Evaluación
de maíz transgénico con amplios cuestionamientos
El
pasado 21 de abril culminó la consulta pública realizada
por la Comisión
para la Gestión del Riesgo (CGR) sobre varios “eventos”
de maíz (GA21;GA21xBt11; Bt11xMIR162xGA21 y TC1507), a los efectos
de considerar las solicitudes de autorización para producción
y uso comercial para consumo directo o procesamiento de los mismos.
En
respuesta a esta consulta pública, nuestra organización
manifestó una gran preocupación sobre estos maíces
y planteó que si solo se tomasen en cuenta los aportes dados
por diferentes instituciones del Comité de Articulación
Institucional (CAI) que se compilaron por la instancia de Evaluación
del Riesgo en Bioseguridad (ERB), estos nuevos maíces transgénicos
no deberían de ser autorizados bajo ningún concepto.
De
acuerdo a lo manifestado por la Universidad de la República,
(UdelaR), ésta concluye que “de acuerdo a las opiniones
relevadas dentro del equipo técnico de la UdelaR, consideramos
que no se cuenta con elementos suficientes para la aprobación
de estos eventos para la liberación comercial señalando
como las principales limitantes información aun faltante, carencia
de algunos especialistas en el país, y contar con más
tiempo real para realizar un análisis adecuado de dicha información
y para el diseño de un necesario sistema de evaluación
local y monitoreo del material analizado”.
Por
su parte, el Ministerio de Salud Pública manifiesta que: “El
equipo solicita información adicional sobre estudios de patogenicidad
en mamíferos, la empresa brinda la información adecuada
que cumple con los consensos internacionales, pero no responde a las
interrogantes planteadas. Agrega que, es necesario estudios de patogenicidad,
mutagenicidad, carcinogenicidad e histopatológicos en mamíferos
con consumo mínimo de 1 año del evento estudiado”.
El
MSP continua diciendo que “el documento que muestra la composición
nutricional respecto al contenido de rafinosa (referencia de tabla 9:
Metabolitos secundarios) presenta datos que no coinciden dado que en
el documento este antinutriente supera los valores de referencia establecidos;
el resto de los antinutrientes no presentan valores comparativos de
referencia”.
Además,
el Ministerio de Salud Pública enfatiza que, “no es posible
realizar la evaluación de toxicidad y alerginicidad hasta no
disponer del técnico específico (toxicólogo y alergista)”.
Comenta
(al igual que la UdelaR) que es importante destacar la necesidad de
tiempo de los técnicos para poder realizar un análisis
adecuado de la información.
Finalmente
dice que, “respecto al evento BT11xGA21xMIR162, no se ha recibido
la información adicional solicitada”.
A
su vez, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) considera
que “para tomar posición desde nuestra institución
debemos contar con la opinión de los expertos en cada área
acerca de si la nueva información recibida colma las inquietudes
planteadas por los entendidos en dichas áreas, de las cuales
en éste documento solo detallamos algunas. Por éste motivo
nos sentimos imposibilitados de emitir una posición.”
La
Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), coincide con la
necesidad de contar con más tiempo para el estudio de antecedentes
y análisis de la información y por lo tanto ésta
no está en condiciones de hacer análisis. Agrega que antes
de autorizar nuevos maíces se debe de readecuar el procedimiento
de control y medidas de coexistencia. Optimizar la fiscalización
de amortiguación y refugio, que actualmente son realizadas en
forma separadas por este organismo y por el Instituto Nacional de Semilla
(INASE).
También
dice que: se deben de tomar medidas para garantizar la coexistencia.
Contar con un registro de productores que necesitan proteger sus cultivos
de contaminación por flujo genético, (grano orgánico
o convencional y semilla).
Se
debe de contar con estudios locales en tamaño y distribución
de zonas de amortiguación, barreras y estudios de viabilidad
de polen para garantizar la coexistencia.
Existe
riesgo de contaminación ambiental y deterioro de la integridad
de los ecosistemas naturales y los recursos hídricos, resultantes
del paquete tecnológico, que está asociado a cada evento.
Se
deben de tomar en cuenta las regulaciones de protección de las
aéreas naturales del sistema nacional de áreas protegidas,
a los efectos que la liberación de estos maíces no afecta
a las mismas.
Finalmente
la DINAMA agrega que como criterio se deberá tener en cuentas
la presencia de áreas geográficas y espacios próximos
a áreas agrícolas destinadas a la producción orgánica
pues no se considera que sea adecuada la coexistencia con OMG de la
misma especie.
De
acuerdo a los análisis presentados por los organismos mencionados
anteriormente, queda claro que la información utilizada para
la evaluación y análisis de estos maíces ha sido
presentada por la empresa, situación que a simple vista no puede
o no debería de suceder.
Por
otro lado el país no cuenta con expertos para realizar análisis
o evaluaciones a nivel de impactos en el medio ambiente, salud o socio-ambientales.
La
evaluación presentada por el Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria (INIA), Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Ministerio
de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) se centró en
el nivel económico y agronómico, sin abordar los posibles
impactos de los maíces transgénicos en evaluación.
Esta postura no llama la atención, ya que el MGAP se enfoca principalmente
en la productividad agrícola, el INIA es un organismo estatal
con fuerte injerencia del sector privado, en tanto que INASE no es estatal
y tiene como cometido promover y contribuir al desarrollo de la actividad
semillerista, en coordinación con el MGAP.
La
modificación genética de estos maíces transgénicos
es con genes apilados ya que tienen más de una transgénesis
en un mismo maíz. Esto implicará un mayor uso de herbicidas
por contar con una tolerancia apilada a glufosinato de amonio y glifosato.
Estudios
realizados por técnicos de INIA Uruguay han demostrado la
aparición de malezas resistentes al glifosato; por lo tanto,
un aumento del uso de este herbicida combinado con el glufosinato de
amonio podrían hacer aparecer malezas que se hagan resistentes
a estos dos herbicidas, generando así un uso aún mayor
de otros herbicidas aún más potentes.
A
eso se agrega que la evaluación de estos maíces fue realizada
en ambientes confinados y controlados, situación que puede cambiar
sustancialmente al momento de ser sembrados en aéreas abiertas.
Desde
la introducción del maíz transgénico a nuestro
país (Mon 810 en 2003 y BT11 en 2004) no se ha realizado una
evaluación de cuales han sido los impactos de estos maíces.
Sin embargo, un
estudio ha demostrado que ha habido una contaminación genética.
Por otro lado no se ha dado importancia a los maíces criollos
que existen en distintos puntos del país, ni menos aún
a los productores que desean conservar esas semillas. Durante el 2010,
nuestra organización llevó a cabo un Estudio sobre la
Biodiversidad, Erosión y Contaminación Genética
del Maíz Criollo en Uruguay, (de próxima publicación).
En ese estudio se da a conocer la importancia que el maíz criollo
ha tenido a lo largo de la historia de nuestro país y como en
el siglo XX Uruguay llegó a ser catalogado como país elite
por su rica diversidad en materia de maíces. Sin embargo, toda
esa riqueza no fue tomada en cuenta al momento de introducir el maíz
transgénico, ya que el mismo pondrá en riesgo de contaminación
al maíz criollo, en un proceso de degradación que puede
llegar a ser irreversible.
Por
todo lo manifestado, tanto por las instituciones pertenecientes al Comité
de Articulación Institucional como por nuestros propios comentarios,
entendemos que existen elementos más que suficientes para la
no aprobación de estos maíces.
María Isabel
Cárcamo
Abril 2011