Declaración
de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América
Latina (RAPAL) Sobre la defensa de la Soberanía alimentaria
en el marco de la Reunión Regional de la FAO
Soberanía
implica ejercer nuestra autonomía para decidir en una situación
o hecho determinado, en el caso de la Soberanía Alimentaria
implica el derecho de los pueblos, las naciones y las comunidades
a decidir qué y cómo producir; a preparar, almacenar
y, distribuir nuestros alimentos. Es el derecho a acceder a alimentos
adecuados, sanos, seguros, nutritivos y culturalmente apropiados y
a producir los alimentos en forma sustentable y ecológica.
Es el derecho a acceder a los bienes naturales, como la tierra, el
agua, las semillas y la biodiversidad, para su uso en forma apropiada.
En la actualidad no solo como concepto, sino como práctica
social y cultural la soberanía, nuestro derecho a decidir,
se halla en una crisis de involución.
Determinados
procesos globales, como son la concentración de la propiedad
de la tierra, la intensificación en las necesidades de capital
y el monopolio de la cadena agroalimentaria en manos de un grupo reducido
de transnacionales agroquímicas y de la biotecnología,
y factores internos, propios de nuestros países, hacen a que
las cuatro dimensiones relativas a la soberanía alimentaria;
la producción, el acceso, la continuidad y la calidad de los
alimentos se hallen en permanente dificultades.
Existe
un fuerte incremento de los precios internacionales de los commodities
agrícolas, desde el año 2002 a la fecha se produjeron
aumentos en los precios del maíz trigo y soja cercanos al 300%.
Este incremento se corresponde con que los productos agrícolas
se han transformado en un producto de la especulación de los
mercados financieros, determinando que el precio se relacione más
con el fin de lucro, el precio del oro, el del petróleo que
con las reales existencias de alimentos dadas las actuales posibilidades
de producción. Dado que las semillas y los alimentos se han
transformado en simples mercancías, las alzas de precios derivadas
de la especulación determinan a su vez la imposibilidad de
acceso a amplias franjas de la población, aún la residente
en aquellos países productores de alimentos.
La
calidad de los alimentos que se producen, distribuyen y consumen en
nuestros países también merece nuestra atención
dado que los modos de producción implican la utilización
de semillas transgénicas y una creciente utilización
de plaguicidas, que pueden permanecer en los alimentos aún
después de la misma cosecha. Los alimentos que se consumen
en nuestros países contienen residuos de plaguicidas altamente
peligrosos, que pueden generar enfermedades crónicas como cáncer
y alteraciones del sistema endocrino. Además, en muchos países
de la región se importan o producen alimentos transgénicos
que se venden sin etiquetado, de manera que los consumidores no pueden
ejercer su derecho a optar por alimentos producidos sin semillas alteradas
geneticamente.
El
avance de los monocultivos –altamente demandantes de plaguicidas
y de agua - como la soja, la palma aceitera, las plantaciones forestales
ligados a la agroindustria de exportación, por sobre las siembras
de especies destinadas a la alimentación de las comunidades,
determina una menor disponibilidad de alimentos y en muchos casos
ha generado contaminación y escasez de agua o pérdida
completa del agua necesaria para el desarrollo de los cultivos y la
subsistencia de productores familiares. La agricultura campesina está
siendo forzada a utilizar semillas híbridas de alto costo,
impuestas por el mercado y las entidades de gobierno. Los apicultores
ven amenazada la producción y exportación de miel por
el avance de los cultivos modificados geneticamente en la región
los cuales han determinado la contaminación de una parte de
su producción con polen transgénico. En la mayoría
de los países del cono sur la soja transgénica, dada
su rentabilidad y escaso requerimiento de mano de obra, reemplaza
a los cultivos de trigo, frutas, a la papa y a las hortalizas con
el consecuente impacto social, ambiental, cultural y político.
A su vez el avance el cultivo de especies destinadas a su utilización
como biocombustibles agrava el problema.
Los
megaproyectos agropecuarios, forestales y mineros basados en el simple
concepto de rentabilidad, producen una ocupación del territorio,
expulsando a las comunidades campesinas e indígenas que desde
siempre cultivaron, recolectaron, cazaron y pescaron en ese espacio
de producción y vida. El avance de la frontera agropecuaria,
de la megaminería y la industria forestal por sobre los lugares
de asentamiento, producción y recolección, caza y pesca
de comunidades de pueblos originarios y campesinas y ecosistemas naturales
no hace más que condenarlas a una alimentación deficiente
en calidad y cantidad. La pérdida de medios de vida, del agua
y las semillas repercute con mayor fuerza en las mujeres campesinas
e indígenas, por el papel que juegan en la agricultura y la
producción y recolección de alimentos.
Tampoco
podemos olvidar que el cambio climático impacta en la producción
de alimentos. Un cambio climático del cual la agricultura industrial
a partir del uso de plaguicidas, fertilizantes y la cría y
engorde de animales estabulados también es responsable. La
alternancia de procesos de lluvias y sequias ha hecho mas imprecisa
la producción agropecuaria y con ello el precio y acceso a
los alimentos.
Debemos
enfocar la problemática de la soberanía alimentaria
dentro de una estrategia de desarrollo, requiriendo discusiones y
decisiones a nivel político que aseguren que todos los programas
de producción de alimentos tengan como primera y más
importante prioridad, satisfacer las necesidades alimentarias de sus
comunidades, y sólo después de ello se atienda a las
necesidades del comercio.
Debemos
pensar, analizar e implementar una Política de tierras que
encare no solo la distribución adecuada de las mismas sino
los regímenes de tenencia y uso que permita una adecuada planificación
y modo de utilización sustentables con control ciudadano.
Una política impositiva basada en la equidad y progresividad
de los impuestos que realmente permita una redistribución de
los ingresos.
Es inexorable la discusión de una política tecnológica
diferente a la que ofrecen los gobiernos aliados a las transnacionales
productoras de plaguicidas y semillas transgénicas y dentro
de ella una política de apoyo a la investigación y valorización
de las semillas campesinas, resistiendo las presiones y regulaciones
que empujan a las comunidades campesinas e indígenas entrar
en la dinámica de la propiedad intelectual y las patentes,
y promoviendo la gestión local de casas o guardianes de las
semillas, así como restableciendo la práctica de su
intercambio a nivel local y regional. Es necesario apoyar y extender
las crecientes experiencias de huertos urbanos, derivados de la existencia
de ciudadanos y ciudadanas que desean una alimentación sana,
así como del hecho de que en la ciudad viven cada vez más
pobladores que proceden del campo y han sido expulsados de sus comunidades
por los procesos ya descritos.
Por
último se requieren políticas específicas que
alienten la producción de alimentos sanos, sin transgénicos
ni plaguicidas para todos los habitantes de nuestros países,
aquí se deberán pensar entre otros, elementos relativos
al etiquetado, el monitoreo de residuos de plaguicidas en los alimentos,
las exenciones impositivas, subsidios diferenciales, impuestos diferenciales,
créditos, sin olvidar la investigación y difusión
tecnológica adaptadas a las diferentes culturas. El apoyo de
los Estados a la producción agroecológica debiera expresarse
asegurando un mercado ligado al abastecimiento de las escuelas, establecimientos
fiscales y hospitales públicos con productos producidos con
métodos agroecológicos.
La
agricultura siempre fue una actividad compleja dada la necesidad de
obtener, procesar, transmitir información de origen ambiental,
ecológico, económico y cultural. En la actualidad es
mayor la cantidad de información a procesar y problemas a resolver
por lo cual se requiere no solo mayor acompañamiento del estado
sino organización por parte de los productores.
Se
debe valorizar a la agroecología como el único modo
de producción y relacionamiento entre los seres humanos y con
los bienes naturales que garantiza la sustentabilidad y estabilidad
de los agroecosistemas y el acceso a una adecuada alimentación.
Para alcanzar estos fines se requiere la adopción de medidas
políticas y sus instrumentos asociados que lleven a una mayor
comprensión de los procesos y a la adopción de prácticas.
Así mismo una mirada crítica a las modalidades actuales
de consumo que en definitiva son las que presionan a todo el sistema
productivo rural, las organizaciones de consumidores deben conocer
todas las implicancias de salud, sociales y ambientales que genera
la actual situación.
Hay que avanzar hacia métodos de certificación social
de la producción agroecológica y apoyar la lucha de
las comunidades respecto al uso y control ciudadano de sus territorios
amenazados por megaproyectos agrarios, mineros e industriales. La
lucha por alcanzar la soberanía alimentaria está ligada
a los procesos que llevan adelante los movimientos sociales en nuestros
países para cambiar el modelo de desarrollo impuesto, que no
sólo tiene elevadísimos costos sociales sino ya ha mostrado
su incompetencia a nivel global.
Buenos
Aires, Marzo de 2012
Red
de Acción en plaguicidas y alternativas de cambio de América
Latina RAPAL
Javier Souza Casadinho
Coordinador regional
Rivadavia
4097 Marcos Paz Buenos Aires
javierrapal@yahoo.com.ar
www.rap-al.org