Mejorar
las evaluaciones para autorizar plaguicidas agropecuarios
El
Proyecto Plaguicidas presentó recomendaciones para fortalecer
el registro de esos productos para el agro en Uruguay.
El
consultor internacional de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura, (FAO) Arturo Correa realizó
una evaluación del sistema de registro de plaguicidas de uso
agropecuario e hizo énfasis en la necesidad de las “evaluaciones
de riesgo tanto para la salud humana como el medio ambiente”.
Este
trabajo se llevó adelante en el marco del proyecto en el cual
colaboran el Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente, el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca y el
Ministerio de Salud, con apoyo técnico de la FAO y financiamiento
verde, del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial, conocido como GEF, por sus siglas en inglés.
Las distintas carteras uruguayas trabajan desde el año 2016 junto
a la FAO para fortalecer
las capacidades del país para la gestión ambientalmente
adecuada de plaguicidas.
Esto se hace en paralelo al desarrollo del marco de política
estratégica para el sector silvoagropecuario, que busca conjugar
aspectos productivos y medio ambientales siguiendo lineamientos internacionales
para mantener la competitividad de los productos uruguayos en los mercados
mundiales y reforzar el posicionamiento del país como un productor
“verde” (“Uruguay Natural) muy valorado por sus socios
comerciales.
En
línea con esa estrategia es que en los últimos años
se llevan a delante diversas iniciativas orientadas a mejorar el marco
legal, regulatorio y operativo vinculado al uso y manejo de plaguicidas.
Aunque
estas iniciativas suponen avances importantes, aún son sectoriales
y fragmentadas, por lo que “requieren esfuerzos incrementales
para diseñar e implementar un marco de política y regulaciones
de carácter integral que conjugue aspectos ambientales, salud
pública, tecnológicos, operativos, productivos y comerciales”,
advierte Correa.
Desafíos
y recomendaciones
Uno
de los hallazgos significativos de su consultoría fue la identificación
de “brechas asociadas a la normativa vigente para autorizar plaguicidas
de tipo agrícola en Uruguay, esto en comparación con los
modelos más avanzados aplicados en países o comunidades
de países, en especial, en lo referente a la ausencia de evaluaciones
de riesgo tanto para la salud humana como el medio ambiente”.
Esto,
entiende el experto “puede derivar en incertidumbres sobre la
real eficacia y los potenciales riesgos que se pueden estar generando
bajo condiciones de uso local de los plaguicidas autorizados”.
Para
lograrlo, la consultoría recomienda “iniciar un proceso
de modernización y fortalecimiento del sistema de registro de
plaguicida de Uruguay, teniendo en consideración los insumos
desarrollados en el contexto del Proyecto Plaguicidas”.
Sin
embargo, hace especial hincapié en la necesidad de “gradualidad,
participación activa de los diferentes actores sociales como
de la implementación de un sistema de seguimiento y control a
la iniciativa, de manera de que se logre su implementación en
forma óptima”, para no afectar al sector agropecuario.
Para
Correa el sistema de autorización de plaguicidas para el agro
debe “tender a dar garantías de un alto grado de protección
de la salud humana y animal y del medio ambiente y, a la vez, salvaguardar
la competitividad de la agricultura del país entregando plaguicidas
eficaces para los fines que se autorizan”.
La
presentación de estos resultados congregó a distintos
actores vinculados al sector, tanto del Estado, como del sector privado
y de la sociedad civil, teniendo en cuenta que todos deberán
ser aliados que impulsen y acompañen el diseño de un eventual
plan para la modificación del registro de Plaguicidas vigente
en Uruguay.
Este
trabajo será presentado a la próxima administración
como insumo para la toma de decisiones.
FAO
Uruguay 2019
05/12/2019