Productores
de Canelones fueron afectados por regar con agua del arroyo que, presumen,
fue contaminado con herbicidas
La
Armonía es una zona rural ubicada en el departamento de Canelones,
a la altura del kilómetro 42 de la ruta 33. La calma se terminó
el jueves 19, cuando un productor vio que sus plantas se estaban secando
y el ingeniero agrónomo que lo asesora le confirmó que
se estaban quemando, porque había un herbicida en el agua con
que las regaba. Son al menos siete los productores que perdieron toda
su producción, y el problema continuará en los próximos
meses. Ayer hicieron una reunión a la que asistieron 50 personas,
autoridades de organismos nacionales, departamentales y municipales,
así como productores. Están esperando los resultados de
las muestras que tomaron, y con ellos verán qué caminos
seguir. El caso muestra la difícil coexistencia de modelos productivos
en el departamento.
Eduardo
Casanova fue el productor que detectó el problema. En su predio
de cuatro hectáreas y media tiene ocho invernáculos: cuatro
de tomates y cuatro de morrones. Contó a la diaria que hacía
un mes que había trasplantado los tomates y dos semanas que los
había encañado, para que tomaran altura. Todo venía
bien, pero la semana pasada vio que la hoja se empezaba a enrular y
estaba cada vez más amarilla. Llamó a su ingeniero agrónomo
de confianza, que fue quien le dijo que lo que ocurría era que
la producción se estaba quemando, por efecto de un herbicida
que estaba en el agua que llegaba al invernáculo mediante el
sistema de riego, por goteo. Casanova vio que les ocurría lo
mismo a las plantas que tenía en los otros invernáculos,
en los que tenía tomates que estaba cosechando, y en los de morrones.
Fue a la casa del vecino y le pasaba lo mismo. “Empezamos a recorrer
junto a las aguas del arroyo y estaba todo quemado, y el agua estaba
negra, toda con herbicida”.
El
agrónomo al que consultó Casanova se llama Sebastián
Peluffo y explicó a la diaria que el principio activo
que sospechan que se aplicó fue imazetapir, un herbicida aplicado
en soja y maíz. En la zona hay un predio de un productor argentino,
con una extensión de al menos 200 hectáreas, que tiene
plantado maíz y el verano pasado sembró soja. Peluffo
detalló que los productores vieron cómo sus plantas se
retorcían en la parte superior, y que eso ocurre con productos
que “son inhibidores de la síntesis de nueva proteína
en la planta”. El ingeniero calculó que “lo más
probable es que sea ese herbicida, porque el síntoma en las malezas
de los campos aplicados coincide con cómo se están muriendo
las plantas en los invernáculos; incluso las malezas, los pastitos
que crecen entre las plantas en los invernáculos, tienen los
mismos síntomas, o sea que la causa-efecto es totalmente asociada”.
Peluffo también sostuvo que en el arroyo observaron “que
las malezas y las plantas acuáticas -camalotes, población
vegetal de la ribera- tenían los mismos síntomas que las
plantas de los invernáculos” y que “hacia arriba,
a donde arrancan campos de soja y de maíz, donde recientemente
se habían dado esos herbicidas, fuimos y vimos que se estaban
muriendo los yuyos”.
“Este
año perdí toda la producción, cuatro invernáculos
de morrón y cuatro de tomate, y tengo que esperar 90 días
para volver a plantar y ya tenés el invierno arriba y no podés
plantar nada”, dijo Casanova. El productor tiene plantines de
tomate para trasplantar el 15 de febrero, pero no lo podrá hacer,
y si tuviera lugar donde plantarlos, no tendría agua para regarlos.
“Estamos atados de pies y manos”, lamentó. El agrónomo
informó que el plazo que mencionó Casanova es así
porque el imazetapir tiene una persistencia muy alta. Citó un
artículo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria,
de Argentina, que sugiere que para plantar un segundo cultivo que no
sea maíz o soja -modificados genéticamente para resistir
el herbicida- en un área que haya sido fumigada con ese principio
activo, tienen que pasar de 200 a 400 días. Peluffo indicó
que es un producto que se usa en dosis muy bajas: “Con un sobrecito
de 70 gramos podés matar todas las malezas de una hectárea,
es decir, de 10.000 metros cuadrados. Son herbicidas bastante potentes
y con pequeñas cantidades (por ejemplo, lavando una máquina
y tirando el agua al arroyo) podés afectar mucha superficie”.
Cuatro
agrónomos asesores de los productores denunciaron la situación
el jueves 19 en la Intendencia de Canelones (IC), que el viernes hizo
una inspección. Matías Carámbula, director de la
Agencia de Desarrollo Rural de la IC, explicó a la diaria el
caso. Dijo que el viernes concurrieron con integrantes de Gestión
Ambiental de la IC, con funcionarios de la Dirección General
de Servicios Agrícolas (DGSA) del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca -que es la responsable de hacer los análisis
de agua y suelo-, y de la Dirección Nacional de Medio Ambiente
(Dinama). Concurrió la Dinama no sólo por la afectación
del medioambiente en esa zona puntual, sino por la afectación
de la cuenca del río Santa Lucía, puesto que el arroyo
Tabárez, que fue el contaminado, es afluente del arroyo Canelón
Chico, que desemboca en el río Santa Lucía, pocos kilómetros
antes de la planta potabilizadora de Aguas Corrientes. Carámbula
informó que las tres instituciones tomaron muestras y que están
considerando si le darán intervención al Ministerio de
Salud, puesto que puede estar contaminada el agua de los pozos, que
es la que consumen los habitantes del lugar.
Carámbula
contó que ayer hubo una reunión a la que asistieron más
de 50 personas, y que corroboraron que el problema “es más
grande de lo que se pensaba”, puesto que hay siete productores
afectados directamente, y otros tantos de manera indirecta. Casanova
comentó que esos otros fueron afectados porque el vivero de la
zona también usa agua del arroyo, y se quemaron plantines de
varios productores familiares.
Con
35 años de edad, Casanova produce junto a su esposa, de 34, y
tienen un bebé; hace cuatro años se mudaron al lugar.
Antes plantaba en otra zona, y van armando esta quinta de a poco; venden
su producción al Mercado Modelo, y ni él ni su esposa
saben qué van a hacer. “Casi seguro que tenemos un año
perdido por culpa de la gente que planta granos, que no les interesa;
aparte son extranjeros”, acusó. Dijo que el año
pasado le pasó algo similar, pero que no denunció porque
pensó que la afectación era por exceso hídrico.
En
la reunión de ayer participaron las autoridades de la IC, el
director de Servicios Agrícolas, Federico Montes, referentes
de la Dirección General de la Granja, de la Comisión Nacional
de Fomento Rural, el alcalde y algunos concejales del municipio de Sauce
y ediles departamentales que integran la Comisión de Desarrollo
Rural.
Pasos
a seguir
Carámbula
informó que la IC está asesorando a los productores y
enumeró que si los resultados de las muestras tomadas confirman
las hipótesis, se están planteando tres itinerarios a
seguir. El primero es iniciar una acción civil por los daños
que sufrieron los productores, y remarcó que se trata de “productores
familiares que quedaron muertos, sin producción y sin plata,
sin nada”. En segundo lugar, mencionó que si se confirma
la afectación del agua, la IC no descarta iniciar una acción
penal. El tercero tiene que ver, concretamente, con las políticas
departamentales. Anunció que este año elaborarán
una propuesta de plan de ordenamiento del territorio rural de Canelones.
Adelantó que “vamos a tener que resolver si decimos que
ciertas cosas en Canelones no se pueden hacer”, porque la afectación
de productores familiares y del agua “nos permite ir cuestionando
cada vez más el modelo del agronegocio en Canelones. Todos los
días aparece algún caso que hace cada vez más inviable
la coexistencia entre agronegocio y producción familiar”.
Amanda Muñoz
27 enero 2017
La
Diaria