Venció
el plazo del Mvotma y la empresa Efice incumplió la intimación
Mientras
Uruguay enfrenta demoras en la reconversión de la industria
de cloro con mercurio, una planta similar en Argentina lo hizo y
está libre de contaminación.
Uruguay
fue gestor y firmante en 2013 del Convenio de Minamata que fijó
en 2025 el plazo para cerrar las industrias con emisiones de mercurio
como consecuencia de los graves incidentes de contaminación
ocurridos en el mundo en los años precedentes. En nuestro
país, sin embargo, las demoras en concretar este proceso
parecen hacer justicia a aquel refrán que dice "en casa
de herrero, cuchillo de palo".
El estado
uruguayo tomó conciencia de los impactos del mercurio a fines
de la década de 1980 y comenzó a aplicar medidas para
reducir y controlar sus efectos, que se dan en una serie de actividades
y elementos de uso común, como la producción de cemento
y celulosa, los termómetros, entre otras. De todas maneras,
la producción de cloro-soda está al frente con 82%
de las liberaciones de mercurio en el país.
Liberaciones
industriales de mercurio
En Uruguay
en el año 2009: 1.388 quilogramos
Desde
1959 hasta el presente, Efice ha sido la industria que provee de
cloro y soda cáustica al Uruguay utilizando una tecnología
con insumo de mercurio que, a esta altura, es considerada obsoleta.
A finales de los años 1970 se puso en práctica una
tecnología con celdas de membrana, que elimina por completo
los riesgos para la salud humana y el ambiente de las emisiones
y residuos del mercurio.
Efice
ha alegado que existe poca información disponible en bibliografía
y ausencia de experiencias en este país, algo obvio porque
ésta sería la primera vez. Sin embargo, la reconversión
de las tecnologías que usaban mercurio ha avanzado rápidamente
en el mundo, incluso en países vecinos. Sudestada estuvo
en la Argentina para conocer el caso de Transclor, una industria
casi hermana de la uruguaya.
Idas
y venidas de Dinama y Efice
En agosto
de 2011, Efice presentó a la Dinama la solicitud de Autorización
Ambiental Especial (AAE) de la ampliación de su planta industrial
para pasar a producir cloro y soda con tecnología limpia
de membrana y desmantelar la instalación con celdas de mercurio.
Estos planes quedaron en suspenso en 2014, cuando la empresa estuvo
con riesgo de cerrar, pero fueron retomados en el año siguiente.
En setiembre
de 2015, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama)
solicitó a Efice que presentara en dos meses el Plan de Desmantelamiento
de Instalaciones y Equipos. Eso incluía un cronograma del
proceso y sus responsables, el análisis de suelos, paredes
y equipos, plan de contingencia, el tratamiento y destino final
de los residuos contaminados y el mercurio a recuperar de las celdas,
que era estimado en 26 toneladas.
En noviembre,
Efice respondió que había iniciado consultas con las
organizaciones internacionales que recogen experiencia en este sentido
"debido a que la poca información disponible en bibliografía
y la ausencia de experiencias en nuestro país, no posibilita
profundizar con el nivel de detalle requerido". A la vez, la
empresa pidió un tiempo adicional de 60 días para
entregar la información solicitada.
En febrero
de 2016, Efice entregó su Plan de Desmantelamiento. "El
mayor impacto es la generación de residuos sólidos
para los cuales se ha planteado la recuperación de algunos
y la disposición final en la Celda de Seguridad de la CIU
(Cámara de Industrias del Uruguay) para otros", dice
el informe presentado con criterios generales de actuación
en cada sector de la planta y un cronograma estimando en 35 meses
la ejecución de las tareas.
El 19
de julio, la Dinama envió a Efice la primera comunicación
de que, en vista de la ratificación por Uruguay del Convenio
de Minamata y de los antecedentes sobre los monitoreos en los suelos
de la planta industrial, la producción utilizando celdas
con mercurio "deberá cesar en un plazo máximo
de 5 años, debiendo contemplarse este plazo en el cronograma
de adecuación de la tecnología de producción".
Efice
respondió que ajustes técnicos y de costos le llevarían
unos 90 días más. Agregó que "proyectos
de esta envergadura pueden sufrir retrasos o dificultades",
se apoyó en que el plazo del Convenio vence en 2025 y solicitó
"comprensión de las autoridades ambientales" ante
eventuales retrasos e imprevistos. Para la Dinama, la empresa no
asumía el plazo fijado y le reiteró la intimación
en setiembre.
Sorpresivamente,
en noviembre, con presencia de altas autoridades, Efice presentó
el Proyecto Omega de reconversión y ampliación de
su planta, con una inversión de 300 millones de dólares.
Pero algunos detalles hacían dudar de la solidez del anuncio:
era el mismo plan de 2011, tenía la autorización ambiental
pendiente y no contaba con el capital a pesar de habérsele
otorgado las máximas exenciones tributarias.
A
comienzos de 2017, las dilatorias en concretar las acciones requeridas
condujeron a una dura advertencia de las autoridades ambientales.
La tensión
aflojó en parte a fines de marzo, cuando Efice comenzó
a construir el cerco indicado por la Dinama para clausurar definitivamente
una zona del terreno vecino de la planta industrial donde estuvo
vertiendo sus efluentes y residuos sólidos entre 1959 y 1992.
Sin embargo,
vencido el martes 2 de mayo el plazo de tres meses dado a la empresa
Efice por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente (MVOTMA), Sudestada confirmó que la obra está
lejos de ser concluida, como puede verse en las siguientes fotografias.
Experiencia
del otro lado del río
En Argentina,
la empresa Transclor, que inició sus actividades comerciando
con Efice y sigue haciéndolo hasta hoy, en 1989 montó
su propia fábrica de cloro en una réplica de la planta
uruguaya. Pero en 2007 comenzó el desmantelamiento de las
celdas con mercurio, en cinco años concluyó este proceso
y en la actualidad produce unas 180 toneladas de cloro y 200 de
soda por día con tecnología de membrana.
La reconversión
de Transclor fue exigida por los clientes y las autoridades argentinas
ante desastres provocados por la industria química. Uno de
los casos más graves fue el de INDUPA (del Grupo Solvay),
en la localidad de Cinco Saltos, que comenzó en 1948 a producir
fertilizantes con destino al agro y la ganadería, pero debió
ser cerrada en los años 80 luego de haber generado un enorme
pasivo ambiental.
La empresa
que era el sinónimo de progreso en el Alto Valle de la sureña
Provincia de Río Negro dejó un cementerio químico
de 53 hectáreas con 176 toneladas de tierra contaminada con
mercurio, 208 toneladas de grafito de celdas, 232 toneladas de carbón
catalítico y 80 toneladas de sólido de pilas. Solo
del suelo donde estaba la planta de electrólisis se sacaron
más de 10 toneladas de mercurio.
En el
Parque Industrial Pilar, a unos 60 kilómetros de Buenos Aires,
Transclor instaló 30 celdas con cátodos de mercurio
que producían diariamente 44 toneladas de cloro y 50 de soda.
Los efluentes descontaminados eran vertidos en un arroyo tributario
del río Luján. En 2000 comenzó a montar electrolizadores
de membrana de origen alemán, mientras mantenía paralelamente
las celdas con mercurio.
En 2007
paró definitivamente la producción con mercurio y,
con los mismos obreros, se comenzó el desmantelamiento. Cubas,
celdas, electrodos, estructuras de hierro y cemento, parte del suelo,
arena de hidrolavado, entre otros insumos, fueron desarmados, aislados
y enviados a la disposición final de residuos peligrosos,
junto con uniformes, guantes, zapatos, herramientas y otros elementos
protectores utilizados.
Desmontar
la sección llevó poco más de un año,
pero la descontaminación del lugar se prolongó hasta
2012, explicaron obreros que lo vivieron. Sudestada pidió
a la empresa Transclor una entrevista para conocer su experiencia
de reconversión pero el pedido no fue aceptado. La información
proviene de trabajadores de esa planta industrial que, por razones
comprensibles, pidieron guardar el anonimato.
El sistema
de licuación y depósito de cloro pudo ser reutilizado
porque no arrastra mercurio. Solo se recuperaron y vendieron unas
27 toneladas de placas de cobre luego de ser descontaminadas mediante
hidro-arenado.
No pueden
caber dudas de que el desarmado, la descontaminación y disposición
final de la estructura y los residuos de una planta de mercurio
es una acción especial y de mucho cuidado pero, al fin y
al cabo, la experiencia de reconversión tecnológica
de Transclor en Argentina es un ejemplo de que ese proceso no puede
ser tan complejo, difícil y poco conocido como parece plantearse
en el caso uruguayo.
Mientras
tanto, las nuevas exigencias ambientales se afianzan y están
cambiando la realidad del país también en la industria
del cloro. A fines de abril, la empresa Alliance presentó
en el Parque Industrial de Pando la inauguración de las obras
de la primera planta con tecnología de membrana. Es una inversión
de 8,3 millones de dólares que comenzará produciendo
unas siete toneladas diarias de cloro.
"Uruguay
tendrá su primera planta productora de cloro amigable con
el medio ambiente", se informó desde
el portal de la Presidencia de la República, con detalles
de la ceremonia en la que participaron el subsecretario de Industria
Guillermo Moncecchi y el intendente de Canelones Yamandú
Orsi.
Herencia
del desastre de Minamata
La Enfermedad
de Minamata fue identificada hace 50 años en Japón,
pero miles de víctimas están luchando aún por
una compensación de la empresa que descargó mercurio
letal en sus zonas de pesca.
En mayo
de 1956, cuatro pacientes de la ciudad de Minamata, en la costa
oeste de la isla japonesa meridional de Kyushu, fueron ingresados
en el hospital local con los mismos síntomas severos y sorprendentes.
Registraban una fiebre muy alta, convulsiones, psicosis, pérdida
de conciencia, coma y finalmente fallecieron. Poco después,
otros trece pacientes de los pueblos pesqueros cercanos a Minamata
sufrieron los mismos síntomas y también murieron.
Con el
paso del tiempo, los médicos estaban desconcertados porque
más personas se enfermaron y muchos fallecieron. Una manifestación
de los pescadores locales en 1959 obligó finalmente al gobierno
a investigar el origen de las enfermedades y se concluyó
que era el envenenamiento por mercurio. Demoró 12 años
que se admitiera oficialmente la causa de la contaminación
y se ordenara a la petroquímica Chisso la suspensión
del vertido en la bahía de Minamata.
Los defensores
de la planta química argumentaban que no eran responsables
de lo sucedido porque la fábrica de fertilizantes estaba
en funcionamiento desde 1907 sin haber registrado tales problemas
en las décadas anteriores. Recién en 1995 se dio a
conocer públicamente que la planta había modificado
sus operaciones en agosto de 1951 y comenzado a verter grandes cantidades
de mercurio directamente en la Bahía de Minamata sólo
a partir de ese momento.
En total,
fueron 900 personas fallecidas y 2.265 personas enfermas certificadas
como directamente afectadas por el envenenamiento con mercurio,
conocido actualmente como la Enfermedad de Minamata. Más
allá del tratamiento médico, las víctimas que
se recuperaban a menudo eran socialmente marginadas, al igual que
por los otros integrantes de sus familias, porque muchas personas
de la comunidad creían erróneamente que la enfermedad
era contagiosa.
El Consejo
Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) alentó
a los estados miembros a "firmar, ratificar y aplicar sin demora
el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, que contempla medidas
jurídicamente vinculantes de ámbito internacional
para hacer frente a los riesgos que conllevan el mercurio y los
compuestos del mercurio para la salud humana y el medio ambiente".
El Convenio
de Minamata fue firmado por 128 países. El 27 de abril, el
Congreso argentino ratificó el acuerdo y, hasta la fecha,
lo han hecho 43 de los 50 países necesarios para que entre
en vigor. La Primera Conferencia de las Partes del Convenio está
prevista para fines
de setiembre en Ginebra, Suiza.
Víctor
L. Bacchetta
Sudestada/
4 mayo 2017