Trabajador
que sufrió graves secuelas tras exposición a agrotóxicos
espera desde hace tres años una decisión de la Justicia
En la próxima audiencia, el 16 de junio, se presentarán
dos peritajes: uno confirma la relación entre las enfermedades
del trabajador y su desempeño laboral en Arrozal 33, y el otro
no lo descarta.
El oxígeno deslizándose por un tubito hasta entrar en
su nariz y llegar a sus pulmones, que sólo funcionan en 50%,
según un diagnóstico realizado por especialistas del Banco
de Seguros del Estado (BSE). El oxígeno, elemento fundamental
para poder respirar, y que Julio de los Santos necesita recibir de una
máquina las 24 horas. Fue herrero hasta que el Banco de Previsión
Social (BPS), en julio de 2020, dictaminó su incapacidad absoluta.
Tuvo un porcentaje de baremo –escala que mide el grado de invalidez–
de 87,91%.
Julio ejerció
su profesión en diferentes lugares, pero en 2014 se quedó
en Arrozal 33, un pueblo agroindustrial ubicado a seis kilómetros
de Vergara, departamento de Treinta y Tres.
Una tarde,
uno de los encargados de Arrozal 33 le pidió que arreglara una
máquina fumigadora, conocida como “mosquito”. Pudo
ver que de los caños se desprendía un líquido y
le comentó la situación a su superior, que le respondió
que lo soldara. El mosquito comenzó a arrojar la sustancia hasta
empapar su ropa. Pidió permiso para ir a bañarse a su
casa y la respuesta fue que debía esperar a que terminara su
turno. Aún le quedaban horas de trabajo y no contaba con la vestimenta
adecuada para su protección. Este episodio es uno de los que
vivió en Arrozal 33, pero no el único.
En 2016 comenzaron los primeros síntomas de su enfermedad: “Portador
de enfermedad pulmonar respiratoria neumonitis de hipersensibilidad
por exposición a agrotóxicos químicos y polvo orgánico”,
determinó Carlos Oehninger, médico internista y uno de
los coordinadores de la Central de Servicios Médicos del BSE,
en un informe médico emitido en 2017 para remitir al BPS.
En julio
de 2018, el trabajador decidió iniciar un juicio a la empresa
por entender que tenía responsabilidad directa en las afecciones
que lo aquejaban, un proceso que aún no termina. Su última
audiencia, que debió haber sido el 20 de mayo, se suspendió
por la extensión de la feria judicial debido a la emergencia
sanitaria y pasó para el 16 de junio. En ella se iban a presentar
dos ampliaciones de peritaje que publicó el semanario Brecha
y a las que también accedió la diaria. Estuvieron a cargo
Stella de Ben, médica especialista en toxicología clínica
y salud ocupacional, y Alejandra Rey, médica neumóloga
e internista.
“Yo
sé que estoy enfermo, que no sé leer, que no sé
escribir, que no fui a la escuela, pero sé que todos tenemos
derechos”, comentó Julio a la diaria. El trabajador de
46 años narró que cada vez tiene más enfermedades,
más gastos y menos esperanza. Está cansado por el tiempo
que ha llevado el proceso judicial y se cuestiona si llegará
al final. “¿Te parece que con el estado que tengo voy a
llegar? No llego”, planteó.
Actualmente
vive en una casa que le brindó el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento
Territorial. Pero su situación económica es crítica
y no puede dejar de preguntarse: “Si me echan para la calle, ¿a
dónde vamos a ir?”, “con lo que gano, ¿qué
alquilo?”. Tuvo que aguantar durante meses no tener un calefón.
“¿Sabés cómo me bañaba? Al mediodía,
cuando se calentaban los caños”, contó. También
señaló la falta de apoyo del Ministerio de Desarrollo
Social.
La
opinión de los peritos
“Padece
una neumonitis por hipersensibilidad como consecuencia de la exposición
a contaminantes ambientales en el lugar de trabajo”, determinó
De Ben el 22 de febrero. Agregó que Julio también tiene
artritis reumatoidea, que “puede corresponder a patología
ocupacional ambiental”. Según se muestra en el peritaje,
la decisión se tomó porque en “diversas investigaciones
se ha demostrado un aumento del riesgo de artritis reumatoidea en una
amplia variedad de ocupaciones que involucran la exposición a
partículas inhaladas en forma de polvos, humos o ambos”.
Trabajadores agrícolas con exposición a fungicidas y fertilizantes,
trabajadores expuestos a humos metálicos y trabajadores con exposición
a sílice serían los más afectados. Por esto, De
Ben tuvo en cuenta en la conclusión de su informe técnico
que “la cáscara de arroz es un contaminante del ambiente
de trabajo en la industria arrocera”, “que existe evidencia
del contenido considerable de sílice en la cáscara de
arroz” y que Julio, “además de trabajar, vivía
en un lugar próximo al arrozal”.
La médica
especialista en toxicología clínica y salud ocupacional
solicitó “la revisión de la incapacidad por el trabajador”
ante el BSE, porque fue considerada sólo una de las enfermedades
relacionadas con su condición laboral: la neumonitis por hipersensibilidad.
La artritis reumatoidea no se tuvo en cuenta.
Explicó
que las enfermedades profesionales pueden desarrollarse por exposiciones
de corta duración cuando “en el mecanismo fisiopatológico
intervienen respuestas del sistema inmunitario, como es el caso de la
neumonitis por hipersensibilidad, o por la exposición a agentes
fuertemente irritantes”. “En el caso de la patología
respiratoria que padece este trabajador, puede asociarse con mayor probabilidad
a la exposición en el último período de trabajo
de 384 días”, señaló De Ben en el peritaje.
Durante la elaboración del informe se le preguntó a la
especialista si no es necesaria una exposición durante tiempo
extenso para desatar este tipo de enfermedades. Respondió: “Pueden
presentarse con exposiciones de corta duración; esto depende
de las características del agente, de las condiciones de exposición
y de la respuesta del organismo”.
Alejandra
Rey, la otra perita encargada de realizar una ampliación, no
vinculó directamente las patologías de Julio con su actividad
en Arrozal 33, pero declaró que tampoco se lo puede “excluir”.
Santiago Mirande, abogado del trabajador, en parte de su escrito hace
referencia al informe de Rey. Allí la médica expresó
que “a veces son fácilmente identificables las causas de
esta patología en cuestión”, pero que en casos como
este “no puede afirmar con certeza cuál es el origen de
la enfermedad”. En su análisis no presentó que el
denunciante es oxígeno-dependiente, descartó el diagnóstico
de neumonitis por hipersensibilidad y lo vinculó a una “enfermedad
autoinmune”. Es el único informe en el expediente del caso
que no vincula directamente la enfermedad de Julio con su trabajo en
Arrozal 33.
¿Un
único caso?
Susana, la
compañera de Julio, también trabajaba en Arrozal 33 desde
2014. Actualmente le están haciendo estudios para saber si la
enfermedad que padece (tiene tumores) está relacionada con las
condiciones de empleo. Ella trabajaba cortando el pasto, fumigando y
echando veneno para las hormigas y abejas.
“Imaginate
que declaran que en Uruguay no se pueden usar más los agrotóxicos;
se volvería a trabajar como antes. Para ellos [Arrozal 33] es
una pérdida de tiempo. La gente por trabajo hace todo. A mí
me llamaron para arreglar las plantitas y cortar el pasto, después
terminé fumigando”, contó Susana. Vivían
en una casa que la empresa les prestaba y que ellos debían equipar.
Sobre el caso de Julio, entiende que es un juicio que “se va y
se va”.
En medio
de la crisis sanitaria, Leonardo Cipriani, presidente del directorio
de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, hizo
referencia el 11 de febrero a la instalación de un CTI en Treinta
y Tres. Definió al departamento como “una de las zonas
más desprovistas” y “una zona donde los pacientes
tenían un mayor riesgo también por temas de traslado para
concurrir” a los centros de salud. “Es un lugar donde existía
mucha patología respiratoria a causa de las plantaciones de arroz”,
agregó. El traslado también fue una complicación
para Julio. En una ocasión tuvo que ser llevado al Hospital de
Treinta y Tres en un camión de trabajo por otros compañeros
por no tener otro medio.
De los Santos
cuenta que cuando él se enfermó, otro trabajador también
comenzó a presentar los mismos síntomas. “Tenía
cosas como yo en los pulmones, pero no le aguantó el corazón
y se murió”, acotó. Señaló que antes
“el pueblo era tanques de basura y veneno por todos lados, en
los arroyos y canales”; después, “limpiaron todo”.
Piensa que puede haber más casos similares y especuló
sobre por qué otros no se animan a denunciar. “Si te ponés
a pensar, en Vergara no hay otro trabajo que no sea en Arrozal 33. Vos
tenés tu familia y tus hijos. Ponete en el lugar de ellos: ¿vos
los denunciarías para que te quedaras sin nada?; ¿dónde
van a conseguir trabajo? Por más que ellos sepan lo que hacen,
no van a denunciar”, respondió Julio.
Camila Méndez
4 de junio de 2021
La
diaria