La soja como
negocio
La sartén por el mango
A caballo de la reprimarización
de la economía uruguaya, y mucho más allá de los
discutidos impactos ambientales, los cultivos de soja están recreando
relaciones de carácter colonial en las que unos pocos ganan mucho
y el país queda mirando la prosperidad ajena.
Por Raúl Zibechi
El sábado 20, en una reunión
con productores lecheros de Florida, José Mujica se mostró
partidario de imponer impuestos a la soja, ya que cree necesario que
el cultivo que goza de elevados precios internacionales realice algún
aporte para financiar políticas de apoyo a otros sectores del
agro.
El día anterior El Observador
recogía opiniones del ministro de Ganadería, Ernesto Agazzi,
en el sentido de promover el buen uso del suelo. Se trata, dijo, de
prohibir "las malas prácticas agrícolas" que
deterioran suelos por el método de la siembra continua. Para
impedir esa mala praxis, el ministro echará mano de la ley 15.239
de "Uso y conservación de los suelos y aguas", de 1981.
Esa ley faculta al Estado a "prevenir y controlar la erosión
y degradación de los suelos", lo que se conseguirá
modificando el decreto que la reglamentó, porque en 27 años
nunca se aplicaron sanciones.
"Por dejar hacer tenemos el
mapa del país con un tercio de la superficie erosionada",
dijo el ministro. La nueva normativa que viene siendo consensuada con
las gremiales del sector, sería aprobada a fin de mes y serán
los funcionarios del cuerpo de inspección del mgap los encargados
de controlar la aplicación de sistemas de "producción
responsable".
Pero el camino adoptado puede estar
erizado de obstáculos. El ingeniero agrónomo y doctor
en sociología Diego Piñeiro, decano de la Facultad de
Ciencias Sociales, dijo a Brecha que "no es la primera vez que
el Estado adopta medidas". Para los créditos agropecuarios
el BROU aplica una cláusula mediante la cual "el productor
debe certificar buenas prácticas agrícolas, cuidar el
suelo". En su opinión, el punto neurálgico es "cómo
hacer efectiva la regulación, porque la inspección de
los predios tiene un costo muy alto y es de dudoso resultado".
El problema que afrontan las autoridades tiene dos variables estrechamente
vinculadas. La primera es la agricultura continua, una práctica
que permite conseguir dos cosechas anuales (una de soja y otra de trigo,
por ejemplo), mientras la agricultura "tradicional" combina
los cultivos con las praderas, en un sistema de rotación que
al introducir ganado no sólo "descansa" la tierra sino
le aporta materia orgánica. "Con el sistema de agricultura
continua el suelo pierde su capacidad de retener minerales y agua",
señala Piñeiro.
El segundo problema consiste en
que "se está plantando soja en zonas frágiles como
Tacuarembó, Cerro Largo, Rocha, porque el cultivo avanza sobre
el centro y el noreste en suelos de mayor fragilidad donde la agricultura
continua causa más perjuicios".
Consultado sobre los caminos a
tomar, Piñeiro no se muestra partidario de las retenciones pero
sí de aplicar impuestos a las cadenas agroindustriales, "que
son las grandes beneficiarias;; según los productores, las multinacionales
son las que se llevan la parte del león". Su lógica
es tan sencilla como aplastante: si durante las crisis de 1982 y 2002
la sociedad auxilió a los productores rurales de diversas formas,
"si repartimos entre todos en la mala, parece lógico que
hagamos lo mismo en la buena". Propone que se vuelva a modificar
el irae, que se redujo del 30 al 25 por ciento, para volver a la situación
anterior, con tasas diferenciales para las agroindustrias. Pero se muestra
partidario de que esos fondos permanezcan en el campo y se inviertan
en obras públicas, en caminería, electrificación.
"Soy consciente de que no es el mejor momento ni para decirlo ni
para hacerlo", concluye, en alusión a la dificultad para
tomar medidas de este tipo en plena precampaña electoral.
EXPORTAR SIN INDUSTRIALIZAR. La
expansión geométrica de la soja está poniendo al
descubierto algunas características del negocio que no le hacen
bien al país, o por lo menos a la mayor parte de su población.
Y, de paso, ahondan las dudas y temores sobre la viabilidad, en el largo
plazo, de la supervivencia de una república independiente en
la margen oriental del "río de los pájaros".
Desde el momento que el Mercosur
ha desplazado a Estados Unidos como principal productor de soja, es
razonable pensar que las grandes empresas que operan en el negocio agropecuario
hayan puesto su mirada en la región. En efecto, con 105 millones
de toneladas de soja en la última zafra frente a las 87 del gigante
del Norte, cuya producción sojera está en declive frente
al mejor negocio que representa ahora el maíz, los ojos de las
multinacionales están posados en el Cono Sur. Una investigación
publicada por rapal-Uruguay da cuenta de los cambios económicos,
sociales y ambientales que está provocando este cultivo.*
Con la soja se modificó
la organización de la cadena empresarial y los modos de operar,
ya que el eje se trasladó del cultivador al comprador de granos,
que se convirtió en la fuente de financiación principal.
Esto explica, en gran medida, el papel de las grandes empresas multinacionales
y la concentración de la producción, y que la agricultura
haya pasado a ser un negocio especulativo.
Un problema adicional para Uruguay
es el escaso grado de industrialización de la soja, muy por debajo
del promedio regional. En la zafra 2007, en Brasil se industrializó
el 52 por ciento de la soja cosechada. Argentina, que tiene mayor capacidad
de molienda, procesó el 71 por ciento de su producción,
por encima incluso de Estados Unidos, que en la zafra 2006 procesó
el 56,7 por ciento de su soja.
Uruguay es el caso opuesto: sólo
industrializa el 5 por ciento de la producción. Estas cifras
contrastan con lo que hacen los grandes importadores, como China y la
Unión Europea, que industrializan mucha más soja que la
que cosechan, con índices de 220 y 1.218 por ciento respectivamente.
Incluso Paraguay produce diez veces más aceite de soja que Uruguay.
Lo que se discute es la actitud
que debe mantener el Estado hacia la producción agrícola
y ante cultivos tan rentables como la soja. De alguna manera, este debate
atraviesa la región;; de modo estridente en Argentina, con serenidad
y cautela en Uruguay. Presenta dos vertientes: si deben introducirse
formas de redistribución de la riqueza, ante los enormes excedentes
del sector, y cómo abordar el grave problema del deterioro de
suelo.
LOS CONTROLADORES. En el escenario
regional, resulta interesante constatar que, aunque practican políticas
distintas, los resultados favorecen a los mismos actores económicos.
El 50 por ciento del procesamiento de grano en Brasil corresponde a
cuatro empresas, siendo las tres primeras estadounidenses: Bunge, adm
y Cargill. En Argentina, sólo tres empresas controlan el 50 por
ciento, siendo dos de ellas Bunge y Cargill, y la tercera la argentina
Vicentín. La fase industrial está en las mismas manos,
y tan concentradas, que la fase comercial.
Uruguay no sólo no escapa a la regla sino que el grado de concentración
es más alto. Las cinco mayores empresas exportadoras controlan
el 77 por ciento de la soja que sale del país. La primera es
Barraca Erro, que tiene una alianza estratégica con la estadounidense
Archer Daniels Midland (ADM), con el 21,5 por ciento de las exportaciones.
En 1996, el Departamento de Justicia de Estados Unidos le puso la mayor
multa criminal antimonopólica en la historia del país,
de 100 millones de dólares, por su papel en el cártel
de lisina y ácido cítrico.
La segunda es la estadounidense
Cargill, que opera bajo el nombre Crop Uruguay, con el 18,6 por ciento.
Luego vienen tres grupos con base en Argentina: Agronegocios del Plata,
del grupo Los Grobo en alianza con el ingeniero agrónomo Marcos
Guigou, que controla el 15 por ciento;; seguido de Pérez Companc
(Garmet sa), con el 11 por ciento;; y en quinto lugar una subsidiaria
de la multinacional Dreyfus, Uruagri, con el 10,6 por ciento. En suma:
dos multinacionales estadounidenses controlan el 40 por ciento de las
exportaciones de soja, en tanto tres "argentinas" controlan
otro 37 por ciento. Las comillas obedecen a que Bunge controla el 60
por ciento de la empresa de Pérez Companc, Molinos del Río
de la Plata, realidad que puede trasladarse a cualquier operador del
ramo alimentario en la región.
Para completar el panorama, debe
decirse que Uruguay es un importador de harinas, aceites y derivados
industriales de la soja, y de todos los insumos que necesita el cultivo,
desde semillas hasta agroquímicos y fertilizantes. Se están
importando alrededor de 10 millones de dólares anuales de aceite
de soja, pero los subproductos del grano superan los 20 millones en
importaciones si se incluyen harinas y semillas. Exportamos granos en
bruto y los importamos industrializados. A diferencia de lo que sucede
con la carne o los lácteos, la soja no está generando
cadena agroindustrial.
CUESTIÓN DE PROPIEDAD
La expansión de la soja va
de la mano de la creciente extranjerización de la tierra. Los
datos, por cierto, nunca fueron precisos. Sin embargo se estima que
en el año 2000, el 10 por ciento de la tierra estaba en manos
de extranjeros. En los últimos seis años, cuatro millones
de hectáreas, un 25 por de la superficie cultivable, pasaron
a manos de extranjeros según el suplemento Qué Pasa del
diario El País, del 31 de mayo. Un dato alucinante, ya que en
Brasil el gobierno de Lula se muestra preocupado porque hay cinco millones
de hectáreas en manos de extranjeros, pese a que tiene una superficie
50 veces mayor, según informa Folha de São Paulo.
Atraídos por el bajo precio
de la tierra, más o menos la mitad que las buenas tierras de
la Pampa, unas 200 mil hectáreas de soja están siendo
sembradas por productores argentinos, que "producen entre el 20
y el 25 por ciento del total de la agricultura nacional", según
El País. El citado informe asegura que el ciclo de extranjerización
de la tierra está lejos de haber llegado a su fin, ya que "el
proceso de venta de tierra se está acelerando" con las dificultades
que los productores argentinos tienen con el gobierno de Cristina Fernández.
Más que de productores individuales,
se trata del aterrizaje de grandes grupos como El Tejar, "el grupo
extranjero con más extensión de tierras dedicadas a la
soja, trigo, cebada, maíz y girasol, con casi 50 mil hectáreas
entre propias y arrendadas". Los Grobo con 40 mil, Manuel Santos
Uribelarrea (msu) con 16 mil hectáreas, el grupo Ceres Tolvas
con unas 6 mil y Calyx Agro, vinculada a la multinacional Dreyfus, son
algunas de las empresas argentinas que en opinión de El País
"sacudieron el mercado".
Todos ellos establecieron alianzas
con empresas y grupos locales. Ramón Erro, el principal exportador
de granos, titular de Barraca Erro, fue entrevistado por Clarín
el 9 de octubre de 2004, cuando recién despegaba la soja en el
país. "Somos exportadores, pero de a poco fuimos integrando
todos los eslabones", dijo. La empresa, fundada hace 60 años,
está ahora presente en cada etapa de la producción a la
exportación. "Participa de Terminales Graneleras del Uruguay,
que tiene silos en los puertos de Nueva Palmira y Fray Bentos, sobre
el río Uruguay. Y es el importador y distribuidor de Case y New
Holland y de varias marcas argentinas, como Cestari, Maizco y Giorgi.
Tiene el 42 por ciento del mercado de cosechadoras y el 35 por ciento
del de tractores. Erro está vinculado a unas 80 mil hectáreas
agrícolas, entre las que financia y comercializa", y "tiene
una alianza estratégica con el gigante internacional adm",
comenta Clarín.
"El dueño de la pelota",
como lo denomina el diario porteño, esgrime una visión
integral del negocio que le permite afirmar que "la soja está
trayendo un cambio de mentalidad importante". El centro neurálgico
es la planta de la empresa en Dolores, que puede recibir 12 mil toneladas
por día y embarcar 18 mil a sólo 45 quilómetros
del puerto de Nueva Palmira. Todo el negocio del prototipo del empresario
agropecuario actual, está destinado, según Erro, a "apuntalar
el crecimiento de nuestro volumen de exportación".
CONCENTRA QUE ALGO QUEDA
Pedro Arbeleche, docente del Departamento
de Ciencias Sociales de la Facultad de Agronomía de la Universidad
de la República, dijo a El País que la llegada de productores
sojeros argentinos y la expansión del negocio " están
profundizando la concentración de la producción. En la
zafra 2007/08 seis empresas "la mayoría extranjeras o relacionadas
a capital extranjero" plantan aproximadamente un 25 por ciento
del área agrícola? (14 de abril de 2008).
El informe publicado por rapal
asegura que la soja ocupa alrededor del 60 por ciento de las tierras
dedicadas a la agricultura, pero sigue creciendo todos los años.
El girasol, que representaba alrededor del 40 por ciento de la superficie
cultivada, se redujo al 8,5 en 2007 y el maíz pasó del
30 a sólo el 11,6 por ciento. La soja genera escasos puestos
de trabajo por la abundante utilización de herbicidas y la absoluta
mecanización del cultivo. La lechería ocupa unos 22 trabajadores
cada mil hectáreas, la agricultura cerealera da empleo a diez,
mientras la soja emplea de dos a cinco trabajadores cada mil hectáreas.
Sólo la forestación crea menos empleo que la soja.
En 2001, siempre según el
mencionado trabajo, las explotaciones de más de mil hectáreas
ocupaban el 7 por ciento de la superficie agrícola. Para 2006,
ya controlaban el 15 por ciento y producían el 57 por ciento
de la soja pese a que representan sólo el 7 por ciento del total
de productores. O sea, sólo 54 productores concentran más
de la mitad de la producción de soja. Por otro lado, entre 2000
y 2005, el 47 por ciento de los productores agrícolas familiares
(con un promedio de 216 hectáreas) abandonaron la agricultura.
En el otro extremo, los grandes empresarios agrícola-ganaderos
pasaron, en el mismo período, de un promedio de 1.878 a 3.309
hectáreas por productor.**
Los nuevos actores del negocio
agropecuario, llamados "gerenciadores agrícolas", manejan
el negocio con criterios similares a los de las altas finanzas, "actúan
como unidades de gerencia de negocio", compran pocas tierras y
arriendan muchas, alquilan la maquinaria, o sea, no están atados
al lugar, una característica del capital actual, que le permite
zafar sin contratiempos de problemas locales. El ingeniero agrónomo
Alfredo Blum lo sintetiza así:"Como estrategias de cobertura
de riesgo local realizan siembras en todo el país, con diversificación
de cultivos y con diversificación de clientes. Sus coberturas
a través de mercados de futuros y opciones, la diversificación
de compradores, y la dispersión geográfica tanto local
como regional, hacen que el negocio no sea más riesgoso que otras
actividades financieras".***
Estos empresarios exitosos en el
Uruguay de la globalización son bien diferentes a los viejos
productores rurales uruguayos. Hacen, como señala Clarín,
que sus empresas ?trabajen en el mismo horario que la Bolsa de Chicago?,
donde se negocia el precio de los granos en el mundo, y donde hoy se
está formando una burbuja especulativa que sustituye las ganancias
que durante casi una década otorgó la hoy pinchada burbuja
inmobiliaria.
* Blum A, Narbondo I, Oyantçabal G y Sancho D, Soja transgénica
y sus impactos en Uruguay, rapal, Montevideo, marzo de 2008.
** Ídem, págs 43 a
45.
*** Ídem, pág 45.
Tulio Halperin Donghi
El interés común
El más destacado historiador
argentino recordó a los lectores del diario conservador La Nación
(22 de junio) que fue un gobierno militar, el de Juan Carlos Onganía,
y un ministro de Economía ultraliberal, Adalbert Krieger Vasena,
quienes por vez primera impusieron retenciones a las exportaciones agropecuarias.
La ironía que Tulio Halperin obsequió a los lectores del
diario de los Mitre tenía por objeto recordarles que, incluso
para los empresarios más conservadores, existía algo superior
al interés privado. Es apenas anecdótico que esa defensa
del interés común haya sido adoptada por un tándem
tan especial como el que formaban Onganía y Krieger. Líneas
más, nombres menos, el debate que propone el historiador tiene
enorme actualidad en Uruguay.
"Desde antes que la Argentina
fuese la Argentina", señala Halperin, "ya se había
instalado una disputa sobre si los productores rurales era una "clase
ociosa" que se beneficiaba de rentas de monopolio, como los caracterizaba
buena parte de la sociedad, o si debían ser juzgados con base
en la "imagen heroica" de únicos productores de la
riqueza nacional, como ellos pretendían. En el fondo, ya latía
el debate en torno "a la distribución dentro de la sociedad
argentina del excedente producido por las exportaciones agropecuarias".
Fue la crisis de 1929 la que forzó
al Estado a ejercer un arbitraje entre los intereses rurales e industriales.
Luego, cada vez que los precios de las exportaciones treparon en el
mercado internacional, se dispararon conflictos internos sobre la distribución
de la riqueza, como sucedió a mediados de la década de
1960. "Eso hizo posible que en 1967, siendo presidente el general
Onganía y ministro de Economía el doctor Krieger Vasena,
se introdujera por primera vez el régimen de retenciones que
está en el origen del actual conflicto, en ese caso para financiar
un ambicioso plan de obras públicas destinado a revitalizar otros
sectores de la economía".
En los años siguientes la
pampa húmeda sufrió profundas transformaciones que incluyeron
la expansión de la agricultura en tierras antes ganaderas y la
mecanización que despobló las áreas rurales, "despojando
a sus conflictos internos de la gravitación que habían
tenido en el pasado". Ya durante la crisis de 2001 los centros
urbanos menores de la pampa húmeda vivían un clima de
"normalidad, prosperidad y tranquilidad que hacía difícil
creer que formaban parte del mismo país", asegura Halperin.
El gran error del gobierno de Cristina Fernández, concluye el
historiador, fue no percibir que la prosperidad del campo "ha alcanzado
a sectores mucho más amplios de la sociedad de la pampa húmeda"
de lo que cree el gobierno, que son los que sostuvieron una protesta
de más de cien días.