Fallo
histórico en caso de muerte de niño intoxicado por agrotóxicos
Paraguay.
Un tribunal paraguayo
dictó jurisprudencia al condenar a dos productores sojeros por
la muerte de un niño contaminado con agrotóxicos.
El dolor de una madre que perdió a un hijo no se aplaca con nada,
y menos aún si la muerte pudo haber sido evitada. Bastaba un
poco de responsabilidad y el niño Silvino Talavera Villasboa
seguiría, probablemente, vivo, disfrutando de sus cortos 11 años,
jugando, cuidando a sus hermanitos pequeños, vendiendo hortalizas
a sus vecinos o ayudando a su padre en la chacra. Sin embargo, la irresponsabilidad
de dos productores sojeros que fumigaron sus cultivos sin tener en cuenta
los cuidados correspondientes, acabó con la vida del pequeño.
Este es el primer caso de muerte por intoxicación en ser llevado
a juicio oral en el Paraguay, gracias a la valentía de la madre
de Silvino, Petrona Villasboa de Talavera, activista de una organización
social con un extenso historial de lucha por los derechos de las mujeres
campesinas e indígenas que también la apoyó con
firmeza, y del fiscal de la causa, Víctor Florentín.
A pesar de su corta edad, Silvino se mostraba muy activo en la comunidad
en que vivía. Era hijo de Juan Talavera (50) y Petrona Villasboa
de Talavera (46) y el número 10 en una familia de 11 hermanos.
Sus vecinos lo conocían porque cada mañana salía
a vender hortalizas y frutas producidas en la chacra de su papá.
Con su bicicleta recorría las enormes distancias que separan
un vecindario y a veces iba acompañado por alguno de sus hermanos
o de su primo Gabriel Villasboa.
El 2 de enero de 2003, según relató su madre, Petrona,
se dirigía con su bicicleta hacia su casa, en compañía
de su primo, llevando en un bolso de mandados un gran trozo de carne
y un poco de fideos para la preparación del almuerzo familiar.
Cuando faltaban unos cuantos metros para alcanzar su humilde vivienda,
Silvino y su primo Gabriel se cruzaron con el sojero Herman Schelender,
quien se encontraba fumigando sus plantaciones de soja. Justo en el
momento en que el niño cruzaba frente a la máquina fumigadora,
Schelender activó el dispositivo de la máquina y, literalmente,
bañó a Silvino con el herbicida, así como a la
carne y los fideos que portaba en su bicicleta. Gabriel pudo esquivar
el chorro y aunque también aspiró el veneno no le ocasionó
los mismos daños que a Silvino. Una vez en su casa, la madre
preparó el almuerzo con los comestibles que había traído
su hijo del pueblo.
Al cabo de unas horas, varios miembros de la numerosa familia de Petrona
comenzaron a sentirse mal, con náuseas, vómitos y cefaleas.
Pero la peor parte se la llevó Silvino, no sólo por el
hecho de haber estado directamente expuesto a los herbicidas sino también
por haber inhalado el líquido en el momento en que fue “fumigado”
por Schelender.
Petrona, Silvino, su hermana Sofía, por aquel entonces de 12
años, y sus hermanos Nicolás de 19 y Justiniano de 9,
entre otros más, fueron internados en un centro materno infantil
de la localidad de Pirapey, en donde los médicos tratantes les
diagnosticaron un cuadro de intoxicación grave causada por agrotóxicos.
Al cabo de unos días, y al comprobarse que Petrona y sus hijos
mejoraron ostensiblemente, volvieron a su casa, pero el 6 de enero,
nuevamente, el otro sojero condenado, Alfredo Laustenlager, volvió
a realizar fumigaciones de sus cultivos de soja, localizados a escasos
15 metros de la casa de la familia Talavera.
El debilitado organismo de Silvino ya no pudo resistir. Nuevamente varios
miembros de la familia, incluyendo por supuesto a Silvino, fueron ingresados
al nosocomio de Pirapey. Cuando los médicos comprobaron que el
cuadro del niño empeoraba con el transcurrir de las horas, sugirieron
a Petrona trasladarlo hasta el Hospital Regional de Encarnación,
en donde al día siguiente falleció. Otras 20 personas
vecinas también fueron gravemente afectadas por la intoxicación
y tuvieron que ser trasladadas hasta Asunción para ser tratadas.
La desolación, el dolor y la indignación se apoderaron
de la familia Talavera. Con mucha tristeza reflejada en sus ojos, a
Petrona hasta hoy le cuesta acostumbrarse a la ausencia de Silvino.
Dice que sus hermanos menores, a quienes Silvino cuidaba, aún
claman por él. La comunidad también extraña al
niño que cada mañana salía a vender frutas y verduras
a los vecinos.
Luego de superado el shock inicial por la muerte de Silvino, Petrona
decidió recurrir hasta el local del Ministerio Público
de Pirapey para denunciar a Schelender y Laustenlager. Ese momento marcó
para la familia Talavera el inicio del largo camino hacia la justicia.
El fiscal de la zona, Víctor Florentín, decidió
llevar adelante la causa por cuenta propia y procesar a los dos productores
denunciados por la familia Talavera.
Al comprobar la iniciativa de Florentín, Petrona resolvió
apoyar firmemente el proceso judicial. Pero ella no estaba sola: la
Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas –CONAMURI–,
de la que es miembro, la acompañó desde la radicación
de la denuncia ante la Fiscalía.
Julia Franco, secretaria de organización de CONAMURI y residente
en Pirapey, comentó que los análisis de orina realizados
a todos los afectados por la intoxicación en un laboratorio privado
de Asunción comprobaron la existencia de residuos de los agrotóxicos
glifosato y sipermetrina en sus organismos, que habrían sido
los utilizados por Laustenlager y Schelender en el momento de las fumigaciones.
Julia señaló que estas pruebas resultaron contundentes
para que la Fiscalía decidiera llevar a juicio oral a los imputados
por el caso. Al margen, la dirigente acusó a los sojeros imputados
de estar amparados por los poderosos productores del departamento de
Itapúa, lo que les da libertad para actuar con absoluta impunidad
a la hora de fumigar sus plantaciones, sin tener en cuenta las condiciones
climáticas para las pulverizaciones ni el riesgo al que exponen
a terceros.
La reconstrucción y la condena
La reconstrucción de los hechos, durante el juicio oral iniciado
el 30 de marzo pasado, permitió demostrar cómo se sucedieron
los acontecimientos que derivaron en la muerte de Silvino y el grado
de responsabilidad de los sojeros imputados. El testimonio de Gabriel,
el primo de Silvino, el único testigo presencial durante la primera
ocasión en que el niño fallecido resultó intoxicado,
permitió a los jueces conocer en profundidad los detalles del
incidente.
Otras declaraciones fundamentales fueron las de los médicos que
atendieron a Silvino, quienes testificaron que tanto el niño
como los otros miembros de la familia Talavera internados en el centro
de salud de Pirapey y de Encarnación sufrieron un cuadro de intoxicación
por agrotóxicos. En contrapartida, el forense contratado por
la defensa alegó que el niño falleció a causa de
una deshidratación masiva y para demostrarlo presentó
los resultados de la autopsia. Pero finalmente la contundencia de las
alegaciones presentadas por el abogado querellante marcó el veredicto.
El Tribunal, compuesto por los jueces Manuel Aguirre Rodas, Guillermo
Skanata Gamón y Fausto Cabrera, sentenció a Alfredo Laustenlager
por los cargos de homicidio culposo y producción de riesgos comunes,
en este último caso porque la fumigación realizada no
respetó las normas de cuidado y efectuó la tarea sin guardar
una distancia adecuada de la vivienda en donde vivían 12 niños
con sus padres. Schelender fue absuelto del cargo de producción
de riesgos comunes, pero condenado por el de homicidio culposo. Los
jueces alegaron haber optado por este fallo en el caso de Schelender
porque si bien se encontraba realizando su tarea agrícola en
su cultivo y alejado de toda vivienda en el momento del hecho, sí
tuvo participación no intencional al rociar al niño en
el momento en que pasaba al lado de su máquina fumigadora.
Uno de los miembros del tribunal, Guillermo Skanata, aclaró que
esta sentencia no está dirigida a los productores del país
que emplean agrotóxicos en la producción, sino a la falta
de cuidado con que actuaron en este caso en particular. Laustenlager
y Schelender fueron condenados a dos años de prisión o
a la sustitutiva de pagar una indemnización a la familia Talavera
de 25 millones de guaraníes cada uno (menos de 5 mil dólares),
en un plazo no mayor a 90 días.
Aunque el fallo del Tribunal resulta histórico, por ser el primero
de este tipo en Paraguay, Julia indicó que tanto la CONAMURI
como la familia Talavera no se encuentran del todo satisfechas con la
condena. La CONAMURI dio a conocer un comunicado en el que estima que
“esta condena es una primera batalla ganada en la dura lucha por
la vida y contra la impunidad –que hemos emprendido desde enero
de 2003– porque sienta el precedente en la justicia paraguaya de
que las fumigaciones con agrotóxicos enferman y matan. Si bien
la justicia fue tibia considerando la gravedad del caso, esta conquista
nos alienta a seguir luchando contra este modelo agroexportador que
enriquece a unos pocos y empobrece, enferma y mata a los más
humildes e indefensos de nuestro país, como lo son las familias
campesinas e indígenas".
De todas maneras, Julia Franco rescató que el caso de Silvino
servirá de ejemplo para otros similares. Aclaró que la
CONAMURI no está en contra de las fumigaciones ni del cultivo
de la soja, pero exige respeto por la vida de los seres humanos, la
de los animales y por la preservación del medio ambiente a la
hora de realizar las pulverizaciones. "Exigimos respeto para nuestras
comunidades campesinas, que son nuestro hábitat y dentro de las
cuales desarrollamos nuestra forma de vida. No queremos que sigan contaminado
el agua que bebemos ni el suelo que cultivamos", señaló
la dirigente.
Al mismo tiempo, Petrona confirmó que ella y su familia se encuentran
analizando la posibilidad de llevar el caso de Silvino a la instancia
civil, de forma de que vuelvan a someter a ambos productores a un nuevo
tribunal que les otorgue una condena mayor. Además, la familia
Talavera exigirá el pago de una indemnización mucho mayor,
pues tanto Petrona como sus hijos siguen arrastrando hasta hoy las consecuencias
de la intoxicación masiva, que también les significó
la destrucción de una pequeña producción de rubros
alimenticios, la muerte de sus animales domésticos, y la contaminación
del suelo y los cauces hídricos de la zona.
Los productores condenados ya apelaron la sentencia en su contra. Tanto
Laustenlager como Schelender cuentan con el apoyo de otros poderosos
productores sojeros de la zona, entre ellos importantes ex colaboradores
cercanos del dictador Alfredo Stroessner. Julia y Petrona indicaron
que son concientes de que se están enfrentando a personas muy
poderosas y estrechamente relacionadas con las empresas que comercializan
los productos herbicidas, por lo que esperan poder capear el aluvión
de presiones que están seguras ejercerán los sojeros.
Rosalía Ciciolli
© Rel-UITA
20 de mayo de 2004
SIREL # 715