Las
semillas de la muerte - Es inminente el fallo judicial
Paraguay
En pocos días más el juez que instruye el caso tomará
sentencia. Los tres responsables podrían ir varios años
a prisión, entre ellos Eric Lorenz, representante de la Delta
& Pine en Paraguay.
Como todas las tardes a esa hora en la escuela rural del poblado de
Rincon’í, a 120 kilómetros de Asunción, la
capital paraguaya, los niños de los cursos iniciales se habían
sentado en una ronda. No nos esperaban, y nuestra llegada cambió
por un rato las actividades previstas. A casi dos kilómetros
de allí se encuentra el predio de una hectárea donde en
noviembre de 1998 la empresa estadounidense Delta & Pine abandonó
660 toneladas de semillas pretratadas con cuatro toneladas de productos
químicos. Para quien no conoce la historia ese lugar parece hoy
un yuyal cualquiera, pero la verdad es que allí ocurrió
la contaminación más importante en la historia del Paraguay.
Me acompañaba Ana María Segovia, portavoz de los vecinos
organizados para resistir y enfrentar las consecuencias de la “basura
tóxica”, como la llamaron los pobladores del lugar. Los
niños sabían bien qué sucedió “allá”,
a escasos 75 metros de su anterior escuelita que debieron abandonar.
Conocían “las semillas de la muerte”. Hablamos sobre
el origen de su nueva escuela, les recordamos que ella fue construida
por sus propios padres y madres, hermanos, hermanas y vecinos. Entre
esas paredes frescas y gruesas la palabra solidaridad resonó
mejor que en cualquier otra parte del mundo, solidaridad entre vecinos,
solidaridad de más lejos, y también de mucho más
lejos: “Hasta de otras partes del mundo llegaron volando tejas
solidarias que se posaron en este techo que hoy nos da sombra”,
les dijimos. Asociamos la palabra dignidad a un tesoro más valioso
que todo el oro del planeta, más grande y lucido que el cielo,
y al mismo tiempo tan chiquito y frágil que debemos guardarlo
en lo más profundo de nuestros corazones de donde nunca deberá
salir, bajo ninguna circunstancia.
Nos despidieron con un hasta pronto, y eso será sin duda, apenas
hasta luego. Porque el juicio penal que desde hace casi seis años
inició la comisión de vecinos de Rincon’í
contra los responsables de la contaminación que padecen está
llegando a su momento culminante. Después de haber pasado por
varias sedes judiciales y haber enfrentado las más increíbles
maniobras dilatorias generadas por el poderoso bufete de abogados que
defiende a la Delta & Pine, en noviembre de 2003 los fiscales Hugo
Ríos (penal) y Ricardo Merlo (ambiental) presentaron de manera
conjunta una acusación en la que piden la condena de Nery Rivas,
alto funcionario de la Delta & Pine en Paraguay, y de Julio Chávez,
propietario del predio donde se arrojaron las semillas envenenadas,
a quienes acusan de diversos delitos, entre ellos del homicidio culposo
de Agustín Ruiz, fallecido pocos días después del
desastre a consecuencias de la contaminación con los agrotóxicos.
Asimismo, los fiscales solicitan que se mantenga abierta la causa del
ciudadano estadounidense Eric Lorenz, por aquel entonces representante
de la Delta & Pine en Paraguay y principal responsable de los hechos,
quien desde hace varios años se encuentra prófugo de la
justicia paraguaya. Los fiscales solicitan que se requiera su captura
por intermedio de Interpol y se formalice el pedido de extradición
desde el lugar donde sea detenido. El enérgico dictamen fiscal
se basa en un muy voluminoso expediente en el cual abundan las pruebas
de la contaminación, de sus consecuencias inmediatas, a mediano
y largo plazo y de quiénes son los responsables directos del
daño causado.
Para el fiscal Ríos, “Nosotros hicimos simplemente el trabajo
que nuestra investidura nos exige. Cumplimos rigurosamente con todos
los requisitos legales y pensamos que logramos producir una posición
sólidamente sustentada en el análisis de los elementos
contenidos en el expediente”. Según Ríos, el juez
cuenta con elementos suficientes para poder adoptar un fallo con serenidad.
El fiscal ambiental Merlo, por su parte, también se dice bastante
satisfecho con el trabajo realizado. “Cuando este caso llegó
a nuestro conocimiento -recuerda hoy desde el Palacio de Justicia- nuestra
oficina era apenas un escritorio a la calle con una mesa, tres sillas
y un teléfono. Teníamos mucho menos recursos que ahora.
El desarrollo de este caso ha ido acompañando el de nuestra fiscalía.
A pesar de aquellas limitaciones, creo que cumplimos un buen papel.
Ahora sólo podemos esperar la decisión del juez”.
Germán Torres es el nombre del joven juez que hace pocos meses
tomó entre sus manos el juzgado penal de Paraguarí, donde
se encuentra el caso. Expresó que ya había tenido tiempo
de interiorizarse del expediente y que le faltaba profundizar el análisis
de dos o tres puntos concretos. Aseguró que si todo se desarrolla
como espera, a fin de mayo o principio de junio estará dictando
su sentencia.
La noticia ha renovado la esperanza de las víctimas, aunque saben
por experiencia propia que en materia judicial las promesas suelen ser
volátiles. Esta vez, sin embargo, todas las condiciones están
dadas para que el desenlace finalmente se produzca. Como forma de apoyar
esa vigilia, las víctimas se han propuesto desarrollar diversas
actividades a lo largo de este mes, entre ellas enviar una delegación
a Asunción para recorrer diversos medios de prensa con el objetivo
de recordar la tragedia que vivieron hace seis años, y preparar
una gran manifestación popular ante la sede judicial de Paraguarí
para el día en el cual el juez Torres haga pública su
sentencia.
Ana María Segovia, portavoz y símbolo de la lucha de sus
pares, afirmó que si bien tiene confianza en la justicia paraguaya,
no bajará la guardia hasta que el daño causado a su comunidad
“sea reconocido legalmente, como primer paso antes de que se produzca
el necesario reconocimiento moral del sufrimiento provocado”.
Allá, en Rincon’í, más de 100 familias campesinas
están mirando hacia Paraguarí. Sumemos nuestras miradas
a las suyas, una vez más y ahora más que nunca.
Carlos Amorin
© Rel-UITA
12 de mayo de 2004
SIREL # 703