MSP
busca medir el impacto de plaguicidas en humanos
Ministerios de Salud y
Ambiente reclaman participar en la autorización y el registro
de plaguicidas.
"El
modelo de producción condiciona el modelo de salud de una población
y de nuestra comunidad, en particular”, afirmó Carmen
Ciganda, toxicóloga y asesora del ministro de Salud Pública,
en la jornada “Impactos y análisis de plaguicidas en
humanos en Uruguay”, que desarrolló el Núcleo
Interdisciplinario Colectivo TÁ (T de Transgénicos,
A de Alternativas Agroecológicas), de la Universidad de la
República (Udelar). La actividad se desarrolló el viernes
13 en el edificio anexo del Palacio Legislativo. Ciganda admitió
que “hay una carencia de información sobre el impacto
en la salud, un subdiagnóstico de lo que está pasando”,
porque el Centro de Información y Atención Toxicológica
del Hospital de Clínicas tiene muchísima información
sobre intoxicaciones agudas, pero no se conoce qué pasa con
las intoxicaciones de bajo impacto, aquellas que conforman la mayoría
de las afectaciones, que son “padecimientos crónicos”.
Si bien las instituciones de salud deberían reportar los casos
de intoxicaciones de plaguicidas, en diálogo con la diaria
Ciganda comentó que “se tiende a reportar casos floridos
de exposición ambiental, pero la gente no consulta si siente
irritación ocular, lagrimeo o tos frente a exposición
a plaguicidas”. Por otra parte, reconoció que a veces
“el médico que está atendiendo no tiene las herramientas
suficientes para diagnosticar y relacionar que lo que le está
pasando al usuario fue producto de una exposición laboral o
ambiental a plaguicidas”.
El Ministerio
de Salud Pública (MSP) pretende fortalecer su rectoría
en el tema de los plaguicidas. Ciganda reprobó, al igual que
lo hizo el director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, que
ninguna de las dos carteras participen en la autorización y
el registro de plaguicidas agrícolas y veterinarios. “Es
imperioso que se participe, tanto desde el punto de vista de la salud
como del ambiente. Ya tenemos pruebas suficientes de que la aplicación
de plaguicidas deriva hacia matrices ambientales, y de ahí
deriva directamente a la población que está al lado,
al trabajador o a todos los demás que comemos las frutas y
verduras que vienen con los residuos de plaguicidas”, dijo Ciganda.
“Quien tiene que opinar sobre temas vinculados con la salud
es el MSP. Lo mismo pasa con las evaluaciones de impacto ambiental,
que deben ser dirigidas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente [MVOTMA]. Ahora el impacto ambiental
lo está evaluando el propio Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca [MGAP]; hay superposición de roles”,
expresó en diálogo con la diaria.
El MSP
busca, también, fortalecer la participación del sector
de la salud en el códex alimentario. Dijo que “el mejor
marcador de exposición poblacional a plaguicidas es el límite
máximo de residuo” que pueden tener los alimentos, y
que se deben establecer planes de monitoreo y evaluaciones de riesgo.
Acciones
a implementar
La toxicóloga
admitió que todavía son “débiles o insuficientes
los mecanismos de control, monitoreo y vigilancia” del uso de
plaguicidas. Precisó que hay “contaminación de
las matrices ambientales, fundamentalmente cursos de agua, sedimentos
y calidad de aire”, y resaltó que “todo lo que
impacta en la salud ambiental lo hace también, directa o indirectamente,
en la salud humana”. Señaló que los agroquímicos
impactan en las enfermedades no transmisibles –obesidad, hipertensión,
diabetes, enfermedades respiratorias y cáncer– y en las
disrupciones endócrinas.
Por medio
de un proyecto con la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés)
en el que participan también el MVOTMA y el MGAP, el MSP pretende
“actualizar la normativa e introducir las evaluaciones de impacto
ambiental en ambiente y de impacto ambiental en salud en el proceso
de registro de plaguicidas”, dijo Ciganda. Comentó que
se contrató una consultoría de las cátedras de
salud y química de la Udelar para que, antes de fin de año,
elaboren una “lista de los biomarcadores para plaguicidas ajustada
a nuestra realidad agropecuaria nacional”. Detalló que
un biomarcador es un “marcador biológico que se busca
en alguna matriz humana: pelo, orina, sangre, piel”. Se pretende
que la academia haga un listado de estudios que “tengan evidencia
científica de su representatividad” y que puedan ser
aplicados comercialmente en Uruguay; para eso, las cátedras
revisarán los biomarcadores que recomienda la Organización
Internacional del Trabajo y estimarán la brecha con la capacidad
analítica actual del país. Ciganda comentó que
después de eso se buscará “la manera de incorporarlos
a nuestra normativa para contar con la obligatoriedad de implementar
esa lista de biomarcadores de exposición humana a plaguicidas”.
La ordenanza
145/2009 dispone la vigilancia sanitaria de los trabajadores expuestos
a factores de riesgo laborales por sustancias físicas o químicas,
entre ellas los plaguicidas. Sin embargo, no siempre se hacen, y la
información que se da es limitada. Por ejemplo, el análisis
que mide la enzima acetilcolinesterasa determina la exposición
aguda a plaguicidas fosforados o carbamatos, pero “simplemente
habla de exposición” y “no aporta datos de exposición
crónica o de afectación crónica”, dijo
Ciganda a la diaria. El estudio, que busca rastros de glifosato en
la orina, también indica si la persona estuvo expuesta a la
sustancia; este estudio no se hace todavía en Uruguay, pero
Ciganda dijo que la Facultad de Química está estudiando
la aplicación de esa técnica. Los biomarcadores permitirán
hacer un seguimiento a largo plazo de cómo impactan los plaguicidas
en los trabajadores que los aplican, formulan, fraccionan, trasvasan
y transportan, para pasar luego al resto de la población, adelantó
Ciganda. Con toda esa información, el MSP apunta a construir
un plan nacional de vigilancia de trabajadores expuestos a plaguicidas,
que incluirá una guía para elaborar la historia laboral
de exposición, qué cosas tiene que preguntar el médico,
los estudios que le tiene que indicar y una guía de notificación
de eventos agudos.
Ciganda
recomendó, además, crear una ley general de plaguicidas,
que reúna bajo un “paraguas amplio” las normativas
que tienen los diferentes ministerios.
Tal
plaguicida, tal enfermedad
Damián
Verzeñassi es médico y profesor del Instituto de Salud
Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Rosario, Argentina. Participó en la jornada, invitado
por la senadora nacionalista Carol Aviaga. Verzeñassi presentó
los resultados de los campamentos sanitarios, que son módulos
de relevamiento epidemiológico que se implementan desde 2010,
como práctica final de la carrera de Medicina. Durante cinco
días, los estudiantes se instalan en comunidades de menos de
10.000 habitantes y, casa por casa, registran los problemas de salud
que manifiesta la población y hacen controles en las escuelas.
Verzeñassi habló de los resultados de los campamentos
en 29 localidades de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos,
Córdoba y Buenos Aires, que incluyeron 105.000 entrevistas
a los habitantes de esas localidades.
Se detectó
una mayor incidencia de cáncer (397,4 casos cada 100.000 habitantes,
mientras que la tasa bruta anual de incidencia de cáncer en
Argentina es de 218 casos cada 100.000 habitantes), y entre las principales
patologías crónicas se hallaron hipertensión
e hipotiroidismo en varones y mujeres (eso llamó la atención,
porque antes el hipotiroidismo se manifestaba sólo en mujeres
“grandes”). También se detectó un incremento
de abortos espontáneos. Las localidades estudiadas están
en el corazón sojero argentino; el estudio establece una correlación
entre esas patologías y los efectos de los principales agroquímicos
del agronegocio, entre ellos clorpirifos, atrazina, cipermetrina,
imidazolilcarboxamida, metamidofos, metilparatión, 2,4-D y
glifosato.
Amanda
Muñoz
18 abril 2018