Transgénicos
sin control en el Cono Sur
por Gerardo
Evia
El gobierno de Luiz Inacio "Lula" da Silva acaba de autorizar
"provisionalmente" el cultivo de soja transgénica en
Brasil. La decisión ha significado un duro golpe a las organizaciones
sociales que buscaban detener ese cultivo, impacta negativamente en
la imagen del gobierno del PT, y tendrá repercusiones, también
negativas, en los demás países de la región.
La decisión de Brasilia es una muestra más de las graves
carencias en la región para manejar ese tema. Un análisis
de esa situación tiene diferentes lecturas e implicancias en
distintas dimensiones: ambientales, comerciales, y políticas.
Pero además pone en cuestión la capacidad de muchos de
nuestros países para mantener niveles mínimos de autonomía
y decisión sobre temas trascendentes para el desarrollo.
Las de marchas y
contramarchas que durante años tuvieron lugar dentro del intrincado
marco institucional brasileño, habían determinado hasta
ahora la prohibición formal para el cultivo de soja transgénica.
Cambiando esa situación, el gobierno brasileño acaba de
promulgar la Medida Provisoria Número 131 que autoriza con condiciones
y en forma "provisoria" el cultivo de soja transgénica
en la próxima zafra, con semilla disponible actualmente por los
productores, así como la comercialización del producto
hasta diciembre de 2004.
Hasta ahora el cultivo
de esa variedad estaba formalmente prohibido en Brasil, pendiente en
última instancia de los resultados de estudios de impacto ambiental.
En los hechos era públicamente reconocido que miles de hectáreas
venían siendo cultivadas en forma ilegal con semilla contrabandeada
desde Argentina, fundamentalmente en Río Grande del Sur, donde
se la conoce como "Soja Maradona" (por el jugador de fútbol
argentino). Se estima que el 8% de la producción de soja de Brasil
sería transgénica.
Teóricamente la decisión del gobierno de Brasil es justificada
como un intento de terminar con una situación anómala,
y blanquear una situación de hecho para re-asumir el control
sobre lo que ocurre en esa materia hasta tanto el tema se resuelva definitivamente.
Antes de Lula, el gobierno de Fernando Henrique Cardozo venía
mirando para otro lado, sin tomar medidas serias, y con ello comprometiendo
la credibilidad del país en la materia. La administración
Lula asumiría con esta medida la responsabilidad de reconocer
la situación y retomar el control. Sin embargo, ese movimiento
deja bajo cuestión las premisas sobre las que se basa la autonomía
de nuestros países
El debate en Brasil
sobre este tema retoma diferentes perspectivas y vuelve a abrirse la
discusión sobre las consecuencias para el ambiente y la salud
de las personas del uso de estos productos. Se destaca la posición
del Ministerio del Ambiente que sostiene la necesidad de un exhaustivo
estudio de impacto ambiental que tome en cuenta las condiciones locales
previo a su aprobación. Sin embargo la medida se toma en contra
de la opinión de la ministra M. Silva, enviando un claro mensaje
de la subordinación de la gestión ambiental.
También existen
fuertes discrepancias jurídicas sobre las diferentes medidas
que han sido adoptadas en los ámbitos legislativo, administrativo
y judicial en torno a este tema y que en última instancia llegan
a cuestionar la constitucionalidad de la MP 131.
Finalmente, aunque no menos importantes son las implicancias económicas
para el país, para la región y para el mundo. Basta recordar
que Brasil pasaría a ser este año el primer exportador
de soja del mundo.
El proceso de adopción
de la "medida provisional" implicó la participación
del propio presidente Lula, quien habría telefoneado especialmente
desde el exterior al vicepresidente Alemcar para instarlo a que firmara
la medida. Se han sucesido acusaciones de de legalizar lo ilegal, incluso
se ha dejado en evidencia que la posición de Lula contradice
su postura en la campaña electoral en contra de los transgénicos.
Entre las posiciones a favor de la medida se destacan algunas que resultan
preocupantes, como por ejemplo las de Leila Oda, presidente de la Asociación
Nacional de Bioseguridad (ANBio), y Ywao Miyamoto, presidente de la
Asociación Nacional de Productores de soja quienes afirman que
la única forma de controlar lo que se produce es la legalización
de los transgénicos, ya que existe una demanda concreta de los
agricultores por esas semillas. La legalización también
permite, según afirmó la Sra. Oda, proteger al sector
productor de semillas ya que la soja contrabandeada no paga impuestos
ni se controla su calidad.
Este tipo de argumentos
que sostienen la convalidación de los hechos consumados y la
postura de los intereses de determinados sectores por encima del interés
general. Son posiciones frecuentes de escuchar en nuestros países
y muchos jerarcas gubernamentales los esgrimen como argumentos para
la toma de decisiones.
En Uruguay, a propósito
de la reciente decisión del gobierno de aprobar una variedad
de maíz transgénico, el ministro de agricultura de ese
país sostenía entre otros argumentos que la población
uruguaya ya estaba consumiendo ese tipo de granos que eran importados
de Argentina en forma indiscriminada. A su juicio, la aprobación
de ese evento en Uruguay venía a "regularizar" dicha
situación.
Tales argumentos
resultan asombrosos en tanto implican renunciar a las más mínimas
potestades de los Estados para regular y tomar decisiones sobre asuntos
de interés general. Siguiendo esa idea, ¿cuál es
el sentido de mantener estructuras legales, burocráticas y regulatorias?
Esa perspectiva promueve dejar al mercado actuar libremente y no falta
quien la defienda en tanto evita la onerosa carga que todas esas estructuras
representan para nuestros pueblos. Obviamente esa perspectiva lleva
a posiciones sin sentido.
Sin embargo ese
tipo de argumentos no parece aplicarse en todos los ámbitos ni
para todos los temas, sino que sólo se aplican en tanto no afectan
o afectan a determinados sectores. De hecho los gobiernos no renuncian
a combatir el contrabando de otro tipo de productos, ni renuncian a
la defensa de sus fronteras frente a otro tipo de "agresiones"
potencialmente menos dañinas.
Cabe preguntarse
también si será posible para las autoridades brasileñas,
establecer el efectivo control de los detalles y condicionalidades que
implica la nueva medida. Esto es, su carácter provisorio se basa
justamente en el establecimiento de condicionalidades que exigen discriminar
el destino de la soja transgéncia, como semilla o para uso industrial,
controlar el tránsito entre estados y entre productores, y hasta
la prohibición de su cultivo en áreas de protección.
Si durante años fue imposible controlar la introducción
ilegal y la plantación de decenas de miles de hectáreas
en forma irregular, ¿es creíble que puedan establecerse
ahora estos controles mucho más complejos?
Todo esto pone de
manifiesto nuevamente la necesidad de articulación de estrategias
y políticas comunes en la región para encarar los temas
ambientales, productivos y de desarrollo en general. De lo contrario
será difícil mantener la autonomía necesaria para
definir estrategias en beneficio de las mayorías de nuestras
naciones.
G. Evia es analista de información en D3E (Desarrollo, Economía,
Ecología y Equidad América Latina).
Publicado el 2 de Octubre 2003 en La Insignia