La jornada, México, 21 de marzo
2005
MONSANTO Y LA SOYA ARGENTINA
por Silvia Ribeiro*
Argentina, segundo productor mundial de
transgénicos y tercero en la producción mundial de soya,
sufre los ataques cada vez más agresivos de Monsanto para co-brar
lo que según la multinacional "le pertenece" en concepto
de
regalías por el uso de su patente sobre la soya transgénica.
Afirmación temeraria, ya que Monsanto ¡no tiene patente
de soya válida en Argentina! Esto no le impidió, sin embargo,
amenazar a ese país con cobrarle una "multa" de 15
dólares por cada tonelada de soya argentina exportada a Europa.
Este caso es paradigmático porque
muestra claramente tanto las estrategias -legales e ilegales- de los
gigantes genéticos como los riesgos a los que se exponen los
países que permiten los transgénicos.
Monsanto tiene la patente europea número
301 749, otorgada originalmente en marzo de 1994 a la compañía
Agracetus. Es aberrante porque funciona como una "patente de especie":
otorga a su propietario el monopolio exclusivo sobre todas las variedades
y semillas de soya modificadas genéticamente, sin tomar en cuenta
los genes utilizados o la técnica empleada. Cuando Agracetus
consiguió esta patente, además del Grupo ETC (entonces
RAFI), Greenpeace y otras organizaciones, la propia Monsanto inició
un juicio contra aquélla, alegando, entre otros argumentos -el
documento de apelación tenía 292 páginas-, que
era una patente absurda porque no tenía "novedad" ni
"invención" y que "debía ser revocada en
totalidad" por el control que entregaba a una sola empresa. Dos
años después, Monsanto compró Agracetus, con patente
incluida, y súbitamente cambió de opinión sobre
los hechos.
En la práctica, Monsanto adquirió
así el monopolio mundial de la soya transgénica, ya que
aunque su patente no tenga validez legal en algún país,
actúa gangsterilmente para lograr los mismos resultados. En Argentina,
por ejemplo, la
patente nunca tuvo validez, ya que no cumplió con los trámites
de registro nacional en el plazo adecuado. Esto no impide a Monsanto
haber cobrado compulsivamente regalías, porque al vender la semilla
cobra este porcentaje incluido en el precio. Pero en ese país
solamente 18 por ciento de la soya transgénica es comprada a
distribuidores. El resto se vende sin certificación o es producto
de que los propios agricultores guardan parte de su cosecha como
semilla para la próxima siembra.
La mayoría de los agricultores en
el mundo tienen esta práctica de guardar semilla. No solamente
los campesinos, para los cuales esto es obvio, sino también muchos
agricultores comerciales. Esta tradición está reconocida
en Naciones Unidas como parte de los derechos de los agricultores, como
un pequeño reconocimiento al trabajo que
durante más de 10 mil años han venido haciendo los campesinos
para mejorar y proveer de alimento a la humanidad.
En Argentina, los agricultores tienen el
derecho a guardar y replantar simiente, lo cual está establecido
también en la ley de semillas. Por tanto, los reclamos de Monsanto
son ilegales. Pese a esto, por presiones, el gobierno argentino
está negociando desde hace casi dos años para que Monsanto
pueda cobrar sus regalías. Ya desde 1999
la trasnacional estableció (a través de sus distribuidores)
el concepto "regalías extendidas": el que compra soya
transgénica certificada puede guardar una parte de su cosecha,
pero debe abonar un porcentaje a la empresa para usarla, lo cual obviamente
contraviene la ley de semillas argentina. En febrero de 2004 el secretario
de Agricultura
presentó una propuesta más escandalosa: la creación
de una ley de "regalías globales", llamada Fondo de
Compensación Tecno-lógica. Por este mecanismo todos los
agricultores pagarían un porcentaje al mo-mento de la venta,
captado por el propio gobierno, para entregarlo a las empresas semilleras.
Es decir, el gobierno aplicaría impuestos para garantizar los
intereses de las multinacionales contra sus propios agricultores, contra
los derechos de los agricultores establecidos en Naciones Unidas y contra
la ley de semillas de ese país. Debido a la protesta masiva de
los agricultores esa ley está estancada. Y por esta razón
Monsanto amenaza ahora con el cobro de una tasa mucho mayor, a aplicarse
en los puertos de entrada de los destinos de exportación de la
soya.
Monsanto ya logró que también
el gobierno brasileño y el paraguayo, donde la soya transgénica
fue introducida por contrabando desde Argentina, la legalizaran y cooperaran
en el cobro de regalías por la soya contrabandeada.
Según Carlos Vicente, de GRAIN en Argentina, "la fórmula
parece apuntar a los cultivos que generan más dinero (algodón,
soya, maíz), encontrar un punto de acceso, contaminar el suministro
de semillas y luego tomar el control (...) La historia de lo que ocurrió
en Argentina es una grave advertencia de lo que sucede cuando se permite
echar raíces a la agricultura transgénica".
Con los transgénicos, ya sea por
caminos "legales", como en Argentina, donde Monsanto primero
dejó extenderse el cultivo sin tomar medidas; o ilegales, como
el contrabando y la contaminación con genes patentados en otros
países, vamos hacia una violación global, masiva e impune
de los derechos de los agricultores, por parte de un puñado de
trasnacionales. Que no es un tema apenas jurídico, sino coartar
tradiciones fundamentales para la agricultura y la alimentación
de toda la humanidad.
*Investigadora del Grupo ETC