Gabinete
de Bioseguridad hace consulta pública para liberar transgénicos;
ciudadanos juntan firmas para que no se autoricen
El Gabinete
Nacional de Bioseguridad –integrado por los titulares de los ministerios
de Ganadería, Agricultura y Pesca (que lo preside), Salud, Economía
y Finanzas, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Relaciones
Exteriores, Industria, Energía y Minería– abrió
el 2 de mayo el período de consulta para liberar tres eventos
transgénicos; recibirá comentarios hasta el 1º de
junio inclusive. Los eventos son tres: maíz TC1507X- MON810XNK603
para ensayo de investigación y liberación comercial; y
dos variedades de soja de Monsanto, una para comercialización,
MON89788XMON87708, y otra para ensayos de investigación y de
evaluación de cultivares por el Instituto Nacional de Semillas,
es el evento MON89788XMON87701X- MON87708XMON87751. Las tres variedades
fueron analizadas por diferentes órganos del sistema de bioseguridad;
los informes técnicos están disponibles en www.sistemanacionaldebioseguridad.gub.uy
Desde 2012
no se autorizan eventos transgénicos para su comercialización
(sí se han liberado con fines de investigación o producción
de semillas).
Desde el miércoles circula una petición en www.change.org
titulada “¿Necesitamos nuevos alimentos transgénicos
en Uruguay?” y está dirigida al Gabinete Nacional de Bioseguridad.
“Los firmantes se oponen expresamente a la autorización
de nuevos cultivos y/o eventos transgénicos para liberación
comercial en Uruguay, y solicitan que se rechace dicha autorización”,
en especial los dos eventos para uso comercial, dice el texto, que puede
firmarse hasta el 31 de mayo y hasta anoche reunía 3.000 adhesiones.
La solicitud
describe que el evento soja MON89788XMON87708 tiene tolerancia a los
herbicidas glifosato y dicamba, y que el maíz TC1507XMON810XNK603
es tolerante al glifosato (también al glufosinato de amonio,
sustituto del glifosato) y resistente a insectos por la expresión
de tres proteínas (Cry1Ac, Cry1A.105 y Cry2Ab2). Menciona que
los cultivos de transgénicos han provocado un aumento del uso
de plaguicidas, el desarrollo de malezas tolerantes al glifosato, la
degradación de suelos, la contaminación de variedades
criollas de maíz con transgenes e “incertidumbres en los
riesgos en la salud, por estudios científicos contrapuestos y
por falta de medición de los niveles de exposición”;
denuncia la expansión del agronegocio, la extranjerización
de la tierra y el desplazamiento de pequeños productores, así
como la alta expansión de ingredientes y aditivos derivados del
maíz y la soja. Asegura que la aprobación de estos otros
dos eventos llevaría a “intensificar los impactos y las
incertidumbres”, al uso masivo del dicamba y al desarrollo de
malezas que se vuelvan resistentes a este herbicida, y a incrementar
las “incertidumbres sobre la inocuidad de los eventos apilados
(más de una modificación genética en la misma planta)”.
La petición
fue iniciada por Santiago Mirande, abogado, docente de la Facultad de
Derecho de la Universidad de la República (Udelar) e integrante
del Núcleo Colectivo TA -sobre transgénicos y agroquímicos-
del Espacio Interdisciplinario de la Udelar. En diálogo con la
diaria, explicó que la iniciativa surgió “a raíz
de inquietudes de diferentes sectores de la población, de organizaciones
y de ámbitos científicos, entre ellos el grupo interdisciplinario
que integra.
Mirande reprobó
que la opinión del Comité de Articulación Institucional
(CAI), órgano científico, no sea vinculante, y que no
se tengan en cuenta recomendaciones de algunos integrantes del CAI.
Por ejemplo, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama)
recomendó que, en el caso del maíz TC1507XMON810XNK603,
“deberán atenderse especialmente las condiciones que hagan
posible la coexistencia entre diferentes sistemas de producción
[…] particularmente en lo que se refiere a efectos sobre variedades
criollas de maíz y sistemas de agricultura orgánica”.
Además, la Dinama señaló la necesidad de analizar
“los posibles impactos al ambiente derivados del paquete tecnológico”,
así como “los mecanismos de control para la correcta aplicación
de los herbicidas”. A partir de todos los informes técnicos,
la Evaluación de Riesgos en Bioseguridad y el CAI concluyeron
que este evento no representa un riesgo significativo; aclararon, no
obstante, que “el impacto del paquete tecnológico asociado
a la modificación genética está por fuera del alcance
de esta evaluación de riesgos”, aunque mencionaron “la
importancia de que se apliquen prácticas agrícolas que
ayuden a disminuir la vulnerabilidad ambiental que suele asociarse al
monocultivo de paquetes basados en la aplicación de un único
componente activo para control de malezas”.
En 2012 la
Udelar se retiró del CAI por entender que el proceso de evaluación
de transgénicos no ofrecía las suficientes garantías
de vigilancia tecnológica; tampoco participó en esta evaluación.
Sí lo hizo el Instituto de Investigaciones Biológicas
Clemente Estable, que, según publicó Brecha el 19 de mayo,
recomendó no aprobar la soja MON89788XMON87708 y pidió
evaluar el riesgo ambiental que provocará el uso masivo de dicamba;
pero el gabinete no consideró la opinión del instituto,
porque le llegó fuera del plazo. El proceso de evaluación
ha sido cuestionado, además, por organizaciones como Redes-Amigos
de la Tierra, que en 2013 resolvió no participar más en
las consultas públicas del sistema de bioseguridad; en aquel
momento, Redes reprobó que no se hace una adecuada difusión,
que quien hace aportes no recibe más respuesta que la confirmación
de recibo, y que no se socializan los aportes.
LA
DIARIA / 27 mayo 2017