Derechos
humanos y ambiente en Uruguay: mucho por hacer
El
relator de Naciones Unidas sobre derechos humanos y ambiente con fina
diplomacia felicitó al Uruguay por varios avances. Pero apuntó
a las debilidades del país en ambiente y derechos: trabas a
la participación, dificultades en acceder a información
y ausencia de un Defensor Ambiental nacional. Comparto mi artículo
sobre algunas aristas de esta cuestión.
Días
atrás se dio a conocer el informe sobre derechos humanos y
ambiente en Uruguay desde el Alto Comisionado de los Derechos Humanos
de Naciones Unidas. En esa oficina actúan los llamados “relatores”
que se enfocan en cuestiones específicas relativas a los derechos,
y entre ellos se cuenta un relator especial enfocado en medio ambiente,
quien visitó nuestro país.
Este
tipo de reportes son similares a los que se preparan, por ejemplo,
sobre el estado de las cárceles, la situación de los
niños o el acceso a la alimentación. Se basan en entender
que un cabal cumplimiento de los derechos de las personas exige que
dispongan de un ambiente sano, limpio, saludable y seguro. La protección
y salvaguarda de los derechos requiere que el Estado proteja el ambiente,
por ejemplo, evitando la contaminación o asegurando la calidad
del agua, y que las medidas ambientales sirvan a todos, especialmente
a los más pobres.
El
informe sobre Uruguay comparte varios juicios positivos, tales como
el papel del gobierno en las negociaciones internacionales en temas
ambientales (especialmente en cambio climático). Vinculado
a esa temática, felicita al país por los cambios en
sus fuentes de energía eléctrica, especialmente la contribución
de fuentes eólicas. También celebra que exista un acuerdo
entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente y la Secretaría en Derechos Humanos, que funciona
dentro de la presidencia.
Pero
el reporte, con toda la delicadeza esperable desde Naciones Unidas,
dice que el país “debe hacer más”. Se señalan
algunas cuestiones, que si son calificadas desde dentro del país
merecerían observaciones seguramente más enérgicas
que ese lenguaje diplomático.
El
relator de Naciones Unidas recuerda, con toda razón, la enorme
relevancia del derecho a la información sobre problemas y políticas
ambientales, y reconoce que en nuestro país hay muchos datos,
pero que se “podría coordinar mejor la accesibilidad”
entre las fuentes gubernamentales. Y enseguida apunta a un problema
crítico: “el público debería poder encontrar
información comprensible sobre la calidad del agua, tanto para
el caso del agua potable como para el caso del agua de lagos y ríos.”
Esta es una observación totalmente compartible y que ha sido
un reclamo por años: hay muchos datos sobre calidad de agua,
pero acceder a ellos es casi como lidiar con secretos de estado.
Del
mismo modo, las discusiones sobre una nueva planta de celulosa en
Uruguay es otro ejemplo, ya que el gobierno avanza en negociaciones
sin que se sepa nada sobre la información o condiciones ambientales
que está considerando.
Una
y otra vez se han lanzado iniciativas de acceso a la información
ambiental, de centralizar todos los datos que están desperdigados
en distintas reparticiones, e incluso se ha propuesto un Observatorio
Ambiental. Pero por ahora esos planes no se concretan de manera efectiva.
Además, el informe de la ONU indica que esa información
debe estar presentada y ordenada de manera que “sea fácilmente
comprensible por el público en general, inclusive por aquellos
más vulnerables a la degradación del medio ambiente,
como quienes viven en la pobreza”.
Es
evidente que el relator de Naciones Unidas también detectó
otro de nuestros males crónicos en materia de derechos y ambiente:
las trabas a la participación ciudadana. El reporte indica
que la “oportunidad para la participación pública
debe implicar más que simplemente informar al público
acerca de las decisiones tomadas, debe suceder prontamente para que
se puedan incorporar las perspectivas del público a las decisiones
finales”. En ese terreno, el informe destaca que existió
participación en la elaboración del Plan Nacional de
Aguas, aunque yo agregaría que eso ha sido casi una excepción
mientras que en otras cuestiones clave, las voces ciudadanas no encuentran
muchas vías para incidir.
El
informe incluso señala que el relator recibió quejas
sobre mecanismos ministeriales para lidiar con los reclamos ambientales
que “no siempre brindan respuesta y pueden ser confusos para
el público”.
El
experto propone crear un procedimiento nuevo y transversal, y apunta
a la figura de un Defensor Ambiental (Ombudsman), que pudiera recibir
todos los reclamos ambientales y con capacidad para que cada uno “sea
rápidamente evacuado a través de la institución
adecuada”. En el pasado reciente, en el parlamento, desde la
oposición de han presentado iniciativas en ese sentido que
por ahora no han sido aprobadas.
El
reporte también aborda el acceso a la justicia en materia ambiental.
En forma muy mesurada dice que el país cuenta con instrumentos
jurídicos en cuestiones ambientales (lo que es cierto), pero
que han sido usados con “menor frecuencia” (lo que es
una expresión cordial para dejar en evidencia que raramente
han sido aplicados).
El
relator apoya la idea de una ley en delitos ambientales y el fortalecimiento
de acciones fiscales en esa materia – aunque siendo rigurosos,
todo eso por ahora son proyectos en el papel.
Como
todos sabemos la situación de los derechos humanos básicos
en Uruguay es sustancialmente mejor que en muchas otras naciones.
Pero cuando se pasa a los llamados derechos de tercera generación,
que se enfocan en cuestiones culturales, sociales, económicas
o ambientales, aparecen variados problemas. Es posiblemente en la
relaciones entre derechos y ambiente donde tengamos mayores dificultades,
y es por ello que este informe debe ser bienvenido para poder mejorar
esas limitaciones cuanto antes.
Declaración del Relator Especial para Naciones Unidas John
H. Knox, conclusiones de su misión a Uruguay, 28 de abril 2017,
Ginebra.
Texto
completo aquí
Eduardo
Gudynas
Junio
2017