Marcha
atrás
Montevideo
suprime etiquetado obligatorio de OGM en alimentos
Uruguay
no se caracteriza precisamente por haber instaurado controles sobre
la importación, cultivo y consumo de organismos genéticamente
modificados. Más bien todo lo contrario. Sin embargo, la alcaldía
de la capital había dispuesto el año pasado la obligatoriedad
del etiquetado de productos con soja o maíz genéticamente
modificados. Era un avance. Esa medida acaba de ser derogada.
Entre
gallos y medias noches y sin decir agua va, el equipo que comenzó
a gestionar la Intendencia de Montevideo en julio último, que
responde al mismo partido político que la gestiona desde 1990
y que gobierna a nivel nacional desde 2005, el Frente Amplio,
barrió con un decreto de 2014 que obligaba a las empresas de
alimentos a informar a los consumidores que tal o tal producto que comercializa
contiene OGM.
La
disposición había sido tomada a fines de 2014 por los
ediles de todos los grupos políticos representados en la Junta
Departamental -el poder legislativo de la ciudad- tras consulta con
un par de ministerios (Salud, Medio Ambiente).
Siendo
Uruguay un país hipercentralizado, se pensaba
que la medida sería emulada por las otras 18 intendencias departamentales
del país o al menos por muchas de ellas, y acabaría adquiriendo
alcance nacional.
Esa
era al menos la esperanza de asociaciones ambientalistas y de grupos
de científicos que habían estado presionando para que
el “etiquetado transgénico” fuera una realidad. Y
así lo había dicho a La Rel, en setiembre,
el entonces director de Salud de la comuna de Montevideo, Pablo
Anzalone.
Durante
dos años esos grupos y asociaciones habían estado trabajando
en el tema junto a la División Salud de la Intendencia de Montevideo,
que a su vez había coordinado con dos laboratorios, el de Bromatología
de la propia comuna y el de Trazabilidad Molecular Alimentaria de la
Universidad de la República, cómo instaurar el sistema
y cómo llevar a cabo los análisis que permitieran la detección
de OGM en alimentos.
Resultado:
Uruguay empezó 2015 formando parte del club
de 65 países que obligan a las empresas a inscribir una gran
T negra sobre un triángulo amarillo cuando alguno de sus productos
tiene OGM.
No
era totalmente cierto, pues la disposición se limitaba al espacio
de la capital, que concentra la mitad de la población total (en
el resto rige desde 2008 una disposición de etiquetado voluntario
muy poco aplicada) pero sí suficiente como para que el país
formara parte de esa lista.
Duró
apenas un semestre. Se sabe que hubo presiones de las compañías
productoras de alimentos transgénicos para que la medida fuera
anulada, que hubo reuniones de sus representantes con autoridades del
gobierno nacional en las que el tema estuvo sobre el tapete.
Desde
fines de julio último, según reveló en su edición
del 7 de agosto el semanario Brecha, los análisis
para detectar OGM en productos vegetales y animales
comercializados en Montevideo dejaron de realizarse y el etiquetado
obligatorio fue lisa y llanamente “suspendido por tiempo indefinido”.
No
hubo explicaciones de las razones de fondo de la medida, más
allá de la voluntad expresada por el nuevo gobierno departamental
de “adecuar su legislación a la del conjunto del país”,
como, para bien o para mal, prácticamente nunca sucede.
La
razón es demasiado banal como para ser cierta.
Las
autoridades municipales dicen que no hay retroceso alguno en cuanto
a asegurar el derecho de la población a estar informada sobre
lo que consume.
La
disposición es “provisoria”, alegan, pero lo provisorio
en este caso bien puede ser permanente. La Intendencia de Montevideo
se propone, por ejemplo, rever el tema con el Ministerio de Agricultura
y con sus pares del interior del país.
Si
hay un Ministerio “sensible” en Uruguay
a las presiones de las empresas biotecnológicas es precisamente
el de Agricultura, y en muchas de las intendencias del interior, fundamentalmente
aquellas que han sido inundadas de cultivos de soja o maíz transgénicos,
esas compañías a menudo hacen y deshacen a su gusto.
El derecho a estar informado
Y comer sin saber
“Es
un grave retroceso”, comentó el biólogo Claudio
Martínez Debat, director del Laboratorio de Trazabilidad
Molecular Alimentaria y docente en la sección bioquímica
del Instituto de Biología de la Facultad de Ciencias.
Martínez
Debat había estado entre los más activos defensores
del etiquetado, luchando incluso a brazo partido contra algunos de sus
colegas científicos opuestos a abrir cualquier debate sobre la
producción y el consumo de OGM en el país.
“Los
OGM forman parte de un modelo que se aplica mejor si no hay discusión”,
explicó meses atrás. “No hablan de él los
medios de comunicación, ni las instancias de regulación
ni la comunidad científica.
Y
no está en la agenda de ningún gran partido a pesar de
ser un asunto de primera importancia que tiene que ver con algo tan
esencial como los alimentos que consumimos”.
“El
etiquetado es muy necesario, dijo por estos días Martínez
Debat. Se puede discutir si la transgénesis es mala
o buena –yo opino que es mala- pero lo que es indiscutible es
que los OGM son rociados con agrotóxicos, que en los
granos de esos alimentos quedan remanentes de esos agrotóxicos
y que esos agrotóxicos son malísimos”.
Lo
mismo opinan una quincena de organizaciones sociales.
“No
nos vamos a quedar de brazos cruzados ni permitiremos que nos pechen”,
dijo por ejemplo Laura Rossano, coordinadora nacional
del movimiento Slow Food.
Las
asociaciones proyectan recurrir la decisión de la comuna ante
la Defensoría del Vecino y promoverán otra vez un proyecto
de ley de etiquetado nacional obligatorio de los OGM,
enterrado en 2013.
Mientras
tanto, los OGM volverán a ser invisibles para
los consumidores montevideanos. Y no son precisamente pocos: tres
cuartas partes de los alimentos presentes en las góndolas de
los supermercados tendrían componentes transgénicos, pero
quienes los compren no lo sabrán.
Rel-UITA
17
de agosto de 2015
Daniel
Gatti