Nuevos cultivos transgénicos, tanto de soja como de maíz, serían aprobados para esta zafra por la Comisión de Evaluación y Riesgo del Gabinete Nacional de Bioseguridad.

La aprobación de nuevos cultivos de soja estaría destinada a la producción de semillas a ser exportadas a Estados Unidos, para ser sembradas contra estación. Esta modalidad ya fue aplicada en la zafra anterior y ahora se proyecta duplicar las áreas sembradas con cultivos que no están aprobados para ser sembrados y comercializados en Uruguay. Sin embargo, nada garantiza que estos nuevos cultivos de soja –que tendrían tolerancia a más de un herbicida- no contaminen a los cultivos ya aprobados.

Las empresas semilleras han solicitado también ensayos de campo de dos maíces “triples”, con tres modificaciones genéticas, que combinan tolerancia a glifosato y con resistencia a diversos insectos.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, dependencia encargada de presidir el Gabinete Nacional de Bioseguridad (creado en julio 2008 y conformado por los ministerios de Medio Ambiente, Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores, Industria y Energía y Salud Pública), ha publicado en agosto en su página, bajo el título “Participación ciudadana – Consulta pública” una serie de informaciones con respecto a nuevos cultivos transgénicos.

Primero que nada llama poderosamente la atención el título, ya que en dicha información no aparece la opinión de productores y menos aún de la sociedad civil, o sea que mal podría hablarse de participación ciudadana, si ni siquiera están incluido los más afectados, los pequeños productores.

También se hace mención sobre impacto en la biodiversidad de los cultivos transgénicos. Con respecto al maíz dice que no son esperables riesgos significativos, dado que el Uruguay no es centro de origen del maíz, aunque en Uruguay existen variedades criollas y de desarrollo local. Sin embargo pareciera que esto último no es importante para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

La información agrega que, con respecto a la probabilidad de generación de resistencia de insectos y malezas, si bien existe experiencia a nivel nacional en el uso de cultivos transgénicos con características individuales similares a las nuevas, se “enfatiza la importancia de que los eventos con tolerancia al herbicida glifosato estén acompañados de sus respetivos paquetes tecnológicos generados en Uruguay, bien diferentes en el caso de enmalezamientos de verano a las situaciones de Argentina y no extrapolables…” “…con el compromiso de todas las Instituciones de colaborar para preservar nuestro actual status de libre de resistencia a glifosato que es parte del posicionamiento en el mundo del Uruguay Natural”.

Es interesante resaltar que en ambos comentarios hay un reconocimiento de deterioro a la biodiversidad: por un lado, contaminación de los maíces criollos y de desarrollo local por transgénicos y por otro lado temor de generar resistencia en insectos y malezas.

En relación a la aparición de “malezas resistentes”, autoridades de distintos organismos del estado están en conocimiento de este hecho, y también se sabe que cada vez se deben hacer mayores aplicaciones de herbicidas y más potentes para poder controlarlas. O sea, que hablar de la supuesta pérdida del posicionamiento en el mundo del Uruguay Natural, es un slogan de un tiempo pasado y seguir utilizándolo es tratar de cubrir el sol con el dedo meñique. La aparición de resistencia en insectos es cuestión de tiempo, si es que aún no está registrada.

Pero lo que más llama la atención es la pérdida total de significado del slogan “Uruguay Natural”. ¿Cómo puede un país “natural” basar dicho posicionamiento en el hecho de ser “libre de resistencia a glifosato”? ¿No sería más razonable que para ser “natural” tuviera que ser “libre de glifosato y agrotóxicos en general?

Por otro lado, cabe señalar que la biodiversidad de maíces criollos o desarrollados localmente, no está protegida. El productor que ha conservado estos maíces por generaciones y generaciones, no tiene la posibilidad de saber si sus maíces han sido contaminados por transgénicos o no, básicamente porque los registros de los productores y los lugares donde el maíz transgénico ha sido sembrado no son de acceso público.

Dicha falta de acceso se produce a pesar de que la ley 18.981 establece que esta información es pública.

La Dirección Nacional de Medio Ambiente, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, encargado de llevar los registros de donde y quien siembra maíz transgénico, al serle solicitad dicha información en noviembre 2009, aprueba su acceso, pero la Cámara de Semillas se opone. El Ministerio de Medio Ambiente solicita al Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública, que proceda frente a dicha negación y éste resuelve, en abril 2010, que la misma se haga pública. Sin embargo, la Cámara de Semillas se niega por segunda vez en mayo 2010.

A la fecha, no se ha tenido respuesta positiva por parte del Ministerio de Medio Ambiente, organismo que cuenta con los registros y además es miembro del Gabinete de Bioseguridad. Es decir, que seguimos sin saber donde se ha sembrado maíz transgénico por la sola razón de que una cámara empresarial lo impide.

El avance de los cultivos transgénicos sigue en ascenso, visualizándose nuevas autorizaciones, con un mayor uso de agrotóxicos. Como resultado, la población sufre los impactos del uso masivo de los agrotóxicos, pérdida de la biodiversidad, poblaciones rodeadas por fumigaciones áreas y terrestres y productores expulsados de sus tierras, engrosando lenta y firmemente asentamientos irregulares que crecen como hongos en distintos puntos del país.

Por otro lado, en el campo y en la capital, se visualiza como las multinacionales controlan no solo sus semillas y su paquete de agroquímicos, sino también los hilos del control del estado. El Gabinete Nacional de Bioseguridad, supuestamente creado para defender la biodiversidad, solo apuesta a defender los intereses de las multinacionales, dejando la bioseguridad, convertida en bio–inseguridad, en tanto que la Cámara de Semillas sigue imponiendo su veto a la difusión de información.

RAPAL Uruguay
Agosto 2010