Nicaragua
- Los damnificados por el Nemagón
La insensibilidad y la muerte
Una vez más han tenido que enfrentarse a la muerte para ser escuchados.
Nicaragua parece haberse convertido en un país donde mientras
por un lado las instituciones condenan las formas violentas de protesta,
por el otro brindan respuestas concretas sólo a quien usa estos
métodos. En el caso de los ex trabajadores y trabajadoras de
las bananeras afectados por el Nemagón, que han rechazado la
violencia como método para que se escuchen sus voces y para convencer
Gobierno y Parlamento a negociar sus demandas desde el inicio de su
protesta, no han sido suficientes los casi seis meses de permanencia
en el plantón sito cerca de la Asamblea Nacional.
En la exasperación de esta espera, (transcurrida bajo el sofocante
sol veraniego de los primeros meses y las lluvias torrenciales del invierno
tropical, protegiéndose sólo con pobres champas de plástico
negro y con la comida y los medicamentos que escasean cada día
más), los bananeros han decidido iniciar una huelga de hambre
y de sed que los ha llevado al borde de la muerte, de un sacrificio
extremo para convencer a los diputados a tomar en consideración
lo que les corresponde de derecho después de décadas de
abandono, abusos y violencia, la violencia del desinterés que
los ha transformado en fantasmas para los políticos de este país.
Los y las "sin voces" obligados a levantar las cabezas con
el sacrificio de sus mismas vidas.
Hace un mes y medio y después de cuatro meses de culpable silencio,
la Junta Directiva de la Asamblea Nacional prometió solucionar
sus demandas en diez días.
Los puntos principales eran la reforma al Presupuesto de la República
para insertar una partida de 103 millones de cordobas, convenida con
la Comisión Interinstitucional del Gobierno, para la cobertura
de los gastos médicos de las miles de personas afectadas por
el Nemagón, la introducción y aprobación del Proyecto
de Ley de Pensión Vitalicia, la reforma al artículo 1
de la Ley 456 para reconocer la insuficiencia renal crónica como
enfermedad profesional y una resolución para proteger de manera
definitiva la Ley especial 364, necesaria para poder incriminar a las
transnacionales norteamericanas que han producido y utilizado el Nemagón
en Nicaragua, de cualquier tipo de abrogación o reforma. El resto
de las 19 demandas presentadas a las instituciones nicaragüenses
en marzo fueron ya tratados durante las negociaciones con el gobierno
que desembocaron en los Acuerdos preliminares del 13 de mayo del 2005.
Pero los días han pasados inexorablemente en la espera de que
los diputados respetaran sus promesas.
Una vez más los bananeros han tenido que poner en peligro sus
mismas
vidas para poder ser escuchados y tomados en serio
A las 8.30 del lunes 8 de agosto, 12 ex trabajadores y trabajadoras
de las bananeras han decidido por lo tanto iniciar una huelga de hambre
y de sed, recostándose frente al edificio de la Cruz Roja nicaragüense,
con un alto riesgo de complicaciones físicas en sus cuerpos ya
muy deteriorados por las enfermedades provocadas por el Nemagón.
El día siguiente los diputados han suspendido los trabajos parlamentarios
y se han ido "tranquilamente" de vacaciones hasta el 5 de
septiembre, desinteresándose completamente de lo que sucedía
en los locales de la Cruz Roja.
Lo que debería ser un caso social, un caso de Estado, dónde
las instituciones deberían de estar al frente de la lucha para
que los mismos ciudadanos y ciudadanas afectadas puedan defender y reclamar
sus derechos negados y violados, se transforma en un caso más
donde el Estado demuestra su ausencia y resalta el vacío, penoso
y estridente, que se ha creado entre el mundo de la política
nicaragüense y los sectores más marginados de este país.
Frente a esta enésima demostración de desinterés,
insensibilidad e inhumanidad, que involucra también a la Procuraduría
de los Derechos Humanos que en las semanas anteriores se ha negado a
recibir a una delegación de los bananeros, los afectados por
el Nemagón han decidido levantar el nivel de la protesta ocupando
los locales de la Cruz Roja.
Mientras dos de las personas en huelga de hambre y de sed eran llevados
de emergencia al hospital ante el evidente estado de deshidratación
y la complicación de enfermedades ya presentes, los medios de
comunicación y varias organizaciones de la sociedad civil empezaron
a difundir las noticias de lo que estaba ocurriendo y a hacer presión
sobre los diputados para que abrieran un canal de negociación
con las personas en huelga.
Los comentarios se pusieron cada vez más duros, tanto que dos
de los bananeros en huelga, Victorino Espinales y Manuel Hernández,
declararon a la prensa que "para nosotros lo que hay en el Parlamento
es un demonio y no se puede combatir de cualquier manera... tal vez
entregando la vida... ". La situación empeoraba con el pasar
de las horas y también la Cruz Roja empezó a pedirles
a los diputados que intervinieran porque se estaba procurando un daño
muy grave a los hospitales que estaban quedando sin reservas de sangre.
El miércoles 10 de agosto dieron inicio los primeros contactos
con los diputados por parte de la sociedad civil. Ese mismo día
se logró una reunión José Figueroa, diputado del
Frente Sandinista. Ante la resolución de los huelguistas y al
peligro cada vez más contundente del deterioro irreversible de
sus condiciones, los miembros de la Junta Directiva del Parlamento lo
delegaron para iniciar una negociación.
El jueves 11 de agosto, después de casi cuatro días de
huelga y con los físicos casi completamente deshidratados, las
doce personas en huelga de hambre y de sed finalmente decidieron suspender
la huelga en virtud de la firma de los Acuerdos con la Junta Directiva
de la Asamblea Nacional. Los huelguistas fueron en seguida sometidos
a una cura de rehidratación y dos de las mujeres presentes han
sido hospitalizadas a causa de las condiciones delicadas en que se encontraban.
Ha concluido de esta manera una enésima etapa de esta lucha infinita
de casi seis meses y que se espera pueda terminar con éxito durante
las próximas semanas. Pero queda cada vez más inexplicable
e indignante es la actitud de esta clase política, incapaz o
desinteresada frente al sufrimiento de miles de personas que en el pasado
cometieron el "error" de trabajar como esclavos y esclavas
en las bananeras envenenadas por las transnacionales norteamericanas
y buscar, luego, como responsabilizarlas de sus responsabilidades.
"Error" que es fruto de la imposibilidad de elegir en un sistema
de explotación y pobreza extrema, donde hombres y mujeres sufren
cada día más las políticas económicas impuestas
por el "mundo desarrollado".
Lo que debería ser un caso social, un caso de Estado, dónde
las instituciones deberían de estar al frente de la lucha para
que los mismos ciudadanos y ciudadanas afectadas puedan defender y reclamar
sus derechos negados y violados, se transforma en un caso más
donde el Estado demuestra su ausencia y resalta el vacío, penoso
y estridente, que se ha creado entre el mundo de la política
nicaragüense y los sectores más marginados de este país.
Giorgio Trucchi
16 de agosto de 2005
SIREL # 1017