Cuerpos envenenados

En el mundo existen cada vez más evidencias sobre los efectos negativos de los agrotóxicos en la salud, pero Uruguay sigue sin contar con estudios oficiales que analicen su impacto en la población. Tampoco el MSP ni el de Ambiente tienen injerencia en el control de riesgo de los plaguicidas. Un proyecto universitario de investigación, respaldado por el MSP, pretende estudiar la relación entre la exposición a agroquímicos y el cáncer de mama, de la que ya se han encontrado indicios en Brasil en similares condiciones.

Un agricultor rocía glifosato de Roundup. AFP, Francios Monier.

El 13 de abril de 2018, en una sala del edificio anexo del Palacio Legislativo, investigadores y autoridades gubernamentales se reunieron en la jornada «Impactos y análisis de plaguicidas en humanos en Uruguay», organizada por el núcleo interdisciplinario colectivo TÁ, de la Universidad de la República (Udelar). Era la primera vez que se convocaba un encuentro de ese nivel para discutir el tema en Uruguay. En ese contexto, Carmen Ciganda, toxicóloga y entonces asesora del Ministerio de Salud Pública (MSP), admitía a medios de prensa la existencia de un subdiagnóstico: el país no sabía realmente cómo los agrotóxicos estaban impactando en la salud.

Por aquel entonces, el Centro de Información y Atención Toxicológica (CIAT) del Hospital de Clínicas ya acumulaba abundante información sobre intoxicaciones agudas (irritaciones, problemas respiratorios, vómitos), pero lo que quedaba –y aún sigue quedando– por fuera del radar eran los efectos de baja intensidad, aquellos que no obligan a correr a una emergencia y, sin embargo, se acumulan en el tiempo y en los cuerpos.

Ese mismo día, el médico e investigador Damián Verzeñassi, del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, presentó un mapa con imágenes aéreas que mostraban cómo la actividad agrícola había impactado en el perfil epidemiológico de 29 localidades de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires. El corazón sojero argentino. En una pizarra, el médico proyectó dos mapas: uno, con las zonas donde se había expandido el modelo sojero; otro, con las áreas con mayor incidencia de cáncer, abortos espontáneos y malformaciones congénitas. La superposición era casi exacta. El estudio epidemiológico establecía una correlación entre las afecciones y la exposición a los principales insumos químicos del agronegocio, como el clorpirifós y el glifosato.

En Uruguay, la soja transgénica se introdujo hace casi tres décadas bajo el mismo paquete tecnológico basado en agroquímicos. En ese contexto, el médico argentino dijo que era casi imposible que la misma situación no estuviera ocurriendo de este lado del río.

Sin datos

Ocho años después, Ciganda dirige la División de Salud Ambiental y Ocupacional del MSP. Hace pocas semanas anunció que la cartera apoyará –como contraparte técnica– un proyecto que aún está en etapa de búsqueda de financiamiento para estudiar la relación entre la exposición a agroquímicos y el cáncer de mama en Uruguay.

En abril del año pasado, el MSP auspició un encuentro organizado por el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Udelar. El espacio tuvo como pregunta disparadora: ¿es posible analizar la incidencia del cáncer de mama atribuible a agrotóxicos en trabajadoras uruguayas rurales de áreas sojeras? La propuesta metodológica incluyó pensar en la instrumentación de análisis de plaguicidas en orina y en la comparación entre mujeres residentes en áreas urbanas, agrícolas y rurales ganaderas. De este encuentro surgió la idea de generar un proyecto de investigación liderado por la Facultad de Ciencias y otras dependencias de la Udelar, con el respaldo del MSP.

Según cifras oficiales, el cáncer de mama sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres uruguayas: alrededor de 700 fallecimientos al año –dos por día– y unos 2 mil nuevos diagnósticos anuales. En los últimos años, además, preocupa el aumento de casos en mujeres menores de 50, lo que ha obligado a revisar la edad de inicio y la periodicidad de los controles.

En el encuentro participó la investigadora Carolina Panis, de la Universidad Estadual del Oeste de Paraná. Allí presentó resultados de estudios que muestran que las mujeres agricultoras de esa zona de Brasil tienen un 52 por ciento más de riesgo de desarrollar cáncer de mama y un 200 por ciento más de probabilidades de presentar metástasis que aquellas que residen en áreas urbanas. Además, se vuelven quimiorresistentes, es decir, no responden a la quimioterapia ni a los tratamientos convencionales.

Por su parte, el director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, Marcel Achkar, que estaba en el encuentro, aportó un indicador que ayuda a dimensionar el problema: en Uruguay se utilizan 5 quilogramos de principio activo de agrotóxicos por persona al año. Mientras, según señaló, el último dato disponible para Brasil era de 3,5 quilogramos por habitante por año.

Órgano rector

«No es un estudio del Ministerio de Salud, ni vamos a financiarlo; el apoyo es solo una expresión de interés y participaremos con algunos técnicos», explica Ciganda a Brecha. Según la toxicóloga, el MSP es el órgano rector en materia de salud, pero no tiene entre sus competencias investigar los efectos de los agroquímicos en la salud.

No obstante, señaló que siempre se trabaja de la mano con la academia, como ocurrió durante la contaminación por plomo en niños de La Teja en el año 2000. En aquel caso se conformó un grupo de trabajo interinstitucional y, utilizando recursos médicos de la Facultad de Medicina y de las policlínicas de ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado), se realizó el monitoreo de la zona afectada. «Si se quiere hacer investigación aplicada, se hace», afirma.

Otros estudios sobre agrotóxicos que sí ha llevado adelante el MSP se han dado en el marco de tratados internacionales. Ciganda apunta la participación de Uruguay en el Plan de Vigilancia Mundial de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), en el marco del Convenio de Estocolmo, que plantea la eliminación de estas sustancias. En este estudio, se analizó la leche materna para determinar si las concentraciones de COP disminuyen con el tiempo. «Detectamos que mujeres que nacieron 20 años después de haberse prohibido contaminantes como el aldrín y el dieldrín aún los presentan, porque persisten en el ambiente», señala la toxicóloga. La última ronda de este monitoreo se realizó en 2016.

Recientemente, el MSP anunció varias líneas de acción para abordar el impacto de los plaguicidas. Informó que actualizará la lista de biomarcadores para los trabajadores expuestos y establecerá una ordenanza ministerial exclusiva para estos productos, que obligue a los empleadores a efectuar los controles necesarios. «Que tengan planes de vigilancia de los trabajadores a cargo de médicos y especialistas en salud ocupacional», dice Ciganda.

El MSP también trabaja este año en un plan piloto destinado a mejorar la prevención y la atención en salud en las zonas más expuestas a agrotóxicos. El plan contempla capacitar a los equipos médicos para reconocer estos casos y reportarlos correctamente. Se está evaluando el litoral y localidades de Rocha donde están las arroceras.

A su vez, en el proyecto de Ley del Presupuesto Nacional, se creó el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Bienestar, que tendrá entre sus cometidos impulsar la investigación científica en salud pública. «Muchos países lo incluyen dentro de los ministerios de salud, lo que les permite contar con una pata más fuerte en investigación. Pero acá se creó sin presupuesto; por el momento solo tiene la estructura», indica la directora del MSP.

¿Quién nos cuida?

Otro elemento clave es quién controla el riesgo de los plaguicidas. La clasificación toxicológica de los agrotóxicos está determinada por la Organización Mundial de la Salud. En Uruguay, el CIAT del Hospital de Clínicas establece la categorización de acuerdo a estos criterios y registra los productos de las empresas, que luego son autorizados por la Dirección General de Servicios Agrícolas, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), responsable de regular el registro, el control y la venta, así como de supervisar su aplicación. Sin embargo, desde la dirección han señalado a este semanario que hay falta de personal para llevar adelante la vigilancia en territorio.

En otros países, en cambio, los ministerios de salud y agencias de vigilancia sanitaria participan también en el análisis de riesgo. Desde hace años, el MSP y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial aspiran a participar en este proceso, pero hasta ahora nunca se dio ese paso. «En un modelo ideal eso sería lo correcto», indica Ciganda.

La semana pasada, María Isabel Cárcamo, representante de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL), participó en Suiza en una sesión para redactar el Marco Mundial sobre Productos Químicos. Se busca establecer una regulación global sobre el uso de agroquímicos. Aunque, a diferencia de otros convenios internacionales, no será obligatorio para los países. «Esa es la trampita, no es vinculante», aclara Cárcamo a Brecha.

De todas formas, existen tratados que sí establecen regulaciones más estrictas para los plaguicidas considerados altamente peligrosos (PAP). Estos son: el Convenio de Estocolmo sobre COP, el Convenio de Róterdam sobre Consentimiento Fundamentado Previo y el Protocolo de Montreal sobre Sustancias que Agotan la Capa de Ozono. Uruguay firmó los tres tratados.

El año pasado, en la reunión del Convenio de Estocolmo, que tiene como objetivo incorporar contaminantes orgánicos persistentes al Anexo A (una lista que implica que su producción, uso, importación y exportación deben ser eliminados por todas las partes firmantes del convenio), la delegación del MGAP, que representa al país en estas instancias, solicitó la exención de uso para el clorpirifós en el cultivo de sorgo y maíz transgénicos. Esto demuestra otra limitación de los convenios: los países pueden pedir exenciones y seguir usando ciertos químicos en producciones específicas.

La inclusión del clorpirifós en el Anexo A se basa en una extensa literatura que señala cómo la exposición en humanos puede provocar varios trastornos del neurodesarrollo. Se ha relacionado con una disminución del coeficiente intelectual, pérdida de memoria, autismo y enfermedad de Parkinson. Los niños son una de las poblaciones de mayor riesgo, porque sus cerebros están todavía en desarrollo.

La representante de RAP-AL también mencionó otro episodio ocurrido el año pasado en el marco del Convenio de Róterdam. Este tratado exige que los países exportadores informen a los importadores sobre los riesgos de ciertos químicos peligrosos, incluidos en el Anexo III, mediante el procedimiento de consentimiento fundamentado previo. En esta instancia, Uruguay se opuso a que el Paraquat se incorporara al anexo, esgrimiendo su relevancia en la producción de soja.

El Paraquat es un herbicida tóxico cuya ingesta o exposición por otras vías puede causar daños graves a la salud, incluso la muerte. Se ha asociado con efectos secundarios negativos en humanos, incluyendo también el párkinson y la enfermedad renal. En Uruguay, es uno de los sospechosos de haber causado la reciente mortandad masiva de abejas (véase «El último vuelo», Brecha, 16-I-26).

Los tóxicos

En 2020, RAP-AL realizó un relevamiento sobre los PAP, que presentan niveles específicamente elevados de peligrosidad aguda o crónica para la salud humana. En Uruguay son 81 los ingredientes activos, aunque la lista de nombres comerciales autorizados llega a los 330.

A su vez, existen 43 plaguicidas autorizados en Uruguay que están prohibidos en países de la Unión Europea. En el marco del acuerdo entre el bloque comunitario y el Mercosur se planteó que esta diferencia normativa podría contribuir a limitar el uso de agrotóxicos, alineándose con los estándares europeos de importación.

Sin embargo, para Cárcamo ese eventual cambio no ofrece ningún tipo de garantía. «Ahora estamos contentos porque se firmó el acuerdo, pero ellos permiten que se utilicen sustancias que ellos no usan. Acá hay un doble estándar», cuestiona. El acuerdo reavivó viejas tensiones sobre agrotóxicos prohibidos a los agricultores de Europa, pero ampliamente exportados hacia América Latina por empresas europeas.

Desde RAP-AL hace años sostienen que Uruguay, por su escala, podría apostar a un modelo de producción de alimentos diferente. Esto también ha sido señalado por investigadores de distintos países, que en su momento vieron en el país una oportunidad para avanzar hacia un modelo orgánico, libre de agrotóxicos. Sin embargo, Cárcamo entiende que se optó por otro camino, en el que los temas de salud y ambiente «no están en la agenda».

La punta del iceberg

La falta de estudios sobre las afecciones crónicas en la población toma una nueva dimensión cuando se cruza con otros datos, que son solo la punta del iceberg. Entre diciembre de 2023 y junio de 2025, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social recibió 91 denuncias por la falta de elementos de protección para trabajadores expuestos a agroquímicos. Desde hace años, Brecha viene documentando los efectos de estas exposiciones, incluyendo casos de pueblos fumigados (véase «Intoxicados», 31-III-17) o su presencia en alimentos (véase «¿Comemos veneno en Uruguay?», 11-X-24).

Una investigación reciente, realizada por diversas facultades de la Udelar, durante un año en el río San Salvador y sus afluentes (los arroyos San Martín, Maciel, Águila, Magallanes, Bizcocho y Espinillo), detectó la presencia de 38 pesticidas; 16 están todo el año en el agua de la cuenca –entre ellos, el glifosato (La Diaria, 21-II-26)–. Ese producto sigue siendo el herbicida más utilizado en Uruguay y es indisociable del modelo productivo por el que ha apostado el país, a pesar de que en 2015 la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud, lo clasificó como probablemente cancerígeno para el ser humano.

Recientemente se conoció que Bayer, que adquirió la compañía Monsanto –líder en la producción de glifosato– en 2018, acordó pagar 7.250 millones de dólares para cerrar miles de demandas por el herbicida en Estados Unidos. La empresa llegó a estos acuerdos económicos sin haber logrado demostrar que el químico sea inofensivo.

En nuestro país, desde hace años los investigadores han detectado indicadores que dan cuenta del impacto de este agrotóxico en el ambiente. La ingeniera agrónoma y magíster en Ciencias Ambientales Alexandra Bozzo dedicó su tesis de maestría a la «Persistencia del glifosato y el efecto de sucesivas aplicaciones en el cultivo de soja en agricultura continua bajo siembra directa». Según explica Bozzo a Brecha, uno de los resultados más importantes fue confirmar que, si bien la vida media del glifosato y de su derivado, el AMPA, fue de 7 a 10 días, su persistencia en el suelo fue de, al menos, 190 días luego de las aplicaciones. «Esto contradice lo que dice la industria del glifosato: que toca el suelo y desaparece», señala la investigadora.

Además, Bozzo ha trabajado en investigaciones sobre el impacto de agroquímicos en trabajadores de invernáculos en Salto, donde se ubica el 65 por ciento de la superficie total de cultivos hortícolas protegidos del país. Los análisis de sangre realizados a las personas vinculadas al cultivo revelaron la disminución de la enzima colinesterasa, fundamental para el funcionamiento del sistema nervioso. También se observó una disminución de esa enzima en amas de casa que habitan en los predios aunque no trabajan directamente con los cultivos.

La ordenanza ministerial 145/009 del MSP, del año 2009, establece que se debe medir, al menos dos veces al año, la enzima colinesterasa como indicador de la presencia de agrotóxicos en los trabajadores expuestos a estos productos. Sin embargo, según la investigadora, «cuando realizamos el estudio, lo que encontramos fue que no se realizaban estos controles, y que la gente desconocía completamente la normativa».

Palabras clave: agrotóxicos ambiente MGAP Ministerio de Salud Pública salud Universidad de la República

Cecilia Osorio

Fuente: Semanario Brecha

27 febrero, 2026