Rodeados
13 de setiembre 2010
Vecinos
y pequeños productores de La Palmita, Canelones, en lucha desigual
contra la plantación de soja transgénica y sus impactos.
La
Palmita: zona rural del departamento de Canelones, sobre el cruce
de las rutas 8 y 11. Unos cuatrocientos metros hacia el sur, como
desfasado en el tiempo respecto a la velocidad de las dos arterias,
se encuentra el cruce de las viejas rutas 8 y 11. Allí transcurre
otro ritmo, en medio de la vegetación floreciente con la llegada
de la primavera; los principales actores ya no son los cientos de
vehículos en línea sino la naturaleza en todo su esplendor.
En ese cruce se encuentra la escuela rural Nº 128, único
centro social del paraje, lugar donde los vecinos se convocaron para
intentar impedir ser rodeados por cultivos transgénicos.
Arribamos
al lugar guiados por Sergio Viera, productor orgánico de la
zona. El viernes se realizaba la segunda reunión por la temática,
a la que asistieron unas veinte personas, en calidad de vecinos y
productores.
La
Palmita se sitúa a siete kilómetros de Atlántida,
principal balneario del departamento de Canelones. Se caracteriza
por la producción hortícola, ganadera, apícola,
vitícola y frutícola. En los últimos años
se han instalado establecimientos de cabras, alpacas, así como
plantaciones de arándanos; también han proliferado las
casas de campo de alemanes, norteamericanos, chilenos, bolivianos
y rumanos, dijeron a la diaria vecinos del lugar.
El
paraje cuenta, desde hace un par de años, con un cultivo de
soja transgénica que abarca un predio de 500 hectáreas
que pertenecía a un tambo. A su vez, los vecinos están
en conocimiento de la venta de predios grandes para agronegocios.
María,
vecina de la plantación de soja, dio su testimonio de un episodio
de intoxicación ocurrido el año pasado, luego de la
aplicación de un pesticida realizada con mosquito (máquina
fumigadora que tiene dos largos brazos por donde se dispersa el producto).
Pocas horas después de la aplicación, su hija tuvo vómitos
y diarrea, y síntomas similares presentaron un gato y tres
perros del lugar, uno de los cuales murió. Ella y otra vecina
relataron a la diaria que ese día había mucho viento,
lo que es condición para no fumigar (la legislación
establece que el viento debe ser inferior a ocho kilómetros
por hora). En esa oportunidad, realizaron la denuncia policial pero
no lo hicieron ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura
y Pesca (MGAP), cuyo mecanismo es que el afectado acuda personalmente
a retirar, llenar y entregar un formulario de la oficina más
próxima.
En
la reunión, los vecinos expresaron la sensación de “indefensión”
ante los cambios del entorno. Se preguntaron cómo afectan a
la salud las altas cargas de químicos que requieren los cultivos
transgénicos, los perjuicios de contaminación de aguas,
y el desgaste del suelo. Cuestionaron el cambio cultural que implica
este modelo de producción, que desplaza a la agricultura familiar
y orgánica, así como el impacto social, mencionaron
el caso de despidos de familias que trabajaban en un tambo, y que
los grandes emprendimientos de agronegocios contratan menos mano de
obra que los tradicionales; también el encarecimiento de la
tierra y la imposibilidad de competir con las ofertas económicas
de los agronegocios.
Discutían
allí los medios para llegar al resto de los vecinos. Volantes,
afiches, pancartas, correr la voz, todo realizado a pulmón,
con el esfuerzo de los presentes, con los propios recursos y agendando
la próxima reunión para las 19.00, para que no se superpusiera
con la tarea del campo.
Al observarlos, era imposible no pensar en la desproporción
de fuerzas entre quienes están a favor y en contra de la extensión
de cultivos transgénicos. Alguien comentaba, contrastando las
posibilidades: “Ellos levantan un celular, agarran la cuatro
por cuatro y están reunidos”. Además de informarse
sobre las plantaciones transgénicas y compartir experiencias,
la convocatoria tenía por finalidad apoyar una resolución
que surgió del municipio de Atlántida hace diez días
y que esta semana será presentada al intendente de Canelones,
Marcos Carámbula.
En
el texto aprobado, la alcaldía declara su rechazo a los cultivos
transgénicos, “al monocultivo intensivo, a la utilización
de herbicidas y pesticidas propios del método de producción”.
Hace pública “su preocupación ante la contaminación
de reservorios de agua, especialmente la Laguna del Cisne, proveedora
de agua potable a los habitantes de este municipio”. E insta
al gobierno departamental a que elabore “una normativa específica
aplicable a todo el departamento de Canelones, que impida la siembra,
producción, transformación y comercialización
de productos agrícolas modificados genéticamente”.
Incompatibilidades
La
resolución del municipio de Atlántida se suma a otra
sugerencia realizada al intendente, surgida de la “Comisión
Especial para el estudio del uso del suelo rural en el departamento”,
creada por Carámbula en octubre de 2008 (ver recuadro “Agricultura
familiar”).
El
29 de junio de 2010 la comisión aprobó un texto en el
que recomendó al intendente que adoptara la medida cautelar
(mecanismo previsto por la Ley de Ordenamiento Territorial) de impedir
la siembra de cultivos transgénicos en el suelo rural del departamento,
en el área comprendida al sur de la ruta 11, por un lapso de
ocho meses a partir de la resolución. Durante ese período,
debería hacerse un relevamiento de indicadores para contemplar
las características de la zona, la producción, la densidad
poblacional, y establecer lineamientos para el uso del suelo y tecnologías
de producción a utilizar, contemplando la defensa de los recursos
naturales. Para eso debería formarse un equipo de trabajo que
hiciera una evaluación técnica y objetiva; luego de
los ocho meses, se resolvería si debía mantenerse, ampliarse
o reducirse la zona comprendida por la medida cautelar.
Un
mes y medio después, el 19 de agosto, el intendente emitió
una resolución explicando “que se han presentado a este
despacho organizaciones representativas de agricultores familiares
como la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL),
la Agremiación de Tamberos de Canelones (ATC), la Asociación
de Productores de Leche de San Ramón y la Asociación
de Ingenieros Agrónomos del Uruguay y su Centro Regional, planteando
no haber participado en las instancias de discusión del tema
y su interés respecto a tener espacio para manifestar su posición
respecto a la recomendación formulada, ya que los involucra
en forma directa y afecta sus posibilidades productivas” y que
consideraba conveniente ampliar el debate. Para esto, pidió
a la comisión que recibiera los aportes de esas instituciones
y encomendó a la Dirección General de Desarrollo Productivo
de la intendencia que solicite apoyo técnico para el trabajo
de la comisión a la Universidad de la República, al
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), al MGAP
y a la Comisión de Riesgo en Bioseguridad. Salvo esta última,
las otras cuatro instituciones están representadas en la comisión
que aprobó el texto.
Desde
entonces, la comisión no ha vuelto a reunirse. El 29 de junio
se fijó que la siguente reunión sería el lunes
30 de agosto, pero hasta el momento no ha sido convocada. Lo que ya
se sabe es que la medida cautelar no correrá para la zafra
de cultivos 2010-2011, porque tanto la soja como el maíz transgénico
son cultivos de verano, cuya siembra puede hacerse desde el corriente
mes.
Respecto
a esa dilatoria, Daniel Ponce de León, representante de la
Coordinadora de Organizaciones del Santoral y Noreste de Canelones,
dijo a la diaria: “No sabemos qué están esperando
para citarla, si es que se plante la soja o qué”.
Aparentemente
los productores de leche hicieron su pedido alegando que ellos plantan
maíz transgénico. Ponce afirmó que las gremiales
estaban en conocimiento de lo que venía trabajando la comisión,
y que “no es que la salvación de un tambo sea plantar
un maíz transgénico contra un maíz común”,
y agregó que “a partir de arrendamientos de grandes plantaciones
de soja a nivel nacional, la lechería tiene 120.000 hectáreas
menos de lechería. En distintas zonas del departamento de Canelones
han hecho arrendamientos de cientos de hectáreas: ¿cómo
puede pelear un productor familiar contra eso?”.
La
comisión también ha insistido en que además de
las plantaciones transgénicas se regulen las forestales. Ponce
de León señaló que en el noreste de Canelones
la forestación a gran escala ha hecho que en la zona de Migues
los productores hayan tenido que “abandonar los campos, porque
se han secado cañadas, porque están acorralados por
forestaciones. El tema a discutir es en dónde se hacen las
distintas producciones. No estamos diciendo ‘hay que prohibir’,
estamos hablando de ordenar los usos del suelo. Hay quienes dicen
‘en mi campo tengo derecho a plantar lo que quiera’, pero
no es así, yo no puedo hacer un edificio de 40 pisos en la
rambla de Montevideo por más que tenga un terreno, porque la
sociedad regula las distintas actividades”. Ejemplificó
explicando que la cooperativa Molino Santa Rosa está comercializando
harina de maíz no transgénica, y que así la promociona,
pero que “si le plantan un maíz transgénico al
lado, se poliniza y ese producto se ve perjudicado, así como
el de alguien que quiere plantar orgánicamente”. Retomando
el concepto de debilidad de fuerzas de los diferentes actores, en
la reunión del viernes en La Palmita se señaló
la inmediatez con que estas gremiales consiguieron la entrevista con
el intendente, por una vía que no es la formal, que exige presentar
una nota en mesa de entrada y esperar. Tal es el caso de los vecinos
de Cuchilla de Rocha, que desde julio de 2008 solicitan una entrevista
y no se les ha concedido. Se retomó el viejo dicho de que cuando
no se desea que un tema se discuta, se forme una comisión.
Agricultura
familiar
La
Comisión Especial para el estudio del uso del suelo rural en
el departamento fue creada en el marco de la ley Nº 18.308 de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que da potestades
a los gobiernos departamentales para la categorización y uso
de los suelos. La resolución departamental que dio origen a
la comisión tuvo en cuenta la importancia de la agricultura
familiar en Canelones, donde la mayoría de las producciones
se realizan en campos pequeños, abarcando los rubros hortícola,
frutícola, vitivinicultura, avicultura, apicultura, lechería,
producción de cerdos y ganadería intensiva, entre otros,
que son destinadas al consumo alimenticio de uruguayos, turistas y
de exportación. Canelones es el departamento que tiene mayor
número de habitantes en la zona rural.
La
resolución considera que “en los últimos años
se ha observado el avance de emprendimientos agrícolas extensivos
que realizan actividades vinculadas a oportunidades coyunturales de
mercados, utilizando con frecuencia tecnologías agresivas para
la población y el ambiente, y compitiendo por el suelo con
las producciones instaladas”, y resolvió “fomentar
políticas tendientes a preservar las características
de Canelones en su modo de vida y trabajo familiar, su producción,
su valor y su cultura, conservando el suelo como recurso estratégico
del desarrollo, contribuyendo a la soberanía y seguridad alimentaria
nacional, protegiendo la salud humana y el ambiente”. La comisión
está integrada por los directores de Planificación Territorial
y Acondicionamiento Urbano, de Desarrollo Productivo, de Desarrollo
Rural y Gestión Ambiental; participan también ediles
departamentales, el director nacional de Ordenamiento Territorial,
el director departamental del Ministerio de Ganadería, Agricultura
y Pesca, un representante de la Facultad de Agronomía de la
Universidad de la República, productores y vecinos, Coordinadora
de Organizaciones del Santaoral y Noreste de Canelones, y vecinos
de Cuchilla de Rocha (próximo a Sauce), quienes se movilizaron
en 2008 ante la plantación de 350 hectáreas de soja
transgénica en ese paraje. El cometido es asesorar al intendente.
Efectos
a la vista
El
jueves la Red de Agroecología del Uruguay sesionó en
San Jacinto, Canelones, y respaldó lo aprobado por la comisión
especial para el estudio del uso del suelo rural en el departamento
de Canelones y la resolución del municipio de Atlántida.
Afirmó
que los impactos y consecuencias de la liberación de transgénicos
(soja RR en 1996 y maíces Mon 810 y Bt 11 en 2006) ya se hacen
visibles y enumera: erosión de suelos, contaminación
de aguas, gran aumento de aplicaciones de agrotóxicos; aumento
y aceleración de la concentración y extranjerización
de la tierra; expulsión de agricultores familiares, desplazamiento
de rubros productivos claves; crecientes casos de intoxicaciones de
agricultores, asalariados y vecinos de la campaña, así
como mortandades reiteradas de flora y fauna cercanas a los monocultivos.
Afirma,
basada en documentos oficiales, que no se ha ponderado correctamente
los impactos de los cultivos transgénicos, así como
de los alimentos genéticamente modificados. También
cita estudios internacionales en los que se demuestra el carácter
nocivo de pesticidas, presentando casos probados de malformaciones
en embriones de vertebrados.
Amanda
Muñoz
http://ladiaria.com/articulo/2010/9/rodeados/