Patentar Genes e
Investigación es Hipotecar el Futuro
23-05-04 Por Silvia Ribeiro *
Los gigantes de la biotecnología "financian" proyectos
de instituciones de interés público porque les permite
acceder de manera cómoda y barata al germoplasma de los cultivos
en diferentes países
Recientemente, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados
(Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional anunció
la puesta en marcha del Laboratorio Nacional de Genómica para
la Diversidad Vegetal y Microbiana, empredimiento financiado por un
proyecto conjunto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
y las secretarías de Educación Pública y la de
Agricultura, informó Matilde Pérez en La Jornada (17/5/2004).
Según la directora del Cinvestav, Rosalinda Contreras Theurel,
este laboratorio ampliará la capacidad de secuenciamiento de
genes y es ejemplo de lo que se debe respaldar, ya que "restringir
el apoyo gubernamental para biotecnología es hipotecar el futuro
de la nación". Agrega que el apoyo gubernamental es necesario
"sobre todo ante la necesidad de patentar las investigaciones".
Contreras Theurel reconoce que con los transgénicos hay riesgo
de contaminación, "pero que eso podría controlarse".
¿Como quedó demostrado con la contaminación del
maíz campesino en México? Agrega que los que critican
los transgénicos "sólo provocan miedo y afectan la
opinión de la gente hacia los científicos", que "de
lo que no se habla es del derecho de los mexicanos a alimentos de mejor
calidad", ya que "los campesinos necesitan variedades de semillas
de plantas más resistentes a las plagas, a los cambios climáticos,
al deterioro de los suelos".
No son extrañas estas posiciones del Cinvestav, ya que varias
de sus investigaciones en biotecnología están financiadas
por la trasnacional Monsanto, que controla más de 90 por ciento
de los cultivos transgénicos plantados comercialmente en el mundo
y, como tal, seguramente una de las principales responsables de la contaminación
del maíz campesino en México.
Los gigantes de la biotecnología "financian" proyectos
de instituciones de interés público porque les permite
acceder de manera cómoda y barata al germoplasma de los cultivos
en diferentes países, utilizando la infraestructura, la formación
pública y el conocimiento del medio de los investigadores nacionales,
para luego aplicarlo en sus propios productos comerciales y, si viene
al caso, patentar sus genes para el lucro de sus empresas. Todos los
transgénicos están patentados, la mayoría por un
puñado de empresas agrobiotecnológicas, que no han dudado
en llevar a juicio a agricultores cuyos campos se contaminaron con transgénicos,
por "uso indebido de patente".
Pensar en patentar las investigaciones y hasta "patentar todas
las variedades vegetales del país", como se expresa en el
mismo artículo, es, en la interpretación más benévola,
sumamente ingenuo. Las patentes son instrumentos jurídicos de
monopolio diseñados para los intereses de los grandes capitales,
y en sí constituyen una violación al artículo 27
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece
que "todos las personas tienen derecho a participar del progreso
científico y los beneficios que de él resulten".
Tienen un elevado costo, que va de miles a millones de dólares
por patente según su alcance, y aun así, pueden ser objeto
de apelación por parte de cualquier compañía de
agronegocios que alegue que esa patente infringe una suya propia. Según
un estudio de la Universidad de Stanford, los litigios de patentes biotecnológicas
son los que más crecen, y para 2000 tenían un costo promedio
de 1.5 millones de dólares por litigante. Patentar un producto
(inclusive una investigación) es, de hecho, sustraerlo al público
y colocarlo en el mercado, es decir, a los que puedan pagar. Pensar
en combatir este robo inmoral de los bienes colectivos y públicos
con los mismos métodos, requiere como mínimo un nivel
de inversión similar. ¿Será éste el mejor
destino de los escasos recursos para investigación pública
en México?
Patentar cultivos o sus genes, o investigación sobre ellos, es
apropiarse del trabajo de desarrollo que durante milenios han hecho
los campesinos de todo el mundo en forma colectiva y pública,
y que es la base de todas las semillas que cualquier instituto de investigación
público o privado utiliza hoy día.
Justamente, porque existe este trabajo de millones de familias y comunidades
campesinas e indígenas, que de por sí se hace en forma
descentralizada, familia a familia, milpa a milpa, campesino a campesino,
que México es centro de origen y diversidad del mayor logro agronómico
de la historia que es el maíz y de una gran cantidad de otros
cultivos (jitomate, chile, frijoles, calabazas y muchos más).
Cada familia campesina utiliza año con año diferentes
variedades de semillas que selecciona y ha ido adaptando a las condiciones
de su campo, a las plagas, a las condiciones del suelo, de sequía
o lluvia, de tal modo que si una no resulta, otras sí lo hacen.
Esto es su sustento y es lo que ha producido por milenios alimentos
de gran calidad nutritiva, y una enorme diversidad que jamás
podrá ser sustituida por una, dos o 10 variedades que se creen
en un laboratorio.
Las amenazas a las familias campesinas y las comunidades indígenas,
verdaderos garantes de la calidad y la diversidad, no vienen de la falta
de tecnología, sino de políticas agrarias que los expulsan
del campo, que no se basan en sus necesidades y culturas, sino en favorecer
la gran agricultura industrial (nacional o multinacional) uniforme,
maquinizada y contaminadora de suelos y aguas (para lo cual se quiere
inventar cultivos transgénicos que la resistan); de la extranjerización
del sustento y la alimentación, por ejemplo, mediante la importación
de cultivos artificialmente "baratos" que compiten con los
productores mexicanos y los contaminan con sus transgénicos y
sus genes patentados.
* Investigadora del Grupo ETC
La Jornada, México
D.F. Miércoles 19 de mayo de 2004