Agrotóxicos y trabajo rural: un modelo productivo que enferma

Trabajadores rurales, sindicalistas y autoridades alertan sobre los riesgos de la exposición a agrotóxicos, vulneraciones laborales y dificultades en los mecanismos de denuncia.

Agrotóxico y trabajo rural

Cuando amanece en el campo, todavía hay bruma sobre las hectáreas inundadas de cultivos. El agua se cuela entre los surcos, desborda canales y, con ella, avanza una mezcla invisible de químicos. No se ve, pero se siente: en las manos irritadas, en las botas mojadas, en los pulmones cansados. Para Marcelo Amaya, trabajador rural y referente sindical en la rama arrocera, esa exposición diaria a los agrotóxicos ya no se puede disociar de la enfermedad. “El agua entra en las botas, desborda los canales y termina en lugares que no debería. Esa exposición constante nos enferma”.

La suya no es una historia aislada. Forma parte de una realidad que se arrastra desde hace décadas y que ha ido dejando rastros, no solo en quienes manipulan directamente los productos químicos, sino también en las familias que viven en los predios o cerca de las zonas de cultivo.

Entre diciembre de 2023 y junio de 2025, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) recibió 91 denuncias por falta de elementos de protección personal en tareas vinculadas al uso de agroquímicos, según informó La Diaria. La cifra, aunque relevante, apenas roza la superficie del problema. En el medio rural, el miedo a represalias y la falta de información siguen siendo los principales obstáculos para visibilizar las condiciones de exposición a sustancias tóxicas.

En diálogo con Caras y Caretas, Amaya recuerda que esta problemática “viene de hace años”. “En 2008 hubo una audiencia pública en Cebollatí, donde se dijo que las cantidades aplicadas no afectan al ser humano, pero no se tuvo en cuenta el efecto residual. Desde entonces empezamos a ver un deterioro en la salud, no solo de los trabajadores, sino también de sus familias y vecinos que viven cerca de las plantaciones”.

El trabajador se remontó al año 2015 y mencionó el caso de Julio de los Santos —un trabajador afectado por agroquímicos—, que llegó incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Denunció al Estado uruguayo por no garantizar condiciones adecuadas de protección.

Desde la organización sindical que integra, Amaya reclama que se implemente un monitoreo real y sistemático del estado de salud de quienes trabajan en el medio rural. “No solo de quienes manipulan directamente los productos. También se ven afectados los que riegan, los que viven en los predios, los que están cerca del lugar donde se almacenan los químicos”, advierte.

La rama arrocera, en particular, presenta condiciones que potencian la exposición. En Uruguay, el arroz se cultiva con riego continuo, y en esa misma agua se vierten herbicidas y pesticidas. “Aunque use botas de goma, las manos entran en contacto. Hoy un trabajador tiene que regar entre 150 y 200 hectáreas, algo humanamente imposible de hacer con eficiencia y sin exponerse”, explicó el trabajador.

Además de atención médica, el movimiento sindical reclama un rediseño del modelo de trabajo. “Queremos investigación, monitoreo real de salud y cambios en la organización del trabajo. Esto tiene que ver también con el uso eficiente del agua, la energía y con el modelo productivo”, señaló Amaya.

Para Amaya, el modelo productivo dificulta el debate sobre los riesgos de la exposición a estos productos químicos. “Hay una dependencia muy grande del sector agroexportador. Cuando hablás con gente de los pueblos, muchos priorizan lo económico. Pero nosotros hace rato que denunciamos el problema de fondo: la salud, los bienes comunes, la contaminación del agua. El problema de abastecimiento de agua en Uruguay ayudó a que se tome conciencia, pero hay mucho por hacer”.

Por otro lado, cuestiona que muchos de los relatos sobre el tema tienden a una naturalización del riesgo impulsada por el mismo sistema. “Muchas veces, si hablás con un agrónomo formado en este sistema, te dice que ‘no pasa nada’. Pero ellos no se tomarían una cucharada de agrotóxicos por la mañana, ¿no? Entonces hay que ser honestos sobre los riesgos. Decirle a un trabajador que ‘tiene que cuidarse’ cuando el ingeniero le dijo que no pasa nada es una contradicción que sufrimos todos los días”, afirmó.

En el interior, incluso, es común el uso de glifosato en jardines o patios de viviendas, como si fuera un insecticida doméstico. “Hay una banalización total del riesgo. Se enseña a manipular sin la protección adecuada. Sabemos de casos de niños expuestos, y eso después se traslada al ámbito laboral”.

Richard Oliveira, de Treinta y Tres, también conoce de cerca esa sensación de exposición constante. Trabaja en la plantación de arroz La Rosal y, como muchos otros, comenzó aplicando agrotóxicos, tarea que cumplió durante una década. Luego pasó al riego, una fase del proceso que, lejos de alejarlo de los químicos, profundizó el contacto. “En realidad, casi todos los trabajadores del arroz terminamos en el riego, donde es casi imposible evitar la exposición”, contó.

Al igual que Amaya, afirma que las consecuencias para la salud son visibles en la piel y en el cuerpo. “Se te forman escamas en las piernas y en las manos. La piel se reseca y se parte. También afecta la respiración”, relató. Aunque nadie se lo confirmó formalmente, para él no hay dudas: “Son cosas que nunca nadie te dice que pueden estar relacionadas con los agrotóxicos, pero los que trabajamos en eso lo sabemos”.

Oliveira explicó que lo ideal sería utilizar “guantes, botas de goma, trajes que impidan que el agua contaminada entre en contacto con la piel”, pero que, en la práctica, eso no sucede. “El agua tiene temperaturas muy altas, y muchas veces entra en las botas o te salpica. En los primeros riegos, cuando se aplica el herbicida, tenés que caminar por ahí. La exposición es directa”. La sobrecarga de trabajo agrava aún más la situación: “Con la cantidad de hectáreas que regamos, es imposible evitar el contacto. No hay suficiente personal, y el trabajo tiene que hacerse rápido”.

Para el trabajador, el problema no es nuevo ni individual: es una historia de generaciones. “Mi padre trabajó ahí, mis hermanos también, y ahora nuestros hijos también lo hacen. Es como una herencia: seguimos en lo mismo. Pero también seguimos con los mismos riesgos”.

Otro problema que agrava la situación es la negligencia de las empresas encargadas de fumigar, que, según denunció, muchas veces no respetan las normativas básicas. “Hoy las empresas tercerizan las fumigaciones, y no respetan a nadie. He visto aviones pasar por encima de los pueblos. Aunque no fumiguen directo, siempre hay deriva”. En medio de su relato se detiene para comentar acerca de una imagen que subió a redes y que a su entender resume la situación: “Una vez vi niños jugando en una placita y un avión pasando por arriba. Subí una foto a Facebook y puse: ‘Jugando sin saber que la muerte anda sobre ellos’. Es así de grave. Y a nadie parece importarle”.

Oliveira sabe que la posibilidad de denunciar existe, que en muchos casos se concretan, pero asegura que rara vez se traducen en cambios reales si no hay representación sindical. “A veces nos sacan del lugar cuando fumigan, pero a los compañeros del otro lado del canal no les avisan. Y cuando uno se queja, lo castigan”, aseguró. Él lo vivió en carne propia: “Desde 2013 hasta 2023 trabajé solo 8 horas, sin posibilidad de horas libres o extras. Eso fue un castigo por ser delegado sindical”.

La represalia más frecuente, explicó, es económica. “Para un trabajador que gana 30.000 pesos, una hora extra marca la diferencia. Cuando no te dan esas horas como castigo, lo sentimos directamente en el bolsillo. Eso es lo que nosotros llamamos ‘castigo económico’. Y así nos tienen. Siempre con miedo, siempre igual”.

Falsa sensación de seguridad

Con respecto a la seguridad laboral ante la exposición a productos químicos peligrosos, Andrea Bouret, subinspectora general de Trabajo desde marzo de este año, contó a Caras y Caretas que las inspecciones revelan todo tipo de situaciones alarmantes y que existe una “falsa sensación de seguridad”. A modo de ejemplo se refirió a trabajadores que usan equipos de protección vencidos, mal guardados o con filtros gastados. “Si los guardás mal, los filtros siguen absorbiendo producto y se gastan, aunque no los uses”. También aparecen fichas de seguridad incompletas o directamente ausentes, etiquetas en otros idiomas y reutilización de envases contaminados. “En una capacitación, una madre contó que su hijo se intoxicó por tomar de una botella donde habían guardado un químico”, relató. “La falta de información es enorme. Estamos haciendo muchas capacitaciones este año, yendo al interior a enseñar sobre derechos laborales, seguridad y el uso de productos químicos”, añadió.

Bouret aseguró que no en todos los casos se trata de una falta de conciencia de los trabajadores y trabajadoras acerca de la peligrosidad de un producto químico, sino que muchas veces lo tienen claro, pero “no saben cómo cuidarse”. “Vimos trabajadores usando telas como protección respiratoria, creyendo que así se protegían. También vimos envases de aluminio reutilizados para el mate, que antes contenían productos químicos. Aunque se laven, el veneno queda en las paredes. Deben trabajarse muchos cambios culturales: que el trabajador no se lleve la ropa contaminada a su casa, que no coma con la ropa puesta”.

De acuerdo a la entrevistada, el desconocimiento sobre cómo manipular estos productos va más allá de los trabajadores: muchas veces los empleadores también lo ignoran. “A veces no hay mala intención, son trabajadores más, expuestos a los mismos riesgos”.

Otro elemento preocupante que mencionó la funcionaria, y que es una característica del trabajo con productos químicos en el medio rural, es que, en muchos casos, las familias de los trabajadores viven en el mismo predio en el que se trabaja. Esa convivencia, según alertó, suele invisibilizar otras formas de vulneración: “Hemos visto familias enteras ayudando en las tareas y no figuran en planilla. En esos casos, hay que investigar si, por ejemplo, la esposa también trabaja y por qué no está registrada. Cuando hay niños colaborando, estamos ante casos de trabajo infantil, algo que trabajamos fuertemente para erradicar. A veces se cree que están ayudando, pero es trabajo infantil”.

Consultada sobre los mecanismos existentes para realizar denuncias y también por las barreras que suelen dificultar el proceso, la funcionaria reconoció que muchas personas prefieren no acercarse a las oficinas del MTSS en su departamento por temor a ser identificadas. “Los trabajadores dicen: ‘Sí, tenemos que hacer una denuncia, pero tenemos que ir a otro departamento, o a donde no nos conozcan’”, señaló. A ello se suma una dificultad práctica: “Para ir a hacer la denuncia, deben faltar un día de trabajo, y no se lo pueden permitir”.

Ante esa realidad, informó que la Inspección General del Trabajo implementó este año un mecanismo para facilitar las denuncias a través del celular. “Hay un número al que llaman y les deriva directamente al correo donde se hacen las denuncias. Pusimos funcionarios a atender de forma permanente el teléfono y los correos electrónicos. En Montevideo pueden venir presencialmente de lunes a viernes y en el interior, pueden ir a las oficinas locales o usar el número telefónico”, detalló Bouret.

Por otro lado, destacó la confidencialidad durante el proceso de denuncia. “Cuando un inspector va a una empresa, nunca dice que va por una denuncia. La discreción está garantizada. No se pide el nombre del trabajador, a menos que sea un caso de derechos fundamentales, como acoso”.

Operativos en el interior

En el marco del Compromiso Nacional por la Vida, la Seguridad y Salud en el Trabajo, asumido el 1° de marzo, la Inspección General desplegó operativos en distintos departamentos del país, incluyendo Artigas, Salto, Tacuarembó, Maldonado y Lavalleja. “Llevamos inspectores, abogados, capacitamos y fiscalizamos según la actividad. El balance todavía está en proceso”, contó la funcionaria.

Destacó también que en abril comenzó un operativo en la zafra de caña de azúcar, donde al inicio se detectó una situación crítica: “Los trabajadores no tenían agua potable, ni botiquín, ni baño”, explicó Bouret. A medida que avanzó la fiscalización y las capacitaciones, la situación comenzó a mejorar: “Hoy ya hay baño, agua, traslado en caso de accidentes. Los trabajadores están más conscientes y cuidan los elementos de seguridad. Los empleadores también agradecen: ellos mismos estaban expuestos y no sabían”.

Pese a los avances, el acceso a la denuncia sigue siendo desigual: “Si hay sindicato, hay más respaldo. El problema es cuando el trabajador está solo, no conoce el sindicato o tiene miedo”, indicó. Las campañas de sensibilización son, por eso, una estrategia clave del Ministerio: “Trabajamos para que conozcan sus derechos, y lo hacemos también presencialmente, en todo el país”.

La normativa vigente establece obligaciones claras para los empleadores. Si hay más de cinco trabajadores, debe haber un técnico prevencionista, y si hay más de cincuenta, también un médico en salud ocupacional. “En la industria química, aunque haya un solo trabajador, debe haber prevencionista y médico”, recordó.

El rol del MSP

¿Cuál es la visión del Ministerio de Salud Pública (MSP) sobre este problema? ¿Qué se está haciendo para abordar la problemática? ¿Qué problemas de salud han identificado? Leonel Briozzo, referente del Ministerio de Salud Pública (MSP), explicó a este medio que el Gobierno está al tanto de la gravedad de la exposición a productos químicos. “Uruguay es un país productor de alimentos, y eso implica un riesgo particular debido al uso de sustancias que, teóricamente, mejoran la productividad”, afirmó. Y agregó: “Se supone que producimos alimentos para 30 o 40 millones de personas, pero eso trae riesgos incrementales para nuestra propia población”.

Consultado sobre los problemas concretos que el MSP ha identificado ante la exposición a productos agrotóxicos, Briozzo destacó dos: “Uno, la exposición cotidiana durante tareas laborales. Por ejemplo, los trabajadores que manipulan almácigos de eucaliptus curados con sustancias químicas sufren irritaciones, reacciones en la piel y otros efectos que pueden derivar en daños graves”. La segunda fuente son las fumigaciones, en especial aquellas que no respetan las distancias mínimas establecidas por normativa respecto a centros poblados o escuelas. “Una persona con alergia puede verse gravemente afectada. Es un tema de salud pública serio”, advirtió.

Sobre las acciones para abordar esta problemática que compromete la salud de la población, Briozzo explicó que el Ministerio cuenta con una división específica dedicada a la salud ambiental y ocupacional desde donde están desarrollando un área que se enfoque en el vínculo entre cambio climático y salud. Según Briozzo, “el uso de agrotóxicos forma parte de un modelo productivo hegemónico que también alimenta el cambio climático”.

En ese sentido, detalló que el MSP trabaja en conjunto con el Departamento de Programación de la Dirección General de la Salud (DIGESA) bajo el enfoque de la sindemia global, una categoría que articula tres grandes crisis contemporáneas: el cambio climático, la obesidad y la malnutrición. Dentro de ese marco, se están por firmar convenios con dos instituciones clave de la Universidad de la República: el Instituto Una Salud —que entiende la salud humana, animal y vegetal como un sistema integrado— y el Instituto de Transiciones Sostenibles.

En paralelo al trabajo con la Universidad, el Ministerio proyecta convocar a investigadores a través de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) para actualizar la normativa sanitaria y definir protocolos específicos dentro del sistema de salud. “Queremos incluir en el sistema de salud protocolos específicos para detectar y tratar las afecciones vinculadas a agrotóxicos”, indicó Briozzo, y aseguró que también se busca “fortalecer la fiscalización y aplicar sanciones a empresas que violen estas normas”.

Con respecto al impacto de la falta de denuncias o del subregistro de estas situaciones, el entrevistado aseguró que “hay un componente cultural muy fuerte”. Para Briozzo, la naturalización del uso de agrotóxicos responde a una lógica impuesta por el sistema económico global: “El modelo capitalista de consumo instaló la idea de que ‘es agrotóxicos o nada’, como si fuera inevitable. Pero no es cierto. Se pueden implementar modelos más sostenibles, con menos o ningún uso de agrotóxicos, sin que eso signifique perder productividad”. Y añadió: “Hay que cambiar el sentido común, cambiar la cabeza. Eso incluye repensar el papel de Uruguay en el sistema alimentario global: no solo cantidad, sino también calidad”.

Uno de los principales desafíos institucionales es generar condiciones para que los trabajadores puedan denunciar sin temor. Según explicó, desde el ámbito médico se trabaja para garantizar que los centros de salud sean un espacio seguro para canalizar esas denuncias: “Cuando una persona llega con síntomas de intoxicación, el profesional debe poder identificar que puede haber una exposición a agrotóxicos y permitir que esa persona denuncie dentro del sistema de forma confidencial”.

Para eso, se articula con los ministerios de Trabajo y Ambiente, además de los sindicatos, en la elaboración de protocolos comunes. “La confidencialidad es clave para que los afectados se sientan seguros y protegidos al denunciar”, subrayó.

Mientras los ministerios con competencia avanzan en el diseño de políticas para enfrentar los efectos del uso de agrotóxicos, los cuerpos siguen absorbiendo las consecuencias cotidianas de un modelo productivo que hace del veneno una rutina.

Meri Parrado

Fuente: Caras y Caretas

Agosto 2025