El sector es un motor clave de la economía uruguaya, pero el uso generalizado y mal controlado de agroquímicos está afectando la salud de los empleados, a pesar de las garantías oficiales.

Uruguay es el segundo mayor exportador de arroz de América Latina, pero persisten las preocupaciones sobre la seguridad de los trabajadores. Fotografía: Joerg Boethling/Alamy

Cáncer, enfermedades pulmonares, abortos espontáneos: ¿están pagando los trabajadores arroceros de Uruguay un precio demasiado alto por la cosecha?

Julio de los Santos, ahora de 50 años, notó que algo andaba mal cuando empezó a perder fuerza y ​​a sentir dolor en las piernas y los riñones. No podía sostener herramientas y apenas podía mantenerse en pie. Sus visitas al médico se hicieron más frecuentes hasta que terminó en cuidados intensivos, donde le dijeron a su esposa que se preparara para lo peor.

Sobrevivió, pero hoy depende de más de 30 medicamentos y un respirador.

En 2018, los médicos le diagnosticaron a De los Santos una enfermedad laboral causada por la exposición a agroquímicos. El Instituto Uruguayo de Derechos Humanos recomendó reubicar a su familia de la zona donde trabajaba, en el este del país: un lugar donde una escuela se encuentra a menos de 300 metros de plantaciones y donde sobrevuelan avionetas fumigadoras.

El caso de De los Santos es un hito en Uruguay, donde la industria arrocera impulsa las exportaciones y alguna vez representó un modelo de sostenibilidad para América Latina. Sin embargo, según investigadores, sindicalistas y trabajadores, han surgido preocupaciones sobre la falta de control y protección de la salud laboral en el sector.

Julio de los Santos ya no puede trabajar debido a una enfermedad.

La industria arrocera, considerada a menudo un motor de la economía uruguaya, emplea a cerca de 30.000 trabajadores y comprende más de 500 productores y predios, principalmente en el este y norte del país, según el Ministerio de Agricultura. Esto ha convertido a Uruguay en el segundo mayor exportador de arroz de América Latina, un logro notable para un país con una población de aproximadamente 3,5 millones de habitantes.

Entre 2024 y 2025, el sector creció un 24% y el 95% de su producción se exportó. El arroz uruguayo se ha enviado a países como Brasil, Perú, México, Costa Rica, Bélgica, los Países Bajos, España, Portugal y el Reino Unido, y las ganancias superan los 500 millones de dólares (374 millones de libras esterlinas).

Ante el aumento de las exigencias mundiales en materia de seguridad del consumidor y sostenibilidad ambiental, Uruguay ha ratificado varios convenios internacionales sobre plaguicidas y sustancias que agotan la capa de ozono.

Sin embargo, en consonancia con la lucha de De los Santos, diversos estudios de salud y evaluaciones comunitarias ponen de relieve los riesgos agudos y crónicos derivados de la exposición a plaguicidas en las comunidades arroceras uruguayas.

Un arrozal en Bella Union. Un estudio de 2007 reveló una alta incidencia de cáncer, enfermedades respiratorias y otros problemas de salud entre los habitantes de la región. Fotografía: Joerg Boethling/Alamy

Un primer estudio realizado en Bella Unión, al norte de Uruguay, en 2007, halló altos niveles de enfermedades respiratorias, cáncer y malformaciones congénitas. El estudio reportó que el 60% de los niños menores de dos años presentaban obstrucción bronquial, el 37% de las mujeres tenían dificultades para concebir y el 25% habían sufrido abortos espontáneos recurrentes, cifras que superan los promedios nacionales.

Profesionales de la salud y organizaciones locales también han documentado los riesgos potenciales de exposición derivados del uso frecuente de plaguicidas, especialmente herbicidas como el 2,4-D y el glifosato, así como insecticidas como el carbofurano, el clorpirifos y la cipermetrina. Esto suele implicar fumigación aérea que, en ocasiones, ignora las zonas de amortiguamiento legales, poniendo en riesgo a las viviendas cercanas.

La percepción del tema varía según el punto de vista. Nicolás Rodríguez, investigador

Aunque la industria cuestionó el estudio, este propició el debate público. En 2017, el Ministerio de Agricultura prohibió cuatro productos agroquímicos —azinfos metilo, metidation, metomilo y atrazina— considerados altamente peligrosos.

Posteriormente, el año pasado, la Universidad de la República (Udelar) publicó nuevos hallazgos sobre las vulnerabilidades en materia de salud relacionadas con el uso de agroquímicos entre los trabajadores del sector arrocero en el oriente uruguayo. Siguiendo una metodología desarrollada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), identificaron 18 sustancias químicas como parte del conjunto de tecnologías habituales del sector.

Un grupo de investigadores, liderado por Nicolás Rodríguez, doctor en salud pública, que estudia la exposición de los trabajadores del sector arrocero a agroquímicos, constató que Uruguay carece de estudios epidemiológicos y toxicológicos específicos e identificó deficiencias en los organismos públicos encargados de regular el uso de estos productos. Según el estudio, existe una falta de capacitación y preparación clínica en los servicios de salud para la identificación de casos, así como persecución a los trabajadores, quienes temen perder su único empleo.

Aunque persiste el temor a que la intoxicación por plaguicidas sea generalizada, el problema sigue estando subnotificado. Entre 2013 y 2021, la aseguradora estatal BSE registró solo 938 quejas del sector arrocero, de las cuales solo una estaba relacionada con el uso de agroquímicos. En el periodo 2017-2021, el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (Ciat) del país recibió 195 consultas, de las cuales 35 estaban relacionadas con agroquímicos y trabajadores de la cuenca de la Laguna Merín, según el estudio de Udelar.

Los expertos afirman que la falta de sistemas de notificación de enfermedades y de registros sobre el uso de agroquímicos en Uruguay dificulta los esfuerzos para abordar los efectos en la salud ocupacional en las zonas rurales. Los investigadores también observaron que las empresas y las autoridades minimizan los riesgos, dejando a los trabajadores expuestos a peligros.

«Necesitamos mejorar nuestros sistemas de registro y garantizar que la información sea fácilmente accesible», declaró Rodríguez al presentar los datos de su investigación en una audiencia pública. “Es necesario capacitar a los profesionales sanitarios locales para que puedan reconocer posibles intoxicaciones. También se requiere capacitación para los trabajadores y empleadores del sector, así como para los responsables de las políticas públicas, para que estas medidas puedan implementarse.”

Según José Bonica, expresidente del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), la industria arrocera a nivel mundial enfrenta importantes problemas ambientales, que también se presentan en Uruguay. Dos de ellos se refieren a la cantidad de agua necesaria y a las cantidades de metano generadas para producir una cosecha. El tercero es el uso de agroquímicos.

“Ha sido un largo proceso de aprendizaje”, concluye Bonica

En Uruguay se encontraron envases de plaguicidas en la basura, sin la debida eliminación. Fotografía: Julio de los Santos

Recuerda que, en la década de 1980, los trabajadores conocidos como «los banderilleros» ondeaban pancartas para indicar al piloto del avión fumigador dónde descargar los agroquímicos. Esto evolucionó, y esas personas tuvieron que usar máscaras para respirar correctamente. Más tarde, los aviones se equiparon con GPS, por lo que ya no se necesitaban personas en el campo.

«Quienes cargaban los aviones o trabajaban en la pista se adaptaron», dice Bonica, «y hoy deben tener un certificado que acredite que han recibido capacitación durante un período determinado».

Otra causa de exposición es que los trabajadores y sus familias viven en las zonas donde trabajan, por lo que los agroquímicos forman parte de su entorno. Dado que Uruguay carece de regulación sobre la fumigación aérea de cultivos cerca de las poblaciones, no existe control sobre las concentraciones ni sobre el vertido de glifosato y otros productos químicos en los cursos de agua y el suelo.

No se siguen las recomendaciones en la aplicación y uso de plaguicidas, ni en lo que respecta al cuidado de los trabajadores. Marcelo Amaya, representante de Unatra

El desafío radica en probar los casos de intoxicación o enfermedades que podrían estar relacionados con el manejo de agroquímicos, los cuales rara vez son reconocidos por las autoridades de salud pública. Dos excepciones ocurrieron en 2019: un tribunal estadounidense ordenó a Monsanto pagar cerca de 80 millones de dólares (60 millones de libras esterlinas) a Edwin Hardeman, un trabajador rural jubilado, y los tribunales franceses fallaron a favor de Paul François, un agricultor de cereales, en dos casos de intoxicación por glifosato.

En Uruguay, el caso de De los Santos dista mucho de estar cerrado. En primera instancia, el tribunal reconoció la relación entre su enfermedad y el uso de glifosato. El tribunal de apelaciones revocó el veredicto, que posteriormente fue confirmado por la Corte Suprema, supuestamente debido a las dificultades para determinar si los plaguicidas de la empresa para la que trabajaba, Arrozal 33, fueron la única causa de su enfermedad.

The grain depot at Arrozal 33, the company for which De los Santos worked. Photograph: Arrozal 33

Su caso ha trascendido fronteras, y De los Santos espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo evalúe y lo remita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su reparación.

El ministerio destacó problemas ambientales, entre ellos controles insuficientes sobre el suministro de agua de la población, una gestión inadecuada de residuos y violaciones de los límites de exclusión para la fumigación aérea y terrestre. Se instruyó a Arrozal 33 para que proporcionara de inmediato los permisos ambientales necesarios.

La eliminación inadecuada de materiales que contienen agrotóxicos fue uno de los problemas detectados en la inspección realizada por el Ministerio de Salud de Uruguay. Fotografía: Julio de los Santos

Además, un informe de 2023 del Ministerio de Medio Ambiente confirmó que la calidad del agua en los principales afluentes de la laguna de Merín se encontraba en un estado eutrófico alarmante debido al exceso de nutrientes, como el nitrógeno y el fósforo.

Los activistas afirman que el problema radica en que la industria arrocera uruguaya no considera problemático el uso de agroquímicos y argumentan que su uso es limitado.

Alex Hughes, director de la división de control de insumos del Ministerio de Ganadería y Agricultura, explica que Uruguay emplea un sistema de rotación de tierras que alterna pastos y cultivos, evitando el monocultivo. Según él, el país depende exclusivamente del riego por inundación, utiliza semillas certificadas y se beneficia de un clima templado que ayuda a minimizar los problemas de hongos e insectos.

Señala que, con el 95% de la producción destinada a la exportación, las políticas del país se rigen principalmente por las necesidades de sus clientes. «Es un sector exportador, dinámico y altamente integrado», afirma Hughes.

El sindicato empresarial sostiene que los agroquímicos son esenciales para lograr rendimientos económicamente viables, tanto en cantidad como en calidad, en la producción de alimentos. «El verdadero impacto en la salud radica más en cómo se gestionan los agroquímicos que en el agroquímico en sí que se aplica al arroz», afirma Raúl Uraga, gerente de operaciones de Saman, la mayor empresa uruguaya dedicada a la producción, comercialización y exportación de arroz y sus derivados.

Marcelo Amaya, representante de la Organización del Sindicato Nacional de Trabajadores (Unatra) y del Sindicato de Trabajadores del Arroz (Sutaa), que cuenta con unos 2.500 trabajadores, afirma que la ley «establece claramente que las agroindustrias son responsables de implementar los protocolos de seguridad y deben garantizar que los trabajadores los cumplan».

«Hay recomendaciones que no se siguen, tanto en la aplicación y el uso de plaguicidas como en lo que respecta al cuidado de los trabajadores», concluye Amaya. “Es un problema cultural, y hay mucho trabajo por hacer en cuanto a la concienciación. Es parte de una negación, de insistir en que no está pasando nada.”

Fuente: The Guadian

Octubre 2025