Con su característica falta de escrúpulos, la empresa que produce cloro y soda con mercurio en el país pide al gobierno que ignore el plazo del Convenio de Minamata a fines de 2025, tras haber dilatado sistemáticamente desde 2016 la reconversión industrial que le fue exigida por las autoridades.

Desde 1959, Efice produce cloro y soda cáustica utilizando celdas electrolíticas con un cátodo de mercurio. En los años 1970, esa tecnología fue superada por celdas de membrana, que eliminan los graves riesgos para la salud humana y el ambiente de las emisiones y residuos del mercurio. Uruguay fue uno de los gestores y signatarios en 2013 del Convenio de Minamata que fijó en diciembre de 2025 el plazo para cerrar las industrias con emisiones de mercurio.

La Enfermedad de Minamata, el envenenamiento con mercurio, fue identificada hace 50 años en Japón, en la ciudad de Minamata, donde fallecieron 900 personas y 2.265 personas padecieron serias lesiones provocadas por los efluentes con mercurio descargados por una industria en sus zonas de pesca. Llevó años demostrar que esa empresa era la causante de tales efectos, en el año 2000 miles de víctimas seguían luchando aún por una compensación del daño.

El 19 de enero de 2013, 128 países aprobaron el Convenio de Minamata sobre el Mercurio con carácter de instrumento jurídicamente vinculante a nivel mundial. Simultáneamente, el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) alentó a los estados miembros a «firmar, ratificar y aplicar sin demora” (sic) el acuerdo. Desde entonces, 25 países más adhirieron al convenio y se realizaron cinco Conferencias de las Partes para vigilar su aplicación.

En setiembre de 2015, la Dinama (hoy Dinacea) le dio dos meses de plazo a Efice para presentar el Plan de Desmantelamiento de Instalaciones y Equipos de su planta industrial, incluyendo un cronograma y los responsables, el análisis de suelos, paredes y equipos contaminados, plan de contingencia, así como el tratamiento y destino final de los residuos contenidos en las instalaciones y el mercurio a recuperar de las celdas, estimado en ese momento en 26 toneladas.

Mientras la reconversión de las tecnologías que usaban mercurio avanzaba en el mundo, incluso en los países vecinos, Efice pidió prórroga del plazo alegando falta de información bibliográfica y ausencia de experiencia en este país, algo obvio porque no se había hecho antes. En Argentina, la empresa Transclor, que mantenía relaciones habituales con Efice, inició en 2007 y concluyó en 2012 la reconversión de su planta industrial para producir cloro-soda sin mercurio.

El 19 de julio de 2016, la Dinama comunicó a Efice que, en vista de la ratificación por Uruguay del Convenio de Minamata, la producción utilizando celdas con mercurio «deberá cesar en un plazo máximo de 5 años” (sic). Efice se apoyó en que el plazo del Convenio vencía en 2025 y solicitó «comprensión de las autoridades ambientales» ante eventuales retrasos e imprevistos. Para la Dinama, la empresa no asumía el plazo fijado y le reiteró la intimación en setiembre.

Sorpresivamente, el 10 de noviembre de 2016, en presencia del presidente Tabaré Vázquez y la ministra de Industria, Carolina Cosse, Efice presentó el Proyecto Omega, una inversión de 300 millones de dólares en una planta que triplicaría la producción de cloro-soda sin mercurio, junto con 24 industrias de productos derivados. Casi todo el país festejó el proyecto, al que le otorgaron todas las exenciones posibles, sin percibir que era una simple maniobra dilatoria.

Efice postergaba el plan de reconversión alegando indefinición de aspectos tecnológicos, mientras su propietario, Néstor Gómez Alcorta, aseguraba estar cerca de lograr la financiación del proyecto. Al vencimiento del plazo en 2021, Efice obtuvo del nuevo gobierno la prórroga hasta la fecha final de Minamata, diciembre de  2025 pero, en nueve años de gestiones, la financiación del Proyecto Omega nunca llegó, siendo ésta la mayor evidencia de su inconsistencia.

El monopolio predilecto

Efice produce de 35 a 40 toneladas diarias (tn/d) de cloro, Uruguay consume un total de14 tn/d, de las cuales OSE requiere unas 3 tn/d, y el resto lo exporta a Porto Alegre, Brasil. Por más de 50 años, Efice había sido la única industria de cloro y soda existente en el país, que suministraba esos productos a la OSE para potabilizar el agua y a las industrias de productos de higiene y limpieza del mercado interno. Esta realidad comenzó a cambiar a principios del 2000.

En esos años, Efice vendía el cloro a OSE a unos 1.850 dólares la tonelada (d/tn) y al mercado interno entre 2.800 y 4.000 d/tn, pero lo exportaba a Porto Alegre a unos 150 d/tn, un valor diez a veinte veces menor. Gómez Alcorta lo justificaba diciendo que ese era el costo del producto si se lo importaba de Argentina o Brasil. ¿De qué sirve que sea una industria nacional si, aún con la bonificación que obtiene de UTE, debemos pagar el cloro como si fuera importado?

La tecnología de membrana tuvo un desarrollo propio en el país. El uruguayo Helio Boscheti, ex jefe técnico de Efice, construyó en 1999 una celda de membrana para producir cloro y soda sin mercurio. En los años siguientes, la firma nacional AVS Technology ofrecía el diseño de plantas modulares con la licencia de Boschetti. AVS dirigió la instalación de esas plantas en empresas potabilizadoras de agua en Brasil y en España y se lo propuso también a la OSE.

Según el jerarca de OSE en aquel momento, Daoiz Uriarte, producir cloro y soda, como produce sulfato de aluminio, le permitía al organismo bajar costos entre un 25 y 30%, independizarse del manejo de los precios por una empresa y eliminar los riesgos de transporte de cloro 47 kilómetros hasta Aguas Corrientes. En principio, éstas fueron las razones por las cuales OSE llamó en 2012 a una licitación para tener una planta propia de producción de cloro sin mercurio.

Hubo una sola oferta de la firma Teyma-Sarlig, con la tecnología de AVS, a un costo de 11,34 millones de dólares. Luego de un intercambio, la propuesta se redujo a 7,5 millones de dólares pero, sorpresivamente, OSE rechazó en 2014 la propuesta por «económicamente inconveniente» (sic) y dijo que haría un nuevo llamado. De ser un Objetivo Estratégico en 2013, la planta propia de cloro desapareció del Plan de Acción de OSE y nunca se hizo un nuevo llamado.

En febrero de 2017, la licitación de OSE para adquirir 1500 toneladas de cloro por primera vez no la ganó Efice sino la firma importadora Habilis S.A. por ofrecer un precio 20% menor. Invocando irregularidades, Efice presentó un recurso de anulación del fallo. Las asesorías jurídicas de OSE y del Ministerio de Ambiente (entonces MVOTMA) rechazaron el recurso, pero, sorpresivamente, la Presidencia le dio la razón a Efice y el Directorio de OSE acató la decisión superior.

Ese mismo año, la firma Alliance, una sociedad entre AVS Technology y el fondo de inversión Klaff Realty del banco estadounidense Goldman Sachs, construyó en el Parque Industrial de Pando una planta capaz de producir 6,7 tn/d de cloro sin mercurio y empezó a ofrecer sus productos en el mercado interno. Amenazada su exclusividad, Efice desató una guerra sin cuartel, usando sus apoyos en el estado y en el mercado, para impedirle el acceso a la competencia.

Bajando artificialmente los precios en las licitaciones de OSE (el ‘dumping’) y controlando a los mayores distribuidores de los productos en el mercado interno, Efice desplazó a Habilis y Alliance en ambos frentes. A pesar de ser claras prácticas monopólicas, el manejo arbitrario de los precios en perjuicio del Estado y la población, las instancias de defensa de los usuarios y la competencia ni se inmutaron, continuaron facilitando de hecho el negocio al monopolio predilecto.

El desenlace esperable

Al cabo de este proceso sintéticamente relatado, no podía extrañar que, sobre el vencimiento del plazo final del Convenio de Minamata para el cierre de las plantas de producción de cloro y soda con mercurio, el 31 de diciembre de este año, reapareciera Efice en público pidiendo una prórroga de un año más para su empresa, exponiendo una serie de consideraciones y argumentos falsos, al punto de sugerirle al gobierno, con total desparpajo, que incumpla su compromiso.

Como era previsible, al acercarse el último plazo sin haber obtenido financiación para el Proyecto Omega, Efice presentó en junio último una versión reducida del plan de reconversión industrial, que requeriría en tres etapas una inversión de 160 millones de dólares. La nueva versión sigue siendo una hipótesis porque no tiene ese capital y ha recurrido ahora en forma desesperada al Banco República y un fideicomiso para obtener un crédito de 20 millones de dólares.

Con esos 20 millones reales, Efice pretende todavía construir una planta que le permita aumentar un 30% su producción actual, algo que pudo realizar holgadamente cuando el gobierno se lo exigió en 2016, pero que en seis meses es prácticamente imposible. Para justificar la nueva prórroga, Gómez Alcorta no tiene empacho en recurrir a “imprevistos” (sic) tales como la guerra en Ucrania, el Covid 19, la guerra comercial Estados Unidos-China y hasta el Hidrógeno Verde …

Los argumentos del propietario de Efice son una burla a la inteligencia de los uruguayos, al pedir que se considere “el alto grado de avance, el compromiso demostrado, y las circunstancias justificadas de orden técnico, y de mercado”, así como reitera «el firme compromiso con la eliminación total del uso de mercurio y el cumplimiento pleno del convenio en el más breve plazo posible”, según lo publicado de una entrevista realizada por el semanario Búsqueda.

Como no podía ser de otra manera, Gómez Alcorta indica las supuestas consecuencias sociales, económicas y sanitarias del cierre para más de 130 empleos directos y 500 indirectos, pérdida de US$ 23 millones anuales en derrame económico, disminución de US$ 5 millones en recaudación fiscal y riesgo de la falta de cloro para potabilizar el agua. “Si se detiene Efice, se compromete el abastecimiento”, afirmó en una apreciación totalmente fuera de la realidad.

Si le importarán los trabajadores al dueño de Efice que, luegp de ganancias por décadas con las que hizo inversiones en otras empresas, le planteó al sindicato en 2024 una reducción del salario por dos años, que los empleados prefirieron llamar “aporte capitalizador”, con el fin de mejorar los resultados financieros y facilitarle el acceso al crédito. Ese convenio fue “decisivo”, según el empresario, para mejorar el balance financiero y lograr el crédito del Banco República.

Luego de exponer en su solicitud al gobierno una serie de consideraciones para minimizar los impactos ambientales de la planta, tales como que un año más de producción con mercurio no significa nada al lado de 65 años de existencia, comparar la producción de Uruguay con el resto del mundo y afirmar falsamente que varios países de la región solicitaron extensiones, llega al absurdo de sostener que la planta actual “no está contaminando nada” (sic).

Solo cinco países, de la región solo Argentina en 2017 y Perú en 2016, entre los 153 adheridos al Convenio tienen prórroga para las plantas de cloro-soda con mercurio. Pero Efice sabe que el último plazo para pedir exenciones este año venció el 8 de setiembre y le solicita abiertamente al gobierno que viole el Convenio. “La única obligación es moral o ética”, sostiene el escrito de Efice, aludiendo a que el país no se arriesga a sufrir sanciones por hacerlo.

Víctor L. Bacchetta

Fuente: El Zumbido

12 octubre 2025