Agrotóxicos:
Los condenados rompen el silencio
Raúl Zibechi
Pese a la
gravedad de los daños que provocan las fumigaciones con agrotóxicos
en todo el Cono Sur de Sudamérica, llama la atención el
escaso debate, la pequeña cantidad de denuncias y la dificultad
para poner en pie movimientos destinados a regular, y eventualmente
eliminar, ciertas prácticas como las fumigaciones aéreas,
prohibidas en otros países.
“Mi señora se lavó la cara con agua de lluvia al
día siguiente que fumigaron un campo que está a tres kilómetros
y le empezaron a salir erupciones en los brazos y el cuerpo. Fue un
año atrás. Ahora está muy afectada, le diagnosticaron
lupus y le están haciendo quimioterapia”. Jorge Mérola,
productor rural en Villa del Carmen, en el centro de la región
sojera del Uruguay, desgrana sus palabras desde un fondo de dolor fácil
de entender, pero casi imposible de trasmitir.
Un médico
de la zona le explicó que las manchas en la piel se deben a los
“agrotóxicos” que vierten las avionetas que sobrevuelan
los cultivos. “Se me murieron seis terneros, todos con los mismos
síntomas. Quedan rígidos, sin movilidad muscular, con
las mandíbulas trabadas. A otros vecinos les pasó lo mismo”,
explica, haciendo largos silencios.
Cuando el
periodista le pregunta porqué no denunció lo que le sucedió
a su esposa, muestra su abismal incredubilidad en las autoridades: “No
quise denunciar al ministerio de Ganadería porque un tiempo atrás
hubo una mortandad de peces en el río Yi, y la respuesta fue
que se debía a falta de oxígeno en el agua. Con ese tipo
de respuestas no quise ir a denunciar”.
El testimonio
de Mérola es uno de los tantos que tapizan el video Efectos colaterales
del periodista Ignacio Cirio, que será presentando a comienzos
de febrero pero que desde fines de diciembre puede verse la página
web de Radio Mundo Real (http://www.radiomundoreal.fm/es). Es el primer
trabajo gráfico que presenta pruebas de afecciones graves en
personas por las fumigaciones.
Romper
el silencio
Todos los
productores entrevistados por Cirio muestran clara conciencia sobre
los cambios productivos que están sucediendo en su zona, la introducción
de cultivos como la soja y la fumigación con agrotóxicos,
la multiplicación de monocultivos al punto que “te vas
viendo encerrado”, como dice Isabel Olivo, de la Red Grupo de
Mujeres Rurales. Sin embargo, pese a ser una persona activa en una organización
social, Olivo reconoce que “uno se siente sin armas para luchar
contra esto”.
El caso de
Mérola no hace más que testimoniar la soledad de los afectados
por las fumigaciones, que puede resumirse en distancia y ausencia del
Estado y complicidad de actores como el cuerpo médico que podrían
jugar un papel activo. Pese a la gravedad de lo que le sucedió
a su esposa, hubo apenas una entrevista en una radio de Sarandí
del Yi, que fue recogida por Cirio y se convirtió en el comienzo
de su investigación. De algún modo su recorrida fue un
desafío al silencio.
“Los
afectados no ven al Estado como garante de sus derechos”, asegura
luego de recorrer cientos de kilómetros por alguno de los departamentos
más afectados por fumigaciones como Florida, Flores, Durazno,
Paysandú y Salto.
“La
maestra Elsa Gómez, de una escuela fumigada dos veces seguidas,
hizo la denuncia y cuando la entrevistaron funcionarios de Salud Pública
le exigieron pruebas que vincularan los problemas en la salud con los
agrotóxicos. El Estado no los protege pero les exige”,
concluye Cirio. Gómez es maestra en pequeña localidad
en el departamento de Durazno, y relata en Efectos Colaterales cómo
las avionetas fumigaban, en 2009, a escasos metros de la escuela durante
varios días sin que nadie mostrara, al menos públicamente,
mayor inquietud.
“Hay
muchas cosas que la gente no se anima a decir, porque son vecinos, porque
se precisan, pero conozco casos que han quedado tapados y veo que salen
a fumigar con las mochilas rotas”, dice Luis Ferreira quien fue
presidente de la comisión de la escuela de Merinos, en el departamento
de Paysandú. Su hijo, como otros niños, presentan afecciones
estomacales con vómitos cuando las avionetas fumigan a menos
de cien metros del centro escolar.
Entre los
entrevistados por Cirio figuran apicultores que han visto desaparecer
sus colmenas, pequeños ganaderos y chacareros, vecinos de pueblos
y enfermeras, y maestras que descubren las consecuencias de los agrotóxicos
en los cuerpos de sus alumnos. No entrevistó médicos.
Consultado sobre el silencio de quienes saben y conocen las causas,
reflexiona: “Las empresas hacen beneficencia con las escuelas,
clubes sociales y policlínicas. Los médicos no dicen nada”.
En varias
ocasiones el equipo que hizo Efectos Colaterales tuvo problemas cuando
conductores de “mosquitos” (vehículos para la fumigación
terrestre) vieron que los filmaban. Algunos se bajaron del vehículo
y quisieron saber de qué se trataba. “Tienen órdenes
de no dejarse filmar”, concluyó Cirio.
Pese a las
dificultades, encontró que la población rural y de pequeñas
ciudades tiene conciencia de estar ante un problema creciente, entre
otras cosas “porque se informan, viajan, conocen y, por eso, reclaman
del Estado un estudio a fondo de la situación”. Onelia
Domínguez, auxiliar de enfermería en el pueblo Rincón
de Valentín, cree que los trabajadores no exigen condiciones
adecuadas de trabajo por temor a perder el empleo, pero coincide con
Cirio en que “jamás nadie ha venido a investigar”.
Vencer
la soledad
Aunque la
ausencia del Estado, y de la Universidad, son las principales responsables
del silencio de los afectados, habría que agregar la escasa capacidad
de los afectados para hacerse escuchar. En marzo de 2011 el Ministerio
de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay prohibió
las aplicaciones aéreas a menos de 500 metros de los centros
escolares y las terrestres a menos de 300 metros “para disminuir
el riesgo de exposición de sustancias intrínsecamente
peligrosas”.
Sin embargo,
para que las normas se cumplan alguien debe controlar o denunciar. Isabel
Cárcamo, de la Red de Acción en Plaguicidas (RAP-AL) dijo
que “hemos tenido la experiencia de trabajar con comunidades fumigadas
que ven muy difícil denunciar los impactos de las fumigaciones,
ya sea por tener un familiar trabajando en las aplicaciones, por ser
la fuente de trabajo o por vivir en pueblos pequeños donde todos
se conocen e incluso hasta la empresa “ayuda” a la comunidad”.
Es el mismo
problema que detectó el antropólogo Carlos Santos. Los
apicultores, por ejemplo, “se ven enfrentados al dilema de no
denunciar la mortandad de abejas para no ser expulsados del lugar donde
les han permitido instalar sus colmenas o perder el lugar donde se encuentran”,
porque al hacer la denuncia perjudica al propietario que a la vez arrienda
el campo para cultivar soja.
La doctora
María Elena Curbelo destacó que en la zona de Bella Unión,
ciudad agroindustrial donde trabaja hace 16 años, se fumigan
plantaciones de arroz y caña de azúcar. Ha constatado
malformaciones congénitas en recién nacidos, afecciones
respiratorias en invierno y también en verano.
En la zona
constató varios casos de leucemia en niños. Sin embargo,
reconoció que “aunque se fumigaba hasta el borde del pueblo,
un sector de la población quería hacer denuncias pero
los trabajadores preferían no poner en riesgo sus puestos de
trabajo y optaron por el silencio”.
Pero hay
más. La mayor parte de las personas afectadas por las fumigaciones
viven en pequeños pueblos, donde todos se conocen y en los cuales
pervive una cultura de esperar: del caudillo, del estanciero, ahora
del empresario, o del Estado. En el caso de Uruguay, se trata de pequeños
pueblos que oscilan entre los 400 y dos mil habitantes.
La población rural viene cayendo sistemáticamente en toda
la región. Quizá el caso más alarmante sea el de
Uruguay donde sólo el 5% vive en el campo. La franja etárea
de 50 a 65 años representa el 42 por ciento de esa población.
No es difícil concluir que es una población en lenta extinción.
Falta decir que en ese proceso el modelo productivo, y sus secuelas
en la salud, fomenta la emigración al tornar inhóspita
la vida rural.
“El
ministerio de Salud Pública no consigue médicos decididos
a radicarse en esos lugares. En esas condiciones, como señala
Cirio, “hay conciencia de la gravedad pero apenas esfuerzos aislados
con pocas herramientas organizativas y gremiales”.
Cárcamo
denuncia que el silencio sobre los efectos de los agrotóxicos
es interesado: “No existe interés político. Si lo
hubiera habría que cuestionar el supuesto país productivo
y los biocombustibles, entre otros. El tema solo será expuesto
cuando sea una decisión política. Un ejemplo es la campaña
que se ha realizado contra el tabaco, pero nada se dice de los impactos
que produce la ingesta diaria de agrotóxicos a través
de los alimentos y del agua. Y lo peor es que fumar se puede elegir,
pero comer y beber agua no”.
Brasil,
campeón mundial en agrotóxicos
Según
un reciente informe del Movimiento Sin Tierra (MST), la sociedad brasileña
está cada día más atenta ante los problemas causados
en la salud y la alimentación por la contaminación con
agrotóxicos. “Los venenos son uno de los ejes que sustentan
el modelo de producción del agronegocio”, que definen como
una producción volcada al exterior que expulsa familias del campo.
Desde 2008
Brasil ocupa el primer lugar en el ranking mundial de utilización
de agrotóxicos aunque no es el principal productor agrícola.
Se trata de mil millones de litros volcados en los cultivos, práctica
de la que tampoco escapa el propio MST. En 2010 se creó la campaña
nacional contra los agrotóxicos en la que participan entidades
oficiales como el Instituto Nacional del Cáncer (INCA), Fiocruz
y la Agencia de Vigilancia Sanitaria (ANVISA).
Los especialistas
no dudan en relacionar los agrotóxicos con el cáncer.
Según el INCA, en el los próximos dos años un millón
de brasileños recibirán diagnósticos de cáncer
y sólo seis de cada diez afectados conseguirán recuperarse.
Además habrá consecuencias sobre millones de personas
que sufren todos los años diversas afecciones. En una reciente
conferencia en Rio de Janeiro, Joâo Pedro Stédile, coordinador
del MST, denunció que en los asentamientos del movimiento “hay
casos de cáncer de mama en niñas de 13 y 14 años”
(Carta Maior, 20 de diciembre).
El informe
Derechos Humanos en Brasil 2011, divulgado en diciembre por la Red Social
de Justicia y Derechos Humanos, señala que todos los años
5.600 personas son intoxicadas con agrotóxicos aunque sólo
la mitad de los casos son denunciados. En base a informes del Ministerio
de Salud, concluye que todos los años se producen 2.300 “tentativas
de suicidio” con agrotóxicos, siendo la región del
Sur, una de las vitrinas del agronegocio, donde esa modalidad explica
el 75 por ciento de las muertas. La sorpresiva revelación llevó
a varios científicos a realizar trabajos de campo.
Un estudio
publicado en Revista Brasileira de Saúde Ocupacional del Ministerio
de Trabajo, revela la conexión entre suicidios y utilización
masiva de agrotóxicos, ya que los organofosforados, entre otros,
producen trastornos psíquicos. “Evidencias científicas
muestran que la exposición a los pesticidas puede provocar daños
en la salud, muchas veces irreversibles, como neuropatía tardía
por sobre exposición a organofosforados. La exposición
también está asociada a una larga lista de síntomas,
así como déficits significativos de la performance neurocomportamental
y anormalidades en el funcionamiento del sistema nervioso”.
La revista
de la Asociación de Pos Graduados en Salud Colectiva publicó
también estudios de caso, en base a una encuesta entre 102 trabajadores
rurales de Nova Friburgo, que le permiten concluir que existe una correlación
directa entre disturbios emocionales y psíquicos y la exposición
a agrotóxicos.
Argentina:
Médicos de Pueblos Fumigados
En la campaña
agrícola de 1990 los campos argentinos fueron rociados con 35
millones de libros de plaguicidas. En 2010 fueron más de 300
millones de litros de los diversos venenos que consume el agronegocio.
La cifra crece todos los años. En 1996, cuando se comenzaron
las fumigaciones con glifosato, se utilizaban dos litros por hectárea.
En 2010 ya se utilizan más de diez litros y hay campos que son
fumigados con cerca de veinte litros por hectárea.
Esos datos
formaron parte del 1er. Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos
Fumigados, realizado en agosto de 2010 en Córdoba, Argentina,
convocado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Córdoba a través de las cátedras de
Medicina I y Pediatría. Al evento asistieron 160 médicos
de diez provincias y decenas de pueblos.
Uno de los
resultados del encuentro fue la creación de la Red Universitaria
de Ambiente y Salud que ha venido dando seguimiento a la problemática
sanitaria generada por los agrotóxicos.
“Los médicos destacaron que ellos atienden, en general,
desde hace más de 25 años a las mismas poblaciones, pero
lo que encuentran en los últimos años es absolutamente
inusual y lo vinculan directamente a las fumigaciones sistemáticas
con plaguicidas”, reza el informe final del evento. Rodolfo Páramo,
médico pediatra y neonatólogo del hospital de Malabrigo,
norte de Santa Fe, mostró su alarma al encontrar doce casos de
neonatos con malformaciones sobre 200 nacimientos anuales en 2006.
El Servicio
de Neonatología del Hospital Perrando de Resistencia, Chaco,
hizo su propia estadística: en 1997 hubo 19,5 malformaciones
cada 10 mil nacidos vivos; en 2008, trepó a 85,3. Cuatro veces
más. En el mismo período, la superficie sembrada con soja
en la provincia se multiplicó por cuatro.
Hubo decenas
de testimonios, ponencias y relatorios. El informe final señala:
“Es importante destacar que son escasos los informes epidemiológicos
oficiales; según lo que manifiestan los propios médicos,
sólo cuentan con los datos de sus observaciones, ya que en general
los estamentos de Salud Pública han evitado verificar las voces
de alarma de los equipos de salud como las denuncias de las poblaciones”.
El informe de Chaco, reseñado arriba, es “uno de los únicos
generados por un área pública con participación
interjurisdiccional”.
Medardo Ávila
Vázquez, coordinador de la red de médicos, aseguró
que pese a las evidencias científicas presentadas las autoridades
nacionales y las sanitarias se niegan a aceptar la realidad, y en particular
los cambios en las patologías que presenta la población
rural.
Por eso optó
por trabajar junto a grupos como Madres de Ituzaingó, un barrio
de Córdoba rodeado de soja donde 300 de sus cinco mil habitantes
tienen cáncer, o el Colectivo Paren de Fumigar, que optaron por
la protesta para no seguir muriendo en silencio. Este grupo asegura
que “no hay fumigación controlable ni segura”, por
lo que deben suprimirse.
El caso de
Ituzaingó muestra que sin organización y protesta no podrán
conseguir nada, porque las fumigaciones afectan a los más pobres.
En 2002 las Madres ya denunciaron “endosulfán y metales
pesados en tanques domiciliarios de agua”, sus hijos siguieron
muriendo de leucemia y malformaciones.
Los datos
que aporta Ávila no deberían permitir que nadie duerma
tranquilo: “Existen casi 12 millones de personas fumigadas en
el país. En esas zonas, la tasa de malformaciones es cuatro veces
mayor a la de las ciudades. En los pueblos, como en Barrio Ituzaingó,
la primera causa de muerte es el cáncer con el 33% de los decesos,
mientras que en las grandes ciudades la primera causa son los problemas
cardiovasculares con el 27%, y recién la segunda el cáncer
con el 19 por ciento”.
Raúl
Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo,
docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad
Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales.
Escribe el “Informe Mensual de Zibechi” para el Programa
de las Américas. www.cipamericas.org/es/
Recursos
Carlos Santos,
“¿Que protegen las áreas protegidas?”, Montevideo,
Trilce, 2011.
Ciência & Saúde Coletiva, vol.12, Nº 1, Rio de
Janeiro, enero-marzo de 2007.
Facultad de Ciencias Médicas-Universidad nacional de Córdoba,
Informe 1º Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados,
Córdoba, 2010.
Ignacio Cirio, Efectos Colaterales, Radio Mundo Real (www.radiomundoreal.fm/rmr).
Meyer, T. F.; Reswende, I.L.C.; Abre, J. C.; “Incidência
de suicidios e uso de agrotóxivos por trabalhadores rurais em
Luz (MG), Brasil”, Revista Brasileira de Saúde Ocupacional,
Sâo Paulo, Nº 116, Vo. 32, pp. 24-30, 2007.
MST, “Balanço do ano velho e perspectivas para 2012”,
en www.mst.org.br
Red Social de Justicia y Derechos Humanos, “Derechos Humanos en
Brasil 2011”, Brasilia, 2011.
Artículo publicado en el Semanario Brecha el 12 de enero 2012