Riesgos
ambientales en la reforma de la ley de riego
Los cambios a la ley de riego que propone el gobierno encienden
alarmas. El agua de riego será todavía más una
mercadería en manos de empresas y las salvaguardas ambientales
son muy inciertas.
Los Senadores
aprobaron un proyecto de ley que introduce modificaciones al régimen
del manejo del riego con destino a la agropecuaria. La medida, propulsada
por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, parte de
entender que existiría “mucha” agua que se desperdicia
en el país, y que los rendimientos de los cultivos se podrían
incrementar sustancialmente regando superficies mayores.
La solución
que proponen ajusta el papel de las llamadas Sociedades Agrarias de
Riego (SAR), que son empresas que deberán invertir en represar
el agua, y cobrarían por proveerla a los regantes. Además
se reconocen Operadores de Sistemas de Riego, que es como una tercerización
a “personas” que los operarán. Queda en claro que
se apuesta a instalar un entramado de empresas y gestores del agua,
donde cada uno de ellos cobrará por sus servicios y por la recuperación
de sus inversiones. Todas estas medidas introducen modificaciones sustantivas
en la ley de riego con destino agrario, la que ya tiene veinte años
(Ley No. 16 858 / 1997).
En el país
existen agentes empresariales para el riego, como ocurre con la represa
de India Muerta. También es cierto que existe un cierto caos
en los manejos de las aguas, donde algunos productores hacen sus propios
represamientos mientras que otros padecen la falta de riego. Pero la
solución que propulsa el MGAP es la creación de todo un
entramado de empresas, otorgando algunas facilidades para la creación
de nuevas sociedades, el necesario establecimiento de pagos por el agua,
y donde todo ellos, pueden estar desacoplados a la propiedad de los
campos.
Este tipo
de soluciones se parecen a las que se observan en otros vecinos donde
se ha generado un mercado del agua de riego. El caso más extremo
es posiblemente Chile, donde los propietarios de los derechos de agua
se constituyen en empresas que cobran muy buen dinero por ella, y por
lo tanto terminan alimentando a grandes emprendimientos agroexportadores,
mientras los pequeños agricultores no pueden pagarla. Este tipo
de gestión ha dejado sin agua a algunas comunidades locales,
sus arroyos o ríos casi se han secado ya que el agua de desvía
en esas empresas de riego, y se llega al extremo donde hay familias
que no tienen agua ni para la higiene personal. Los dueños del
agua son un conglomerado de empresas que tienen figuras claves que a
su vez ocupan posiciones relevantes en la política partidaria
chilena, con enorme poder político y económico.
Paralelamente,
el proyecto uruguayo que promueve el MGAP tiene muchos riesgos ambientales.
Las salvaguardas ambientales estarían centradas en un nuevo artículo
sobre requisitos para otorgar las concesiones de riego, estableciendo
que se debe asegurar que exista “agua disponible en cantidad y
calidad, acorde con lo que establezca el Poder Ejecutivo; el cual podrá
reservar un porcentaje del volumen disponible para otros usos y/o fines
en forma adicional al caudal ecológico que se establezca en la
reglamentación de la presente ley”.
Como puede
verse esa redacción no es nada precisa, y deja todo en manos
de una futura reglamentación, posiblemente promovida desde el
MGAP. O sea, queda en manos del ministerio que tiene enormes responsabilidades
en la crisis actual de contaminación de aguas por usos agropecuarios
en todas las grandes cuencas del país.
En esta ley
se apunta a contar con un “caudal ecológico”. ¿Cómo
se establecerá? ¿Cuáles serán los criterios?
¿Qué quiere decir “ecológico” para
el MGAP? Estas y otras preguntas se basan en la incertidumbre sobre
cuán “ecológicas” serán esas exigencias
en manos del MGAP, cómo serán controladas, cuál
será la real transparencia y el acceso público a la información.
Es que el Ministerio de Ganadería y Agricultura no es precisamente
un ejemplo de acceso libre a la información, por ejemplo en cuanto
a los agroquímicos o los planes de manejo de suelos. Por ello,
la ley debería precisar esas cuestiones clave y no dejarlas libradas
a la voluntad del Ejecutivo de turno.
Pero más
preocupante es que el ministro Tabaré Aguerre y buena parte del
MGAP sostengan una y otra vez que la creación del empresariado
del riego es necesario para avanzar en sus planes de “intensificación
sostenible” de la agropecuaria. Esta es una idea que se viene
repitiendo en los últimos años, que tiene potencialidades
ambientales, ya que postula un respeto a la “sostenibilidad”,
lo que podría evocar algún tipo de manejo ecológico.
Pero por
otro lado se apunta en sentido contrario, a la “intensificación”,
como medio para la competitividad y el crecimiento de las exportaciones.
Con esto se anula aquel propósito de “sustentabilidad”
ambiental. Es que la intensificación nos mantiene dentro de las
visiones agropecuarias convencionales de maximizar el uso de químicos,
mayor consumo energía, incremento de la presión sobre
los suelos y más aprovechamiento del agua. O sea, más
de las prácticas intensivas que son justamente las que están
por detrás de la crisis en la calidad de las aguas en Uruguay.
Esta es otra
problemática que debería estar contemplada en la redacción
de la ley, y no dejarlas para un decreto reglamentario futuro. Es que
las reformas propuestas no permiten asegurar que se pueda revertir,
ni siquiera evitar, el agravamiento de la crisis del agua en el país.
Como conclusión,
el nuevo régimen de riego puede dejar el manejo del agua controlado
por un entramado de empresas, muchas de ellas sin relación con
la vida rural, cada una cobrando lo más que pueda, y nos aleja
de una gestión ambiental y social que asegure la calidad de nuestras
aguas.
Eduardo
Gudynas
31 julio 2017