Un
saludo a la bandera
Colaboración
de Andrés Figari
Neves para RAPAL Uruguay
Todo
parece indicar que finalmente será aprobado sin mayores modificaciones
el ICIR (impuesto a la concentración de inmuebles rurales),
proyecto de ley remitido al parlamento por el Poder Ejecutivo con
la intención de “captar para la sociedad parte de la
valorización de la tierra y desalentar su proceso de concentración”.
Según
el remitido, el valor de la hectárea se multiplicó por
9 en los últimos 20 años, a una tasa promedio anual
de 8.7%, pasando de US$ 340/ha en 1989 a US$ 3.114 en 2009. Como contrapartida
“en términos del valor de la tierra en los últimos
10 años la contribución total del sector agropecuario
disminuyó un 75%. En los últimos 10 años la contribución
inmobiliaria rural disminuyó en porcentaje del PIB agropecuario,
casi un 60%, y en porcentaje de valor de la tierra un 85%. Dice el
P.E. que los US$ 4 por hectárea que actualmente se tributan
deberían ser US16, si acompañaran la evolución
del valor de la tierra. Además constata que la propiedad está
mucho más concentrada que los ingresos: “mientras el
10% con más altos ingresos percibe el 30,5% del ingreso total,
el 10% de los “productores” más grandes (así
los llama) es propietario del 64% de la tierra, en tanto el 40% de
los más chicos dispone del 2%”.
Para
corregir los males que se denuncian propone:1) la creación
de un impuesto que gravará a los propietarios de extensiones
mayores a las 2.000 has Coneat 100 (unos 1.200 aproximadamente) de
acuerdo al siguiente régimen; de 2.000 a 5.000 has, US$ 8/ha/año;
de 5.001 a 10.000, US$ 12/ha/año y de 10.001 en adelante US$
16/ha/año. Se estima recaudar 60 millones de dólares
anuales, los que les serán destinados a la reparación
de la caminería rural profunda, (la misma que utilizan).
2) Complementariamente se propone la modificación del régimen
de liquidación del IRPF y del IRAE para que puedan captar la
valorización de los inmuebles desde julio del 2007 a la fecha.
Lo recaudado (que no se estima) será destinado al Instituto
Nacional de Colonización, “así como a otras políticas
de desarrollo rural”.
En
aras de la brevedad y sin hacer muchas cuentas porque las cifras expuestas
hablan por sí mismas (US$ 12 equivale a 6 Kg. de novillo en
pie); si se deja de lado otras consideraciones sobre el esfuerzo contributivo
de los terratenientes al tesoro público en relación
con sus posibilidades (impuesto de primaria, por ejemplo), a nadie
se le puede escapar que esta “migaja” de US$ 60 millones
que se volcará en beneficio de los propios afectados por el
impuesto, no es justamente una medida que se pueda calificar de “desestimulante”
para la conducta que se pretende corregir. Por lo tanto la pregunta
es: ¿Por qué el gobierno del FA instrumenta esta farsa?
¿Por qué no propone liquidar a las sociedades anónimas
o fijar por ley el tamaño máximo? ¿Cómo
es que esa fuerza política que proponía nada más
ni menos que la reforma agraria, que rechazaba por insuficientes las
propuestas de Wilson Ferreira Aldunate, ahora que está en el
Gobierno y dispone de las mayorías necesarias, no es capaz
de impedir el brutal aumento de la concentración y extranjerización
de la tierra, sino que además lo continúa estimulando?
¿Qué es lo que la ata? ¿Qué es lo que
se ha modificado en la izquierda, -aparte de su “responsabilidad
política”- para que haya renunciado a sus “reivindicaciones
básicas”? ¿Se trata de simple oportunismo, de
aprovechar una coyuntura exportadora extraordinaria para pagar cuentas
y hacer caja, o en realidad es algo más profundo que pone de
manifiesto carencias y debilidades de un proyecto estratégico?
Porque
más allá de lo que se esté dispuesto a declarar,
una cosa queda clara después de la propuesta de este impuesto
y de su discusión en la interna del FA: para la mayor parte
de los que integran esa fuerza política, la concentración
de la propiedad rural no es el verdadero problema (y se juega para
la tribuna) o se está a favor de lo que se dice combatir (y
se trabaja soto voce).
Los
unos, quedan en evidencia con la inocuidad de la propuesta; los otros,
cuando se oponen a los primeros. Porque en definitiva, tanto unos
como otros lo que no quieren o no se atreven a discutir es el “problema”
de la propiedad en general y el de la tierra en particular; es decir
la cuestión de la “distribución de la riqueza”,
no como distribución de los rentas personales (ingresos), sino
al revés, las “diferencias” de las “rentas
personales” como efecto de la desigual distribución de
la propiedad, asunto que en el sector agropecuario es casi transparente,
porque pone a la vista de todos sus “efectos”. Es decir,
al “copetudo de riñón cubierto” -propietario
de miles de hectáreas- y al que se “conchaba” porque
“solo tiene chiripá de bolsa pa taparse el rabo”.
El
asunto de la propiedad del suelo es el que pone en evidencia a un
sistema social supuestamente libre, igualitario y democrático
porque los que ejercen ese monopolio no solo viven del trabajo ajeno,
sino porque además, también extorsionan a los que no
lo ejercen. ¿En razón de que otra cosa que ese “derecho
de pernada” que es la propiedad territorial, el terrateniente
puede reclamar un pago por el uso de un pedazo del territorio nacional?
Por
lo tanto, lo que pone en evidencia este “renuncio” no
es solo el temor a enfrentar a un adversario que se sabe poderoso;
es la debilidad ideológica del proyecto de una fuerza política
que no se atreve a llamar a las cosas por su nombre en lo confuso
de su modelo de “sociedad rural”; pero sobre todo, en
la utilización acrítica de las categorías mentales
de los mismos agentes que dice combatir. Por ejemplo: los terratenientes
que lucran a costilla de la sociedad con el monopolio del suelo de
la nación, se han convertido en “productores”;
los especuladores inmobiliarios (propios y extraños), que no
aportan absolutamente nada al patrimonio nacional, pero que consolidan
su portafolio y aumentan la fortuna de algunos particulares, ahora
son “inversores” a los que no se puede ahuyentar; los
latifundistas, que concentran la propiedad del suelo y desplazan a
los genuinos productores directos, pasaron a ser “productores
de vanguardia”.
Pero
además de legitimar lo que se debiera combatir, lo que también
pone en evidencia este “renuncio”, es una idea de “crecimiento”
originaria del capitalismo y de su matriz ideológica con la
que no se quiere romper y a la que haciendo como que se la critica,
se la visualiza como perspectiva. En algún momento una izquierda
digna de ese nombre se tendrá que definir; o apuesta a un mundo
rural basado en el “desarrollo capitalista” con todas
sus secuelas (concentración de la propiedad, explotación
de muchos por unos pocos, éxodo rural, monocultivos, agroquímicos,
transgénicos, etc.) o se trabaja por el libre acceso al uso
del suelo, por relaciones fraternales entre los trabajadores y amigables
con la naturaleza.
Esos
son los cuernos del dilema, por lo tanto si se posterga la discusión
hacia donde caminar, si se sigue creyendo ingenuamente que “desarrollo”
es lo mismo que “crecimiento” y que esto es lo mismo que
aumento del PIB, se seguirá atrapado en la encrucijada en que
el sistema capitalista se empantana y amenaza con destruir el planeta.
Noviembre 2011