De
zafra
Privatización
del agua para riego y aprobación de semillas transgénicas
en la agenda del gobierno
Las
diferencias que hubo en el Poder Ejecutivo comandado por José
Mujica, que impidieron reformar la Ley de Riego para habilitar la privatización
del agua con fines productivos y aprobar nuevos “eventos”
transgénicos, parecen haberse disipado. Tabaré Vázquez
les dio luz verde a ambas iniciativas. Con este respaldo expreso y la
nueva conformación ministerial, Tabaré Aguerre tendría
el campo despejado para avanzar en ambas áreas.
Cuando
el 2 de diciembre Vázquez comunicó quiénes integrarían
su futuro gabinete, además de todo lo noticioso que la información
significaba, permitió intuir algunos cambios de rumbo en torno
a determinados temas que durante el gobierno de Mujica, pero no necesariamente
por la oposición del ex presidente, estuvieron frenados, o mejor
dicho, fue posible dejarlos en suspenso, pese a la presión ejercida
desde sectores políticos y empresariales: la aprobación
de nuevos eventos transgénicos (semillas de maíz y soja,
básicamente) y el envío al Parlamento de una nueva Ley
de Riego. De acuerdo con la información obtenida por la diaria,
la norma habilitaría la privatización y la comercialización
del agua por fuera del aparato estatal, iniciativa que se promueve,
entre otras cosas, como la llave para mejorar la productividad del cultivo
estrella de la década frenteamplista: la soja transgénica.
Mantener
a Aguerre al frente del Ministerio de Ganadería, Agricultura
y Pesca (MGAP) y a todo su equipo fue la señal más fuerte
en este sentido, pero no la única, ni suficiente como para asegurar
el éxito. Hay urgencia. El crecimiento económico del país
entre la primera presidencia de Vázquez y la segunda se debe
en buena medida a la explosión comercial de la soja, que pasó
de algunas pocas decenas de miles de hectáreas plantadas en 2005
a más de un millón en la temporada 2013-2014, cifra que
se pretende superar en la temporada que está en marcha.
Para
solventar parte de los proyectos sociales, las expectativas están
atadas a que el boom sojero se potencie. Con la actual normativa, los
márgenes son pocos. Desde el sector empresarial se considera
y se defiende la tesis de que con nuevas variedades de semillas transgénicas
habilitadas y con la oportunidad de poder recurrir a los shocks de riego
que necesita la soja -en su etapa intermedia de crecimiento, o ante
situaciones de sequía- la productividad del cultivo, ya alta,
podría mejorar, y que de mantenerse estables los precios de exportación,
el gobierno le podría volver a colocar la cocarda de gran campeona
del crecimiento y el desarrollo económico del país.
Nadie
niega este dato. Pero muchos sí sus consecuencias, a corto, mediano
y largo plazo. Dejando de lado el cambio productivo que provocó
en la agricultura y otros sectores, el hecho de que la soja haya contribuido
a hacer desaparecer emprendimientos pequeños y familiares, haya
sumergido al negocio de la miel, entre otros, y tenga un impacto ambiental
considerable son factores que determinan que no todo el oficialismo
mire el cultivo con tanta simpatía; y en muchos casos, con cero.
La
designación de Rodolfo Nin Novoa como titular de la cancillería
supuso la otra señal fuerte en esta dirección. Todo indica
que el ex vicepresidente no opondrá la resistencia que significó
Luis Almagro para la aprobación de nuevos elementos transgénicos
en el marco del Gabinete Nacional de Bioseguridad (Gnbio), tarea en
la que el canciller del gobierno de Mujica contó con el respaldo
técnico sanitario de autoridades del Ministerio de Salud Pública
(MSP) y también del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente (MVOTMA), que junto con los de Industria, Energía
y Minería (MIEM), Economía y Finanzas (MEF) y el MGAP
conforman ese grupo de trabajo de alto nivel. El Gnbio fue creado por
Vázquez mediante decreto en 2008.
Germina
La
tensión entre las dos posturas centrales en el Gnbio, aquella
que ponía reparos al incremento de eventos transgénicos
y la que no, alcanzó su punto máximo entre fines de 2013
y agosto de 2014, cuando finalmente se aceptaron diez de los 11 eventos
que estaban en trámite. El único que se rechazó
contenía informes negativos en cuanto al impacto en la salud
por parte de los técnicos del MSP.
De
esos 11 eventos, nueve eran para cultivares, ensayos o producción
de semilla. Esto significa que no tenían destino comercial y,
por lo tanto, no era necesario que la Comisión de Gestión
del Riesgo (CGR) -organismo asesor del gabinete- llevara a cabo análisis
y consultas sobre eventuales daños a la salud humana. Por eso,
entre los técnicos de la CGR había acuerdo en habilitar
nueve semillas modificadas genéticamente, cuyo destino no era
el consumo humano ni animal.
A
esa decisión se llegó con un malestar planteado por Almagro
por la forma de proceder y de dar la discusión en la interna
del gabinete acerca del modelo país al que se apuntaba con la
apuesta por los organismos genéticamente modificados (OGM). También
hubo intentos de rediscutir la orientación por parte del titular
del MVOTMA, Francisco Beltrame, que entendía que el avance de
las semillas y los cultivos transgénicos imponía, por
la vía de los hechos, una redefinición de los enclaves
territoriales sin que hubiera evaluación de por medio.
El
debate que el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) pretendía
instalar en el grupo de trabajo interministerial sufrió un primer
revés en 2012, cuando el gabinete aprobó determinados
eventos sin esperar el pronunciamiento de los funcionarios de cancillería.
Como en ese momento se obvió la firma de la cancillería,
y al no concretarse una discusión de fondo, Almagro decidió
no firmar ningún otro documento de aprobación de eventos.
Junto
a las semillas experimentales que esperaban aprobación había
otras dos variedades, cuyos fines eran comerciales. Fuentes técnicas
que integran la estructura del Gnbio indicaron que esos dos eventos
“sí necesitaban informe de evaluación de riesgo
de salud, porque van para el consumo humano y/o animal”. Uno era
la soja BPS-CV127-9 y el otro, el maíz 89034 x MON 88017. Desde
el MSP se recomendó no firmar ninguno de estos dos productos.
En el primer caso, porque la cartera no contaba con los técnicos
necesarios para realizar las evaluaciones; en el segundo, porque se
necesitaba más tiempo, ya que, si bien había un informe,
como no era concluyente, se necesitaba mayor grado de certeza.
A
finales de 2013, los titulares del MGAP, del MEF y del MIEM firmaron
los 11 eventos, mientras que el del MVOTMA sólo suscribió
los nueve no comerciales. Los titulares del MRREE y del MSP no estuvieron
presentes en esa sesión del gabinete, por lo que se resolvió
que se les haría llegar los documentos respectivos. En enero
de 2014, los documentos llegaron al MSP para completar el trámite;
al menos eso parecía, porque todos los eventos también
estaban firmados por la cancillería, lo cual llamó la
atención en virtud de la posición que había comunicado
Almagro de no firmar nada. Según las fuentes consultadas por
la diaria, el funcionario que dio el aval habría sido el vicecanciller
Luis Porto, que había tomado posesión del cargo en mayo
de 2013, en sustitución de Roberto Conde. Desde el MSP se resolvió
reenviar toda la documentación al MRREE luego de firmar sólo
para las nueve semillas experimentales.
Todo
indica que hubo un ida y vuelta entre las autoridades de la cancillería,
ya que los trámites, que parecían haber concluido, en
realidad quedaron en suspenso, hasta que en agosto de 2014 el MGAP retomó
la iniciativa y comenzó a recabar las firmas nuevamente, dejando
sin efecto las actuaciones anteriores. En esta oportunidad, las gestiones
de Aguerre derivaron en la habilitación de las nueve variedades
para ensayo y producción de semillas, así como también
una de las comerciales (la soja BPS CV 127-9), estando aún bajo
análisis la de maíz MON 89034XMON88017, ya que nuevos
informes del MSP alertan sobre eventuales daños en la salud de
las personas y los animales que la consuman.
El
subsecretario del MGAP, Enzo Benech, se encargó la mayoría
de las veces del lobby político dentro del Frente Amplio (FA)
y del gobierno , tarea que Aguerre nunca habría podido culminar
con éxito. Lo hizo, por ejemplo, llamando por teléfono
a funcionarios de la cancillería, para intentar que Almagro cambiara
su actitud y les pusiera su sello a los nuevos eventos. “Nuestra
posición era que no queríamos seguir incrementando las
semillas con fines comerciales”, resumieron fuentes que trabajaron
en la cancillería. Entre los argumentos por la negativa que recibía
Benech estaban los riesgos sanitarios, algo que en el MGAP se considera
que no existe. “Ellos sostienen que no está demostrado
que los OGM hagan daño a la salud”, agregó uno de
los ex funcionarios consultados.
En
agosto de 2014, “la presión política” terminó
consiguiendo su objetivo, y la cancillería firmó los que
serían los últimos eventos aprobados del gobierno de Mujica,
decisión formalizada en octubre.
Abre
el grifo
En
enero, durante el lapso en el que Mujica se estaba yendo y Vázquez
estaba entrando, se dieron varias señales sobre otro de los temas
que marcarán un cambio filosófico entre la segunda y la
tercera administración del FA. En este caso se trata del agua
y su uso destinado al riego mediante la privatización, un tema
al que tanto Mujica como su ministro Aguerre dedicaron muchas ponencias
y discursos, aunque sin lograr implementarlo como habrían querido.
“Estudian
habilitar a privados la venta de agua para riego”, tituló
una nota el diario El País el 28 de enero, que consignaba, entre
otras cosas, que la idea del nuevo sistema de riego “la lanzó
Aguerre en diciembre de 2013, cuando presentó el proyecto Estrategias
Asociativas de Riego. En abril de 2014 el ministro volvió a hablar
del tema. Durante el Consejo Agropecuario Nacional, realizado durante
la Expoactiva de Soriano, se refirió a los planes para el ‘segundo
piso de Uruguay’ para el período 2015/2030”.
En
realidad, el proyecto ya había sido escrito durante ese período,
pero la oposición ejercida desde el MVOTMA y la Dirección
Nacional de Agua (Dinagua), dependiente de esa cartera, evitaron su
envío al Parlamento. Fuentes que integraron esos organismos durante
la gestión de Mujica indicaron a la diaria que Beltrame se negó
expresamente a poner su firma para darle ingreso. El rechazo a la iniciativa
se basó en parte en “cuestiones jurídicas”:
se alegó que con esa redacción se estaba modificando el
espíritu y la forma del artículo 47 de la Constitución,
reformado en 2004 con 64,5% de respaldo ciudadano, que consagra la protección
del medio ambiente y en especial del recurso agua.
Incluso
Beltrame habría hecho saber que estaba dispuesto a renunciar
si la iniciativa era puesta a consideración del Legislativo aun
sin su firma. Pero se trataba de una secretaría de Estado que
había cambiado su titular en junio de 2012 (Beltrame por Graciela
Muslera), y una nueva sustitución traería más problemas
políticos que soluciones, si se tiene en cuenta a su vez que
ambos jerarcas eran de la fuerza política que Pepe construyó,
el Movimiento de Participación Popular. “El proyecto proponía
reformas a la ley de riego, pero incursionaba en cuestiones que eran
competencia del MVOTMA”, indicaron las fuentes.
Por
goteo
Con
esta iniciativa, el gobierno de Vázquez intentará terminar
lo que Mujica no pudo, tal como lo dio a entender irónicamente
Aguerre, cuando el 6 de diciembre -a cuatro días de haber sido
confirmada su continuidad en el cargo- dijo, durante el Seminario Internacional
de Riego en Cultivos y Pasturas, en Paysandú, que lo que no había
podido hacer “este ministro” lo tendría que culminar
“el futuro ministro”. O sea, él. Dijo: “Hemos
enviado un proyecto, que está a estudio del MVOTMA que modifica
la ley de riego”.
La
norma apuesta a la inversión privada para la creación
de grandes represas que permitan un mayor suministro de agua que el
actual, mediante pequeñas represas. Además de la construcción,
los privados estarán habilitados para el almacenamiento y la
venta del líquido a terceros. “Falta mucho conocimiento
científico para determinar el impacto que puedan tener estas
represas. De hecho, hay algunas señales negativas de lo que ha
sido el impacto de las represas, embalses y tajamares dependientes en
los cauces de los ríos Santa Lucía o Negro”, indicaron
las fuentes, para agregar que la puesta en marcha del proyecto podría
alterar los cursos y los caudales hídricos.
Entusiasmado
por el respaldo de Vázquez, en Paysandú Aguerre se animó
a contar en qué ríos está pensando. Según
lo consignado por El Telégrafo, el ministro remarcó que
la cuenca más agrícola del Uruguay, la del río
San Salvador, “se está llenando de pequeñas represitas
que se hacen para poner dos o tres pivotes. En realidad, si hacemos
tres grandes represas en la naciente del San Salvador, lo que vamos
a hacer abriendo la válvula en el verano es cambiar el caudal
que naturalmente tiene ese río, de 1.100 o 1.200 litros por segundo,
a 12.000 o 15.000 litros por segundo”. Y, como a la pasada, le
mojó la oreja a la Dinagua, organismo que esencialmente se encarga
del control y la preservación de los caudales: “Tendrá
como problema 9.000 litros de agua por segundo más que lo que
tiene hoy para otorgar el permiso de toma de un riego que hoy está
agotado”.
Benech
le confirmó a la diaria que el proyecto “ya está
redactado, con algunas modificaciones”, aunque no fue posible
precisar cuáles y si éstas recogen parte de las preocupaciones
esgrimidas en su momento por el MVOTMA y la Dinagua.
Fuera de ella, nada
Con
los cambios introducidos en la reforma de 2004, el artículo 47
de la Constitución declara en el inicio: “La protección
del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán
abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción
o contaminación graves al medio ambiente”. Define también
que “el agua es un recurso natural esencial para la vida”
y que el acceso al agua potable y al saneamiento “constituyen
derechos humanos fundamentales”.
Luego,
en el primero de sus cuatro puntos, establece las bases en las que deberá
apoyarse la política nacional de aguas: ordenamiento del territorio,
conservación y protección del medio ambiente y la restauración
de la naturaleza; la gestión sustentable, solidaria con las generaciones
futuras, de los recursos hídricos y la preservación del
ciclo hidrológico, que constituyen asuntos de interés
general. Los usuarios y la sociedad civil participarán en todas
las instancias de planificación, gestión y control de
recursos hídricos. En dicha planificación se establecerán
las prioridades para el uso del agua por regiones, cuencas o partes
de ellas, siendo la primera prioridad el abastecimiento de agua potable
a poblaciones. Se establece además que la prestación del
servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse “anteponiendo
las razones de orden social a las de orden económico”.
Y se remarca: “Toda autorización, concesión o permiso
que de cualquier manera vulnere las disposiciones anteriores deberá
ser dejado sin efecto”.
El
punto 2 dispone: “Las aguas superficiales, así como las
subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas
en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado
al interés general, que forma parte del dominio público
estatal, como dominio público hidráulico”. El punto
3 asigna a figuras jurídicas estatales la tarea de brindar los
servicios de abastecimiento de agua potable para consumo humano de manera
exclusiva y directa. Finalmente, habilita a que con los tres quintos
de votos de cada cámara legislativa se podrá autorizar
por motivos de solidaridad el suministro de agua potable a terceros
países.
Las
semillas del Pepe
Los
nuevos integrantes del Gnbio, que todavía -desde el 1º de
marzo- no ha sesionado, tienen sobre la mesa de trabajo cuatro solicitudes
de aprobación de semillas transgénicas sin fines comerciales
(dos para exportación, una para investigación y otra para
cultivares) y ocho con fines comerciales. Esta última cifra representa
la mitad de las que Uruguay aprobó con esas características
en 19 años. De las 16 habilitadas para consumo humano o animal
(soja y maíz), 13 lo fueron durante el gobierno de José
Mujica, en cuyo mandato se reaprobaron otras dos, luego de que ingresaran
al mercado en 2003 y 2004. La primera semilla transgénica aceptada
data de 1996, y fue de soja, variedad que tiene otros cuatro eventos
validados, tres en 2012 y uno en 2014, contra 11 de maíz (cinco
en 2011, año en que se reaprobaron otros dos, y cuatro en 2012).
Con
perspectiva político-partidaria, las semillas transgénicas
con permiso para ser comercializadas en Uruguay corresponden a los siguientes
períodos de gobierno: una en el segundo gobierno de Julio María
Sanguinetti, dos en el de Jorge Batlle, y 13 con el Frente Amplio, cantidad
que podría incrementarse a 24 al terminar el tercer gobierno
consecutivo de esa fuerza política.
Federico
Gyurkovits
La Diaria, 20 de marzo de 2015.
http://ladiaria.com.uy/articulo/2015/3/de-zafra/