Dos relatores
especiales de derecho de derechos humanos de las naciones condenan a
los plaguicidas y transgénicos en la agricultura
Los Relatores Especiales de Derechos Humanos de Alimentación
y Tóxicos presentaron en el 34 período de Sesión
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una fuerte crítica
a la agricultura basada en plaguicidas y semillas transgénicas,
y establecieron su relación con la violación a los derechos
humanos.
En
varias ocasiones la RALLT había enviado comunicados a estos relatores
donde tratamos varios de los temas que ellos han desarrollado en este
informe, por lo que lo recibimos con beneplácito.
Los Relatores Especiales del Derecho a la Alimentación y de desechos
Tóxicos desmitifican el hecho de los pesticidas y transgénicos
son necesarios para alimenta al mundo, puesto que, aunque la producción
de alimentos ha aumentado desde la década de 1950, posiblemente
por el incremento en el uso de plaguicidas, no se ha logrado solucionar
el problema del hambre en el mundo.
Los
Relatores el mito generalizado de que la agricultura industrial intensiva,
con un alto uso de insumos (pesticidas y semillas transgénicas)
es necesaria para aumentar el rendimiento, y alimentar a una población
mundial cada vez mayor, debido a los efectos negativos del cambio climático
y la escasez mundial de tierras cultivables. Además mucha de
la producción industria está destinada a la exportación.
Los
relatores hacen a continuación una revisión de cómo
los plaguicidas producen violaciones a los derechos humanos.
Impactos
en la salud humana
La mayoría
de personas están expuestas a plaguicidas, puesto que éstos
están destinados a la producción de alimentos, señalan
los relatores. El 60% de los plaguicidas vinculados con la dieta son
sistémicos (es decir, que están incorporados en la planta)
y muchos de los cultivos transgénicos han sido manipulados para
incorporar sus propios insecticidas. Aunque los dos tipos de manejo
de plagas reducen la exposición crónica de los trabajadores
agrícolas, puede tener impactos negativos en términos
de intoxicación crónica a través de la alimentación.
Les preocupa
a los relatores los cultivos resistentes a glifosato. Al respecto reconocen
que hay una controversia a nivel científico sobre el nivel de
toxicidad de este herbicida, e incluyen en su informe la Monografía
de la Agencia de Estudios del Cáncer de la OMS, que lo reclasificó
como un posible cancerígeno de humanos.
Muchos de
los plaguicidas que se emplean son usados para producir alimentos. Aproximadamente
el 60% de los plaguicidas vinculados a la dieta, son sistémicos.
Con frecuencia se emplean semillas tratadas con plaguicidas sistémicos
para la producción de soja, maíz y maní. Los cultivos
también pueden someterse a ingeniería genética
(los denominados organismos modificados genéticamente para que
ellos mismos produzcan los plaguicidas.
Hay una sección
especial sobre los efectos de estos químicos en mujeres
embarazadas y niños. El informe dice que:
Los niños
son el sector de población más vulnerable a la contaminación
por plaguicidas, puesto que sus órganos no han terminado de desarrollarse
y porque, por su menor tamaño, están expuestos a mayores
dosis por unidad de peso corporal. Los niveles y la actividad de enzimas
clave para destoxificar los plaguicidas son mucho menores en los niños
que en los adultos
En el caso
de mujeres embarazadas, éstas pueden sufrir abortos no deseados
o dar a luz hijos con malformaciones, siendo el período más
crítico la exposición durante los primeros tres meses
de gestación. Además los agrotóxicos pueden llegar
a la leche materna.
Sobre los
trabajadores agrícolas señalan que estos
aunque tomen las precauciones de seguridad recomendadas, están
sujetos a los mayores niveles de exposición con plaguicidas.
Hay estudios que muestran que uno de cada 5000 trabajadores agrícola
se intoxica cada año, pero estos datos son incompleto porque
no hay procedimientos normalizados de notificación de esta información.
Les preocupa a los relatores los niños que son trabajadores agrícolas.
Ellos añaden que el 60% de niños que trabajan se dedican
a tareas agrícolas.
Otro grupo
vulnerable son los trabajadores temporeros, quienes al laboral en diversos
emplazamientos agrícolas, aumenta el riesgo de exposición
a los plaguicidas.
Sobre
las poblaciones que viven junto a plantaciones, los relatores
hacen una revisión de casos reportados en Costa Rica, India,
Las Filipinas sobre cómo la población se ha afectado por
las pulverizaciones aéreas de plaguicidas.
Sobre los
pueblos indígenas, se ponen ejemplos de comunidades
desplazadas con el fin de establecer plantaciones agrícolas intensivas
que usan una gran cantidad de pesticidas.
Los consumidores
están expuestos a un coctel de residuos de plaguicidas en los
alimentos de origen animal (especialmente criados en granjas) y vegetal
(especialmente frutas, verduras de hojas anchas y leguminososas), cuyas
interacciones sinérgicas pueden producir mayores niveles de toxicidad.
A los relatores les preocupa sobre todo los plaguicidas lipofílicos,
que se adhieren a la grasa y se bioacumulan en el cuerpo; así
como los compuestos organoestánnicos, se acumulan y magnifican
mediante los sistemas de redes alimentarias marinas. Otro problema es
la presencia de plaguicidas en el agua potable y en el agua subterránea
usada por la población, cerca de zonas agrícolas.
Impactos en el ambiente
El informe
de los relatores considera que prácticamente todos los ecosistemas
de los que depende la alimentación humana están contaminados
por plaguicidas, así como las fuentes de agua y los suelos cercanos,
lo cual provoca pérdida de diversidad biológica, destruye
poblaciones de insectos beneficiosas que actúan como enemigos
naturales de las plagas y reduce el valor nutricional de los alimentos.
Los relatores
señalan que en China hay unas 26 millones de hectáreas
con contaminación moderada y grave por plaguicidas, de las cuales
el 20% ya no pueden ser usadas para la agricultura. En Guatemala la
contaminación del río La Pasión, “mató
a miles de peces y afectó a 23 especies piscícolas”,
lo que privó a 12.000 personas de 14 comunidades de su principal
fuente de alimento y subsistencia.
Sobre
los efectos en la biodiversidad, los relatores identifican
la gran pérdida de biodiversidad del suelo debido a los plaguicidas,
lo que mata la salud del suelo e interfiere con los ciclos biológicos.
Abordan el
tema del “trastorno del colapso de las colonias” de abejas
en todo el mundo, asociado al uso intensivo de los neonicotinoides,
lo que genera problemas graves al derecho a la alimentación,
pues de unas 100 especies cultivadas (que aportan el 90% de los alimentos
mundiales), el 71% son polinizadas por abejas. Estos plaguicidas son
responsables también de la desaparición de diversos tipos
de otros insectos benéficos.
Sobre los
alimentos transgénicos los relatores cuestionan el principio
de “equivalencia sustancial”. El reporte dice:
Teniendo
en cuenta sus probables efectos graves sobre la salud y el medio ambiente,
existe una necesidad urgente de adoptar una normativa holística
basada en el principio de precaución para hacer frente al proceso
de producción con modificación genética y otras
nuevas tecnologías a nivel mundial.
Su relación con los derechos humanos
Con los antecedentes
documentados, los relatores hacen una revisión del derecho internacional
en materia de derechos humanos, incluyendo los derechos económicos
y sociales, los derechos a la salud y la alimentación
y ambientales que se estarían vulnerando (Ver Anexo 1); así
como los código internacional de conducta y prácticas
no vinculantes.
Los desafíos
Finalmente
los relatores nos presentan cuáles son los desafíos que
enfrentan los países, sobre todo en materia normativa, y les
preocupa por ejemplo que, con la adopción de acuerdos suprarregionales
como la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión,
se corra el riesgo de alinear las normas comunes en el mínimo
común denominador.
Les
preocupa además que
En muchos
casos, los plaguicidas altamente peligrosos que no están permitidos,
o que han dejado de estar permitidos, en países industrializados
se exportan a países en desarrollo.
Y ponen como
ejemplo lo que sucede con Syngenta, (empresa registrada en Suiza), que
vende en el extranjero productos que son prohibidos en ese país,
o lo que sucede en Estados Unidos, donde la EPA restringe ciertos productos
en ese país, pero no prohíbe su exportación.
Cuestionan
el poder oligopólico de las tres empresas que al momento controlan
el 67% del mercado mundial de plaguicidas, así como el 61% de
las semillas comerciales. Ellas abogan por funcionar con sus propios
códigos de conducta, y con frecuencia ponen
en tela de juicio las pruebas científicas de los peligros asociados
a sus productos; algunas de ellas han sido incluso acusadas de fabricar
pruebas deliberadamente para infundir incertidumbre científica
y retrasar las restricciones.
Los relatores
añaden que realizan constantes donaciones a entidades educativas
que llevan a cabo investigaciones relativas a los plaguicidas, las cuales
están pasando a depender de esta industria por el descenso de
la financiación pública.
Otros desafíos
propuestos por los relatores se relacionan con el tema de la clasificación
de los plaguicidas, pues muchos plaguicidas tienen una clasificación
de peligrosidad menor a la que debería. O las medidas de protección
a los trabajadores, las que son insuficientes o inadecuadas para las
condiciones reales en el campo (como exceso de humedad o calor, que
impide el uso de ropas especiales).
Los relatores
hacen un llamado a mirar todo los impactos de todo el ciclo de vida
(o lo que podríamos llamar el “metabolismo socio-ambiental)
de los plaguicidas.
El informe
finaliza proponiendo a la agroecología como la alternativa al
uso de plaguicidas.
Recomendaciones
a) Establecer
amplios planes de acción nacionales que incluyan incentivos para
apoyar alternativas a los plaguicidas peligrosos, y poner en marcha
metas mensurables y vinculantes de reducción, con plazos concretos;
b) Establecer
sistemas para permitir a los diversos organismos nacionales responsables
de la agricultura, la salud pública y el medio ambiente cooperar
de manera efectiva para combatir los efectos adversos de los plaguicidas
y mitigar los riesgos asociados a su uso excesivo e incorrecto;
c) Establecer
procesos imparciales e independientes de evaluación del riesgo
y registro de los plaguicidas, exigiendo a los productores una divulgación
íntegra de información. Estos procesos deben basarse en
el principio de precaución, teniendo en cuenta los efectos peligrosos
de los productos plaguicidas en la salud humana y en el medio ambiente;
d) Considerar
en primer lugar alternativas no químicas, y permitir únicamente
el registro de productos químicos cuando pueda probarse su necesidad;
e) Promulgar
medidas de seguridad para asegurar una protección adecuada a
las mujeres embarazadas, los niños y otros grupos particularmente
susceptibles a una exposición a los plaguicidas;
f) Financiar
amplios estudios científicos sobre los posibles efectos para
la salud de los plaguicidas, incluidas la exposición a una mezcla
de productos químicos y la exposición múltiple
a lo largo del tiempo;
g) Garantizar
un análisis regular y riguroso de los alimentos y las bebidas
para determinar los niveles de residuos peligrosos, entre otras cosas
en las preparaciones para lactantes y los alimentos de continuación,
y poner esa información a disposición de la opinión
pública;
h) Supervisar
de cerca la utilización y el almacenamiento de los plaguicidas
en la agricultura para minimizar los riesgos y velar por que solo se
permita a quienes dispongan de la capacitación necesaria para
ello aplicar dichos productos, y que lo hagan siguiendo las instrucciones
y empleando el debido equipo de protección;
i) Crear
zonas tampón en torno a las plantaciones y explotaciones agrícolas
hasta que se eliminen por completo los plaguicidas, para reducir el
riesgo de exposición a ellos;
j) Organizar
programas de capacitación para agricultores con miras a concienciarlos
sobre los efectos nocivos de los plaguicidas peligrosos y sobre métodos
alternativos;
k) Adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el derecho a la
información de la opinión pública, entre otras
cosas introduciendo la exigencia de que se indiquen los tipos de plaguicidas
utilizados y el nivel de residuos en las etiquetas de los alimentos
y las bebidas;
l) Regular
las corporaciones de modo que respeten los derechos humanos y eviten
daños ambientales durante todo el ciclo de vida de los plaguicidas;
m) Imponer
sanciones a las empresas que inventen pruebas y difundan información
errónea sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente de
sus productos;
n) Vigilar
a las corporaciones para velar por que cumplan las normas en materia
de etiquetado, precauciones de seguridad y capacitación;
o) Alentar
a los agricultores a que adopten prácticas agroecológicas
para aumentar la diversidad biológica y contener las plagas de
manera natural, además de medidas como la rotación de
cultivos, la gestión de la fertilidad del suelo y la selección
de cultivos adecuados para las condiciones locales;
p) Incentivar
los alimentos producidos orgánicamente mediante subsidios y asistencia
financiera y técnica,
y sirviéndose de la contratación pública;
q) Alentar
a la industria de los plaguicidas a elaborar enfoques alternativos para
el control de las plagas;
r) Eliminar
los subsidios a los plaguicidas y, en su lugar, introducir impuestos
sobre los plaguicidas, aranceles a su importación y el pago de
tasas por utilizarlos.
El informe
fue presentado por la Relatora
Especial sobre el Derecho a la Alimentación (Hilal Elver)en
colaboración con el Relator Especial sobre las implicaciones
para los derechos humanos de la gestión y eliminación
ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos
(Baskut Tuncak).
El informe
completo puede ser encontrado aquí
RALLT