Riego:
una ley al revés
La aprobación de la Ley de Riego no contribuye a solucionar nuestros
problemas en manejar el agua y proteger nuestros ríos, sino que
aumenta todos los riesgos.
A un ritmo
de vértigo, los senadores aprobaron el texto revisado por los
diputados, y se concretó la nueva ley para administrar el riego
en el país. Se crea un mercado del riego, con dos nuevos actores
empresariales, las Sociedades Agrarias de Riego y los Operadores de
Sistemas de Riego, y que potencialmente cubre todas las cuencas en todo
el territorio nacional.
Ante un cambio
de esta enorme magnitud, son indispensables salvaguardas para proteger
los cursos de agua en forma concreta y efectiva. El temor radica en
que, pongamos por caso, aquellos que están aguas arriba pueden
acapararla, dejándola sin ella a los que están más
abajo en una cuenca, y obligándoles a comprar el agua. Dicho
de otra manera, puede haber una disputa donde unos se quieren apoderar
del agua para lucrar con su venta como riego. Una de las consecuencias
de ese tipo de batallas empresariales es que tramos de un arroyo o río
puedan quedar sin agua.
Cuando las
acciones humanas desembocan en que un río o un arroyo hay tramos
sin agua, o cuando está apenas atrapada en unos piletones desconectados
unos de otros, estamos ante impactos ambientales sustantivos. Esto tiene
efectos muy nocivos sobre la fauna y flora acuática, así
como en los ambientes de las riberas, tales como montes en galería
o bañados. Impactos de ese tipo no se revierten fácilmente.
De alguna manera podría decirse que el río es un como
un organismo vivo que no puede sostenerse sin el agua.
Frente a
esta situación es necesario asegurar un caudal mínimo
que esté siempre presente, para evitar que el curso de agua muera.
Son las condiciones indispensables para que se mantenga la fauna y flora
acuática, y en los márgenes.
Entonces
cualquier ley en esta materia debería dejar muy en claro el marco
de esos caudales ecológicos mínimos, señalando
los criterios ambientales, las vías para determinar umbrales
clave, quiénes y cómo controlarán, las sanciones
para quienes los violen, etc.
En la ley
que se acaba de aprobar se ha hecho casi todo a la inversa. Primero
se aseguran los fines empresariales y el marco para los inversores,
y se deja para una futura reglamentación lo que sucederá
con el agua. O sea que el elemento más importante para una ley
de este tipo no está adecuadamente atendido, y se patea esa pelota
para un incierto futuro en manos de autoridades como el Ministerio de
Ganadería, quien es precisamente uno de los principales responsables
de todos los problemas con el agua en el país. No olvidamos que
el MGAP defendió esta ley diciendo que “hay mucha agua”
en el país.
Esquema
de un curso de agua distinguiendo entre el caudal ecológico como
indispensable para mantener sus comunidades de vida, y por encima de
éste, los posibles usos humanos. El caudal total a su vez oscila
(por ejemplo entre el verano y el invierno).
Esta insistencia en crear un mercado de riego comenzó en al gobierno
anterior, y se expresa en la “Estrategia de fomento del desarrollo
de la agricultura regada en Uruguay”, que el MGAP terminó
de elaborar en 2014 con apoyo del Banco Mundial. Todo está muy
claro: el primer punto de la estrategia es crear un “marco legal
propicio a las inversiones públicas y privadas”, y en ese
objetivo hay medidas como revisar la vieja ley de riego. Eso es lo que
han hecho.
Otra cuestión
ambiental de enorme relevancia que la ley tampoco aborda adecuadamente
es poder contar con evaluaciones de los pequeños y medianos impactos
que se acumulan en una cuenca hidrográfica. Es que pueden ocurrir
una sucesión de aprobaciones de pequeños represamientos,
donde cada uno por separado tal vez cumpla con las exigencias ambientales,
pero que al sumarse unos con otros tienen efectos sustantivos en el
conjunto de la cuenca. Es la clásica situación de represitas,
tajamares y canalizaciones en bañados, cañadas y arroyos,
que a su vez nutren un río, que deberían ser también
abordados en todo su conjunto.
El instrumento
en ese caso son las evaluaciones ambientales que no están enfocadas
en las obras específicas sino que tiene una mirada amplia sobre
el territorio. Pues bien, ese tipo de instrumentos los anuló
a nivel nacional el gobierno Vázquez. No hay mandato legal a
escala nacional para aplicarlos.
Podrán
decir que todo esto es una exageración, y que seguramente esos
problemas no se concretarán. Sin embargo basta ver nuestra realidad
de los últimos tiempos para comprender esta alarma.
Pocos días
atrás, el manejo de las compuertas en la represa de Palmar dejó
sin agua al Río Negro, lo que muestra que ni ese ente estatal,
ni sus jerarcas, ni tampoco sus ingenieros, saben mucho de los caudales
ecológicos y dejaron agonizando al río. Es un ejemplo
clarísimo de incumplimiento de asegurar un caudal ecológico
mínimo.
Entretanto,
en el departamento de Rocha tenemos todo tipo de ejemplos de las consecuencias
de los efectos sumados en las cuencas que ha desembocado en un caos
hídrico. Lo que a su vez obliga a obras que a su vez generan
otros impactos mayores, como el Canal Andreoni.
Estos y otros
ejemplos muestran a un Estado, y en especial al MGAP, sin adecuadas
capacidades para una fiscalización efectiva de la contaminación
de aguas por usos de agroquímicos y prácticas agropecuarias.
El resultado es la continuada contaminación de varios grandes
cursos de agua.
Entonces,
si el Estado no puede asegurarnos la calidad ambiental del agua en el
medio rural, ¿podrá controlar centenas de represitas dispersas
en todo el territorio? ¿pondrá un policía al pie
de cada represita en el verano para evitar matar al curso de agua? Y
la duda se eleva todavía más cuando pensamos que esas
represitas estarán en manos de todo un entramado empresarial.
La nueva
ley es parte de una política que aborda el cuidado de ríos
y arroyos al revés, comenzando por usos comerciales antes de
asegurar una adecuada protección de nuestros recursos hídricos.
Más
informaciones
Meses atrás adelanté
algunas de estas preocupaciones en “Riesgos
ambientales en la reforma de la ley de riego”, en esta misma
columna (Montevideo Portal, julio) -
Estrategia de fomento del
desarrollo de la agricultura regada en Uruguay, Resumen Ejecutivo, MGAP
con el apoyo del Banco Mundial, enero 2015
Octubre 2017
Eduardo
Gudynas