No
saben ni escuchan que la miel está contaminada
Que
los apicultores denuncien que las autoridades no entienden que las
colmenas estén afectadas por agrotóxicos, es más
grave de lo creemos. Es que el Estado tendría que asegurar
la calidad de alimentos y el ambiente, y no deberían esperar
a las denuncias. Tendrían que saberlo antes.
En las
últimas semanas volvieron a repetir las denuncias de la contaminación
por agrotóxicos, especialmente glifosato, en la miel. Aunque
este problema ya suma años, el presidente de la Sociedad Apícola
del Uruguay, Rúben Reira, afirmó que el 70% de la última
zafra de miel no se pudo exportar por los residuos de glifosato. Le
ganamos a Argentina en esto, ya que nuestras mieles están más
contaminadas que las de los vecinos.
No es la
primera vez que esto sucede. En sus declaraciones a Estela Apollonio
de Todo El Campo, el dirigente de los apicultores afirmó que
el Ministerio de Agricultura no entiende el problema, lo minimiza,
manejan datos viejos y sólo responde con palabras (1).
Pasa desapercibido
que el problema es todavía más grave de lo que podrían
asumirse por las declaraciones de los apicultores o por las denuncias
de otros grupos ciudadanos que también enfrentan la contaminación
rural. Es que si la maquinaria del Estado funcionara adecuadamente,
deberían ser las reparticiones ministeriales las que identifiquen
muy tempranamente que se enfrentan casos de contaminación.
No tendrían que esperar a que apicultores, productores rurales
o vecinos hagan esas alertas, a las denuncias en la prensa, o a tener
que movilizarse para protestar. Su tarea es detectarlo inmediatamente
y llevar adelante las medidas necesarias para erradicar esa contaminación.
Es más,
los vecinos no tienen obligación de montar sus propios laboratorios
para llevar adelante las evaluaciones. Tampoco deberían invertir
su tiempo o su dinero en pagar por esas evaluaciones en laboratorios
privados, ya que si eso hace lo que están mostrando es la desconfianza
que le tienen al Estado. Ese tipo de estudios son una tarea y una
responsabilidad de varias agencias estatales. Ellas cuentan con los
dineros, los profesionales y los laboratorios para esa tarea, y tienen
la obligación de realizarla.
Pero una
y otra vez nos encontramos que el Estado no realiza ese monitoreo,
o si lo lleva a cabo, sus informaciones no están al acceso
del público. Otro ejemplo reciente ilustra esta faceta del
problema. En la localidad de Gallinal (Paysandú), los vecinos
denunciaban que el agua potable estaba contaminada, mientras que el
presidente de OSE lo negó terminantemente. Se encaminó
un análisis con un laboratorio independiente, y adivine qué
se encontró: el agua de OSE tenía residuos de glifosato.
Se pasó entonces a otra excusa común, donde las autoridades
aseguran que la concentración de ese químico no era
riesgosa (2). Esto rima con el escandaloso slogan de la “contaminación
estable” instalado por la Ministra del Ambiente.
Se debe
señalar que es una obligación estatal realizar los estudios
y evaluaciones de calidad ambiental y de los alimentos. Y que sus
resultados tienen que ser públicos. Así como se ofrece
un informe meteorológico, o se brindan los indicadores del
desempleo o la inflación, de la misma manera, la calidad de
los alimentos y de las aguas deberían ser reportadas al público.
¿O es más importante el porcentaje del PBI que saber
si lo que comemos está o no contaminado? Para ser muy claro:
las obligaciones de monitoreo y evaluación del Estado no están
para servir a las empresas, sino que deben cumplir con la ciudadanía.
El MGAP
tiene competencias críticas en ese terreno. Pero incluso si
no pueden llevar adelante ese trabajo con transparencia y eficiencia,
entonces tendría que acordar hacerlo con reparticiones de la
Universidad de la República.
Por lo
tanto, las alertas de los apicultores son doblemente graves. Primero,
es alarmante que se llegue a una situación donde indiquen que
el MGAP no entiende o minimice un problema de esta gravedad. Segundo,
que eso suceda deja en evidencia otro síntoma más grave:
no se han hecho los estudios ambientales adecuados, o si los hicieron
y conocen esa contaminación, no actúan para enfrentarla
en forma adecuada porque esta problemática es repetitiva (3).
Es un poco
triste que toda esta discusión estalla porque se pierden mercados
de exportación, de donde parecería que es más
importante el comercio exterior que la calidad de lo que comemos dentro
del país. Es entonces adecuado preguntarse si en las vides,
o en los cultivos de frutas y hortalizas, no se repite el mismo problema
de la contaminación con glifosato y sus derivados.
No perdamos
de vista que una reforma del Estado no sólo radica en cuál
es el número de empleados públicos ni el salario que
reciben, sino en entender que toda esa enorme estructura debe estar
el servicio de toda la ciudadanía.
Notas
(1) Presidente
de la SAU dijo que las autoridades “no quieren entender y minimizan”
los problemas del sector, por E. Apollonio, Todo el Campo, 26
junio 2018,
(2) Análisis
confirma trazas de glifosato en agua potable de Mevir de Gallinal,
El Telégrafo, 2 junio 2018
(3) Por
ejemplo, en 2016, Alemania
rechazaba las mieles uruguayas por sus rastros de glifosato; Carmelo
Portal, 10 setiembre 2016
Eduardo
Gudynas
02.Jul.2018