Crece oposición al
modelo sojero en Uruguay
Durante los meses de marzo y abril del presente
año, pobladores de Santa Rosa, Departamento de Canelones, mantuvieron
una serie de reuniones y comunicaciones con autoridades del Ministerio
de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), con el objetivo de
denunciar fumigaciones aéreas llevadas a cabo sobre la Ruta 82
km 54.500 en cultivos de soja transgénica. Dichas aplicaciones
de agrotóxicos fueron realizadas sobre escuelas y zonas rurales.
La respuesta obtenida de parte del Ministerio
fue que dentro de las regulaciones decretadas no existe marco legal
que descalifique o impida este tipo de aplicaciones, ya que la normativa
prohíbe realizar aplicaciones aéreas de agrotóxicos
a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana
y centros poblados.
Dado que la zona donde se realizaron fumigaciones
aéreas es considerada rural, ello implica que la normativa vigente
no es aplicable a los predios de pequeños productores familiares
hortícola/frutícolas, ni a la escuela (a la cual asisten
41 alumnos) y tampoco importa que la aplicación se haga hasta
el borde de la ruta 82.
Dentro de los agrotóxicos utilizados
en los cultivos transgénicos de soja está el “paquete
tecnológico” de herbicidas, funguicidas e insecticidas
que de por si individualmente son muy contaminantes y mezclados potencian
su peligrosidad, tanto para el ambiente como para la salud de la gente.
El objetivo de las reuniones realizadas en
Santa Rosa con las autoridades del MGAP era proponer que el departamento
de Canelones fuera declarado libre de aplicaciones aéreas. Lamentablemente,
este deseo fue truncado desde las autoridades del Ministerio, ya que
su respuesta fue que “no se puede impedir a los productores que
desean cultivar soja, aunque estas tierras estén al lado de una
escuela o en medio de centros poblados rurales”.
En este momento el MGAP está elaborando
un reglamento para que no se realicen aplicaciones aéreas sobre
las escuelas.
Este hecho es lamentable, ya que no se toma
en cuenta la realidad del departamento. Por un lado, se trata del segundo
más poblado del Uruguay y donde se concentra la mayor población
rural del país y como si esto no fuese suficiente, el 100% de
su producción hortícola y frutícola es consumida
en Montevideo. La medida que pretende implementar el MGAP sobre aplicaciones
aéreas será totalmente insuficiente, ya que en cualquier
lugar donde se siembre soja transgénica, ésta siempre
implicará masivas aplicaciones aéreas de agrotóxicos
. O sea, que la población en su conjunto será siempre
afectada por las mismas.
No solo Santa Rosa se opone
y cuestiona este modelo
Productores convencionales y orgánicos
y pobladores de la ciudad del Sauce, también ubicada en el departamento
de Canelones, se oponen a este MONOCULTIVO SOJERO. No desean que sus
tierras terminen en manos de consorcios argentinos ni brasileños
o que después de ser arrendadas por un par de años queden
inservibles. Productores, académicos, autoridades y pobladores
de otros departamentos del interior también se oponen a este
modelo y ven con mucha preocupación el avance agresivo de este
cultivo.
La Comisión Nacional de Fomento
Rural (CNFR) también se adhiere a la oposición a este
modelo destructivo y avasallador y esta posición se ha fortalecido
aún más después de la publicación de un
estudio realizado por nuestra organización (*)
sobre los impactos de la soja transgénica en Uruguay. La CNFR
lo sintetiza muy bien en su comunicado
de prensa del 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente,
tomando cifras ilustrativas sobre los impactos que está causando
este modelo, haciendo hincapié en la extranjerización
y concentración de la tierra:
- Resalta que la soja ocupa casi la mitad
del área agrícola nacional, desplazando paulatinamente
a otros cultivos orientados al mercado y sustituyendo los sistemas de
rotaciones agrícola-ganaderas de relativo buen éxito en
cuanto a la conservación del recurso suelo y la generación
de alimentos.
- El 92% del área cultivada con soja
continua es arrendada (o bajo medianería), y que por parte de
los empresarios no existe ningún compromiso de conservar nuestros
recursos naturales.
- En relación a la generación
de empleo por hectárea, la lechería y empresas familiares
ocupan 23 personas cada 1000 hectáreas, en tanto que la soja
apenas supera las 2 personas en la misma superficie.
Compartimos la inquietud que manifiesta la
CNFR en generar un ordenamiento productivo que haga que el país
se mueva con los productores y para su población.
Si este modelo sojero sigue avanzando en
el departamento de Canelones, que es el principal abastecedor de frutas
y verduras de los montevideanos, o sea la mitad de la población
uruguaya, los afectados serán muchos más.
Recientemente el gobierno ha autorizado la
importación de frutas y verduras y mientras las áreas
de la producción de alimentos estén siendo invadidas por
el cultivo de la soja transgénica, la importación no será
una excepción sino la regla.
No esperemos que los suelos queden destruidos
y la gente del campo se haya ido a engrosar las filas de la pobreza
a los cinturones de Montevideo o de otras ciudades del interior país.
Es tiempo de decidir. Este modelo “productivo” solo llevará
a la destrucción de nuestras mayores riquezas, la gente, la tierra
y nuestra agua.
¿No será tiempo que nuestros
gobernantes piensen en nuestras riquezas y no en regalarlas a las multinacionales?
(*) La soja
transgénica en Uruguay La nueva colonización http://webs.chasque.net/~rapaluy1/Soja.pdf
RAP-AL Uruguay
Junio 2008