Los consumidores no se beneficiarán en absoluto con los productos transgénicos, no serán más baratos ni más sabrosos, así como tampoco más saludables.

Los consumidores no se beneficiarán en absoluto con los productos transgénicos, no serán más baratos ni más sabrosos, así como tampoco más saludables.

Intervención del senador Rodolfo Nin Novoa, de la Alianza Progresista, realizada en el mes de setiembre de 2003, en la Cámara Alta.

Señor Presidente: antes que nada quiero agradecer al Senado la posibilidad de haber habilitado esta instancia para reflexionar y, en lo posible, debatir sobre un tema al que nosotros le asignamos una gran importancia, puesto que incide directamente en el presente y futuro del país. Me refiero a la introducción de nuevas técnicas en nuestro sistema de producción, particularmente, en el sector agropecuario.

Creemos que esta discusión es necesaria para definir aquellas políticas de Estado que el país ha encaminado en muchos de los aspectos que vamos a mencionar. El aporte que los Partidos políticos puedan y deban hacer, resultará imprescindible para definir y confirmar estas políticas.

En este marco de discusión hemos planteado concretamente abordar el tema de los cultivos transgénicos y su incidencia en el comercio y en la producción del Uruguay que, como los señores senadores saben, tuvo una instancia muy importante hace poco más de un mes, el 19 de agosto, en la Cámara de Representantes, donde nuestro compañero el diputado por Cerro Largo, ingeniero Gustavo Guarino, hiciera una convocatoria para interpelar al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca -sin ánimo de censura, así se estableció claramente en la moción-, a raíz de un permiso otorgado por el Poder Ejecutivo que permitía la introducción del maíz transgénico MON 810.

Brevemente y sin ánimo de dictar una clase, quiero hablar un poco de lo que son los transgénicos, del abc y de la biotecnología. A esos efectos, comienzo por decir que la biotecnología es el uso de los organismos vivos para obtener productos con aplicación industrial. Por cierto, la biotecnología no es una práctica nueva. La elaboración de cerveza, pan y vino son formas ancestrales de biotecnología. De lo que estamos hablando ahora es de las nuevas biotecnologías que han surgido en los últimos tiempos. Las empresas trasnacionales han empezado a ampliar las nuevas tecnologías para crear productos agrícolas, forestales y ganaderos con características nuevas, inclusive, para el tratamiento de enfermedades humanas.

De estas nuevas biotecnologías, la ingeniería genética es la que mayor preocupación ha generado por los riesgos potenciales que representa su aplicación. La ingeniería genética permite introducir genes de microorganismos, plantas y animales, a otros organismos totalmente distintos. Con esta técnica es posible transferir material genético de un organismo a otro saltando las barreras sexuales y asexuales naturales. Por ejemplo, se puede tomar genes de un pez, el lenguado que vive en el polo norte y resiste temperaturas muy bajas, para ponerlos en un tomate y, de esa manera, hacerlo resistente de esa manera a las heladas.
Otros ejemplos son los que vamos a tratar en la tarde de hoy y tienen que ver con la introducción del gen que produce la toxina, que destruye el sistema digestivo de los insectos procedentes de la bacteria Bt –basillus thuringiensis-, en el maíz o en el algodón. Cabe señalar que hasta se han introducido genes humanos en los chanchos.
Cuando se añaden genes ajenos a un organismo, éste adquiere las características del gen introducido. El organismo resultante se llama transgénico o modificado genéticamente y, en el ejemplo citado anteriormente, el tomate, es un tomate transgénico.

¿Cómo se hace esta ingeniería genética? Se corta la cadena del ADN al azar o en un lugar determinado, se identifica el gen que se desea introducir en el llamado organismo huésped, se le multiplica y se le pega en el ADN del otro organismo. Sin embargo, hay un problema y es que, por ejemplo, los genes del lenguado no van a reconocer a los genes del tomate y lo van a tratar como un gen extraño. A los efectos de que esto no suceda, se introduce un promotor, en este caso, para que las células del tomate reconozcan a las del lenguado. Esta secuencia debería ser una secuencia del mismo tomate o de un organismo muy similar, pero la mayoría de las compañías y científicos no se toman el tiempo y la molestia de buscar un promotor en el tomate, porque tomaría mucho tiempo entender cómo los genes del tomate controlan la expresión de sus genes. Para evitar todos esos estudios, lo que se hace es utilizar un promotor viral, esto es, un virus. Los virus son muy activos y no hay prácticamente nada que pueda evitar que se introduzcan en una célula extraña y que la parasiten.

Los virus integran su información genética en el ADN de la célula huésped. Una vez inserto en la nueva célula, el virus se multiplica e infecta a las células vecinas, que a su vez se siguen reproduciendo.

¿Cómo entran los genes en el organismo huésped? Hay dos maneras: una biológica, como la del virus y otra mecánica, como las inyecciones, las microbalas, las pistolas, los dardos, las chispas, los tratamientos de agua con sal, etcétera.
¿Acaso no podría suponerse que la manipulación genética es igual a los métodos de mejoramiento? Uno tiene que contestar enfáticamente que no es igual, porque la manipulación genética recombina precisamente material genético –como ya lo dijimos- entre especies que tienen muy poca probabilidad de intercambiar genes de manera natural. Los métodos de mejoramiento mezclan distintas formas de los mismos genes, mientras que la manipulación genética introduce genes completamente nuevos, exóticos. Hace más de dos mil millones de años que las especies vienen evolucionando y separándose. La verdad es que un tomate se ha desarrollado muy lejos de un lenguado. Entonces, cuando se mezclan artificialmente, no es posible saber lo que va a ocurrir en la cadena evolutiva.

Ahora bien; ¿quiénes manipulan los genes y para qué? Los principales impulsores de la manipulación genética son los grandes laboratorios transnacionales, llamados de las ciencias de la vida -tales como Monsanto, Dupont y Novartis, entre otros-, que están empezando a explotar económicamente los nuevos avances en biología. Sus innovaciones van de la mano de las patentes, con las cuales se van apropiando de la materia prima. Las inversiones han sido tan enormes, que la necesidad de retorno es implacable. De ahí las presiones y la urgencia para introducir los productos transgénicos. Los genes son utilizados en diversos campos comerciales, como por ejemplo, la energía, la medicina, etcétera, pero es la agricultura el rubro en el que el nuevo comercio genético va a tener mayor impacto. Si bien hay muchas aplicaciones de ingeniería genética en la agricultura, el enfoque actual de las investigaciones está concentrado en el desarrollo de cultivos tolerantes a altas dosis de herbicidas, en la fabricación de toxinas insecticidas, en la generación de resistencia a ciertos virus, en el retardo de su descomposición o en el logro de que sean más uniformes. Nunca una manipulación genética apunta a aumentar la producción, sino a mejorarla y a preservarla de algunos de estos elementos que hemos señalado.

El centro de interés principal de la investigación en ingeniería genética no apunta a obtener cultivos libres de plaguicidas, sino variedades resistentes a los plaguicidas, ya que es más barato adaptar el vegetal a la química, que a la inversa. La búsqueda y la investigación para adoptar nuevas variedades en vegetales, raramente llega a los U$S 2:000.000, mientras que el costo de la puesta en funcionamiento de un nuevo herbicida supera los U$S 40:000.000.

Son las empresas productoras de herbicidas las que han creado cultivos transgénicos tolerantes a su propio producto. La soja transgénica que hoy ya se está plantando en el Uruguay, la round up ready, es de Monsanto, el laboratorio que, a su vez, produce el herbicida químico round up. Los señores senadores que conocen el país y que viajan por el interior habrán visto algunos carteles de propaganda en las carreteras que hablan del glifosato y del round up ready. Se trata de herbicidas que, aplicados sobre la superficie del suelo, matan todo lo que es vegetal y permiten a la planta introducida en ese campo con mínimo laboreo un crecimiento más rápido porque no tiene competencia natural, ya que las otras están muertas. El problema ha sido que esos herbicidas también afectan, de alguna manera, a la semilla que se planta. Por ese motivo se investigó para crear una semilla que fuera resistente al propio herbicida que esa transnacional ha creado y de ahí resultó la soja transgénica.

La propaganda que se utiliza dice que los cultivos transgénicos redundarán en un aumento de productividad para el productor y en una reducción de la dependencia de plaguicidas. Sin embargo, las estadísticas dicen otra cosa, puesto que indican que en los cultivos transgénicos aumentó el uso de plaguicidas. Las proyecciones al respecto demuestran el aumento de la producción a corto plazo, pero a mediano plazo va a declinar con el inconveniente de que el agricultor se encontrará, a esta altura, totalmente dependiente de las compañías en cuanto a semillas, insumos y mercados. Los consumidores no se beneficiarán en absoluto con los productos transgénicos, no serán más baratos ni más sabrosos, así como tampoco más saludables. Además, los peligros son desconocidos e irreversibles para el medio ambiente y la sociedad en su conjunto.

La innovación más grande es la creación de plantas cuyas semillas se autodestruirán, es decir, semillas suicidas. Este gen fue patentado con el nombre de Sistema de Protección Tecnológica y poco después fue bautizado como tecnología “terminator”, esto es, tecnología exterminadora. El objeto de la tecnología “terminator” es complementar la intención de los híbridos, o sea, obligar a los productores –en especial a los del tercer mundo- a comprar todos los años la semilla producida por las grandes empresas y, naturalmente, todo lo que ello trae aparejado, fundamentalmente, agroquímicos elaborados por ellas.

Con la autorización del maíz transgénico, nos parece que se están echando por tierra los esfuerzos de posicionar al Uruguay en el mercado internacional como un país natural, bajo el eslogan de “Uruguay Natural”. Lo vemos en los avisos del Ministerio de Turismo. A propósito, hace pocos días leí un aviso en el diario La Nación, de Buenos Aires, en donde se invitaba a los argentinos a ver el apareamiento de ballenas que se produce en estas épocas en Punta del Este, con el logo que, por supuesto, todos compartimos, de “Uruguay Natural”.

Los taxis de Montevideo también tienen dicho logo. Sin lugar a dudas, es una estrategia que apoyamos y que debemos preservar. El Gobierno uruguayo, al optar por la habilitación del evento MON 810 -maíz Bt, como se le dice- para su uso en la agricultura, de alguna manera está poniendo en duda los esfuerzos de posicionar al Uruguay en el mercado internacional como un país natural bajo el eslogan, reitero, “Uruguay Natural”. A este respecto quiero hacer otro comentario con relación a la soja.
Sabido es que en el Uruguay se está plantando soja transgénica. A propósito, en el día de ayer el señor senador Atchugarry hacía referencia a las inversiones de capitales argentinos que están viniendo a plantar esa soja transgénica. A nivel mundial, se considera que cuando un país tiene un producto transgénico, no se puede decir que sea un país no natural. Por otro lado, el Uruguay es el sexto país más natural del mundo, según el Foro Económico Internacional, aspecto que luego veremos. Sin embargo, la introducción de una segunda especie ya pone en serios riesgos esta definición de país natural. Eso es lo que queremos preservar.

¿Qué es el MON 810? ¿Cuál es la transgénesis de ello? El evento MON 810 introduciendo al maíz incorpora la resistencia, el ataque de lepidópteros–es decir insectos-, de este cultivo.

Esa resistencia se obtiene de la bacteria bacillus thuringensis, que otorga propiedades insecticidas. Cuando el gusano entra en la planta, como en su savia tiene este virus, al morder la hoja, el tallo o lo que fuera, le destruye el sistema digestivo y se muere. Esta modificación genética fue desarrollada por esa empresa para el control del gusano llamado barrenador del tallo europeo, común en algunas zonas del Hemisferio Norte. También controlaría –utilizo el verbo en tiempo condicional- otros lepidópteros, como el barrenador del tallo y la lagarta cogollera, esta sí presente en el Uruguay. La utilización de semillas con el evento Bt sustituye la aplicación de insecticidas para el control de estas familias de insectos. Ese es el principal beneficio privado de la adopción de semillas Bt.

Frente a esta situación han surgido planteos que se oponen a esta opción desde diversos ámbitos de la sociedad. Hoy mismo, en un Juzgado de Montevideo, se va a resolver un recurso de amparo presentado por productores orgánicos del Uruguay, que se ven seriamente afectados por la introducción de estas semillas. Además, como ustedes saben, el maíz es de polinización cruzada y, por lo tanto, el polen que vuela y que llevan las abejas puede contaminar las plantas de maíz tradicional lo que, a su vez, puede traer serias consecuencias con respecto a los contratos y a las patentes a los productores que, involuntariamente, ven en sus chacras las plantas infestadas por un maíz que no tienen autorización para usar porque hay que pagarlo. También hay casos de juicios, sobre todo en la Argentina, que han hecho grandes compañías a agricultores que, sin comerla ni beberla, se han visto involucrados en estos líos judiciales.

El Uruguay es un país que cuenta con un gran potencial económico basado, como todos sabemos, en los 16:000.000 de hectáreas de tierra fértil, uno de los niveles más altos por habitante en el mundo, aumentado esto por los valores agroecológicos que aún se conservan en nuestros ecosistemas. Es decir que cuenta con enormes ventajas para posicionarse como destacado productor de alimentos de calidad, sanos y abundantes, para nosotros y para muchos otros países.

Tengo en mi poder algunos indicadores comparados de sustentabilidad en tres países agrícolas: Argentina, Estados Unidos y Francia, donde se investigó y se calculó, por ejemplo, la cantidad de fertilizante en kilos por hectárea y por año. Así es que Argentina tiene 4,5 kilos por hectárea al año, Estados Unidos 93 y Francia, 306. En cuanto a insecticidas y fungicidas –es decir, productos para combatir insectos y hongos-los gramos por hectárea de producto activo, en el caso de Argentina, son 216, en Estados Unidos son 1.047 y en Francia, 2.976, es decir, casi tres kilos de producto activo por año. En cuanto a los herbicidas pasa algo similar: Argentina tiene 162 gramos, Estados Unidos, 916 y Francia, 2,135 kilos, y el porcentaje de mamíferos nativos en riesgo de extinción en la Argentina se sitúa en un 10%, en Estados Unidos en 10,5% y en Francia es el 52%. En Uruguay, en cambio, podemos hablar de casi 10:000.000 de hectáreas que nunca han recibido un gramo de fertilizante químico ni de ningún herbicida y creo –me parece que todos deberíamos creerlo- que ésta es nuestra principal riqueza y que hay que sostenerla y mantenerla.

Esta situación relativa al país natural, a los 16:000.000 de hectáreas de tierra fértil y a nuestra condición de nación productora de alimentos sanos y abundantes, ha llevado a dar un marco adecuado a las posibilidades potenciales del Uruguay y el Parlamento ha legislado sobre este tema, más concretamente, elaborando en el año 2000 la Ley Nº 17.283, que refiere a la protección del medio ambiente. Entre los aspectos más salientes de esta norma se encuentra, en el artículo 6º, la distinción de la República en el contexto de las naciones como país natural, desde la perspectiva económica, cultural y social, del desarrollo sostenible. Esto se complementa con el inciso b) de ese mismo artículo, que señala que la prevención y previsión son criterios prioritarios frente a cualquier otro en la gestión ambiental y que, cuando hubiera peligro de daño grave e irreversible, no podrá alegarse la falta de certeza técnica o científica absoluta como razón para no adoptar medidas preventivas. Como vemos, esta política de apertura a la utilización de la tecnología de los transgénicos no es coherente con los lineamientos establecidos en la ley.

Otro aspecto relevante de la ley está expresado en el artículo 23, que dice concretamente que la introducción de organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología en las zonas sometidas a la jurisdicción nacional, cualquiera sea la forma o el régimen bajo el cual eso se realice, estará sujeta a la autorización previa de la autoridad competente. En tanto esa autoridad no fuera designada o en los casos en que la introducción pudiera ser riesgosa para la diversidad biológica o el ambiente, será competente el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Quiero que quede claro este concepto que establece la ley relativa al medio ambiente sobre las competencias de las que aquí hemos hablado en tantas oportunidades y que, en este caso, corresponden al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Es por esto que, para el caso de este maíz que ha sido tan cuestionado –entre otros, por la Facultad de Agronomía- por sus potenciales efectos en la biodiversidad, este artículo señala claramente que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente tendrá la competencia de intervenir, lo que no ha acontecido con la introducción del evento MON 810, porque esta Cartera no fue la que autorizó, tal como marca la ley, la habilitación para el ingreso de este transgénico.

Mientras esto ocurre, organismos como Uruguay 21, el Ministerio de Turismo y el Instituto Nacional de Carnes, además de distintas empresas del sector agropecuario como, por ejemplo, los frigoríficos PUL y Tacuarembó, vienen intentando desarrollar su producto bajo el status de Uruguay Natural.

Sumado a esta propuesta comercial, en el año 2000 –y como ya lo hemos dicho- el Uruguay ha sido calificado como el sexto país más natural del mundo en el ranking de sustentabilidad ambiental del Foro Económico Mundial.

También en ese año, con la aprobación del decreto Nº 249/000, se crea la Comisión de Evaluación de Riesgos de Vegetales Genéticamente Modificados, CERVGM, constituida por integrantes de los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Salud Pública y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, así como del Instituto Nacional de Semillas y del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Además, este decreto establece que las instituciones con potestad para tomar la decisión final al respecto, son los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas, reduciendo la participación de los demás al ámbito consultivo.

Entonces, aquí surge una gran pregunta. De alguna manera, el decreto es violatorio de la ley, que dice otra cosa.

Entre las principales funciones de esa Comisión de Evaluación de Riesgos, está la de controlar que la introducción al territorio nacional y el uso y manipulación de vegetales y sus partes modificadas genéticamente se realicen luego de efectuado un análisis de riesgo sobre bases científicas, que consideren su impacto en el ambiente del Uruguay –es decir, de acá- y, en particular, en la diversidad biológica, tomando en cuenta también los eventuales efectos sobre la salud humana, animal y vegetal. Pongo énfasis en que se trata del ambiente de acá porque casi todas las investigaciones que hay y sobre las que se basaron para la introducción de este evento, se han desarrollado en otros países, particularmente, en la Argentina, donde las condiciones de la agricultura son notablemente diferentes a las nuestras.

También en este decreto se prevé un mecanismo de audiencia pública, que fue citada y que tuvo serios inconvenientes para su realización.

Si el señor Presidente me permite, debo decir que tengo un informe del doctor Cagnoni –Catedrático de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho- que quisiera repartir entre los señores senadores para que lo tengan como material de trabajo. En él, el doctor Cagnoni cuestiona seriamente la constitucionalidad y la legalidad de esta decisión que se ha tomado fuera del ámbito del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Como se podrá ver, el doctor Cagnoni expresa esto clara y contundentemente. Empieza comentando el artículo 47 de la Constitución, que habla de que la protección del medio ambiente es de interés general.
Habla del artículo 36, que consagra un derecho individual; de la ley a que hemos hecho referencia, que reglamenta la disposición constitucional y consagra el derecho de protección en el goce de un ambiente sano y equilibrado; del deber de abstención, para todos, de depredar, destruir o contaminar; del criterio prioritario de la prevención frente a cualquier otro criterio en la gestión ambiental, no pudiendo argumentarse la falta de certeza técnica o científica absolutas para no adoptar medidas de prevención. Además, se desprende que todas las autoridades del Estado, sin excepción, tienen el deber de resolver autorizaciones como la del 20 de junio de 2003 -Resolución sin número del Diario Oficial del 1º de julio-; el deber jurídico de preferir medidas que favorezcan el interés general –artículos 10 y 47 de la Constitución- frente a un interés individual –artículo 36 de la Carta-; de adoptar medidas que tiendan a mantener y acrecentar las condiciones de “País Natural” ante actos de las personas o sus hechos tendientes a modificaciones de la naturaleza; de actuar con el criterio prioritario de prevención, etcétera.

El artículo 8º de la ley -según dice el doctor Cagnoni- atribuye al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, “la coordinación exclusiva de la gestión ambiental integrada del Estado”. Adviértanse dos calificativos contundentes: la coordinación a cargo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente se define como “exclusiva” -es decir, que sólo a este Ministerio compete, y para otra forma de actuación habrá que reformar la ley; y la gestión ambiental del Estado es adjetivada como “integrada”, de manera que tampoco puede fragmentarse si no es por ley. La coordinación, como actividad jurídica, es, precisamente, la que se dirige a –tiene como finalidad- armonizar la actuación de dos o más órganos del Estado, en materia compartida, para evitar contradicciones en vista de intereses que deben ser tomados en consideración en el caso.

Entonces, como la voluntad del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente no aparece en la resolución, va de suyo –dice Cagnoni- que ésta no puede tener efectos jurídicos desde que hay incompetencia orgánica por ausencia de la voluntad de uno de los órganos que debieron actuar. La resolución, pese a la invocación formal en el texto del Atento, se dictó desconociendo a la ley, particularmente en su disposición contundente, como es la del artículo 8º. En consecuencia, la resolución es violatoria de la ley y, por lo tanto, podría considerarse nula. Ese es el motivo por el cual hay un recurso de amparo en un Juzgado de Montevideo.

De manera oblicua, pero terminante, al desconocer el precepto legal reglamentario, desconoce la protección que la Constitución quiere para el medio ambiente, artículo 47 de la Carta.

Nosotros hemos repartido este informe porque nos parece muy valioso para que los señores senadores puedan tener más elementos de juicio sobre este tema.

¿Qué dicen los sectores productivos, sus gremiales, sus instituciones, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de consumidores y la sociedad en general? Es a partir del informe presentado por la CERV me surgieron reacciones de organizaciones e instituciones en la sociedad en relación a la postura adoptada. La comunidad científica y la Facultad de Agronomía conformaron una Comisión que contó entre las figuras más destacadas con su Decano, ingeniero agrónomo Gonzalo Pereira y los ingenieros agrónomos Estramil, Carballo y Carmen Améndola, especialistas destacados en disciplinas relacionadas a la fitotecnia, la entomología y a las ciencias sociales, respectivamente. El informe que realiza esta Comisión analiza tres aspectos fundamentales sobre este evento –sobre la introducción de este maíz- con relación a sus impactos en el sector agropecuario. Para ello señala que los mismos deberán, primero, superar las prevenciones y reservas éticas y sociales de los consumidores, no afectar la salud humana y animal, ni tampoco el medio ambiente. Segumdo, incrementar en términos de productividad, calidad y rentabilidad el valor del cultivo. Tercero, no afectar directa o indirectamente a otras actividades productivas y comerciales de mayor impacto económico y social que el cultivo en cuestión.

El informe de la Facultad de Agronomía señala que el MON 810 fue desarrollado para combatir el gusano barrenador europeo, especie de plaga que no está presente en el Uruguay. Dice, además, que el informe de la Comisión Evaluadora de Riesgos de Vegetales señala la efectividad del MON 810 sobre otro conjunto de especies plaga. El “barrenador del tallo del maíz” no es la especie plaga de mayor importancia en el país. Sí lo es la “lagarta del cogollo”. Sin embargo –dice la Facultad de Agronomía- no existe información experimental local en condiciones de cultivo para evaluar la efectividad del MON 810 sobre ambas especies plaga.

Desde el punto de vista entomológico –como dijimos hace un rato-, no es válido asimilar las condiciones del cultivo en la República Argentina con las locales. La diversidad ecológica regional argentina produce variaciones en la incidencia de algunas plagas de forma mucho más drástica que la variación en la incidencia de plagas que encontramos en regiones del Uruguay.

Esta Comisión de la Facultad de Agronomía concluye diciendo que no existe ninguna evidencia científica experimental local -ni tampoco la proporciona el informe de la CERV- para que el evento MON 810 sea introducido para ser utilizado en el sector agropecuario.

Los principales sectores productivos de nuestro país también han marcado una posición respecto a esto, que, en general, es contraria. El rechazo ha sido mayor para el caso del evento MON 810 y así lo demuestran las posiciones tomadas por algunas de sus gremiales como, por ejemplo, la Federación Rural, la Comisión Nacional de Fomento Rural, la Asociación de Cultivadores de Arroz, el Movimiento Agropecuario del Uruguay y la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay. Asimismo, hay posiciones públicas de connotados dirigentes de la Asociación Rural que después voy a compartir con ustedes.

El Presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz ha dicho que, en el caso de que hubiera un arroz transgénico, sería como la aftosa para la carne. Por lo tanto, la propia Asociación de Cultivadores de Arroz ha fijado en muchas oportunidades, a través de su publicación institucional, su posición.

Quiero compartir algunos conceptos que ha vertido un destacado dirigente de la Asociación Rural del Uruguay, el ingeniero agrónomo Roberto Symons, que dijo que Uruguay ha trabajado la imagen de productor de alimentos naturales, por lo cual con los transgénicos se puede poner en riesgo este logro de todos. Al respecto, comentó que el maíz Bt, en el mediano plazo se puede transformar en una barrera comercial; el maíz no es un cultivo de mayor importancia en el Uruguay y, además, existen variedades que ya se utilizaban y daban muy buenos resultados. Nuestro país planta 42.000 hectáreas de maíz por año, que es el 5% de la superficie total plantada. Debemos tener en cuenta que hay 150.000 hectáreas plantadas de arroz. Somos un país agrícola desde el punto de vista cerealero, sólo en el arroz, ya que todos los demás cultivos son marginales. Respecto a la utilización del maíz Bt Symons dijo que llama poderosamente la atención que, a pocos días de que Europa aprobó el etiquetado obligatorio de productos transgénicos, incluso conociendo la resistencia de varias cadenas de supermercados que no quieren venderlo ni siquiera de esa forma, Uruguay admita el uso de maíz Bt y reitera que, desde el punto de vista comercial, mañana puede ser un impedimento para vender ciertos productos. Hoy el que manda es el que compra, y la aprobación del uso de maíz genéticamente modificado se contrapone con la imagen de “País Natural” que vende Uruguay. Dijo que el uso de transgénicos puede ser también un impedimento para las exportaciones uruguayas de productos lácteos, porque entre otros usos que tiene el maíz –además de alimentar a los pollos y a las gallinas que después comemos- sirve para la elaboración de raciones para el subsector lechero.

Quiero compartir, también, las manifestaciones muy interesantes de otro dirigente de la Asociación Rural, el ingeniero Manuel Lussich, que dice que el Uruguay debe cuidar su mercado principal, que es el europeo. Nosotros le vendemos más del 30% de nuestra carne a Europa, que no acepta los productos transgénicos.

Continúa diciendo: “Está muy claro que Europa se opone a este tipo de productos, no así Estados Unidos. Uruguay, hasta ahora, ha apostado a ser un país natural y no se ha autorizado, por ejemplo, el uso de hormonas en el ganado vacuno, lo que significa para los productores de carne la pérdida de un potencial productivo, pero se consideró que era razonable perder esos quilos de más por una imagen. Nosotros creemos que esa decisión fue acertada y hay que seguir en la misma línea de trabajo. Entonces, lo que hay que analizar, es si esto puede o no ser alterado por la utilización de ciertos productos transgénicos en el país.” Concluye señalando que no hay que apurarse a tomar decisiones porque en este tipo de temas, una vez que se toma una determinación, difícilmente haya vuelta atrás.

La Federación Rural también ha rechazado la liberación del maíz transgénico en su 86º Congreso, donde resolvió no autorizar el uso y comercialización de cultivos transgénicos y sus derivados, procurando la definición del perfil exportador “Uruguay Natural”.

El Instituto Nacional de Carnes viene desarrollando una estrategia de “marketing” en concordancia con el concepto de “Uruguay Natural”. Se quiso dar una respuesta a la inseguridad que, en el mercado europeo de carnes, ha provocado el tema de la “Vaca loca”. Es por eso que este Instituto cuenta con un programa de producción de carne natural que basa su protocolo en que la carne que produce nuestro país proviene de animales criados a cielo abierto, que se alimentan de praderas y no de raciones elaboradas con ingredientes como podrían ser granos transgénicos y que, además, no recibieron hormonas promotoras de crecimiento, suponiendo de esa manera una ventaja que debe merecer su diferenciación a la hora de querer acceder a mercados exigentes. Ni siquiera se trataría de obtener mejores precios, sino que ya sería una cuestión de acceso, de poder o no entrar a determinados mercados.

Otra de las experiencias en la línea de diferenciar nuestros productos es la que llevan adelante los frigoríficos Tacuarembó y PUL, apostando a la búsqueda de segmentos de mercado diferenciados. Estas empresas están aprovechando los valores agroecológicos de nuestra producción ganadera, de nuestras praderas y aguas, para certificar sus carnes como orgánicas y venderlas en la Unión Europea.

Cabe señalar que, de darse una opción por la tecnología transgénica, se acabaría con estos emprendimientos, dado que las normas de la Unión Europea sobre ganadería ecológica no contemplan la producción de carne basada en praderas y granos transgénicos, entre otros.

Con relación a la posición de otro sector que ha crecido mucho en el Uruguay en los últimos años, como lo es el apícola, debemos señalar que la Asociación de Exportadores de Miel del Uruguay, ADEMU, ha expresado su honda preocupación frente a la medida adoptada por el Gobierno en cuanto a autorizar el uso del Mon 810. Esta gremial adhirió al comunicado suscrito por varias organizaciones e instituciones del país con relación al rechazo de esta medida. Una de las empresas exportadores del sector, URIMPEX, viene comercializando sus productos en los mercados del Reino Unido e Irlanda. Debemos señalar que el Reino Unido es un importante mercado consumidor de miel uruguaya y allí se han detectado casos de miel contaminada con transgénicos –proveniente de otros países-, por lo cual ya está en alerta. Como ustedes saben, la abeja recorre las flores del maíz.

El uso del cultivo transgénico en nuestro país va a agudizar las adversidades para los pequeños y medianos productores, va a profundizar el proceso de concentración y tenencia de la tierra ya que es una tecnología que requiere de escala –que es lo que está pasando en la Argentina-, va a generar una dependencia mayor con las transnacionales y nos hará perder un sitial donde la calidad nos caracteriza, con lo cual limitaremos nuestra actividad comercial. Creemos que es realmente inadmisible para un pequeño país como el Uruguay, pretender ser competitivos apuntando a la cantidad. A mi juicio, debemos apuntar a la calidad porque no tenemos otra manera de competir; todos los países vecinos tienen cantidades exorbitantes como para desplazarnos del mercado. Por este motivo es que entendemos que la aceptación del evento Mon 810 será, en caso de que la misma no se reconsidere, un grave error estratégico, no sólo por un tema de afectar la biodiversidad, sino también desde el punto de vista de la estrategia comercial. Otro aspecto que no es menos importante y que vamos a abordar en un minuto tiene que ver con la salud de la gente, de los consumidores que, al fin y al cabo, debe ser necesariamente el principal punto de atención de todas estas cosas.

Como ya mencionamos, en el año 2000 el Uruguay fue calificado como el sexto país más natural del mundo en el “ranking” de Sustentabilidad Ambiental y, por otro lado, la Unión Europea ve con buenos ojos la opción elegida, por lo natural. Inclusive, así lo han expresado recientemente muchos de sus representantes. La Embajadora Stella Zervoudaki ha dicho que el Uruguay maneja una política de identificación y comercialización innovadora, agresiva, tratando de implantar la marca “Uruguay Natural” y “Carne Orgánica” en los mercados internacionales. Por lo tanto, reafirmamos que el Uruguay recién comienza a desarrollar una imagen de país natural y nada aporta la utilización de esta tecnología, como la de los transgénicos. Esta estrategia de país permitirá diferenciar nuestros productos y posicionarnos como líderes en la producción de alimentos naturales y orgánicos.
¿Cuáles son los riesgos potenciales de los cultivos y alimentos transgénicos? En cuanto a su incidencia en el medio ambiente, podemos mencionar el flujo genético horizontal, intercambio genético, polución genética, parientes silvestres o malezas emparentadas con los cultivos y/o bacterias en el suelo o en el intestino humano –el cruzamiento-, aparición de nuevas formas de resistencia entre insectos, nematodos o enfermedades fúngicas, emergencia de plagas secundarias y problemas con malezas, que son el reservorio de las especies que atacan naturalmente estos depredadores, en este caso del maíz, como así también recombinación de virus y bacterias para producir cepas patógenas y su posible escape a los ecosistemas naturales.

El escape a los ecosistemas naturales de transgénicos es un tema muy complejo e interesante para medir, de alguna manera, el efecto que esto tiene. La empresa AFProtein ha manipulado genéticamente el salmón del Atlántico, introduciéndole un gen para la producción de hormonas de crecimiento y un gen promotor anticongelante. La inserción de la hormona de crecimiento hace que, en vez de crecer sólo durante los meses de verano, el salmón transgénico lo haga durante todo el año, desarrollándose dos o tres veces más rápidamente que el natural. Un informe de “Green Peace” afirma que Chile, segundo exportador mundial de salmón, posee granjas salmoneras donde los escapes al medio ambiente son recurrentes.

El salmón es una especia exótica en Chile que devora especies de interés comercial y compite con las especies autóctonas por su alimento. Los peces transgénicos, enormes y voraces, pueden causar daños irreversibles a la biodiversidad marina y fluvial ya que compiten con especies nativas y consumen más cantidad de alimento disponible en el ecosistema. Los investigadores de la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, estiman que con solo introducir 60 peces transgénicos en una población natural de 60.000 peces naturales, aquellos aniquilarán complemente a la población en 20 años. Estos escapes suceden y, naturalmente, eso es aplicable al maíz por el sistema de fertilización cruzada que tiene.

Provoca efectos directos de nuevas toxinas sobre bacterias, insectos y animales superiores benéficos, a través de efectos directos del polen genéticamente modificado sobre insectos benéficos, ruptura de tejidos del cultivo y liberación de toxinas dentro del suelo, o inmovilización por herbívoros dentro del tejido somático, conduciendo a efectos secundarios sobre predadores. También se dan cambios en las prácticas agrícolas que conducen a una posterior biodiversidad o cambios en el medio ambiente.
Pero, sobre la salud de la gente ¿qué puede suceder? Reacciones en el sistema alergénico e inmunológico a nuevas sustancias contenidas en alimentos producidos por los genes modificados, tanto en alimentos para personas como para animales; incorporación de genes marcadores de resistencia a antibióticos a partir de alimentos genéticamente modificados dentro de las bacterias intestinales, conduciendo a una diseminación de la resistencia a los antibióticos.

Otro punto es el referido a la contaminación de alimentos. Al consumir los alimentos transgénicos, se ingieren sustancias nuevas, los transgenes, que no han conformado jamás parte de la dieta de los consumidores. En la dosis que sea, una sustancia tóxica provoca una reacción, sea observable o no. Incluso, este principio se utiliza en la homeopatía: el organismo responde a la presencia de sustancias, aun en concentraciones medidas en moléculas. Además, se agregan otros riesgos para la salud, tales como la resistencia a los antibióticos, el aumento de las alergias y la toxicidad.
Debido a que se están manipulando genéticamente productos alimenticios, como el maíz, para que produzcan fármacos, productos industriales e insecticidas y que éstos puedan contaminar genéticamente los cultivos destinados al alimento, o mezclarse con ellos, no se sabrá lo que se está consumiendo y se introducen nuevos riesgos para la salud. La transferencia de ADN de los organismos genéticamente modificados a los microorganismos del tracto digestivo, puede crear nuevos patógenos y enfermedades.
La inocuidad de los alimentos obtenidos de cultivos transgénicos no está demostrada y existen evidencias de graves riesgos. Durante años la industria agroquímica promovió el uso “seguro” de agroquímicos extremadamente tóxicos y luego justificó el consumo de estos venenos en los alimentos en niveles “tolerables”. Se inventaron normas seudocientíficas de lo tolerable, basadas en la supervivencia de la mitad de los animales que consumían la dosis, con lo cual se puede hablar de la muerte de la otra mitad de esos animales que también consumían la dosis.

Por otro lado, al hablar de “niveles de tolerancia”, en lugar de “dosis letales tóxicas”, se utiliza un lenguaje que oculta al consumidor lo que realmente se está midiendo: la concentración de un veneno peligroso en el alimento. De esa forma suena benigno y no provoca una reacción de rechazo y de alarma.

De manera análoga, las transnacionales que pretenden imponer los transgénicos y rechazan el principio de precaución –aspecto que luego vamos a analizar-, promueven en cambio el concepto de “equivalencia sustancial” como criterio para garantizar la aprobación de sus productos transgénicos aun cuando, o precisamente porque, la “equivalencia sustancial” no exige datos científicos sobre los impactos propios de la manipulación genética. Con ello engañan al consumidor y le niegan el derecho a elegir.
El derecho del ciudadano a elegir y los derechos humanos a la salud y a la alimentación fueron definidos por el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, a través de la Observación General Nº 12. En la misma se establece que: “El derecho a la alimentación adecuada comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada, así como la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos”.

El Relator de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ha dicho que: “Es obligación del Estado ofrecer una activa protección contra otros elementos más vigorosos o combatidos, o contra intereses económicos más poderosos. Se trata, por ejemplo, de la protección contra el fraude, contra un comportamiento contrario a la ética en las relaciones comerciales. Esta función protectora del Estado es el aspecto más importante de las obligaciones de los Estados”.

Entonces, me pregunto si cuando se plante el maíz transgénico y pase a integrar la cadena alimentaria a través de las raciones de los pollos que comemos, vamos a decir a los consumidores que esos pollos fueron alimentados con maíz transgénico. A propósito de esto, existe un proyecto de ley presentado por el señor senador Cid, sobre etiquetado de alimentos, que es necesario abordar y aprobar, haciéndole las modificaciones que se crean pertinentes. El Uruguay debe tener una política de etiquetado de alimentos transgénicos, cosa que, además, es coherente con el concepto de “Uruguay Natural”. Creo que ha llegado la hora de las opciones y Uruguay tiene que optar entre si desea ser un “Uruguay Natural” o un Uruguay transgénico. Creo que todavía estamos a tiempo.
En cuanto al principio de precaución, debe ser el baluarte fundamental que preserve el derecho a la salud y al medioambiente de todos los ciudadanos, sobre todo cuando los estudios actuales sobre organismos genéticamente modificados no son capaces de garantizar las consecuencias que puedan derivarse del uso de este tipo de organismos. La intervención comunitaria debe basarse en el principio de acción preventiva, es decir, el principio de cautela.

Se debería prever la realización de una directiva sobre responsabilidad patrimonial que contemple los daños ocasionados por los organismos genéticamente modificados. Es indudable que existen problemas severos que hay que afrontar para producir los alimentos que una población demandante y en constante crecimiento requiere. Pero los esfuerzos científicos y técnicos, de resultados inciertos para la evolución futura de la vida sobre la tierra, han sido incompletos porque no se han evaluado ni previsto los impactos ambientales que los cambios producirán, sino sólo los beneficios económicos para las grandes empresas multinacionales que los promueven. Tal es el caso de generación de organismos genéticamente modificados. Se trata de experimentos que no están acompañados de estudios suficientes.

Naturalmente que los comentarios siempre valiosos del señor senador de Boismenu desatan una serie de reacciones y comentarios que, en todo caso, analizaremos después junto con otro principio que es el de los mercados, a los que tantas veces estamos tan apegados. En definitiva, los que mandan son los que compran, y vamos a ver qué es lo que están haciendo esos países que nos compran a nosotros.

Creo que una ciencia sin ética es una degradación de los valores humanos. Tenemos que plantearnos las opciones sociopolíticas, económicas y éticas más amplias. Un riesgo no es aceptable si existen alternativas y, en el caso del maíz MON 810, las hay. Cuando existen fenómenos de irreversibilidad de por medio, el riesgo sencillamente no es aceptable. Me parece que no podemos darnos el lujo de seguir aprendiendo de catástrofes y que deberíamos pasar de la sociedad del riesgo a la sociedad de la precaución, y de la ética de la ganancia a la ética de la vida. Además, aquí están los derechos de los consumidores, que no pueden dejar de tenerse en cuenta.

Es reconocido por todos que la inocuidad de los alimentos es un tema social, económico y político, y no sólo científico y comercial. Debemos exigir el cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor, contemplando el derecho a una información clara, veraz y suficiente que permita al consumidor ejercer su derecho a elegir qué tipo de alimento está dispuesto a consumir. Ello sólo se podrá hacer si los organismos genéticamente modificados están debidamente etiquetados, lo que en nuestro país no sucede. En este sentido, insisto en que el proyecto de nuestro compañero, el señor senador Cid, reciba el más rápido análisis, tratamiento y dilucidación posibles.

La Ley Nº 17.250, que establece los derechos básicos del consumidor, habla de la protección de la vida, la salud y la seguridad contra los riesgos causados por las prácticas en el suministro de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos, la educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, la libertad de elegir y el tratamiento igualitario cuando contrate, la información clara, veraz y suficiente en idioma español, sin perjuicio de que puedan emplearse otros idiomas.

Por otro lado, en el Capítulo III se hace referencia a la protección de la salud y la seguridad. En el artículo 7º se dice que todos los productos y servicios cuya utilización pueda suponer un riesgo de aquellos considerados normales o previsibles por su naturaleza, utilización o finalidad para la salud o seguridad de los consumidores o usuarios, deberán comercializarse observando normas.

El artículo 8º, por su parte, establece que los proveedores de productos y servicios peligrosos o nocivos para la salud o seguridad deberán informar en forma clara y visible sobre su peligrosidad o nocividad, sin perjuicio de otras medidas que puedan tomarse en cada caso concreto.

Si los consumidores pueden elegir con la información disponible, siempre se van a inclinar por los alimentos sanos y naturales. Eso es lo que hacen los consumidores hoy en Europa, ya que cuando ven el mismo producto con una etiqueta que dice “Producto orgánicamente modificado” o “Producto genéticamente modificado”, lo dejan de lado y optan por el natural.

A continuación, señor Presidente, paso a examinar algunas de las contradicciones que esta autorización ha tenido, porque últimamente apareció un informe de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria –OPYPA-, del 5 de marzo de 2003, que realiza un análisis del posible impacto económico y comercial de la autorización del maíz Bt (MON 810) en Uruguay.

Quiero remarcar la altísima calidad técnica que tienen los integrantes de esta Oficina de OPYPA. Destacadísimos técnicos de todas las áreas son los que programan la política agropecuaria. Se solicitó a esta Oficina un informe por el impacto económico y yo, para coadyuvar con el análisis de esta intervención lo más seriamente posible, quiero distribuir entre los señores senadores las conclusiones a las que arribó. En este sentido, simplemente voy a comentar algunas de las cosas que dice en materia de adaptación a las características del país y a los efectos económicos de su uso.

Una de las conclusiones a las que OPYPA arriba es que en el país se ha generado muy poca investigación nacional sobre plagas y enfermedades que afectan al cultivo del maíz en condiciones comerciales de producción. Por lo tanto, no se dispone de información científica actualizada sobre el grado de incidencia y frecuencia de insectos plagas y sus efectos en la producción.

Esta Oficina analizó también la información obtenida en los ensayos de evaluación de cultivares exigidos por el INASE –Instituto Nacional de Semillas- en relación al comportamiento de los materiales Bt y no Bt durante el ciclo agrícola 2001 – 2002, año de alta incidencia de insectos. En esa zafra, los materiales Bt evaluados mostraron un mayor rendimiento que los no Bt, pero si se incluye la zafra anterior, 2000 – 2001, el promedio de los dos ciclos agrícolas arroja un incremento del 12% en los cultivares de ciclo corto y de 0% en los de ciclo medio. Doy esta información porque también es parte de una voluntad de brindar los datos con la mayor objetividad posible.

Ahora bien, de acuerdo con los técnicos de cooperativas, asesores privados y empresas vendedoras de insumos agropecuarios, en los últimos veinte años no hubo problemas de insectos plaga como ocurrió en la última zafra agrícola 2001 – 2002. Las especiales condiciones de humedad y temperatura ocurridas durante el ciclo de cultivo y la ausencia de heladas fuertes en los dos inviernos previos favorecieron el desarrollo, tanto del barrenador como de la lagarta. Esta última plaga es la más común en el Uruguay, especialmente en siembras tardías. En cultivos de maíz de primera, sembrados en setiembre u octubre y en condiciones climáticas normales, el grado de incidencia de estos insectos, fundamentalmente lagarta, es muy bajo, por lo que prácticamente no se realizan tratamientos químicos. El maíz Bt está pensado para impedir tratamientos químicos, y sembrando el maíz en condiciones adecuadas la incidencia de estas plagas prácticamente no se registra.

En cuanto al análisis de costos y beneficios en la fase agrícola, se puede decir lo siguiente. En base a la información recabada y teniendo en cuenta la dificultad para estimar costos y la frecuencia de los tratamientos químicos debido a la gran gama de situaciones que generan las diferencias en fechas de siembra, se estimaron los costos diferenciales de cultivo con Bt y sin Bt. La conclusión es que para el maíz convencional el costo de las semillas es de U$S 70 por hectárea, mientras que para el maíz Bt o transgénico es de U$S 90 por hectárea. De modo que siempre es más caro. El tratamiento químico que hay que hacer al maíz convencional, porque se supone que el Bt no es atacado por las plagas, cuesta U$S 4 por hectárea. Las pérdidas de un 2%, que son las que motivan el tratamiento químico, cuestan U$S 6 por hectárea para el maíz convencional, pero las pérdidas por área refugio que hay que hacer en el maíz Bt –disposición que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ahora ha reglamentado, porque hay que plantar el maíz transgénico y también un área refugio de maíz tradicional para que exista esa misma previsión de depredadores naturales de estas plagas- cuestan U$S 3 por hectárea. Si sumamos los costos por hectárea de estos insumos –suponiendo además que los laboreos valen lo mismo, ya que efectivamente vale lo mismo arar, rastrear y demás para una variedad transgénica que para una tradicional-, el maíz convencional oscila entre los U$S 80 y U$S84, en tanto que el maíz transgénico alcanza los U$S 93. Así, la diferencia de costos es de U$S 13 por hectárea a favor de la tecnología no Bt de un cultivo que es absolutamente marginal en el Uruguay, ya que sólo se plantan 40.000 hectáreas. Con esto arriesgamos toda nuestra condición de país natural para que, además, los productores gasten más dinero en la siembra, puesto que ello tampoco incide en los rendimientos.

Desde el punto de vista de los aspectos comerciales y algunas condiciones que se usan en Europa, a que hacía referencia el señor senador de Boismenu, esta Oficina relevó la situación actual de las regulaciones sobre el comercio de productos genéticamente modificados en el mercado mundial y agrupó países, acuerdos y organismos de las siguientes categorías.

Etiquetado obligatorio aprobado y en vigencia: Unión Europea, Japón, Corea del Sur y China. Observen ustedes qué mercados.
Etiquetado obligatorio aprobado sin que la normativa haya comenzado a regir aún: Australia, Nueva Zelandia y Brasil. Estos, como sabemos, son competidores nuestros en provisión de materias primas.
Etiquetado obligatorio en estudio: Canadá.
Etiquetado obligatorio de productos que no sean equivalentes a su contraparte convencional: Estados Unidos.

Identificación obligatoria de granos modificados genéticamente: Protocolo de bioseguridad.

Propuesta de armonización internacional de etiquetado: ISO y Códex alimentario.
Cuando uno entra a un buscador de Internet y escribe la palabra “transgénicos”, la pantalla le pregunta en qué idioma lo quiere. Entonces, uno selecciona la opción “español” y descubre 45.000 artículos sobre transgénicos. La verdad es que uno se pone a juguetear con todo lo que allí aparece, porque se trata de un tema interesante, apasionante y descubre algunas cosas que son realmente compartibles, a las que me referiré a continuación.

En países desarrollados existe un creciente rechazo a los transgénicos. ¿Dónde y por qué? En Inglaterra, por ejemplo, el 77% de la población querría que los organismos genéticamente modificados fueran prohibidos directamente; un 61% no desea consumirlos y por lo menos un 90% querría tener la posibilidad de elegir. En Francia, pruebas de laboratorio demostraron que maíz sembrado en campos vecinos sufrió contaminación por fuga de polen de una variedad de maíz transgénico desarrollado por la empresa Novartis; un 5% de ese maíz se encontraba en la guardaraya y un 0.2% estaba a cinco metros. En Suecia, una encuesta a consumidores muestra que el 90% de la población quiere que los productos que contengan transgénicos sean etiquetados para poder decidir si los consume o no. En Austria y en Luxemburgo se ha prohibido sembrar maíz genéticamente modificado. En Noruega, se prohiben todos los productos que contengan genes marcados de resistencia a antibióticos.

En Inglaterra –país que ya he mencionado- las filiales de Nestlé y Unilever anunciaron que no utilizarán cultivos transgénicos en la elaboración de sus productos. Además, las principales cadenas de supermercados los eliminaron en productos de sus propias marcas. Un informe oficial del Gobierno británico, del Ministerio de Ambiente y Transporte, alerta sobre los riesgos ambientales de las semillas transgénicas. En Japón, 2.200 Ayuntamientos, en un total de 3.300, solicitaron al Gobierno nacional el etiquetado obligatorio de los alimentos transgénicos, cosa que sucedió. Una vez más cito a Inglaterra para señalar que la cooperativa Well Sail Society decidió no participar en pruebas de campo con cultivos transgénicos. En Estados Unidos, dos fabricantes de alimentos infantiles, Heinz y Gerber, han anunciado ya la eliminación de todos los tipos de maíz modificado de sus productos. La ciudad de Berkeley ha pedido que los comedores escolares ofrezcan sólo menúes biológicos, libres de transgénicos.

Por otro lado, tengo aquí documentados algunos casos que han sucedido, que fueron bastante escandalosos, relacionados con un maíz genéticamente manipulado para producir Bt en los Estados Unidos. Se trata del maíz “starling”, que no puede ser utilizado para uso humano y sólo puede ser destinado a la alimentación de animales. Sin embargo, en setiembre de 2000, se comprobó su presencia en la marca “Tacos Bell”, de tortillas de maíz, producidos en México por la Craft Food, una unidad de la Phillip Morris. Posteriormente, fue encontrado también en tacos de la marca “Subway”, y una gran cadena de supermercados respondió retirando la marca de 1.600 locales en todo Estados Unidos. Aventis, la empresa que produce la semilla del maíz “starling”, fue obligada a comprar toda la producción que estaba sin cosechar, a un costo de U$S 100:000.000 y anunció el retiro de esa semilla para el año 2001. Actualmente, los mayores molinos de maíz de Estados Unidos están paralizados hasta que puedan asegurar producciones libres de maíz.

Cabe acotar que Estados Unidos ha perdido el mercado del maíz en Europa de una manera escandalosa, pasando de una exportación de 6.000:000.000 de toneladas por año a menos de 200.000.

Este informe de OPYPA, que me parece excelente y que además habla del impacto en las principales cadenas asociadas sobre carne vacuna y ovina –señalando también cuáles serán las condiciones y dificultades que tendremos con la introducción de transgénicos- termina haciendo algunas recomendaciones que ya hemos hecho llegar a los señores senadores, entre las cuales se encuentran la de postergar la decisión de autorizar esta solicitud al menos hasta el año próximo, una vez finalizada la comercialización de la cosecha de maíz o hasta que se cuente con mayor información nacional que minimice la incertidumbre que aún persiste, tanto a nivel de la fase primaria como de las condiciones de acceso a mercados, y continuar monitoreando la evolución de los mercados y las reglamentaciones tomadas en los distintos países respecto a los organismos genéticamente modificados. No sigo leyendo el documento porque, reitero, los señores senadores disponen ya de esas conclusiones.

Con respecto a este tema, fue consultada, entre otros, la ingeniera agrónoma Adela Ribeiro, Profesora Adjunta de la Facultad de Agronomía, más específicamente del Departamento de Producción Vegetal y Entomología, en la Estación Experimental “Mario Cassinoni” de Paysandú. Ella realiza un análisis del que me gustaría compartir algunos aspectos que me parecen importantes -aunque abuse un poco de la paciencia de todos- y que muestran el grado de conocimiento que existe sobre esta materia.
El cultivo del maíz es afectado por 18 especies de insectos, de las cuales 6 son lepidópteros. Sin embargo, los insectos plaga del país no son un factor de producción limitante en nuestras condiciones. Puede considerarse que este cultivo no tiene plagas primarias, definidas como aquella especie para la cual hay que tomar medidas de control en todas las zafras. Esto es así porque los insectos que lo afectan cuentan con un complejo de enemigos naturales que, dada la particularidad de los sistemas de producción en los cuales se siembra el cultivo, en la mayoría de las zafras es eficiente.

Paso a las conclusiones a las que uno ha llegado

Me parece que lo que ha quedado demostrado hoy –por lo menos, presentado y sí demostrado, tal vez, en la interpelación que realizara el señor diputado Guarino- es la inexistencia de estudios científicos sobre el impacto económico, productivo, comercial y ambiental realizados en Uruguay. Es cierto que hay algunos estudios, pero son absolutamente insuficientes; tal es el caso del que cité, perteneciente a la ingeniera Ribeiro.

Surge también como resultado de la votación en la interpelación llevada a cabo en la Cámara de Representantes el 19 de agosto pasado que exactamente la mitad de los diputados –en verdad hubo un empate 48 a 48- pidió que se reviera la decisión. De cualquier manera, hubo muchos puntos de contacto entre ambas resoluciones. Desde el punto de vista de la legislación, cabe acotar que la Ley Nº 17.283, de Medio Ambiente, es posterior al Decreto 249/00 y la jerarquía de esa norma es superior a la del Decreto. Se trata de dos hechos que no requieren prueba. Con posterioridad a la ley que fija las bases y contenidos esenciales de la política ambiental de la República no se ha designado una autoridad competente para emitir este tipo de autorizaciones y tampoco se ha dictado una reglamentación que atribuya competencias a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca o de Economía y Finanzas. Entonces, la competencia –el propio texto de la ley así lo dispone y la lógica más elemental lo confirma- corresponde al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Prácticamente todas las organizaciones gremiales de productores significativas -organizaciones de consumidores, ONG y Facultad de Agronomía- se han pronunciado en contra de la autorización y han pedido la suspensión de su puesta en práctica.

Por último, una dependencia del propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con fecha 5 de marzo de 2003, aporta información relevante en relación con las cuestiones productivas, económicas y comerciales relativas a la introducción del maíz Bt, evento transformador MON 810. Allí se deja absolutamente claro que no hay información local confiable en materia de plagas, y ese es el argumento central en el que se funda la autorización, y se termina aconsejando la suspensión de esta por un plazo prudencial, hasta que sea posible determinar con mayor certeza algunas consecuencias del hecho y realizar estudios más profundos.

Me parece haber probado, de alguna manera, lo inoportuno de esta resolución, ya que se infringió la Ley, el Reglamento y, quizás, la Constitución, y que no se cumplió con los preceptos, orientaciones y principios claramente establecidos en la legislación.
Con esto no nos oponemos al progreso, a la ciencia ni a la tecnología; todo lo contrario.

Cuando empecé a trabajar en el campo, inseminando ovejas, mis vecinos decían que las mismas se iban a morir de hambre, porque las juntaba todos los días para detectar cuáles estaban en celo, ya que esa era la única manera de saber el momento de hacerlo.

Lo único que aspiramos y solicitamos es la suspensión de la aplicación de la resolución hasta que se hayan realizado las pruebas, ensayos e investigaciones locales que acrediten fehacientemente y hasta donde la ciencia lo permita, que la introducción de estas semillas de maíz no tendrá impactos negativos en el Uruguay.

Fuente: http://www.laondadigital.com/laonda/LaOnda/101-200/155/A5.htm

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