Al final
de la fiesta
No
ha sido un verano tranquilo para la Dirección Nacional de Medio
Ambiente (Dinama). La fiesta Corona Sunsets que se hizo el 6 de enero
sobre las dunas fernandinas ha dado que hablar por la localización
y los daños del evento pero, más que nada, por el cruce
de declaraciones públicas con el intendente de Maldonado, Enrique
Antía. Con esa excusa, la diaria habló con Jorge Rucks,
subsecretario del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente (MVOTMA).
Transcurridos
algunos días, con el tema más frío, ¿qué
deja el caso de la fiesta de Corona?
-Es
interesante analizarlo desde una perspectiva más amplia que la
de poner el foco en la fiesta de Corona en particular; es necesario
entender la importancia del mantenimiento y la protección de
la franja de defensa de costas. Este es un ecosistema muy particular,
donde el territorio se relaciona con el mar, y eso lo hace muy dinámico,
frágil. Está condicionado por factores naturales, y se
implantan sobre él actividades como el desarrollo del turismo.
Las playas son el principal atractivo que Uruguay puede ofrecer, por
eso hay que darles una atención especial. Este ministerio es
el principal responsable de proteger esa faja de costa, pero no es el
único que tiene competencia; también la tienen los gobiernos
departamentales, la Armada por intermedio de Prefectura, y también
el Ministerio de Turismo. En la costa se presentan conflictos que requieren
un fuerte esfuerzo de coordinación que normalmente se ha respetado.
Pero cuando alguno de esos actores toma decisiones fuera de ese contexto
de coordinación y no reconoce las competencias de los otros actores,
se generan situaciones de conflicto. Eso es clarísimo y es lo
que pasó en este caso. Tradicionalmente hemos coordinado con
la Intendencia de Maldonado [IDM], pero esta vez se omitió compartir
información sobre la propuesta de una fiesta y se definió
la localización sin la autorización del organismo que
tiene competencia para prevenir los daños ambientales, que es
la Dinama. La información llegó al organismo prácticamente
en el momento en que se iba a llevar a cabo la actividad y no había
tiempo de modificarla. Cuando se omite la participación de la
institución, evidentemente esta tiene que actuar dentro de la
norma y aplicar la ley. Lo positivo es que este caso ha tenido trascendencia
y ha permitido aprovechar la situación para generar conocimiento
sobre la importancia de la costa y la necesidad de protegerla. Es uno
de los temas más conflictivos que tenemos, no hay duda, porque
el conflicto de intereses y la presión del desarrollo urbano
sobre la costa son muy fuertes, y la voz del ministerio, que trata de
ser responsable de la protección de un recurso natural, muchas
veces es desoída.
¿La
Dinama se sintió ninguneada?
-Creo
que no. No nos sentimos ninguneados, pero creemos que hubo una omisión
clara, que nos lleva a actuar. De alguna manera, la presencia del ministerio
ha sido muy importante y el diálogo ha sido permanente. Desconocemos
el interés particular que tuvo la IDM al no informar a la Dinama.
Tradicionalmente, antes de dar una autorización que afecte la
costa, sabe que tiene que tener una autorización ambiental. Lo
dice la ley, pero también es tradición en las intendencias.
Todas ellas saben que la autorización ambiental es previa a cualquier
autorización que ellos den.
Sin
embargo, las declaraciones del intendente Antía le dieron otro
tono al asunto
-Yo
creo, y lo critico claramente, que responde a la politización
del tema. Evidentemente las competencias que tiene la Dinama están
en la ley y son parte de una política de Estado. Nuestro ministerio
trabaja para atender los problemas del país en su conjunto, y
los mandatos son para Uruguay como país. Aquí no existe
un país llamado Maldonado, con total independencia. No trabajamos
como partido político Frente Amplio [FA] para atender las demandas
y denuncias del FA. El intendente se desubicó en la forma en
que trató el tema, quizá porque tenía argumentos
escasos para justificar la omisión. No negamos el rol de la IDM;
lo reconocemos, y es nuestra responsabilidad trabajar con ella. No vamos
a cortar el diálogo por esta situación en particular,
vamos a seguir trabajando en las mejores condiciones que podamos, y
esperamos que ellos tengan la misma reacción de seguir trabajando
juntos.
¿Cómo
se evitan nuevas omisiones y se logra que la multa impacte en el que
cometió una omisión y no en toda la población?
-Es
un tema que va más allá de las sanciones pecuniarias.
Se trata de aprender lecciones para construir entre todos un país
sostenible. Nos llenamos la boca hablando de desarrollo sostenible para
las generaciones futuras, pero eso en la práctica se tiene que
convertir en decisiones concretas. Una multa tendría que doler,
para que, de alguna manera, se reconozca que ha habido una situación
de falta de respeto a la legislación nacional. Nosotros sancionamos
a la empresa, que fue la que llevó a cabo la actividad. La corresponsabilidad
que puede caber a la IDM es algo que la empresa nos tendrá que
explicar. Si ellos demuestran que la responsabilidad de localización
fue compartida con la intendencia, ellos negociarán la forma
en que tienen que responder. Es lo que llamamos, porque lo dice la ley,
una responsabilidad solidaria de aquel que dio la autorización
con quien hizo la actividad. Es lo que está planteado en la multa
que se le comunicó a la empresa.
Según
los nuevos principios del derecho ambiental internacional, el que contamina
no sólo debe pagar, sino también restaurar. En Uruguay
parece que recién estamos empezando a aplicar aquello de que
el que contamina paga, y no en todas las áreas. ¿Cuán
atrasados estamos respecto de la región?
-La
principal carencia viene por el lado de la legislación ambiental.
En estos días hemos promovido junto con la Fiscalía General
de la Nación la propuesta de una ley para penalizar judicialmente
los daños ambientales. En términos administrativos tenemos
una libertad muy grande. En términos de recomposición
es donde hemos avanzado menos. No porque creamos que no es un mecanismo
importante, sino porque muchas veces hay sectores en los que la recomposición
no es posible. Es decir, cuando se da una contaminación importante,
que generó un impacto muy negativo, ese impacto tiene un costo.
Podemos exigir el pago de ese costo, pero la recomposición ya
es imposible. Esas situaciones son más difíciles de visualizar
o de identificar. Si complementamos la parte administrativa con un desarrollo
de la judicialización de la sanción, avanzamos en un aspecto
en el que Uruguay todavía no había incorporado avances.
En diciembre enviamos la propuesta a Presidencia de la República
para su consideración. El proyecto está terminado, pero
todavía está en un proceso de análisis en Presidencia.
Luego de hacer estudios comparativos, llegamos a la conclusión
de que la mejor solución era incorporar un capítulo del
Código Penal, y para eso se verificó el contenido y la
coherencia con el Código Penal actual. Como este se encuentra
en un proceso de modificación, se verificó la compatibilidad
con el nuevo Código Penal. En ambos casos es coherente, y una
vez verificado se presentó a Presidencia para que lo analice
y lo envíe, en todo caso, al Parlamento.
¿Le
parece que los mecanismos de control de los agrotóxicos son suficientes?
-El
control de agrotóxicos es un tema nuevo. El ministerio ha ido
tomando espacios que antes no cubría porque se entendía
que estaban más en el campo de otras instituciones de desarrollo
agropecuario, básicamente en el Ministerio de Ganadería
[Agricultura y Pesca, MGAP]. La intensificación de la agricultura
trajo aparejado un uso mucho más masivo de agroquímicos
y un mayor descontrol en los mecanismos de control. Hemos empezado a
trabajar junto con el MGAP, en un intento de coordinar el uso de los
agroquímicos y de verificar situaciones en las que se producen
situaciones de contaminación. Si me preguntás si estamos
conformes con lo que se ha hecho, yo diría que no, aunque sí
avanzamos en algunos temas en forma importante, particularmente con
la ley de envases [de agroquímicos]. Se trabajó con la
experiencia de la organización Campo Limpio en el manejo de un
sistema de envases que dio lugar a una formalización y a un desarrollo
de la normativa de la legislación específica, y que hoy
se ha constituido en un plan nacional para el control de los envases
de agroquímicos. Se empezó a trabajar en aquellas con
mayor desarrollo agrícola. Lo que ha pasado es que no todos los
productores que utilizan los envases los llevan a los centros de acopio.
Por otro lado, los responsables de la introducción de envases
al país que tienen que aportar los fondos al plan no los están
aportando en todas sus dimensiones; hay omisiones y eso ha generado
irregularidades en la alimentación financiera del plan, lo que
hace que no se pueda seguir desarrollando en otras áreas.Normalmente,
cuando hay problemas de contaminación tenemos que actuar en coordinación
con el MGAP, porque las fumigaciones se producen en un momento determinado,
y cuando se va a verificar ya pasó y no lo podemos verificar.
Pero el MGAP sí puede controlar, porque hace el seguimiento de
los mosquitos; no es una actividad sencilla.
Hay
una contradicción visible en el seno del gobierno respecto de
los costos del modelo de desarrollo. En el caso de un transgénico
puntual, Mon 89034 x Mon 88017, se generó una disputa en el Gabinete
de Bioseguridad, y da la sensación de que generalmente la postura
que termina triunfando es la del MGAP. ¿El MVOTMA debería
tener un rol más protagónico?
-En
el caso de ese transgénico que mencionas, el MGAP no se salió
con la suya. Fue el único respecto del cual tuvimos argumentos
claros para negarlo y lo seguimos negando, y hasta ahora no ha pasado
al nivel de comercialización. El concepto de la gestión
ambiental en el país surge a partir de la gestión ambiental
más urbana que rural, algo muy vinculado al desarrollo industrial.
En el campo la presencia institucional del ministerio, en particular
de la Dinama, no era muy fuerte. Esto ha venido cambiando en los últimos
años, en la medida en que se ha intensificado la producción
y los problemas ambientales empiezan a ser mucho más evidentes
en el campo: la pérdida de biodiversidad, la erosión,
el transporte de los agroquímicos y la contaminación de
los cuerpos de agua. Cuando uno analiza las causas se encuentra con
que hay una falta de seguimiento y control ambiental importante, o controles
parciales; por ejemplo, el MGAP hizo mucho para evitar la erosión,
pero había otros espacios que no se cubrían. Seguimos
pensando que hay una afectación importante en temas ambientales,
sobre todo en la biodiversidad y que hay carencias también en
aspectos que hacen al control de uso de agroquímicos. Otro tema
que nos ha ayudado a atender los problemas ambientales de una forma
más sostenible ha sido la incorporación de los planes
departamentales a partir de la Ley de Ordenamiento Territorial [LOT],
que ha permitido un diálogo más fluido con los departamentos,
a partir de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
[Dinot]. En los planes departamentales ya se empieza a incorporar la
dimensión ambiental: proteger las zonas más frágiles,
las de mayor valor, las áreas protegidas, el ordenamiento de
territorio con criterios ambientales, todo eso ha ido cambiando la escena
de la gestión ambiental en el territorio rural.
Usted
insiste en el concepto de política de Estado cuando habla del
cuidado de la faja costera y del ambiente en general. ¿Cuánto
de esto puede quedar, pensando que en tres años puede cambiar
el partido de gobierno nacional?
-No
cabe duda de que llevamos adelante una política que estaba planteada
en el programa del FA. Pero dentro de esa política hay elementos
que también han sido reivindicados por otros partidos políticos.
En ese sentido, los temas ambientales, en general, tienden a converger.
En temas ambientales hay aspectos que han sido de coincidencia con el
resto de los partidos políticos y nos parece positivo que sean
elementos de cimiento que no se modifiquen. La política de defensa
de costas se ha venido construyendo en un proceso muy largo, en el que
han participado desde gobiernos anteriores al FA hasta gobiernos del
FA, donde, por supuesto, hemos intensificado el trabajo, pero hasta
ahora ha sido una política de Estado.
¿Qué
le dejó el caso Aratirí a la política ambiental
uruguaya?
-Creo
que dejó muchísima experiencia. Nos enfrentamos a una
actividad nueva, conocimos la existencia de un recurso con un potencial
que hasta ese momento no se había manifestado en el país
que y que hoy se conoce. Me parece que la forma en que se llevó
adelante el proceso de discusión en el tema de la minería
generó avances importantes en la normativa y en la legislación,
a partir de tener una ley específica para la minería de
gran porte. Como aspectos negativos, creo que no tuvo la claridad en
el proceso de discusión por parte de la empresa para poder hacer
desde el inicio una propuesta de desarrollo mucho más integral.
Se fue construyendo de a pedazos y no se tenía un panorama claro
de cuáles eran los impactos ambientales globales de toda la actividad
para poder evaluarla. De hecho, se evaluaron parcialmente algunos aspectos,
pero nunca tuvimos la evaluación ambiental de la actividad en
su conjunto.
¿Creen
que con las pasteras se ha podido conseguir eso?
-Sí,
creo que hay una experiencia importante, desarrollada desde hace muchos
años, a partir del proceso de forestación. Creo que la
primera y segunda planta han sido manejadas correctamente desde el punto
de vista ambiental. Quizá la situación de conflictividad
con Argentina obligó a poner mucha atención sobre el desarrollo
técnico de los procesos productivos, y creo que, desde el punto
de vista ambiental, nunca se controló más a una empresa
que a UPM. Verificamos en los hechos que los problemas de contaminación
que se anunciaron no se dieron; por lo tanto, hubo una evaluación
ambiental correcta de la actividad en su conjunto y seguimos avanzando
sobre ciertas bases de conocimiento que hoy son mucho más firmes
que lo que eran cuando se planteó la primera planta.
¿No
va a marcar diferencia respecto de la nueva planta de celulosa?
-Hay
una diferencia clara que es la localización. Yo creo que en este
caso tiene ventajas para el país. Si se lleva a cabo una actividad
bien desarrollada, bien planificada, puede significar un impulso importante
para el desarrollo del centro del país, pero hay que ver qué
formas toma. Porque muchas veces el tema en las cuestiones ambientales
no es el qué sino el cómo se hacen las cosas.
Ya
que se está avanzando tanto en el proyecto y se sabe que va a
estar sobre el río Negro, ¿no sería conveniente
crear una comisión de cuenca en este río para favorecer
el monitoreo de la sociedad?
-Lo
hemos pensado y discutido con Dinagua [Direción Nacional de Aguas],
que ha sido responsable de la creación de las comisiones de cuencas.
La cuenca del río Negro es muy amplia y tiene intereses muy diversos,
y eso puede tergiversar el objetivo que puede llegar a tener una comisión
de cuenca cuando tenés un emprendimiento de las dimensiones que
va a tener UPM. Lo que estamos pensando es que quizá sea importante
crear una comisión de cuenca para cierta parte de la cuenca del
río Negro, para la cuenca alta, pero todavía hay algunos
problemas, porque junto con lo de UPM se está planteando el tema
del uso del agua y hay una legislación nacional que determina
los límites de uso por la generación hidroeléctrica.
Todo eso está en discusión, y hasta que esas cosas no
se aclaren sería prematuro generar un espacio de participación
porque no hay mucha certidumbre todavía, no hay certeza ni siquiera
de si la tercera planta se va a implantar o no. Todavía no hay
un contrato firmado, está todo en el aire.
El
déficit habitacional se mantiene en 80.000 viviendas, es algo
que no se ha podido cambiar en estos tres períodos de gobierno
del FA. ¿Cómo van a hacer en estos tres años?
-Evidentemente
no estamos llegando con los niveles de soluciones para cubrir el total
del déficit. Pero estamos atendiendo a los sectores que están
en situaciones más desfavorecidas con voluntad de encontrar soluciones,
por ejemplo, mediante cooperativas de vivienda, que este año
aumentaron de forma importante. Hemos hecho algunos cambios institucionales
importantes. Hubo una decisión de incorporar el Plan Juntos a
este ministerio; eso se está coordinando con el Programa de Mejoramiento
de Barrios, que tiende a ver con mucho mayor integralidad el asentamiento
de estas poblaciones más vulnerables, algo que también
se está trabajando junto con el programa de Cercanías,
del Ministerio de Desarrollo Social, que es el que determina las condiciones
de precariedad más fuertes, para dar atención con vivienda.
Pero hay un problema de restricción del financiamiento. El objetivo
que tenemos planteado como ministerio no es cubrir 100% del déficit,
pero sí atender aquello que es prioritario.
Según
una nota publicada en Brecha, la renuncia fiscal por viviendas de interés
social llega a 600 millones de dólares. ¿Se está
pensado en revisar eso? Porque fue dinero que el Estado resignó
y no tuvo como efecto que bajara el precio de esas viviendas.
-No
ha tenido el impacto mayor que se pensaba, y en ese sentido se estaba
trabajando en una propuesta de ajuste en la legislación, que
permita una situación más franca de cuál es el
beneficio que se recibe en esos casos. De todas maneras, si uno mira
el impacto en las zonas que han sido favorecidas, ha reanimado la actividad
de construcción en el Centro, la Ciudad Vieja, Cordón
sur y en otras zonas, como el Prado y Belvedere; ha generado un proceso
de desconcentración de la vivienda en las zonas costeras, quizá
uno de los aspectos más positivos de esa ley. Pero, a la vez,
en lo que es el acceso a la vivienda entendemos que es necesario mejorar
el sistema, para que sea más claro y sea posible identificar
con más claridad aquellos que pueden ser beneficiarios, que no
van a ser, seguramente, los sectores más desfavorecidos, pero
sí sectores medios que hoy no pueden acceder a la vivienda por
niveles de ingreso y demás, pero que con una ayuda pueden llegar
a tener una solución.
¿Qué
siente usted al ver a tanta gente sin casa o haciendo malabares para
pagar alquileres carísimos? ¿Qué le parece que
se puede hacer al respecto?
-A
mí ver gente sin casa me causa una sensación de deuda
social brutal, porque entiendo que incluso en los temas ambientales
los sectores más vulnerables y más desfavorecidos son
los de mayor pobreza. La vivienda es una expresión de eso, pero
no es solamente la vivienda, sino que es el ámbito donde vive
la gente. No se es consciente de que la equidad ambiental implica también
equidad social, y que hay una deuda social en lo ambiental, que es muy
importante. Es muy agresivo encontrar las situaciones de carencia de
vivienda y de poblaciones asentadas en lugares insalubres. Ese es uno
de los motivos por los que estoy aquí.
Amanda Muñoz
y Marcelo Aguilar
La
Diaria, 19 enero 2017