Monopoly rural
6 de julio de 2009.
Por Gustavo Duch - OPINIÓN.
DIARIO PÚBLICO
La periodista Amy Goodman cuenta
que, en 1998, visitó a la familia de Ken Saro-Wiwa, el poeta
y activista nigeriano ahorcado, junto a ocho compañeros más,
tres años antes por las fuerzas militares nigerianas, acusado
de liderar el enfrentamiento del pueblo Ogoni frente a la transnacional
Royal Dutch Shell. El padre de Ken –dice Amy– fue muy
claro: “Shell fue la primera empresa que el gobierno nigeriano
utilizó para saquear nuestra propiedad, para quemar nuestras
casas (…). Shell tiene las manos manchadas de sangre en el asesinato
de mi hijo”. Aunque la petrolera niega cualquier implicación,
este pasado mes de junio acaba de aceptar pagar unos 11 millones de
euros para poner fin al juicio que afrontaba al respecto frente al
Tribunal Federal de Nueva York.
Shell llegó a las tierras
de Nigeria en 1958, igual que otras petroleras lo hicieron a otros
países empobrecidos del Sur, en busca de su Dorado: los yacimientos
petrolíferos del delta del Níger. Su presencia significó
la destrucción de los bosques, de los manglares y la contaminación
de todo el territorio (aire, agua y tierra) indígena usurpado.
Muchas comunidades fueron expulsadas y otras vienen sufriendo desde
entonces graves problemas de salud y de dificultades para acceder
a los recursos productivos básicos. Contra todo eso luchó
Saro-Wiwa y Shell fue, como decía su padre, la primera empresa,
pues 20 años después siguen desembarcando otras que
capitanean el renovado interés de algunos países por
el control de un bien tan preciado como el petróleo: la tierra
cultivable.
La población aumenta, el
clima se calienta y el libre mercado capitalista se demuestra como
un modelo fallido. Ante estas evidencias, algunos países (sobre
todo aquellos muy industrializados y con pocas tierras agrícolas)
ven peligrar el abastecimiento de alimentos para su población.
No tienen capacidad agrícola suficiente y las puertas de los
mercados se pueden cerrar, como ocurrió durante la crisis alimentaria
del año pasado. Solución: alquilar o comprar tierras
que producirán alimentos. El petróleo se acaba, muchos
gobiernos apuestan (que remedio –dicen–) por las energías
renovables y surgen los agrocombustibles como nuevo milagro tecnológico.
Pero su eficiencia es muy baja (en algunos casos incluso negativa)
y se requieren enormes extensiones de tierra para llenar los depósitos
del planeta. Solución: alquilar o comprar tierras que producirán
biodiesel o bioetanol. La burbuja puntocom ya explotó hace
años, la detonación de la burbuja inmobiliaria aún
resuena y, mientras se elucubra en dónde multiplicar el capital,
los fondos financieros ya tienen un plan: invertir sobre fondos de
inversión ligados a la tierra agrícola. Solución:
alquilar o comprar dichas tierras.
Sólo explorando la Nigeria
de Saro-Wiwa y gracias a los datos aportados por la periodista Stefania
Muresu podemos hacernos una idea de la presión que todos estos
factores generan sobre las hectáreas fértiles de muchos
otros países. El Gobierno nigeriano ha facilitado que, a través
de la empresa Casplex Company, sus socios chinos han comprado 15.000
hectáreas de tierra para el cultivo de yuca para producir etanol.
Que la alemana Hagen & Co Engineering Gbr ha adquirido amplias
zonas fértiles en diferentes comunidades del delta del Níger
para el cultivo de agrocombustibles y transgénicos para alimentación.
Que Food for All International (FFAI) and Centre for Jatropha han
adquirido terrenos cultivables en muchas comunidades en el Delta del
Níger donde ya han empezado el cultivo de la planta de jatropha
para producir más agrocombustibles. Y, como pasó con
la presencia de las petroleras, los efectos sobre la población
originaria se repiten y se repetirán.
Es tan alarmante, global y rápido
este proceso de acaparamiento de tierras (sólo en los últimos
tres años, según datos del International Food Policy
Research Institute, 20 millones de hectáreas de tierras agrarias
han sido objeto de transacciones que implican a compradores extranjeros,
es decir, una superficie similar al área agrícola de
toda Francia) que a las voces críticas de algunas ONG y movimientos
campesinos se ha sumado la propia FAO (Organización Mundial
de la Alimentación) y la Relatoría Especial de las Naciones
Unidas sobre el Derecho a la Alimentación. Su relator Olivier
De Schutter ha solicitado a los líderes del G-8 que en la cumbre
que van a celebrar en Italia este mes de julio se aborde el tema de
estas “inversiones en la agricultura”, reclamando una
regulación sobre las mismas. De Schutter y la FAO son, a mi
juicio, muy confiados, porque entienden que una regulación
ética “podría ser positiva, después de
muchos años en los que ha habido falta de interés en
el mundo por invertir en la agricultura”. Proponen que los inversores
firmen contratos con las autoridades locales, en lugar de optar por
comprar tierras; que los inversores se comprometan a que una parte
de la cosecha obtenida se venda en el país; que se minimicen
los cultivos que se usarán como materias primas para biocarburantes;
que los Gobiernos y los inversores promuevan sistemas agrícolas
que incrementen el empleo local –en lugar de otros mecanizados–
y en dar prioridad a producciones más ecológicas, así
como a la gestión sostenible del agua. Son muy confiados porque,
con la propagación de tratados bilaterales de libre comercio,
estos especialistas en la especulación se han asegurado que
sus inversiones no tengan que acatar condiciones. Comparto, en cambio,
el grito de los campesinos en América Latina a favor de su
soberanía sobre sus recursos, “La tierra no se vende.
Se trabaja y se defiende”. Como la defendió el poeta
nigeriano que escribió: “Los cuerpos se han multiplicado.
Y cubren la tierra. El xilófono del jefe muerto. Ahí
continúa, ha olvidado el pasado. Los espíritus ancestrales
caminan a casa. Caminan llorando. Las tierras huérfanas se
lamentan”.