A nivel general existe un gran desconocimiento de la exposición diaria a sustancias tóxicas a la que estamos expuestos, como a insecticidas, herbicidas, raticidas… y la lista continúa. Sustancias diseñadas para matar, ya sea malezas indeseadas, insectos que se han convertido en plagas, o lo que sea que se quiera eliminar porque se ha convertido en indeseado.

A ellas se agregan otros venenos que consumimos sin saberlo en frutas y verduras por los residuos de los múltiples agrotóxicos que se les aplican antes de llegar a nuestra mesa. 

Sin embargo, los impactos a la salud de los trabajadores y de poblaciones aledañas a su uso no son visibles de inmediato, muchos de ellos se expresan a largo plazo por la acumulación de su uso y de distinta forma: daños en el sistema inmunológico, neurológico y reproductivo o enfermedades como el cáncer o malformaciones congénitas.

Los impactos en el ambiente generalmente son apreciados de inmediato. Desde noviembre hasta mediados de diciembre, apicultores han denunciado que son cerca de 14.000 las colmenas muertas de abejas en predios de ocho departamentos como consecuencia del uso de agrotóxicos en las proximidades.

La concientización tan esperada

Seguimos informando, denunciando y exigiendo el no uso de plaguicidas químicos, a más de cuarenta años de la catástrofe de Bhopal ocurrida en la India, entre el 1 y el 3 de diciembre de 1984, en la región de Bhopal (Madhya Pradesh). Ese día se produjo una fuga al aire libre de miles de toneladas de isocianato de metilo -un compuesto orgánico utilizado para la producción de plaguicidas-, en una fábrica de plaguicidas propiedad en un 51 % de la compañía estadounidense Union Carbide.

De acuerdo con el informe de Amnistía Internacional, publicado previo al aniversario de los peores desastres industriales del mundo, en esos días 10.000 personas murieron en forma inmediata, también otros seres vivos, entre ellos ganado y animales domésticos. Posteriormente murieron más de 22.000 personas y más de 500.000 de sucesivas generaciones siguen sufriendo los efectos de la nube tóxica que abarcó varias áreas pobladas. El 6 de febrero de 2001, Union Carbide se convirtió en una filial de la empresa Dow Chemical Company. Hasta hoy Dow sigue eludiendo sus responsabilidades en este desastre tanto en lo ambiental como en materia de derechos humanos.

Fue así como se estableció el 3 de diciembre como el “Día internacional del NO uso de plaguicidas”.

Uruguay conmemora el 3 de diciembre

En el marco del día 3 de diciembre, la Comisión Nacional de Vigilancia y Prevención de los Efectos Adversos sobre la Salud Humana de los Contaminantes Químicos Ambientales, del Ministerio de Salud Pública (MSP), presentó el estado de situación y las líneas de acción en la materia para este período de gobierno.

Es importante destacar que en esta instancia tanto la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg, como del subsecretario Leonel Briozzo hicieron un reconocimiento público de los impactos en la salud y en el ambiente de los agrotóxicos.

Manifestaron también la preocupación por la necesidad de un mayor control de los agrotóxicos, tema clave porque el país produce alimentos para unos 30.000.000 de personas, y afirmaron que no existe contradicción entre la protección de la salud humana y el desarrollo. Se enfatizó en que es posible mantener la producción sin usar agrotóxicos y mejorar la calidad de los micronutrientes.

Lo destacado de esta instancia realizada en el día del NO uso de plaguicidas

es extremadamente significativo ya que se informó de la creación de un Comité de Vigilancia.

La directora de la división Salud Ambiental y Ocupacional del Ministerio de Salud Pública, Carmen Ciganda, por su parte, explicó que la Comisión tiene por delante la actualización de la normativa de sustancias químicas y que priorizará a los trabajadores expuestos a estas.

Los síntomas provocados por el uso de agrotóxicos van desde irritaciones (mucosa-ocular y dérmica), tos y vómitos; hasta intoxicaciones graves dependiendo del tipo de plaguicida, pudiendo causar incluso la muerte. Ciganda señaló que existen tres universos para la temática: trabajadores en contacto con plaguicidas, población circundante en esas comunidades y población general, consumidora de esos alimentos con residuos de plaguicidas.

Situación del uso de agrotóxicos en Uruguay

En el país se usa una gran variedad de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP), como es el caso de los insecticidas neonicotinoides: clotianidina, tiametoxam, imidacloprid y tiaclopid, altamente tóxicos para las abejas, y también del insecticida clorpirifos, un Contaminante Orgánico Persistente (COP) prohibido su uso a nivel internacional bajo el Convenio de Estocolmo. De acuerdo con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, para su mayor control, se exige la obligatoriedad de su comercialización bajo la exigencia de receta Profesional, excepto del insecticida tiaclopid, que su venta es libre.

Otra sustancia que se encuentra bajo la mira internacional es el paraquat, a menudo comercializado con diferentes nombres comerciales como Gramoxone, Sauquat, Gea Paraquat, Genquat entre otros. Es uno de los herbicidas y desecantes de contacto no selectivo y de amplio espectro utilizado en nuestro país. El paraquat es altamente tóxico. Un pequeño sorbo puede ser letal y no existe antídoto.

La lista de agrotóxicos utilizados en nuestro país es extensa, otro ejemplo es el herbicida glifosato, recientemente encontrado en el patio de una escuela agraria donde se habían denunciado fumigaciones.

Un informe de RAPAL-Uruguay realizado en 2020, analiza específicamente los plaguicidas catalogados como altamente peligrosos (PAP) y las condiciones internacionales en las que surge esta clasificación. Se trata de una categoría normativa construida en base a la discusión técnica y política en el ámbito del “Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a nivel Internacional” -SAICM, por su sigla en inglés- de las Naciones Unidas. El SAICM es un marco de referencia voluntario para la formulación de políticas públicas sobre la gestión de productos químicos, incluidos los plaguicidas, a lo largo de su ciclo de vida.

En el informe se comparan los plaguicidas autorizados en Uruguay con la lista de plaguicidas altamente peligrosos elaborada por la Red Internacional de Acción en Plaguicidas (Pesticide Action Network o PAN) y que están prohibidos en otros países. Se detallan los efectos que esos plaguicidas causan en el ambiente y la salud humana y se plantean alternativas viables y sustentables para lograr, en un futuro cercano, la eliminación de estos.

Ley de presupuesto 2025 e impuesto a la importación de agrotóxicos

Es también en este mes de diciembre que se aprueba y reglamenta la Ley de Presupuesto Nacional, donde se incluyó un artículo que refiere a los agrotóxicos. El mismo determina que se incluyen en el listado de productos que serán gravados con el impuesto IMESI las “sustancias activas de alta peligrosidad utilizadas en productos fitosanitarios comprendidos en las Categorías 1a o 1b, según la clasificación toxicológica de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y en otros productos no comprendidos en las categorías anteriores que establezca el Poder Ejecutivo, previa evaluación técnica.

Las categorías 1a (extremadamente peligroso) y 1b (muy peligroso) de la OMS se refieren a la clasificación de plaguicidas según su toxicidad. En los hechos son muy pocas las sustancias 1a y 1b que se importan actualmente en Uruguay, entre ellas está el Paraquat. Por este motivo, lo más importante de esta ley son los “otros productos” categorizados como II y III que se importan en mayor cantidad y que tienen efectos muy importantes en el ambiente y la población, como ser el glifosato, el clorpirifos y el 2,4 D, además de la clotianidina, el tiametoxam, el imidacloprid y el carbosulfán. La inclusión de estos productos en la lista de IMESI dependerá del Poder Ejecutivo y de la evaluación que realicen los técnicos asignados a tales efectos.

Alejandro Nario, director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente, dijo a La Diaria que se optó por incluir en el articulado estas categorías porque actualmente “no hay una definición de los plaguicidas altamente contaminantes”, denominados por su sigla PAP. El jerarca planteó que las clases 1a y 1b de la OMS se centran en aspectos vinculados a la salud humana, pero las autoridades de la cartera quieren que también “se tenga en cuenta los aspectos ambientales, pero como no hay una definición de los PAP, no se podía poner en la norma jurídica del Imesi”, explicó. En los próximos meses, estarán trabajando junto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en la lista de los productos que serán gravados y en una definición de los PAP. Adelantó que, por ejemplo, evaluarán el paraquat y el clorpirifos.   

Fuente: https://www.mgap.gub.uy/profit/productosweb.aspx

Si bien hay solo dos sustancias que figuran como autorizadas, el resto, las que están en renovación, pasan por una revisión de la Dirección General de Servicios Agrícolas del MGAP donde se chequea el contenido de las etiquetas del producto, para asegurar el cumplimiento legal y la seguridad de este. El registro suele durar 4 años.

No solo buenas intenciones

Que el gobierno celebre el 3 de diciembre, ya es un gran paso adelante, impensado años atrás. Que las autoridades del Ministerio de Ambiente defiendan la incorporación de impuestos a la importación de agrotóxicos como forma de controlar y minimizar su uso, es otro gran avance. Que las autoridades del Ministerio de Salud Pública reconozcan los impactos del uso de los agrotóxicos en la salud y el ambiente y promuevan medidas para que estas sustancias tengan un mayor control de uso, también es algo por lo que luchamos desde hace décadas en Uruguay.

Pero estas buenas intenciones solo podrán concretarse e implementarse si hay un trabajo en conjunto con todos los ministerios involucrados, y la integración de un equipo técnico que controle qué se usa, cómo se usa y cuándo, de manera que se cumpla con la normativa vigente.

Además, que se promueva la concientización de los tomadores de decisión, que apunte a un cambio de modelo de producción priorizando la salud de las personas y el cuidado del ambiente por sobre las ganancias de la agroindustria.

Para que ello sea posible, es fundamental además que la sociedad en su conjunto tome conciencia del peligro que implica el uso de estos venenos y que comience a exigir el derecho a vivir en un ambiente saludable y a acceder a alimentos libres de productos tóxicos.

María Isabel Cárcamo

diciembre de 2025