser las brasileñas Petrobrás (hidrocarburos) o Vale (una de las empresas mineras más grande del mundo). La situación se vuelve más complicada todavía, cuando se descubre que buena parte de la propiedad accionaria de esas empresas está en manos del gobierno brasileño, su banco de desarrollo (BNDES) o de los fondos de pensión de los grandes sindicatos. Aquí se origina una nueva tensión y fractura en los debates en Rio de Janeiro, ya que unos cuantos movimientos sociales, incluyendo grandes sindicatos, ven con buenos ojos la actual ola extractivista que descansa en los recursos naturales, y no están dispuestos a aceptar medidas ambientales sustantivas.

Entretanto, para las comunidades campesinas o indígenas de Perú, Bolivia o Ecuador afectadas por emprendimientos petroleros, hidroeléctricos o mineros, no encuentran diferencias entre empresas brasileñas o afincadas en el hemisferio norte, o entre aquellas que en su junta directiva tienen sindicalistas progresistas o economistas neoliberales.

Es así que a Rio de Janeiro llega una izquierda latinoamericana que ha reciclado la vieja tradición de exportar materias primas. Su agenda es cada vez menos verde, en tanto acepta la destrucción de la Naturaleza, y al centrarse en el desarrollismo convencional, se vuelve marrón, con toda su carga de contaminación. Es por estas razones que este progresismo se está convirtiendo en una “izquierda marrón”.

Bajo esta compleja situación, y a su vez enmarcada en una crisis económica en los países desarrollados, nadie está dispuesto a asumir los costos de un cambio de rumbo sustancial en el desarrollo. La idea de una “economía verde”, por sus limitaciones, alimenta el creciente escepticismo. Seguirá por lo tanto, pendiente el recurrente problema de la inviabilidad del camino desarrollista actual.

La sal y pimienta

Hace veinte años atrás estuve en la Eco’92 de Rio de Janeiro. La vitalidad en aquellos tiempos es muy distinta a la actual Rio +20, y vale la pena compartir algunos recuerdos.

Al finalizar la década de 1980, la temática ambiental estaba en una fase de expansión y proliferación, tanto en ideas como en sus prácticas. Se estaban instalando nuevas disciplinas como la biología de la conservación, la economía ecológica o la ética ambiental, las que de variadas formas contribuyeron a los debates en Rio. Uruguay no estuvo ajeno a esas innovaciones; por ejemplo, en Montevideo se celebró la consulta latinoamericana sobre una nueva estrategia para conservar la biodiversidad, la que fue uno de los insumo claves en el texto de la convención que en esa materia aprobaron los gobiernos en Rio.

La perspectiva ecológica se adentraba en campos totalmente novedosos en aquellos tiempos, como eran las implicancias ambientales en el comercio internacional de mercancías o en los flujos de capital. Uruguay también alcanzó visibilidad en estos temas, al evaluarse los impactos de un préstamo del BID para la electrificación del riego para arroz. La desaparición de bañados y esteros en el Este del país afectaría a poblaciones de aves, que no sólo eran uruguayas, ya que también había migrantes desde el extremo sur del continente como desde Canadá y Estados Unidos.

La presión ciudadana era enorme. Fue la primera cumbre gubernamental de las Naciones Unidas con una participación de varios miles de delegados de movimientos sociales, que incluso organizaron su propia “cumbre paralela”. Centenas de carpas se agrupaban en la explanada de la playa de Flamengo, con sus talleres en las mañanas y tardes, reuniones de trabajo o recitales en las noches, albergando una variedad multirracial y cultural impactante. Se agolpaban trajes típicos, lucidos con orgullo, y lenguas de los más alejados rincones del planeta. Toda esa masa humana ejercía una presión enorme sobre los gobiernos.

Las actitudes políticas también eran otras. Nadie se burlaba públicamente del tema ambiental. En Uruguay, entre los principales promotores de la temática ambiental se encontraban un senador del Partido Comunista, Leopoldo Bruera, y un diputado del Partido Socialista, Ramón Legnani. Las posturas verdes de esos y otros legisladores de aquel Frente Amplio, se me ocurren imposibles en la actualidad. Bruera, por ejemplo, insistía en potenciar al ministerio del ambiente y en contar con una ley efectiva en evaluación del impacto ambiental, mientras que en la actualidad muchos parlamentarios observan en silencio los intentos para desmembrar ese ministerio y aligerar las exigencias ambientales.

Uruguay ya contaba con un ministerio del ambiente, desde donde se elaboró un informe técnico, a su vez basado en una consultoría realizada con la OEA, que fue coordinada por Jorge Rucks, quien ahora es el director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. El presidente Luis A. Lacalle viajó a Río, junto a una delegación multipartidaria, mientras que el intendente Tabaré Vázquez participó de un foro de alcaldes. Durante la cumbre, al presidente Lacalle se le escapó que buscaba construir una central nuclear en Paso de los Toros, lo que desató un fuerte rechazo ciudadano.

Un proceso de cuarenta años

1972
Rio+20 es el paso más reciente en un proceso que formalmente comenzó en 1972, con la primera cumbre internacional sobre ambiente y desarrollo, celebrada en Estocolmo (Suecia). En aquel tiempo, las naciones occidentales, el bloque soviético, y los países del sur, incluyendo los que se denominaban “no alineadas”, abordaron los primeros síntomas de la crisis ecológica.

En esos años se lanzó la advertencia que el crecimiento económico perpetuo era imposible, ya que más tarde o más temprano, las economías encontrarían sus límites ambientales. En unos casos éstos se debían al agotamiento de recursos naturales, como hidrocarburos o minerales. En otros casos, respondían a las limitaciones de la Naturaleza en poder superar la contaminación y otros impactos humanos. Durante casi quince años se agudizó un debate que concebía una oposición entre metas económicas y ecológicas que no era posible resolver bajo el estilo de desarrollo convencional. Esas advertencias ambientales eran combatidas tanto por la derecha como la izquierda política, y en particular los dependentistas latinoamericanos.

1987
Un nuevo paso tuvo lugar en 1987, cuando una comisión de las Naciones Unidas intentó superar la contradicción entre “conservación” y “crecimiento” económico. Su reporte, “Nuestro Futuro Común”, presentó una versión del “desarrollo sostenible” que entendía a la protección de la Naturaleza como indispensable para asegurar el crecimiento económico. Se buscó dejar contentos a todos: se reconocía la gravedad creciente de la crisis ambiental, pero no se rechazaba el crecimiento económico; se defendía cierta conservación de la Naturaleza, pero se mantenía la clásica postura de aceptar que la pobreza y el desarrollo dependían de la marcha económica.

1992
El siguiente paso se concretó en 1992 con la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro, donde se aprobaron los más importantes tratados internacionales ambientales, como es el caso de la Convención sobre la Diversidad Biológica o la Convención Marco sobre Cambio Climático. El impacto de aquel evento fue enorme, y sentó las bases de la gobernanza ambiental contemporánea.

2002
Los diez años del encuentro en Rio de Janeiro (Rio + 10) se celebraron con una nueva cumbre pero en Sud África. No se acordó ningún nuevo tratado en temas ambientales, pero bajo la sombra de las ideas neoliberales, se instalaron los reclamos para mercantilizar la Naturaleza. Los países sudamericanos, con Brasil a la cabeza, se sumaron a esa perspectiva.

Brecha, 15 junio 2012, Montevideo.