Tiempo de evaluar y tomar decisiones

Fin de año es tiempo de balances. En esta entrega (las próximas serán en el 2013) analizaremos la política agropecuaria que desde hace años se aplica en nuestro país y sus consecuencias.

Hace años que Uruguay apuesta a una agricultura sin agricultores, con los sucesivos gobiernos esforzándose, en una antinacional competencia, por alcanzar ese objetivo. Los lamentables resultados logrados se pretenden enmascarar con dos falacias: “un país productivo inserto en el Uruguay Natural”.

A poco que analicemos la situación, encontraremos que la realidad muestra totalmente lo opuesto. Un panorama caracterizado por la expulsión de los pequeños productores de sus tierras; la expansión de la frontera agrícola privilegiando monocultivos transgénicos (soja y maíz); el avance indiscriminado de la forestación y la extranjerización y concentración de la tierra, son algunas de las consecuencias del modelo elegido.

Concentración de la tierra, ¿para producir qué?

De acuerdo a la Dirección de Estadística Agropecuaria, en 2011 ha habido una fuerte concentración de propiedad de la tierra y cada vez menos productores en el campo. Entre el 2000 y 2011, hay 12.000 explotaciones menos y el tamaño promedio pasó de 287 hectáreas a 361. Los predios chicos de menos de 20 hectáreas, cayeron un 40 por ciento y los de 20 y 99 hectáreas, un 18,8 por ciento.

Por otro lado, el 60 por ciento de la tierra -alrededor de 10 millones de hectáreas- está en manos del 10 por ciento de los productores -unos de 4.000 propietarios- y al mismo tiempo, el 70 por ciento de los productores -cerca de 30.000- con menos de 200 hectáreas, ocupa sólo el 10 por ciento de las tierras.

En 60 años, el número de explotaciones disminuyó un 50 por ciento, su tamaño se duplicó y hubo aumentos en las explotaciones de más de 1.000 hectáreas.

Las tierras en manos de uruguayos pasaron del 90 al 54 por ciento, también cayeron las propiedades de ciudadanos extranjeros de 8,6 a 2,9 por ciento. Mientras, la superficie de tierras en poder de “personas jurídicas” (denominación que se utiliza en el censo como sinónimo de sociedades anónimas) y dependencias del Estado, pasaron del 1 al 43 por ciento. Lo que se pretende es que avalemos un modelo que entre otros males permite que los propietarios de casi la mitad de nuestra tierra cultivable permanezcan en el anonimato.

Tomando en cuenta que la soja ocupa el 30 por ciento de la tierra cultivada, nos preguntamos, ¿a quien beneficia este modelo de país productivo? Para una muestra un botón. En los alrededores del kilómetro 50 de la ruta 33, en el departamento de Canelones, dos tambos fueron vendidos y la tierra ahora se destina a producir soja. A pasos agigantados en esa zona del país, las comunidades se ven rodeadas de cultivos de soja, los predios han sido vendidos a empresas argentinas que compran sin importar su dimensión, ya que apuestan incrementar la superficie plantada con el grano.

Además de la soja, que no le deja ningún beneficio al país salvo mostrar un incremento en las exportaciones mientras el dinero va a parar a bolsillos de especuladores extranjeros, ¿qué se está plantando?

Aumento de cultivos transgénicos (maíz, soja) y agrotóxicos

Durante el 2012 se aprobaron tres nuevas variedades de maíces transgénicos. Todos ellos con tolerancia a los herbicidas glifosato y glufosinato de amonio y resistentes a insectos lepidópteros.
Además de estas autorizaciones, el pasado setiembre se derogó la suspensión del maíz dulce genéticamente modificado, que los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) habían aprobado con fecha 17 de agosto 2006, "suspendiendo el uso, producción y comercialización de semilla de maíz dulce genéticamente modificado".

Esta suspensión se basó en que ambos ministerios consideraron que "la vulnerabilidad particular de los sectores de agricultura familiar que llevan adelante sistemas de producción hortícola" hace conveniente suspender el uso de las variedades de maíz dulce que se comercializaron en los dos últimos años.

La derogación de esta resolución echa por tierra la protección del medio ambiente y aumenta la vulnerabilidad de los sectores de agricultura familiar. De esta manera, las autoridades extienden un cheque en blanco para que se contamine el maíz criollo.

Por otro lado, también este año se autorizaron tres nuevas semillas de soja transgénica. Una de la empresa Monsanto, tolerante al glifosato y resistente a insectos, las otras dos de la empresa Bayer, que además de ser resistentes a insectos toleran el glufosinato de amonio, un herbicida elaborado por la misma empresa. Su utilización representa un considerable riesgo para los agricultores, causa daños a insectos en zonas circundantes y puede ser peligroso para los consumidores al ingerir alimentos que contengan residuos del herbicida.

A estas semillas de soja se le agregaron dos más, autorizadas para producción de semillas para exportación, una de ellas tolerante no sólo al glifosato sino al herbicida Dicamba. La soja resistente al Dicamba permitirá que en el futuro inmediato Monsanto retire su soja RR, ya obsoleta ante el avance de las malezas resistentes al glifosato. De manera que nuestro país está contribuyendo, cuando todavía se están discutiendo las consecuencias del glifosato, a que un nuevo veneno lo suplante.

Todas estas variedades, entre otras cosas, aumentan el uso de agrotóxicos, provocando el envenenamiento de nuestra gente -ya que los cultivos se encuentran a pocos pasos de las poblaciones- y la contaminación de nuestro suelo, aire y agua.

Esta situación no coincide con la proclamada por las autoridades cuando se refieren al éxito del cultivo de la soja transgénica. Según algún funcionario, tal éxito se “debería a que se trabaja estrictamente con el tema de bioseguridad, que está relacionado con la gestión de riesgos potenciales a la salud humana, animal y medio ambiente”.

En este primer balance del 2012, percibimos claramente un aceleramiento en la destrucción, no sólo del medio ambiente, sino del tejido social de la sociedad uruguaya, muy especialmente de los casi desaparecidos pequeños productores.

Sólo queda esperar que el 2013 traiga mayor lucidez y compromiso a la población para que le exija a los gobernantes cumplir con su obligación de defender el bien común que es nuestra tierra, nuestro aire y nuestra agua; así como garantizarnos alimentos sanos. Y que además les recuerde que el crecimiento y el mal llamado desarrollo carecen de sentido si se edifican sobre la base de la explotación irracional del ambiente y de los recursos naturales. Esa es nuestra esperanza y nuestro desafío.

RAPAL Uruguay y UITA

Diciembre 2012