Plaguicidas:
centro de toxicología apuesta a “vigilar salud, no sólo
a vigilar enfermedad”
Udelar dio pautas en Guichón para monitoreo ambiental
y de salud por el uso de agroquímicos.
Los
daños por intoxicaciones agudas por plaguicidas son más
fáciles de diagnosticar que los efectos a largo plazo. Suelen
diagnosticarse porque son provocadas por altas dosis que son pasibles
de abordar por los integrantes del equipo de salud, aclaró
Amalia Laborde, directora del Centro de Información y Asesoramiento
Toxicológico (CIAT) y del Departamento de Toxicología
de la Universidad de la República (Udelar). En cambio, determinar
si una enfermedad específica –como diabetes, insuficiencia
respiratoria, alergias, cáncer– está vinculada
con la exposición a plaguicidas no es sencillo porque “el
diagnóstico de esas enfermedades específicas requiere
una metodología especializada y la medicina, en general, nunca
va a hacer diagnósticos de esas enfermedades específicas”,
planteó Laborde. Dijo que ante un cuadro infeccioso se busca
cuál es el microorganismo que la causó, porque de eso
dependerá el tratamiento, pero que ante una enfermedad prevalente
común, como la diabetes, no se hace permanentemente diagnósticos
etiológicos (la etiología es la parte de la medicina
que estudia el origen o las causas de las enfermedades). Reconoció
que “hay una gran tendencia a plantearse que la medicina no
hace diagnóstico de enfermedad de plaguicida y que eso se valora
como una falta”, pero expresó que “es importante
comprender que en la práctica médica lo etiológico
es muy poco frecuente” y que no se sabe qué fue lo que
causó la enfermedad en cada individuo. Sí se tienen
sospechas, de acuerdo a la información epidemiológica.
“Sabemos
que los plaguicidas están contribuyendo al desarrollo de enfermedades
prevalentes, comunes. Hay alguna evidencia epidemiológica de
que algunos plaguicidas, no sabemos exactamente cuáles, están
contribuyendo al desarrollo de diabetes, de Parkinson, de enfermedades
respiratorias, alergias, asma, cáncer, enfermedades que son
multicausales en las que los plaguicidas juegan un rol; lo que todavía
no sabemos es exactamente en qué escenario, cuál es
la situación de riesgo que lleva a estas enfermedades, porque
sabemos poco de la exposición, porque para poder hacer relación
causal hay que medir, identificar, y eso es una carencia que no sólo
existe en nuestro país, sino que existe también en la
región y en el mundo”, afirmó Laborde. Su exposición
fue parte de la “Jornada de buenas prácticas agrícolas”,
que se hizo el miércoles y jueves en el marco del proyecto
Plaguicidas, en el que trabajan los ministerios de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente; de Ganadería, Agricultura y Pesca,
y de Salud Pública con el apoyo de la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Al
mismo tiempo, expresó que hay estudios de Brasil y de otros
países que consolidan la información de los efectos
adversos que provoca la exposición a plaguicidas, como la alteración
del neurodesarrollo en niños o las alteraciones de la fertilidad.
No hay evidencia definitiva, advirtió, pero apeló al
principio de precaución: “Cuando hay razonable evidencia
lo que tenemos que hacer es prevenir, y creo que este es el camino
que se está transitando”, expresó. Dijo que el
CIAT tiene registro de intoxicaciones por plaguicidas agrícolas,
y que según un estudio de 2011 los departamentos que tuvieron
mayor concentración fueron Salto, Soriano, Colonia y Cerro
Largo. “Son un indicador real del problema o de la falta de
buenas prácticas”, observó. Por otra parte, destacó
que la formación de médicos en toxicología ambiental
se desarrolló en la última década, y que tiene
una alta demanda estudiantil.
Guichón
Hace
dos años el CIAT inició, junto con el Polo de Salud
Comunitaria del Centro Litoral Norte de la Udelar (sede Paysandú),
un proyecto de investigación titulado “Condiciones necesarias
para un monitoreo en ambiente y salud en torno al uso de agroquímicos.
Diseño y evaluación de un programa en el municipio de
Guichón”. Esta localidad sanducera fue definida como
un área de “agrociudad”, porque “es una ciudad
en la que los aspectos económicos, culturales, sociales de
la vida diaria están fuertemente impregnados por la producción
agropecuaria que hay en el entorno”, dijo Laborde. Agregó
que el proyecto surgió porque “había demanda importante,
había habido reuniones, mucha información en los medios,
una comunidad movilizada por el tema”. Aclaró que la
investigación –que comprende las dimensiones de monitoreo
productiva, social y médico-sanitaria– sigue en curso.
Presentó resultados preliminares, fundamentalmente de lo que
se trabajó con el sector sanitario, sobre todo con integrantes
de la Administración de los Servicios de Salud del Estado,
la Corporación Médica de Paysandú y el Ministerio
de Salud Pública.
“Cuando
hablamos con el sector salud nos dicen que ver el impacto en la salud
lleva mucho tiempo, que falta conciencia o herramientas para el registro
de la salud, que no se piensa en plaguicida a menos que el paciente
lo diga, que hay dudas en cuanto a los diagnósticos, que es
difícil darles solución desde la atención médica”,
resumió. Sin embargo, dijo que al mismo tiempo los actores
de la salud señalan la importancia “de involucrar más
al sector salud y tener algún test rápido”. “Esto
es muy de los médicos, que hagamos un estudio en sangre que
nos diga todo. Eso no existe en ningún tipo de problema de
salud; hay un proceso diagnóstico que en general no tiene un
test rápido, lo que sí tiene un test rápido es
el problema de salud, la entidad nosológica. Me puedo dar cuenta
de si tiene un problema vinculado a la diabetes, pero sigo sin tener
la causa”, expresó.
Por otra parte, dijo que los equipos de salud expresaron que la comunidad
de Guichón estaba preocupada por casos de abortos espontáneos
y de enfermedades neurodegenerativas, “pero sin embargo el propio
sector salud entiende que preocupa pero no se le dio seguimiento”.
“Reconoce que es un tema sensible en la localidad, pero también
habla de la credibilidad de las denuncias”, agregó.
Laborde
dijo que es llamativa la percepción de que se evade establecer
un nexo causal entre las enfermedades y los plaguicidas, “cuando
en realidad en nuestra práctica el nexo causal no es lo que
dirige nuestro accionar”. Con las limitaciones existentes para
definir ese nexo, el equipo universitario se abocó a trabajar
en algo más próximo a concretar, y que no surgió
del relevamiento: el trabajo en prevención de enfermedades
y en promoción de salud.
Hicieron jornadas de capacitación con el sector sanitario con
el objetivo de “construir herramientas para identificar la exposición
como situación de salud; no identificar enfermedad por plaguicida,
simplemente identificar un factor de riesgo más, como lo hacemos
en los hábitos o en los antecedentes de una persona”.
Laborde
insistió en que “el rol del sector salud no es diagnosticar
enfermedades causadas por plaguicidas, sino contribuir a la prevención
de los daños a la salud causados por los plaguicidas, y vaya
si hay un buen campo para eso con el fortalecimiento de la estrategia
de atención primaria”, que apuesta al contacto con los
pacientes con énfasis en la prevención y la captación
precoz de problemas.
Por
todo eso, la estrategia fue establecer una línea de comunicación
entre el sector salud de la localidad y el CIAT, que ha permitido
acompañar nuevas situaciones. Los integrantes de toxicología
les dieron pistas de lo que pueden rastrear, los asesoraron en “qué
preguntar para ver si hay exposición o no, dónde preguntarlo,
en qué momento y qué tratamiento o seguimiento se puede
hacer”. Aconsejaron preguntas muy básicas, dijo Laborde:
“¿Estuvo expuesto a una fumigación?, ¿usa
agroquímicos en domicilio?, ¿los almacena en el hogar?,
¿se exponen los niños?, ¿trabaja con agroquímicos?,
¿conoce estas sustancias?, ¿utiliza alguna protección?”.
Aconsejó establecer ese diálogo en la consulta de urgencia,
pero también en las visitas domiciliarias –dijo que “es
un lugar privilegiado para detectar riesgos a la salud de los niños
y de los adultos”–, en la consulta ambulatoria y en el
control de las personas sanas –del adulto mayor, en el control
ginecológico, en el control de embarazo, el control del adolescente,
del niño y la niña–. “Son herramientas de
seguimiento, de la evolución del estado de salud de esa persona,
no necesariamente herramientas para la detección de enfermedades”.
Entre el colectivo de salud, difundieron recomendaciones en materia
de prevención y materiales con información (entre ellos
el carné de aplicador del Ministerio de Ganadería, Agricultura
y Pesca y trabajos del MSP y de la Organización Mundial de
la Salud), recomendaron la interconsulta con otros especialistas,
incluso con el Banco de Seguros del Estado, y considerar si requiere
una certificación del Banco de Previsión Social. Les
sugirieron consultar al CIAT ante cualquier duda. Los frutos de ese
taller ya los ven: “De 2010 a 2018 el CIAT tuvo cinco consultas
de Guichón; en 2019 lleva cuatro consultas y sólo una
de un evento agudo, las otras tres son situaciones que nunca hubieran
sido causa de consultas, pero a nosotros nos ponen en la pista de
que es posible vigilar salud, no sólo vigilar enfermedad”,
se congratuló Laborde, remarcando que esas situaciones “pudieron
ser tratadas y fueron oportunidades para la prevención”.
Exposición
de los trabajadores
En
el proyecto interministerial de Plaguicidas, con el respaldo de la
FAO y el MSP, tiene dos componentes, informó a la diaria Carmen
Ciganda, asesora del MSP: la búsqueda de biomarcadores y la
elaboración de un plan de vigilancia a trabajadores expuestos
a plaguicidas.
Para ambos
proyectos están trabajando las cátedras de Toxicología
y Farmacognosia de la Facultad de Química, y el Departamento
de Toxicología y de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina.
Los biomarcadores
son marcadores biológicos que se buscan en alguna matriz humana,
como pelo, orina, sangre y piel. Ciganda explicó que se espera
tener “una revisión actualizada de cuáles son
las indicaciones científicamente validadas” de los biomarcadores
que midan el impacto de plaguicidas en los trabajadores, en tres niveles:
exposición, afectación y lesión. Al mismo tiempo,
dijo que relevarán la capacidad analítica nacional “para
saber si estamos en condiciones de poder realizarla y la brecha entre
lo que tenemos y las técnicas analíticas que necesitaríamos
desarrollar para ponernos a punto”. Dijo que hasta ahora sólo
se rastrea el impacto de carbamatos y organofosforados, dos insecticidas
que actúan inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa, que se
hace a través de análisis de sangre. Se seleccionarán
biomarcadores dentro de la lista de plaguicidas más utilizados,
y entre ellos está el glifosato, adelantó Ciganda. Por
lo general se rastrea en orina, pero ningún laboratorio nacional
lo hace y tampoco hay laboratorios validados en la región,
por lo que se buscará avanzar para que se disponga de esta
tecnología en nuestro país.
En el plan
de vigilancia, se trabajará para orientar a los servicios de
salud en el trabajo –que actualmente deben tener las empresas
de más de 1.000 trabajadores– en función de los
riesgos laborales. “Les vamos a dar herramientas a estos colegas
de qué plan de vigilancia tienen que aplicar y qué exámenes
tienen que realizarse”.
La idea
es que las pautas sobre biomarcadores estén a fines de 2019
y el programa de salud de los trabajadores en los primeros meses de
2020, sostuvo Ciganda. Se crearán ordenanzas o decretos para
implementarlos.
La
Diaria
Amanda Muñoz